Así se puede constatar en el caso del Pdet Costa pacífica y Frontera nariñense integrado por los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara, y San Andrés de Tumaco.
Municipios que le dan forma a una territorialidad de más de 17 mil kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 400 mil habitantes, organizada en varios centenares de consejos comunitarios y resguardos indígenas.
Territorialidad en la que efectivamente conviven culturas diversas, en su mayoría afro e indígena, que se dedican a la pesca artesanal, derivada de la riqueza que guarda el manglar, uno de los ecosistemas predominantes en la costa del Océano Pacífico. Región en la que hay valles aluviales de potentes ríos como el Mira, o el Patía, donde se ha desarrollado la agricultura de frutos tropicales y la ganadería; con bosques de niebla y cientos de quebradas, esto a causa de que, como todo el Chocó biogeográfico, los niveles de lluvia son de los más altos a nivel mundial. Pdet en el que destaca el puerto de Tumaco, el segundo en importancia de pacífico colombiano, y donde habita la mayoría de la población.
Allí la minería se ejerce artesanalmente, pero no ha representado ingresos reales para las comunidades. Sin embargo, la minería ilegal (con más de 200 dragas en el rio Telembi) hecha con mercurio y químicos sí ha causado graves problemas ambientales a las aguas. La presencia del Estado ha sido muy limitada, por la falta de accesos terrestres y la poca infraestructura fluvial. Por eso los cultivos ilícitos, pasada la mitad del siglo XX, han encontrado dónde y cómo multiplicarse hasta llegar en la actualidad a las 70 mil hectáreas de coca. Fenómenos que han propiciado violencia y desplazamientos, al tiempo que se verifican fenómenos de sobre población en municipios como Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.
Lo que llama la atención son los mínimos resultados de una inversión cercana a los 3 billones de pesos en 588 proyectos aprobados en el Ocad paz durante los últimos 8 años y que han sido afectados por la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia en la ejecución de los proyectos correspondientes.
Así, la pobreza y la violencia siguen siendo los fenómenos recurrentes que golpean a diario a más de 300 mil habitantes.
Cuadro que un nuevo Plan para la Transformación Territorial impulsado desde la Agencia de Renovación del Territorio para que se haga efectivo hacia el 2033 no parece tener mucha fuerza para cambiar las cosas en lo relacionado con los cultivos de coca, la pobreza, la violencia, los derechos fundamentales y el desplazamiento de las comunidades indígenas y afros.
Lo cierto es que la transformación de los territorios tal como se lo planteo el Acuerdo de paz del 2016 está cada vez más lejos de hacerse realidad porque el mecanismo institucional adoptado resulto un fracaso y otro capítulo más de los daños de la corrupción administrativa tal como se registra en los movimientos del Ocad paz y de la propia ART. Cito el caso del proyecto para el tendido de las redes eléctricas sobre los municipios costeros, por un valor superior a los 700 mil millones de pesos, financiado por el Ocad paz que fue atrapado por las lógicas del despojo con grave perjuicio para los nariñenses de Tumaco.
Lo único que debemos rescatar es el importante proceso de organización de las comunidades en los consejos comunitarios y en los resguardos indígenas comprometidos en la movilización social en Tumaco y el resto de municipios Pdet.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El Liberal
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