Ojalá lo expresado por el presidente fuese cierto y lo expresado por la Corte por todos los colombianos aceptado. La realidad, empero, contradice lo dicho por Santos y el juicio de la Corte no convence a muchos.
¿Ha terminado la guerra?
El discurso del presidente Santos es un texto emotivo, atrevido y optimista. Recordó a las víctimas del conflicto en cuyo nombre recibió el premio, reiteró que es urgente replantear la guerra contra las drogas, guerra “que no se ha ganado ni se está ganando”, y concluyó su exposición afirmando “el sol de la paz brilla, por fin, en el cielo de Colombia”.
El interlocutor obligado de Santos es el pueblo colombiano pero pareciera que sus palabras estaban dirigidas a la comunidad internacional y particularmente a los gobiernos de la Unión Europea la cual, en un acto encabezado por el presidente de Colombia, lanzó en Bruselas el Fondo Fiduciario para el Postconflicto cuyo objetivo es apoyar la implementación de los acuerdos de paz y ayudar a superar los efectos negativos del conflicto mediante la puesta en práctica de un desarrollo rural integral.
Cierto es que desde hace meses, y como producto de lo acordado en el marco del largo proceso de negociación con las Farc, el país ha vivido un relativo grado de paz de facto que ahora entra en su fase final para dar inicio al posconflicto, pero la paz apenas muestra la punta de la nariz. De hecho, queda un largo trecho por recorrer para que la anhelada paz sea una realidad para miles de colombianos.
No habrá paz mientras no se reconozca al “otro”, mientras la intolerancia, la mezquindad y los odios no cesen. No habrá paz mientras la institucionalidad no se fortalezca y cesen las muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Mientras no se controlen las acciones de los actores que promueven la violencia física, verbal y simbólica contra los que piensan diferentemente, quieran ser reconocidos o recuperar lo perdido. La violencia mantiene cotas elevadas en el país y pone en riesgo lo acordado. El ELN ha manifestado su deseo de emprender negociaciones con el gobierno pero el proceso no arranca. Actores armados de toda índole buscan adueñarse de lo territorios de los que se retiran las Farc, los desmovilizados siguen marginados, los desposeídos privados de sus bienes, las comunidades ignoradas, el futuro de los resguardos indígenas incierto,…
No habrá paz mientras lo plasmado en el acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc no comience a dar frutos y se resuelvan los problemas estructurales que identificados desde hace años comiencen a resolverse para despejar una ruta que permita a los colombianos dirimir sus conflictos sin recurrir a la violencia.
Paradójicamente, la solución de muchos de estos problemas requiere el apoyo de las Farc. Dos ejemplos nada más: el narcotráfico y la minería ilegal que sirven de sustento a la acción de actividades ligadas a la existencia de organizaciones criminales transnacionales. Agréguese a estos problemas de hondo calado el desminado de extensas zonas del país que representan un riesgo permanente para la población.
Acuerdos jurídicos y constitucionalidad
La Corte Constitucional consideró que la vía rápida legislativa no afecta la independencia de poderes y que, por lo tanto, lo aprobado en el Acto Legislativo 001 de 2016 no sustituye la Constitución, que la delegación de funciones legislativas al Presidente es posible porque está limitada a 180 días y no puede extenderse a actos que requieran mayorías calificadas o absolutas para su ratificación. Sin embargo, aunque planteó que el proceso “puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática (el Congreso), ello es posible “sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana”, devolviendo el balón al campo del Legislativo. Estas consideraciones que dejan en vilo un concepto definitivo abren la puerta a interpretaciones diversas que darán pie a juicios diversos.
Es claro que el proceso de paz es un asunto eminentemente político cuyo horizonte es el futuro del país pero también lo es el que en una sociedad donde lo jurídico es un referente permanente, la “seguridad jurídica” es un asunto alrededor del cual se tejen múltiples polémicas. Del que este asunto se aclare prontamente depende que los proyectos que se tramiten en el Congreso, particularmente la llamada “cláusula de cumplimiento del acuerdo” que obligaría a instituciones y autoridades del Estado a cumplir con lo pactado, la jurisdicción especial para la paz o justicia transicional y la creación de una unidad especial en la Fiscalía para desmantelar organizaciones paramilitares no se conviertan en simples “normas de papel”.
La experiencia ha demostrado que los procesos de paz son frágiles y que el éxito de todo acuerdo está directamente ligado a su implementación. El no cumplir con lo pactado promueve la desconfianza entre las partes y muchas veces conduce a su ruptura. En estos momentos el proceso con las Farc cuenta con el respaldo de la comunidad internacional pero no concita el entusiasmo esperado por las autoridades y no está libre de amenazas, lo que invita a mantener acciones que develen la verdad, promuevan la reconciliación y superen los obstáculos que es necesario superar para establecer una conexión directa entre las discusiones formales y la realidad, sin perder de vista que el no implementar los acuerdos en los plazos previstos tiene un costo que puede ser muy gravoso .
Rubén Sánchez David
Profesor Universidad del Rosario
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