Las hostilidades recurrentes entre grupos armados ilegales, motivadas por disputas en procura del control de rentas derivadas del narcotráfico y de la minería ilegal, van en detrimento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; causan grave afectación a la movilidad fluvial, al abastecimiento y dinámica comercial, a la estabilidad socioeconómica y, en general, a la calidad de vida de las familias y comunidades del departamento. El paro armado recién levantado es el noveno llevado a cabo por el ELN en los últimos dos años. El de noviembre de 2024, provocó el confinamiento de cerca de 50.000 personas.
Retomando experiencias recientes, de atención humanitaria, por parte de las instituciones y organizaciones de derechos humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha solicitado, de manera urgente, la creación de 11 corredores humanitarios para garantizar la atención integral y la protección de la vida de las comunidades. Dichos corredores, como lo enumera la Redacción Web del Nuevo Siglo [1] , son:
- Quibdó́ – Medellín.
- Quibdó́ – Pereira.
- Quibdó – Istmina.
- Quibdó – Istmina – Condoto.
- Quibdó – Istmina – Bajo San Juan.
- Quibdó – Istmina – Bajo Baudó.
- Quibdó – Istmina – Medio Baudó.
- Quibdó – Istmina – Alto Baudó.
- Quibdó – Istmina – Río Iró.
- Quibdó – Istmina – Sipí.
- Quibdó – Istmina – Nóvita.
La atención integral contempla el suministro de alimentos y medicamentos, así como la asistencia social a las comunidades.
También, implica que los grupos armados ilegales, como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias pos FARC respeten los derechos y las actividades de las organizaciones y de las personas que lideran la defensa de los derechos humanos. Que cesen de inmediato el reclutamiento de menores, toda forma de violencia en contra de las mujeres, así como las hostilidades. Al tiempo, es prioritario, en un departamento donde el 80% del territorio está minado, que suspendan la práctica de instalación de minas antipersonal y cesen los enfrentamientos armados cerca de viviendas y establecimientos educativos.
El pasado 22 de febrero se llevó a cabo un Gabinete para la Dignificación de las Víctimas, en el Coliseo principal de Condoto, como lo informa Mauricio Villamil en Infobae [2]. En dicho evento deliberaron representantes de alcaldías municipales del departamento, de la gobernación, de organismos del Gobierno Nacional, de la comunidad internacional y de organizaciones sociales.
Entre los temas relevantes abordados, en relación con la crisis humanitaria, se destacó la urgencia de superar la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al servicio de salud y educación, la desatención de la primera infancia, el bajo nivel de inversión pública y la importancia de mejorar el suministro de agua potable.
Se considera que la protección de las comunidades debe extenderse a todo el departamento. Que es urgente la realización de acciones para frenar la expansión del conflicto armado y garantizar el respeto por los derechos humanos. En dicho sentido, se plantea que es fundamental la creación y puesta en funcionamiento de corredores humanitarios para garantizar que la ayuda a las comunidades sea oportuna y efectiva.
La Gobernadora, Nubia Carolina Córdoba [3], plantea que se requiere la declaratoria de la conmoción interior, como en el Catatumbo, dado que la situación es similar. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno Nacional viene adelantando ingentes esfuerzos por lograr el control de la situación
Como informa Juan Pablo Contreras en Colombia +20 [4], la confrontación armada entre el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó lleva, por lo menos, ocho años. La penetración paramilitar comenzó a raíz del vacío dejado por la reincorporación de las extintas FARC y por la incapacidad del Estado de controlar el territorio.
La expansión del Clan del Golfo se extendió desde el Urabá Antioqueño y Chocoano. Al consolidar su presencia desde el norte, se inició la confrontación con el ELN y este último grupo se movió hacia el sur. No obstante, el Clan del Golfo se ha seguido expandiendo, tanto en el Chocó como en otros departamentos, en disputa por el control de las economías ilícitas; en especial, la explotación minera de la zona del San Juan y la economía del narcotráfico en los límites del Baudó.
La crisis humanitaria se agudiza por los niveles de violencia entre estos dos grupos e impacta en la mesa de negociación política con el ELN, proceso de diálogo que sigue congelado y en medio de la ruptura del cese bilateral con el Gobierno. Igual sucede con el Clan del Golfo, que expresa su desconfianza en la negociación sociojurídica que apenas inicia, a raíz del operativo militar que, con apoyo de inteligencia estadounidense y británica, culminó con la muerte de uno de sus comandantes en Puerto Triunfo, Oliverio Isaza (alias “Terror”).
Las acciones del Clan del Golfo afectan, además, los diálogos sociojurídicos con las bandas criminales del Chocó, las cuales se encuentran en tregua hasta el presente mes de marzo. El Clan del Golfo, según las informaciones, adelanta un plan feminicida en contra de las mujeres cercanas a integrantes de las bandas Locos Yam, RPS y Mexicanos, quienes afirman que su tregua no cobija al Clan del Golfo.
Desde las comunidades se insiste en que los diálogos avancen. Que se retome el cese al fuego con el ELN y que el Clan del Golfo avance en el diálogo sociojurídico. No obstante, ante las afectaciones que provocan las hostilidades entre los grupos, en contra de las comunidades predominan las dificultades para negociar. Esto implica que, también en el Chocó, la Paz Total seguirá pasando por el camino de las políticas sociales de intervención integral del Estado, lo que conlleva la acción interinstitucional, asociada a la acción de la justicia y de la seguridad humana, con decisiva labor de inteligencia y contrainteligencia, e intervención de la fuerza Pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y la superación de los posibles entronques con sectores de las Fuerzas Armadas.
Es de reiterar que el Observatorio de paramilitarismo acordado con el ELN, así como la Comisión de Monitoreo y Verificación de los Acuerdos nunca funcionó. Mientras tanto, el Acuerdo sobre Participación se quedó en letra muerta como expresión de una dinámica dependiente, cooptativa, funcional a una Mesa Nacional de Negociación que hoy sigue congelada.
Mientras tanto, las comunidades territoriales y las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos claman porque sus voces sean protagónicas en la construcción de la paz territorial y nacional. Que su papel no se reduzca al de convidados de piedra en eventuales negociaciones, o confinados y silenciados en la crisis humanitaria, en medio del conflicto.
Fuentes:
[1]Redacción Web. Ante crisis en Chocó exigen la creación de 11 corredores humanitarios. El Nuevo Siglo. Febrero 24 de 2025. [2] Villamil Mauricio. Piden la creación de corredores humanitarios en Chocó para enviar ayuda y proteger a comunidades en medio del conflicto. Infobae. Febrero 24 de 2025. [3] Stacey Diego. El ELN produce otro desplazamiento masivo con el anuncio de un paro armado en Chocó. El País – América. Febrero 17 de 2025. [4] Contreras Ríos Juan Pablo. Clan del Golfo, disidencia de Mordisco y ELN, una guerra a tres bandas que azota a Chocó. El Espectado – Colombia +20. Febrero 18 de 2025.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Mutante
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