No fue sino que el actual presidente saliera elegido para que el pánico cundiera en algunos sectores que pensaron, y aun lo piensan, que la economía se vendría a pique y que el país, tal y como sucedió con Venezuela, quedara excluido de algunos centros económicos y políticos relevantes. Desde esa misma noche de elección algunas familias se apresuraron a cambiar su dinero a dólares permitiendo que las casas de cambio de las grandes ciudades hicieran el negocio del año. Algunos tanques de pensamiento se aligeraron a decir que el dólar podría llegar a los $7.000 pesos, una espiral de incautos perdieron su dinero. Hoy el dólar ($4027 pesos) con los altibajos normales por las volatilidades políticas y económicas mundiales, en especial por las altas tasas de interés en EEUU, después de 17 meses tiene una devaluación acumulada del 3.4%.
Y este resultado no es fortuito, está acompañado de confianzas de inversionistas y de diferentes instancias gubernamentales del orden mundial. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Banco de la República, en el período enero – agosto entraron al país US$9.373 millones por concepto de Inversión extranjera Directa, cifra superior en US$1.687 millones a lo ocurrido en el mismo periodo de 2022. En este mismo tiempo los ingresos por exportaciones disminuyeron el 15.6%, explicado por el menor precio de las exportaciones tradicionales (commodities). Las importaciones también disminuyeron y en mayor cuantía, 20.2%, algo beneficioso para disminuir el déficit comercial estructural que caracteriza a nuestra economía. De otro lado las operaciones corrientes de colocación de títulos de deuda han estado sobre demandadas, la última, la semana pasada, tuvo solicitudes de adquisición de títulos seis veces superior a las colocaciones planeadas, mostrando la actitud positiva de los mercados a adquirir títulos de deuda país.
Esto también es debido a los mensajes de los diferentes organismos multilaterales sobre el sentido correcto de las reformas planteadas y del manejo fiscal que el país está realizando. El sentido de la reforma tributaria realizada, así como la “pela” que el gobierno se está dando para solucionar el déficit del Fondo de estabilización de precios de combustibles dan cuenta de ese manejo prudencial que los mercados internacionales están valorando.
En el tema de inflación el asunto también hay que ponerlo en sus justas proporciones. Si que hay inflación (10.48% vs 12.22% un año atrás) y esta hace un daño terrible a quienes no poseen sino su salario para poder vivir, la inflación es un impuesto a los pobres y su disminución es una urgencia. Ya las presiones por los temas de la crisis de los contenedores y los altos precios de los agroinsumos por la guerra Rusia-Ucrania, han estado cediendo, lo que ha permitido un alivio en la velocidad del crecimiento de los precios. Se ha tenido una mejora con la expectativa de cerrar el año a un dígito, que fuera menor, si las tasas de interés lograran servir de apalancamiento a la economía.
Claramente la inflación no es un tema de altas demandas por parte de los consumidores locales, de hecho, la demanda ha venido cayendo, el consumo de los hogares para el tercer trimestre apenas creció, 0.4% y la inversión bruta en capital fijo ha disminuido de manera significativa (33.5%), pero el Banco de la República insiste en mantener las tasas altas para desincentivar el consumo y la inversión, lo que está asfixiando a la economía para poder crecer. Es de esperar que la Junta Directiva del Banco reaccione y que no caiga en errores técnicos como lo sucedido con las altas tasas de interés en 1999 que contribuyeron a profundizar la crisis financiera de 1998-1999. Es clara la independencia y la autonomía, pero también lo debe ser la coordinación macroeconómica y los propósitos de crecimiento y empleo, como en reiteradas ocasiones y desde diferentes ámbitos constitucionales e internacionales se le ha insistido al Banco, pero ha podido más la ortodoxia monetaria, ésta si postrada en creencias y no en datos empíricos como debería de ser. Me resisto a pensar que, con la tradición técnica de la Junta, esta sea una época de confrontación y oposición política, pero peores cosas se han visto.
Con reportes del Dane se puede decir que lentamente el empleo ha mejorado, el desempleo ha disminuido 140 puntos básicos (9.3% vs 10.7%). La tasa de ocupación se ha mantenido en los últimos meses por encima del 58%, cifra que se obtuvo por última vez en diciembre de 2019. La informalidad pasó al mes de septiembre al 56.1%, cuando un año atrás estaba en el 58.7%. la tasa de empleo en la población joven llegó al 16.2%, contra 18.3% en el año anterior. Las mujeres mantienen una velocidad mayor en la recuperación de empleo lo que ayuda a disminuir la brecha existente, su tasa de desempleo fue del 11.3% vs 13.3% del año anterior.
Se vive una época de recuperación del empleo y menor crecimiento económico, al tercer trimestre la economía decreció 0.3%, para un acumulado en 2023 del 1%. Obviamente esto asusta si se analiza por fuera del efecto estadístico del rebote, recuérdese que, con los cierres, ante el volver a las actividades económicas normales, la economía experimentó un crecimiento súbito bastante pronunciado. Pero aún a pesar de las cifras, que muestran una recuperación frente a lo vivido en la pandemia y el retorno a los indicadores del período previo, la palabra crisis se mantiene como un mantra repetido incansablemente desde diferentes sectores, que termina asumido como verdad por la población sin mayor información.
Pero el culmen de esto ocurrió en la semana anterior y tal vez fue lo que apresuró la necesidad de esta columna, que estaba prevista para analizar la negociación del salario mínimo que se apresta a comenzar. El catastro multipropósito debe avanzar, ya las grandes ciudades lo realizaron también las ciudades intermedias y se avanza en municipios pequeños, rurales y rurales dispersos. Las leyes actuales permiten que el predial se aumente al mismo ritmo del catastro, siempre y cuando se hayan hecho mejoras e infraestructuras. En algunos municipios la actualización catastral data de 15, 20 o más años atrás, la probabilidad de que esto ocurra es muy alta, es decir que se hayan hecho mejoras a las propiedades. Lo contrario que permite la Ley es que si estas obras no se han hecho existe un límite al incremento, que por lo general es del IPC más 8%.
Ante este escenario, los incrementos del catastro han sido en las zonas rurales bastante amplios con cifras que superan el 2000%. El Gobierno ha propuesto una nueva norma que limita estos incrementos prediales, apartándolos del crecimiento en el catastro y estableciendo rangos, donde el 90% de los predios rurales del país quedan con un límite en ese incremento al 50%, que puede significar un aumento promedio de $15.000 en el próximo año. Los predios de mayor valor tendrán, de acuerdo con la propuesta, un incremento del predial hasta del 300%.
Algunas personas de alta exposición mediática, por su importancia de representación gremial, salieron a decir que se subirían los impuestos prediales el 300%. Si esto lo dicen otras personas del común pues se entendería, pero si lo hacen personas con alta información, acceso a equipos de analistas y altas capacidades intelectuales, el asunto ya ni siquiera es oposición, es maldad, incluso es miserable con el país.
Tal y como sucedió en la noche de elección y en los días, meses siguientes, empezaron a llegarme mensajes, llamadas de amigos, de periodistas, para que les explicara que pasa con eso, cómo entender que el gobierno del cambio que defiende lo rural y en particular al campesinado hiciera esto. Pues bien, desmentir a estos personajes no es nada sencillo, para mi fortuna desde los medios masivos se ha intentado aclarar la situación, pero no es claro el éxito en esto, el pánico, el miedo ya se creó.
Y tiene lógica la campaña de miedo. Por ejemplo, en los campos colombianos se vive una especie de optimismo al ver rutas posibles que les lleven a mejorar sus condiciones de vida: los avances de la reforma agraria, el reconocimiento constitucional y normativo, las diferentes acciones emprendidas por el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, el Sena que ha fortalecido su actividad con el campo a través de Campesena, no solo reconociendo saberes sino generando capacidades en producción, construcción, comercialización, entre otras, con financiación a emprendimientos campesinos. Pero también las enseñanzas de la pandemia y la necesidad de alimentos producidos en cercanías han llevado a que desde el sector privado se emprendan acciones al fortalecimiento rural y campesino. Un sector agropecuario que en medio de todas las vicisitudes mantiene una senda histórica de crecimiento que, aunque poco para las necesidades que se tienen, sigue siendo sólido para responderle al país. Por fortuna nuestra población campesina sí que está curada en esto de los miedos.
He recordado al gerente de la campaña por el NO en el plebiscito, Juan Carlos Vélez, cuando reconoció que la estrategia era que la gente saliera a votar verraca. Para esto se atiborraron las redes y los medios de mentiras que llevaran a la indignación de la población, tal y como sucedió. Hoy estoy viendo la misma estrategia, que puede ser beneficiosa para algunos pero que dista mucho de un debate serio y documentado. Eso sí, hace un daño tenaz al país, a su economía, a las gentes humildes que esperan que mejore su empleo, que los precios sigan bajando. La preocupación entonces no es el país y sus gentes, es recuperar a costa de lo que sea, el manejo y control del Estado y sus recursos. La codicia no ha sido ni será una buena consejera.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR)
Universidad de La Salle
Foto tomada de: las2orillas
Deja un comentario