Para contener la caída del modelo neocolonial, Occidente induce una depresión económica calculada para desestabilizar al Sur Global y frenar a las potencias emergentes. Frente a esta dominación, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái proponen un paradigma multipolar basado en la soberanía, la cooperación, la no injerencia y el desarrollo compartido.
Ante la imposibilidad de frenar esta transición pacíficamente, la hegemonía transatlántica precipita una escalada de consecuencias nucleares. La alineación de Colombia con el “Escudo de las Américas” representa el sometimiento a un modelo en decadencia dándole la espalda a los nuevos ejes de integración y desarrollo soberano que definen el siglo XXI.
El «Escudo de las Américas» como herramienta neocolonial
En este contexto de reconfiguración imperial se enmarca la reunión del denominado “Escudo de las Américas” con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que derivó en la Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica del 22 de septiembre de 2026[i]. Suscrita por Estados Unidos y 14 países de la región —entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Colombia—, esta alianza introduce un esquema peligroso que pretende imponer la “ley de la selva” de manera sistémica en el continente.
Bajo la narrativa de defender la soberanía del hemisferio y combatir a 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, el acuerdo invoca los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR o Tratado de Río) para convocar al Órgano de Consulta de la OEA e impulsar la “acción colectiva”. Con ello, no se defiende la soberanía de los países dentro del hemisferio, sino que se sustituye la soberanía nacional de cada Estado por la tutela de la potencia dominante sobre todo el hemisferio.
Si Estados Unidos quisiera realmente combatir el narcotráfico, debería concentrar buena parte de sus esfuerzos en perseguir las redes financieras que permiten lavar y movilizar los enormes recursos generados por las economías criminales, en lugar de reducir la respuesta al despliegue militar y al ataque contra embarcaciones de pescadores en el Caribe. La lucha contra el narcotráfico debería llegar también a los grandes centros financieros de Estados Unidos y Europa, donde históricamente se han detectado operaciones de lavado de dinero vinculadas con organizaciones criminales.
Casos como el de HSBC, que fue sancionado por graves deficiencias en sus controles contra el lavado de activos y por permitir el movimiento de recursos vinculados al narcotráfico[ii], muestran que el problema no se encuentra únicamente en los territorios donde operan los carteles, sino también en los circuitos financieros internacionales que permiten introducir sus ganancias en la economía formal.
Los grupos criminales deben ser combatidos con firmeza, pero una estrategia eficaz no puede descansar exclusivamente en acciones militares ni en la calificación de determinadas organizaciones como terroristas. También debe atacar las estructuras económicas que hacen posible su funcionamiento: el lavado de activos, las empresas fachadas, los mecanismos de ocultamiento patrimonial y las redes financieras que permiten transformar recursos ilícitos en capital aparentemente legítimo.
La pregunta, por tanto, no debería ser únicamente dónde desplegar fuerzas militares, sino dónde se encuentran las redes que financian y rentabilizan el negocio del narcotráfico. Para Iberoamérica, la alternativa debería ser una política de cooperación internacional que combine inteligencia financiera, control efectivo del lavado de activos, fortalecimiento institucional y desarrollo económico y social. Necesitamos más inversión productiva, empleo y oportunidades para nuestros pueblos, y menos bases militares y estrategias de confrontación militar en nuestros territorios.
El acuerdo impone además restricciones al flujo de capitales mediante la “exploración de mecanismos de control de inversiones” y la regulación de proveedores de infraestructura digital, buscando en la práctica vetar la llegada de recursos estratégicos de China, Rusia e Irán a la economía regional.
Esta estrategia pretende excluir fundamentalmente a China, el principal socio comercial de gran parte de Iberoamérica, país con el que numerosos Estados han suscrito la Iniciativa de la Franja y la Ruta para impulsar su desarrollo. La inversión china ha posibilitado proyectos clave en la región, tales como el megapuerto de Chancay en Perú, la central nuclear Atucha II en Argentina, la siderúrgica de Mutún en Bolivia, la primera línea del Metro de Bogotá, el Metro de la 80 en Medellín, el complejo farmacéutico de la alianza SINOVAC – Bogotá D.C. en Tocancipá, infraestructura vial y puentes en Ecuador, y la modernización de redes ferroviarias en Argentina, Chile y Perú. Destaca además la proyección del corredor ferroviario bioceánico para conectar el puerto de Ilhéus en el Atlántico brasileño con el puerto de Chancay en el Pacífico peruano.
En contraste, la presencia promovida por Estados Unidos no se traduce en infraestructura productiva, sino en la “inversión” en bases militares y en la imposición de programas de ajuste bajo la tutela del FMI, los cuales cuentan con un conocido historial de estancamiento y desmantelamiento de las economías regionales.
Esto no es integración ni cooperación; es colonialismo puro. En este ajedrez regional, la postura de Perú —unido al «Escudo de las Américas» pero resistente a romper lazos con China— y el rumbo político de Brasil resultan determinantes ante la presión de Washington. De ahí la relevancia del balotaje del 25 de octubre entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro.
La célebre frase del presidente estadounidense Richard Nixon durante la visita del dictador brasileño Emílio Garrastazu Médici a Washington en 1971 —«Hacia donde vaya Brasil, irá América Latina» («Where Brazil goes, Latin America will follow»)— sintetiza la centralidad histórica que la Casa Blanca asigna a Brasil como potencia regional[iii]. Esta perspectiva política se sustenta en la magnitud de su economía, su influencia diplomática, su dimensión territorial y su peso demográfico.
El giro de Colombia: Alineación incondicional y el doble rasero diplomático
La adhesión de Colombia al “Escudo de las Américas” bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella ratifica una ruptura de fondo en la política exterior del país. En concordancia con esta alineación, el gobierno colombiano rompió relaciones diplomáticas con Irán. Para justificar esta decisión, el gobierno de Colombia señaló violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades iraníes, ataques a países ajenos al conflicto, el cierre del estrecho de Ormuz y la supuesta obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esta postura ignora deliberadamente que Estados Unidos ha atacado de forma reiterada a Irán desde bases militares instaladas en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, limitándose Teherán a responder a dichas agresiones no provocadas; desconoce que el estrecho de Ormuz se mantuvo abierto antes de los ataques, y omite que la OIEA —encabezados por Rafael Grossi— han actuado como pieza de inteligencia al servicio del sionismo israelí, filtrando información estratégica sobre instalaciones, programas y científicos que posteriormente han sido objeto de sabotajes y asesinatos selectivos.
El doble rasero de la diplomacia colombiana queda en evidencia al contrastar la ruptura de relaciones con Irán frente al restablecimiento de lazos con el Estado de Israel. Por un lado, se estrechan vínculos con un régimen cuyo primer ministro y altos mandos militares enfrentan órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Por otro, se desoyen los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU —que ha advertido sobre indicios plausibles de genocidio en Gaza y ha condenado el uso del hambre como arma de guerra— ante un devastador saldo que supera los 200.000 palestinos asesinados, en su mayoría niños y ancianos. Todo esto sucede mientras el Gobierno colombiano retira su respaldo a la demanda presentada por Sudáfrica ante la CIJ por el delito de genocidio.
La narrativa torcida sobre Europa del Este y el sesgo en la ONU
Esta misma ceguera ideológica se refleja en la postura del vocero de Colombia ante las Naciones Unidas, el embajador Mauricio Gaona, quien calificó la operación militar en Ucrania como una violación del derecho internacional y acusó a Rusia de atacar a la población civil y de asesinar fundamentalmente a niños. Con esta intervención en la ONU, Gaona miente sobre los ataques rusos, los cuales se han dirigido fundamentalmente contra la infraestructura militar en Ucrania. Al mismo tiempo, omite de forma deliberada las agresiones de las fuerzas ucranianas contra la población civil en territorio ruso: el asesinato de adolescentes en escuelas, los ataques sistemáticos a la infraestructura energética, los ferrocarriles de uso civil y las zonas residenciales, así como los bombardeos a centrales nucleares —en flagrante violación del derecho internacional— e incluso el intento de magnicidio contra Vladímir Putin a finales de diciembre de 2025.
La representación colombiana oculta las causas estructurales del conflicto en Europa del Este: el cerco estratégico derivado de la expansión ininterrumpida de la OTAN hacia las fronteras rusas, cuyo fin era desplegar misiles nucleares a solo tres minutos de Moscú. Olvida además que, así como la ONU utilizó la resolución “Responsabilidad de Proteger”[iv] (conocido formalmente como R2P, por sus siglas en inglés) para desmantelar Libia y sumirla en el caos tras el bombardeo y asesinato de Muammar el Gadafi, Rusia invocó un marco legítimo de defensa para proteger a más de seis millones de rusoparlantes en el Donbás. Esta región venía sufriendo la embestida de un régimen que proscribió el uso del idioma ruso, prohibió el funcionamiento de la Iglesia ortodoxa rusa, desmanteló los monumentos a los héroes soviéticos que resistieron al nazismo y discriminó sistemáticamente a la comunidad rusoparlante, dejando un saldo de aproximadamente 20.000 muertos en el Donbás debido a sus continuos ataques terroristas contra la población civil
Por otra parte, desconoce que Rusia busca frenar el avance de corrientes neonazis que rinden homenaje público a colaboradores de Hitler, como Stepan Bandera. Esto se evidenció incluso cuando el gobierno de Ucrania realizó ceremonias en Kiev para reenterrar con honores estatales los restos de altos mandos militares de la Segunda Guerra Mundial, como Andriy Melnyk y Yevhen Konovalets, lo que generó un fuerte debate internacional debido al pasado de colaboración de estos personajes con la Alemania nazi[v].
Soberanía y no alineación: el desafío político de Colombia
La pretensión de Estados Unidos de erigirse en el custodio moral de la soberanía y la seguridad hemisférica choca de frente con su historial geopolítico de apoyo al terrorismo. Washington ha promovido y financiado de manera sistemática la desestabilización en el sudeste asiático, otorgando respaldo logístico y militar a células vinculadas a ISIS, milicias en Yemen y facciones kurdas en Irak, además de tejer alianzas en Siria con sectores previamente catalogados como terroristas.
La trayectoria del intervencionismo de Estados Unidos en Iberoamérica evidencia un patrón histórico de operaciones encubiertas, asfixia económica e intervenciones militares destinadas a subordinar la soberanía regional a sus intereses geopolíticos. Este despliegue abarca desde la desestabilización y el respaldo al golpe militar contra Salvador Allende en Chile (1973) —que derivó en su muerte— hasta las sospechas de sabotaje aéreo tras el fallecimiento del líder panameño Omar Torrijos (1981) y el aval diplomático al derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras (2009).
Asimismo, la Casa Blanca sostuvo la represión continental mediante la Operación Cóndor, respaldó la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y otorgó luz verde a la sangrienta «Guerra Sucia» de la junta militar argentina tras el golpe de 1976. Esta aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional tuvo uno de sus hitos más violentos en la invasión a Panamá de 1989 («Operación Causa Justa»), ejecutada para capturar al general Manuel Antonio Noriega. En el siglo XXI, este esquema coercitivo se ha reactivado mediante el aislamiento diplomático, la asfixia financiera y las sanciones contra Venezuela, culminando con el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, con el propósito de presionar un cambio de régimen.
Suscripciones como la Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica del 22 de septiembre de 2026 no constituyen un mecanismo de protección democrática ni de seguridad compartida. Representan la entrega de la economía nacional y la subordinación de Colombia a la agenda geopolítica de Washington. Pretender que América Latina se repliegue sobre el TIAR, rompa sus lazos con Eurasia y aplique una hipocresía diplomática frente a los crímenes de guerra internacionales es condenar a la región al vasallaje. Frente a la vorágine bélica global, la única postura digna para Colombia y el continente es la no alineación activa, la defensa irrestricta del derecho internacional sin sesgos ideológicos y la exigencia de un orden multipolar cooperativo basado en la autodeterminación de los pueblos.
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[i] https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/joint-statement-on-defending-hemispheric-sovereignty/
[ii] https://www.youtube.com/watch?v=DOLg0lTu87Q&t=8s
[iii] https://repositorio.utdt.edu/server/api/core/bitstreams/928497e1-38c4-4bab-938a-fd0378e00aeb/content
[iv] Se trata de una doctrina aprobada en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, tras ser formulada en 2001 por una comisión auspiciada por Canadá para supuestamente prevenir genocidios y crímenes de lesa humanidad. El desarrollo de este principio contó con el respaldo del megaespeculador George Soros, mediante el apoyo financiero que su fundación (Open Society Foundations) otorga a ONG e institutos que promueven los derechos humanos y defienden esta doctrina, la cual tiene doble rasero: se utilizó para destruir a Libia, pero no se emplea para defender al pueblo palestino. Rusia la utilizó para defender a la población rusa del Donbass.
[v] https://www.infobae.com/america/agencias/2026/08/18/los-restos-del-lider-nacionalista-ucraniano-yevhen-konovalets-son-reinhumados-en-kiev/
Carlos Julio Díaz Lotero
Foto tomada de: U.S. Embassy in Chile
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