El problema de fondo es que seguimos, a principios del siglo XXI, registrando y gravando los activos únicamente sobre la base de las propiedades inmobiliarias, utilizando los métodos y registros establecidos a principios del siglo XIX. Si no creamos los medios para cambiar este estado de cosas, los escándalos continuarán, con el riesgo de una lenta desintegración de nuestro pacto social y fiscal y el inexorable ascenso del “cada uno por sí mismo”.
Capacidad contributiva
Lo importante es que el registro de la propiedad y la fiscalidad siempre han estado estrechamente vinculados. Primero, porque el registro de la propiedad le da al propietario una ventaja (la de beneficiarse de la protección del sistema legal) y, segundo, porque solo un impuesto mínimo puede hacer que el registro sea realmente obligatorio y sistemático. Agreguemos que la propiedad de los activos también es un indicador de la capacidad de contribución de las personas, lo que explica por qué la tributación de los activos siempre ha jugado un papel central en los sistemas tributarios modernos, además de la tributación que pesa sobre los flujos de ingresos (flujo que puede a veces manipularse hacia abajo, en particular en el caso de activos muy altos, como demostró ProPublica).
Al establecer un registro centralizado de todas las propiedades, tanto las inmuebles como para los bienes profesionales (tierras agrícolas, tiendas, fábricas, etc.), la Revolución Francesa también instituyó un sistema tributario sobre las transacciones (derechos de transferencia todavía en vigor) y, sobre todo, la propiedad (con impuesto sobre la propiedad). En Francia, como en los Estados Unidos y en casi todos los países ricos, el impuesto a la propiedad, o su equivalente anglosajón, el “property tax”, sigue representando el principal impuesto a la riqueza (alrededor del 2% del PIB, aproximadamente 40.000 millones de euros en ingresos anuales en Francia). Por otro lado, la ausencia de tal sistema de registro y tributación de bienes inmuebles y propiedad profesional explica, en muchos países del sur, la hipertrofia del sector informal y las consiguientes dificultades para implementar la tributación sobre la renta.
El separatismo de los ricos
El problema es que este sistema de registro y gravamen de los activos apenas ha cambiado en dos siglos, mientras que los activos financieros han asumido una importancia preponderante. El resultado es un sistema extremadamente injusto y desigual. Si eres propietario de una vivienda o inmueble profesional por valor de 300.000 euros, y si estás endeudado con 290.000 euros, entonces pagarás el mismo impuesto sobre la propiedad que una persona que heredó un bien equivalente y además tiene una cartera financiera de 3 millones de euros. Ningún principio, ningún razonamiento económico puede justificar un sistema tributario tan violentamente regresivo (las fincas pequeñas de hecho pagan una tasa efectiva estructuralmente superior a la más alta), además de que parte del principio que sería imposible registrar activos financieros. Pero esto no es una imposibilidad técnica, sino una opción política: optamos por privatizar el registro de valores financieros (con depositarios centrales de derecho privado, como Clearstream o Eurostream) y luego se establece la libre circulación de capitales garantizada por los Estados, sin ningún tipo de previa coordinación fiscal.
Los “Pandora Papers” también indican que los más ricos logran evadir impuestos sobre sus propiedades, convirtiéndolas en valores financieros domiciliados en el extranjero, como muestra el caso del matrimonio Blair y su casa de 7 millones de euros en Londres (400.000 euros sobre transferencias onerosas de propiedades inmobiliarias evitadas) o de villas en la Costa Azul controladas a través de empresas fantasma por el primer ministro checo, Andrej Babis.
¿Qué hacer? La prioridad debe ser el establecimiento de un registro financiero público y la imposición mínima a todos los activos, aunque solo sea para producir información objetiva sobre ellos. Cada país puede moverse de inmediato en esta dirección, exigiendo a todas las empresas que poseen u operan bienes en su territorio que revelen la identidad de sus tenedores y los graven de manera transparente y de la misma manera que a los contribuyentes ordinarios. Ni más ni menos. Al renunciar a cualquier ambición en términos de soberanía fiscal y justicia social, solo estamos fomentando el separatismo de los más ricos. Ya es hora de actuar.
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