Según su página web su propósito es promover, ejecutar y financiar proyectos sociales, culturales, deportivos y de infraestructura que impulsen el desarrollo sostenible y mejoren la calidad de vida de las comunidades en Colombia.
Gracias a su estructura ágil y transparente (la propaganda sirve para todo), el Fondo Mixto Sierra Nevada actúa como un aliado estratégico para entidades públicas y privadas interesadas en ejecutar programas y obras con eficiencia, legalidad y alto impacto social (https://fondosierranevada.com/que-es-el-fondo-mixto-sierra-nevada/ ).
Pues bien, esta entidad es uno de los tantos “Contrataderos” que han sido denunciados por su despojo sistemático de los presupuestos y dineros del Sistema General de Regalias.
El Fondo Mixto Sierra Nevada ha sido focalizado por la Contraloría General de la Republica en una reciente Auditoria como una verdadera cloaca por donde se fugan cientos de miles de millones de pesos del Sistema General de Regalías que debieron utilizarse para atender las necesidades de las comunidades más afectadas por la exclusión y la pobreza.
De acuerdo con la Auditoria de la CGR el cuadro del despojo y la fiesta perpetrada por el Fondo Mixto Sierra Nevada presenta las siguientes características:
Veinte particulares, sin ningún vínculo laboral con el Fondo Mixto Sierra Nevada, terminaron ejerciendo la supervisión de 45 proyectos financiados con regalías y aprobando pagos millonarios, algunos de ellos a favor de sus propios colegas.
El informe de auditoría a este Fondo por parte de la Contraloría, que puso la lupa en la ejecución de 45 proyectos financiados con recursos de regalías. Los hallazgos revelan un mecanismo de ‘supervisión’ de los millonarios contratos en el que 20 contratistas firmaron informes y anticipos sin tener las facultades legales para hacerlo.
El caso que se convirtió en una red
Entre julio y agosto de este año, el equipo auditor revisó 49 contratos de prestación de servicios firmados a nombre de 20 personas bajo la figura de “apoyo a la supervisión” y por los que se pagaron, a corte del año pasado, 1.254 millones de pesos en honorarios.
Esas vinculaciones estuvieron atadas a 45 proyectos de infraestructura, educación y saneamiento básico financiados con recursos públicos y repartidos en 11 departamentos: Sucre, La Guajira, Vaupés, Cesar, Meta, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare.
Aunque en teoría los 20 contratistas solo debían asistir a un supervisor de planta del Fondo Sierra Nevada, en la práctica terminaron ejerciendo la supervisión directa e integral de los contratos de obra, una función que la ley reserva de forma exclusiva a los servidores públicos y resulta indelegable en particulares.
El propio director ejecutivo del Fondo, Andrés Felipe Cleves Daza, firmó los oficios que designaban a esos contratistas como “supervisores”, sin que existiera de por medio ningún acto que los facultara legalmente para ejercer esa función, ni contrato de supervisión que respaldara semejante encargo. En total, esos particulares quedaron a cargo de vigilar 343.117 millones de pesos en regalías destinadas a los 45 proyectos, sin que la Dirección Técnica del Fondo, la única llamada a hacerlo, ejerciera control alguno sobre ellos.
De los 20, seis contratistas concentraron casi todo el poder. El ingeniero civil Luis Alejandro Martín Merchán fue designado supervisor de 16 contratos de obra y autorizó pagos por 85.252 millones de pesos a las firmas constructoras e interventoras. A corte del año pasado, a Martín Merchán se le pagaron 460 millones de pesos de honorarios.
Camilo Andrés Piñeros Gómez corrió la misma suerte con otros diez convenios, y aprobó 121.624 millones. A esta misma persona le fue abierta una investigación en la Procuraduría en noviembre de 2025 por un proyecto ejecutado en Barrancas en el que era el supervisor, La Guajira, mismo por el que también se investiga al exalcalde Vicente Berardinelli y el director ejecutivo de Sierra Nevada, Andrés Felipe Cleves.
Por su parte, José Alejandro Funeme Gamero, Xilena Bonnet Mojica Rojano, Karen Juliana Trujillo Caicedo, Iván Ricardo Rodríguez y Érika Cotes Guerra se repartieron el resto de los 45 contratos de obra y sus respectivas interventorías. Sobre este último nombre también hay una historia aparte.
Cotes Guerra, una joven ingeniera de Fonseca, La Guajira, en cuestión de diez meses se ganó 45 contratos por 2.000 millones de pesos para ser los ojos vigilantes sobre igual número de proyectos. Una hazaña poco vista y muy improbable.
Entre junio de 2023 y marzo de 2024, la ingeniera Cotes fue capaz de supervisar, casi simultáneamente, 45 proyectos en municipios de cinco departamentos: Orocué, Támara, Tauramena, Monterrey, Villanueva y Paz de Ariporo, en Casanare. Así como Puerto Gaitán, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Puerto Rico en el Meta. Y, como si faltara poco, Saravena, Arauca, Mitú, capital del Vaupés y Primavera, Vichada. Además, la ingeniera cobró casi 1.000 millones en honorarios sin pagar seguridad social y las firmas de sus informes de gestión no coinciden entre sí.
Otro de los hallazgos llamativos de la auditoría es que las funciones de los 49 contratos de prestación de servicios entregados a los 20 particulares tenían idénticas funciones, aunque cada obra tenía sus particularidades.
De hecho, entre los perfiles contratados para el supuesto apoyo a la supervisión, hubo una completa desconexión entre la formación de los contratistas y los proyectos que debían acompañar, al punto de que una ingeniera civil terminó asignada a un proyecto ganadero, algo que el equipo auditor cita como evidencia de que la contratación no respondió a ningún criterio de idoneidad, sino simplemente a llenar cupos.
En conjunto, estos 20 particulares, sin ningún vínculo laboral con el Fondo, terminaron autorizando pagos por 281.298 millones de pesos a contratistas de obra e interventoría, sin que existiera de por medio un solo contrato de supervisión que los facultara para hacerlo, según advierte el hallazgo.
Lo más curioso es que varios de esos contratistas con ‘superpoderes’ terminaron aprobándose honorarios entre sí. Martín Merchán autorizó 207 millones de pesos a favor de Piñero Gómez, mientras que este último, en otro de sus roles, había aprobado 376 millones para Martín Merchán. Entre los 20 contratistas de apoyo, los honorarios que efectivamente cobraron por sus 49 contratos sumaron 1.254 millones de pesos, la cifra que la Contraloría fijó como cuantía del hallazgo fiscal, muy por debajo de los cientos de miles de millones que, de facto, quedaron bajo su control.
Tampoco hubo mayor cuidado con quién firmaba qué. Los informes que debían certificar el cumplimiento de las obligaciones de esos contratistas de apoyo, en teoría, tenían que ser avalados por el propio director ejecutivo del Fondo, en su calidad de supervisor simultáneo de los 49 contratos. En la práctica, esos informes terminaron aprobados entre varios de los 20 particulares designados irregularmente como supervisores de las obras.
Anticipos millonarios
El resto del hallazgo tiene el mismo sabor. De las 49 actas de inicio revisadas, 27 se firmaron antes de que existiera el respectivo registro presupuestal, es decir, antes de que la plata estuviera formalmente apropiada para pagarlas. Otras 22 se suscribieron sin que se hubieran aprobado las pólizas de garantía que exige la ley para blindar la ejecución de cualquier contrato estatal. Y en 48 de los 49 contratos se pagó un anticipo del 50 por ciento sin que existiera una justificación técnica o financiera para hacerlo, ni los planes de inversión de anticipo que exige el propio manual de contratación del Fondo Mixto Sierra Nevada.
A esa lista se suma un tercer flanco, el de la seguridad social. El manual de funciones de Sierra Nevada y la propia Ley 1150 de 2007 exigen que, antes de autorizar cualquier pago a un contratista de prestación de servicios, se verifique que esté al día con sus aportes a salud, pensión y riesgos laborales, además de los aportes parafiscales al Sena, al ICBF y a las cajas de compensación cuando haya lugar. El hallazgo señala que esa verificación tampoco se hizo de forma consistente en los 49 contratos, lo que abre la puerta a que se hayan autorizado pagos con recursos públicos sin la certeza de que esos contratistas estuvieran cumpliendo con sus propias obligaciones frente al sistema.
Antes de llegar a esas conclusiones, el equipo auditor tuvo que sortear un obstáculo adicional. El 25 de junio de este año, la Contraloría le pidió al Fondo Mixto Sierra Nevada los soportes precontractuales, contractuales y pos contractuales de los 49 contratos de apoyo a la supervisión. La respuesta fue el silencio.
Frente a la negativa a entregar la documentación completa, el ente de control tuvo que activar a su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la unidad de policía judicial de la Contraloría, que entre el 28 de julio y el primero de agosto de 2025 tuvo que presentarse en las oficinas del Fondo en Valledupar para recaudar por la fuerza lo que debía haberse entregado por correo electrónico.
Por ahora, el Fondo Sierra Nevada sigue operando a sus anchas y de manera descarada a pesar de los serios cuestionamientos y hallazgos de los organismos de control desde el año 2024.
Espantoso esta trama criminal. Ojalá la Fiscalía proceda tal como lo hizo con Aremca, la criminal asociación regional de municipios del Caribe, cuyos directivos están a buen recaudo en los patios de la cárcel La Picota.
Ojalá Lara el nuevo Ministro del Interior ensaye su Auditoria forense con esta máquina criminal de corrupción.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Portafolio
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