Los ríos constituyen una fuente importante de producción de energía, alimentos, preservación de la biodiversidad, abastecimiento de agua, medios de transporte y mantenimiento de ecosistemas globales y locales. También juegan un papel importante en forjar una historia común y compartida y, por supuesto, en la construcción de referentes simbólicos y culturales. Dicho de otro modo, los ríos no solo son meros recursos o elementos como se acostumbra a verlos, sino que son parte constitutiva y constituyente de la vida en todas sus manifestaciones formas, lo que incluye, desde luego, las expresiones artísticas y culturales de una determinada región.
En Colombia, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el país tiene 42 ríos de significativa importancia; muchos de los cuales enfrentan situaciones dramáticas derivadas de: la contaminación industrial, su uso como vertederos de sustancias químicas utilizadas en la producción de drogas ilícitas, los agro-cultivos y la minería ilegal; así como también producto de la deforestación a gran escala, del urbanismo depredador, de la implementación de megaobras en sus lechos, o por ser convertidos en fosas comunes a cielo abierto a lo largo y ancho de sus recorridos.
Ante esta realidad, los operadores de justicia han dado un paso significativo en la dirección y sentido de considerar que la naturaleza y, de modo particular, los ríos, deben ser sujetos de especial protección. Este cambio ha significado en el campo de la justicia y del derecho, sin duda, hacer tránsito de un patrón antropocéntrico a uno ecocéntrico, biocéntrico o ecosófico, hecho que tiene su correlato en que la naturaleza ha dejado de ser objeto para transformarse en sujeto del cuidado y la protección tanto por el Estado como por la sociedad.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional en su Sentencia T-622 de 2016 consideró que el Río Atrato, dada las afectaciones a los que ha sido sometido, se le declaraba sujeto de especial protección y conservación, reconocimiento que se hizo extensivo a su cuenca y afluentes. De esta manera, la sentencia de marras en su parte resolutiva señala la responsabilidad del gobierno-Estado frente a ese Estado de cosas inconstitucionales que es la situación del Rio Atrato, de ahí que señala lo siguiente:
“declarar la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, imputable a las entidades del Estado colombiano. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622 de 2016)
Y apostilla, “reconocer al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. (Ibid)
En este último apartado, la Corte Constitucional asigna a los pueblos originarios y a las comunidades afrodescendientes la corresponsabilidad de contribuir a la protección, conservación , mantenimiento y restauración del Rio Atrato, su cuenca y sus afluentes, hecho de un hondo significado porque constituye una revalidación de la Sentencia T-955 de 2003 de esa misma corporación, la cual interpreta de forma extendida las implicaciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– de 1989, norma internacional que fue incorporada en el ordenamiento jurídico colombiano como parte del bloque de constitucionalidad. Este convenio versa sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, lo que en este caso constituye un reconocimiento de los derechos bioculturales de las comunidades afrodescendientes del pacifico, a quienes se les considera vulnerados sus derechos a la vida, la alimentación y a un ambiente sano dada la afectación que enfrenta el Rio Atrato, su cuenca y sus afluentes.
En conexión con esto, la alta Corte ordenó al gobierno nacional eliminar la minería ilegal, garantizar la seguridad alimentaria a los grupos etno-sociales que viven en su ribera y, de igual modo, promover su descontaminación y proteger su existencia como espacio bio-sociocultural.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideró al Río Cauca en el caso 05 de 2023, auto 226, que este cuerpo de agua ha sido sometido de modo sistemático a importantes vulneraciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el hecho de convertirlo en una fosa común, que a la luz de la norma 43 consuetudinaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, es dado considerarlo víctima del conflicto armado interno y víctima de un crimen de guerra.
Asimismo, la JEP, en mayo de 2025, en el subcaso Magdalena Medio, caso 08, promovió otro hito de singular importancia en materia de derecho ambiental, justicia transicional y restaurativa al considerar al Río Magdalena como víctima del conflicto armado interno. Y, en correspondencia con esta realidad, exigió al Estado colombiano que promueva las acciones de rigor para garantizar su reparación y especial protección.
De nuevo la Justicia en Colombia reitera que la naturaleza y especialmente los ríos, son sujetos de especial protección. Estas acciones se suman a las ya promovidas por países como Ecuador, México, Bolivia y Australia, lugares en donde hace camino el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Ser con el Rio Sinú: lo que es con él es con nosotros y nosotras.
El Río Sinú es el epicentro ecosistémico y el eje integrador del territorio cordobés. Sin embargo, su historia reciente está marcada por una profunda paradoja: siendo la principal fuente de riqueza ecológica, cultural y económica de la región, ha sido transformado en un escenario de agudas y complejas crisis humanitarias, ambientales y de derechos humanos. Así, el río ha sido testigo silencioso del corrosivo conflicto armado interno y como consecuencia deletérea de esto ha sido utilizado como fosa común y ruta de especial predilección por diferentes actores ilegales para promover sus economías ilícitas, al tiempo que las comunidades ribereñas —campesinas, colonos. afrodescendientes e indígenas (Emberá y Zenúes)— han sufrido el despojo de sus tierras, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la degradación de sus entornos.
El caso del pueblo Emberá Katio ha resultado paradigmático, subrayamos, pues ha sido víctima del desplazamiento forzado producto de la construcción del proyecto Multipropósito Urrá I; situación que se le volvió más compleja como quiera que vio asesinar a varios de sus principales dirigentes por integrantes de los grupos paramilitares, de la insurgencia de las extintas FARC y de agentes del Estado, estos últimos quienes estaban llamados a protegerlos.
A esta herida histórica aquí indicada, se suman los impactos de la crisis ocasionada por la aparición de frente frio del pasado mes de febrero, hecho que adquirió formas de devastación a través de las inundaciones que golpearon con fuerza al departamento de Córdoba. Este desastre añadió drama al drama ya ocasionado por los nefastos efectos socioambientales causados por la construcción del pretendido proyecto multipropósito de Urrá I y al proceso de contaminación generado por las actividades extractivas y agroindustriales.
Ante este panorama, el conocimiento situado y comprometido éticamente no puede ser indiferente. En este contexto, la Universidad de Córdoba como institución que ha llevado históricamente las banderas del pensamiento crítico y la resiliencia territorial, está llamada a proponer debates de hondo espectro socio-jurídico y de alta trascendencia eco-ambiental como el de convertir al Rio Sinú en sujeto de Derecho.
De esta manera, frente a la compleja y creciente problemática social, ambiental y en los aspectos bioculturales por las que atraviesa el Río Sinú, es necesario abordar desde la academia, la investigación y el conocimiento interdisciplinario, transdiciplinario e intersectorial su actual situación. La realidad que atraviesa el Rio Sinú guarda una estrecha relación con lo que han vivido y viven otros ríos del país: Atrato, Cauca, Magdalena. La crisis integral que estos han enfrentado y enfrentan ha sido visibilizadas y reconocidas por diferentes operadores de justicia en nuestro país, hecho que saludamos, reconocemos y que nos sirve de estímulo para que el Rio Sinú también pueda ser reconocido como sujeto de derecho.
El tránsito del derecho ambiental tradicional hacia un enfoque biocéntrico que reconozca a la naturaleza y a los cuerpos de agua como sujetos de derechos (tomando como hito la jurisprudencia del río Atrato y el caso 05 y 08 atinentes al Rio Cauca y El Magdalena, respectivamente), es una referencia imperativa para abordar la problemática el Río Sinú. La difícil realidad que aqueja a este mítico rio del sur del caribe, obliga a habilitar espacios con el objeto de reflexionar acerca de la memoria histórica, sobre todo para construir los análisis socio-jurídicos correspondientes que en articulación con diferentes movimientos sociales de la región conduzcan a que la Universidad de Córdoba lidere el compromiso bioético, académico e institucional con la defensa del Rio Sinú y del resto de ríos del departamento de Córdoba.
En relación con el cuidado del Rio Sinú, preciso resulta señalar que, la Corte Constitucional en la Sentencia T-194 de 1999 tuteló los derechos de pescadores y habitantes de la cuenca del rio frente a los impactos ambientales y sociales causados por el proyecto Multipropósito de Urrá I. En dicho pronunciamiento el alto tribunal reconoce un grave deterioro y degradación de los humedales de la zona del bajo Sinú y la correspondiente pérdida de material ictiológico como resultado de los cambios en la dinámica hidrológica y la modificación del cauce del rio causada por el proyecto Urrá I.
Además, la sentencia impone que la consulta previa y la concertación deben regir las actuaciones de la empresa en su relacionamiento con el pueblo Emberá y Zenú, tal y como lo estipula el Convenio 169 de la OIT de 1989 y al que ya hemos hecho referencia. Al respecto se indica:
Esta Sala encuentra que asiste razón a la Defensoría del Pueblo en este asunto, y ordenará que el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Córdoba, la Empresa Multipropósito Urrá S.A., y los entes territoriales que recibirán regalías por la operación de la hidroeléctrica Urrá I, concurran a financiar la asesoría que requieran las comunidades afectadas con la obra en ejercicio del derecho a la participación efectiva que les otorga la Constitución Política (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 194 de 1999).
Por otro lado, indicamos que la mencionada corte prohibió la desecación y relleno de los humedales y las ciénagas que hacen parte del rio, del mismo modo que exhorta a la CVS y a otras autoridades ambientales a no permitir y remover las obras civiles ilegales que han alterado el curso natural del Rio Sinú para ampliar la frontera ganadera y ahora bufalera.
A manera de colofón, abrir un conversatorio plural en su visión, contenido y componentes sobre la realidad del Rio Sinú, resaltamos, debe implicar acometerlo en medio de un movimiento social alrededor de la construcción de una ética, estética y cultura del respeto y convivencia con el agua, las aguas, hecho que adquiere resonancia con la creación de la Red Nacional de los Ríos y de la de la Mesa Nacional Permanente sobre los Ríos en el Congreso de la República, espacios de inteligencia colectiva y co-creación desde donde se busca construir una ley que recoja las múltiples voces existentes en el país acerca del cuidado, protección, conservación y restauración de los ríos, sus cuencas y afluentes, todo lo cual está inscrito en un sistema nacional del cuidado del agua como forma de reproducción de la vida y la cultura en las más diversas dimensiones.
Sobre este último aspecto, preciso resulta reseñar la importancia del proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes acerca de la necesidad “de adoptar un código General de Aguas, el cual promueve la formulación y adopción del Plan Nacional del Agua, el estrés hídrico y el registro y catastro público de usuarios del agua entre otras iniciativas. Asimismo, resaltamos el proyecto de Ley Nacional de Ríos que cursa en el senado de la república, el cual apunta a prevenir la desaparición de los cuerpos de agua, garantizar el flujo natural de los ríos, la restauración de los sistemas hídricos degradados y la creación de un sistema Nacional de Protección, Restauración y Conservación de los Ríos de Colombia.
Esperamos que estas iniciativas puedan ser analizadas, debatidas y mejoradas a través de las audiencias públicas, lugar donde las comunidades y las universidades tendrán mucho que decir y aportar.
A diez años de la pionera sentencia T-622 de 2016 sobre el Rio Atrato, abrir la discusión sobre la posibilidad de convertir al Rio Sinú, su cuenca y sus afluentes en sujeto de derecho no es solo una necesidad, es una exigencia vital, existencial.
Finalmente: ser con el agua, las aguas, los ríos.
Hugo Paternina Espinosa
Foto tomada de: Ideam
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