En efecto, el martes 25 de octubre, horas antes de que la ponencia fuera presentada para debate en las plenarias de Senado y Cámara, el presidente Petro pronunció una breve alocución desde la Casa de Nariño para anunciar dos grandes cambios que tendrá la propuesta de cara a su debate final en el Congreso.
El primer cambio consiste en que no se gravarán las altas pensiones como estaba previsto; el segundo se refiere a la sobretasa sobre el impuesto de renta que deben pagar las empresas mineras y petroleras, la cual iría atada a los precios internacionales del carbón y el crudo.
Las alianzas electorales con miras a acceder al poder en un juego competitivo son normales y frecuentes y giran alrededor de la obtención de mayorías en las urnas. En este caso se trata de sumar votos. Ello no permite inferir que dichas alianzas cristalicen en coaliciones de gobierno cuyo fin es lograr un interés común y ello se evidencia cuando se rompen los pactos y se deshace la unidad de acción.
Bien sabido es que en Colombia los partidos políticos son ante todo empresas clientelares que dependen de su acceso a la burocracia y el erario. En otros términos, nos encontramos con un sistema construido principalmente sobre una multitud de individuos iguales en ambición, capaces de razonar, es decir, de calcular qué es lo que más les conviene en cada caso, de sopesar las ventajas e inconvenientes que tendría en cada caso romper un contrato o de renegociarlo.
El cambio del Partido Liberal, sorpresivo para algunos, era previsible. Recuérdese su comportamiento antes de la elección presidencial y sus vaivenes. Anticipándose a lo que podía ocurrir, vistas las encuestas y la torpeza de Rodolfo Hernández, César Gaviria negoció con Gustavo Petro el apoyo a su candidatura. Hoy, al igual que muchos congresistas que hacen parte de la coalición de gobierno, antepone sus intereses personales a la búsqueda de equidad y menos desigualdad. Su decisión ahonda la brecha existente en su partido entre un ala conservadora y otra afín a ideas de izquierda.
El impuesto a las pensiones altas, cuyo monto todavía podía negociarse para ajustar una medida que se aplica en casi todos los países de la OCDE, no era vital para el proyecto del Gobierno. En realidad, era un impuesto muy tímido que buscaba introducir algo de progresividad en un ámbito altamente regresivo. Aunque la propuesta afectaba a un número de personas relativamente pequeño, no faltaron reacciones marcadas por la mezquindad y la inconsciencia, alejadas del interés general y ampliamente difundidas en las redes sociales.
Discutibles también los argumentos de algunos legisladores y de la Procuradora quienes adujeron que colocar una tasa a las pensiones podía ser inconstitucional porque era una amenaza a derechos adquiridos. Este argumento choca con la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional la cual fijó el límite de las denominadas megapensiones a 25 salarios mínimos. Según el fallo de la Corte, su decisión, que buscaba aliviar una carga desproporcionada al sistema pensional, no está disponible a libre interpretación como lo pretendió el Consejo de Estado, por involucrar derechos fundamentales.
Resuelto el tema de la Presidencia de la República, ha llegado la hora de la defensa de intereses particulares, del cabildeo y del reacomodamiento. Los unos defenderán sus pensiones, los otros sus ingresos, los de más allá sus nombramientos y mantenimiento del poder. Muchos políticos tienen ya puesta le mente en las próximas elecciones, en los poderes económicos que financian sus campañas y en su electorado cautivo.
El camino de las reformas que se propone el Gobierno adelantar apenas comienza. El peso político del Gobierno y de sus mayorías legislativas está puesto en la necesidad de adelantar reformas estructurales que hagan de Colombia un país menos inequitativo, con menos prejuicios ideológicos, más democrático, pero para ello necesita recursos. Tarea titánica que requiere tener siempre presente el contexto en el que se toman las decisiones y conocer tanto a los adversarios como a los aliados y sus intereses.
El mundo de hoy está ad portas de una recesión mundial. Esta circunstancia supone un reto que pone permanentemente en juego el poder de negociación del Gobierno para concebir un sistema impositivo que permita a la vez mejorar las condiciones de vida de la mayoría, el crecimiento económico y la soberanía de la nación. En estas condiciones el trasiego apenas comienza y muchos cambios se darán en el camino.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
Deja un comentario