Aunque lo define, el columnista confunde el golpe blando, que es el conjunto de técnicas no frontales y encubiertas para desestabilizar a un gobierno y apresurar su caída, con varios hechos de corrupción por parte de algunos funcionarios del gobierno. El golpe blando no es una acción violenta sino una serie de mecanismos silenciosos y conspirativos que tienen por objeto derruir las bases de un gobierno. Este tipo de conspiraciones son realizadas por un agente externo, aunque bien pueden llevarse a cabo desde adentro ya sea mediante infiltraciones, espías, mercenarios o miembros traidores de la causa. Pero según su concepto, es imposible que un gobierno sea al mismo tiempo el sujeto y el objeto de un golpe de Estado.
Negar las evidencias que apuntan a una intención expresa de distintos sectores poderosos de la sociedad de propiciar un golpe al presidente, y reducirlo a que es un simple efecto cuya causa proviene del mismo funcionamiento del gobierno es inaceptable. De ser así, tendría que demostrarse que existe una propósito premeditado y sistemático por parte de este gobierno para sabotearse y darse un golpe blando.
La corrupción absoluta de un gobierno, como los de Uribe, Duque y Santos, nunca ha sido interpretada como un signo inequívoco de golpe blando por parte de quien manda. Al contrario, implantaron regímenes de corrupción que fueron defendidos, protegidos y sostenidos en el tiempo con el beneplácito de gremios, periodistas y empresarios que no solo silenciaron, sino que promovieron y publicitaron ese estado de cosas. No pedimos que el establecimiento al que criticamos sea complaciente con los hechos de corrupción que pueda haber dentro del gobierno que preside Petro. Pero sus seguimientos y denuncias, su enemistad y su férrea oposición son muestras evidentes de que no hay ninguna alianza o actitud de corrupción sostenida o deliberada por parte del gobierno, ni se actúa en nombre de ellos.
A las elites políticas y económicas de Colombia no les molesta que el gobierno Petro sea o no corrupto, lo que los enoja es que en gran medida han perdido los vínculos que les permitían mantener sus viejas prácticas. Y digo “en gran medida” porque este gobierno es únicamente un factor más de poder, y este Estado, cuyas instituciones públicas encargadas de regular todas las actividades y controlar un determinado tipo de funcionamiento, desborda las posibilidades de un gobierno que lucha solo contra una maquinaria poderosa cuya operación continúa apresada por las mismas manos que lo han dirigido siempre. En este Estado persisten aparatos y factores que ostentan capacidades elevadas de poder y autonomía capaces de romper el equilibrio y la correlación de fuerzas.
El entramado de corrupción que se tejió en la UNGRD y que se hizo público en este gobierno no puede ser excusa para hacer culpable a quien justamente fue su víctima. Este hecho ciertamente no responde a un patrón, ni marca la pauta con la que se ha comportado este gobierno. Olmedo López, Sneyder Pinilla, y si es el caso, Carlos Ramón González, deben asumir la culpa y responder individualmente por los delitos que hayan cometido.
Sin embargo, a este gobierno le cae la responsabilidad de no deshacerse a tiempo de personas para nada gratas que mantuvieron sus cargos hasta no hace mucho. Apenas este año comenzó a nombrarse en propiedad a personas cercanas y confiables en puestos que son claves para que marche bien la ruta que ha trazado el presidente. Como la corrupción no depende de la voluntad torcida de un corrupto, sino de una estructura diseñada para tales fines, la tarea inmediata del gobierno es desmantelar todo el andamiaje de corrupción que sigue oculto, y rescatar las instituciones públicas arrebatándoselas a las mafias que las han cooptado. Carlos Carrillo tiene la grávida tarea de cumplir con este fin en la dirección que está a su cargo. Su labor ha sido hasta ahora bien lograda y su dirección goza de reconocimiento y aceptación social, a pesar de la retaliación que significó demandar su nombramiento.
Las piezas claves dentro de la estructura administrativa del gobierno debieron haberse cambiado de una vez desde el principio. Claro que todavía hay tiempo y el presidente Gustavo Petro debe rodearse de funcionarios honestos que entiendan y respalden el proyecto político del cambio, despedir y reemplazar a viejos ordenadores del gasto como directores y subdirectores que por años han decidido sobre los programas de inversión, que han tenido a su disposición enormes cantidades de dinero y gozan de la potestad de canalizar y desembolsar recursos, otorgar contratos y tomar decisiones sobre el presupuesto. Gustavo Bolívar en el DPS, Alexander López en el DNP y Carlos Carrillo en UNGRD ya han hecho lo que corresponde.
Con el gobierno del presidente Petro se ha definido más claramente la diferencia entre Estado y gobierno. Ambos términos se tomaban como idénticos debido a la costumbre de gobiernos de derecha que se habían apoderado por completo del Estado, y entonces se asumía que aquel que ostentaba el cargo de presidente era dueño absoluto del poder. Bajo el acuerdo unánime de grupos influyentes, de segmentos reducidos y privilegiados de la población, en las últimas dos décadas se construyó un emporio que aglutinó a todas las instancias decisivas del poder y se creó una sola voluntad corrupta muy bien sincronizada que, sin control, ni vigilancia, hacía marchar el engranaje de una maquinaria putrefacta pero muy bien ensamblada.
El ejercicio del actual gobierno les recordó a las elites que Colombia no es un régimen absolutista en el que el presidente diga como Luis XIV “El Estado soy yo”. El espíritu presidencialista y totalitario de las elites tradicionales ha cedido ante Gustavo Petro y hoy parece por fin reconocer que sí, que efectivamente Colombia es una democracia basada en el equilibrio de poderes y en la separación de sus tres ramas principales: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero consciente de que al margen de estos tres poderes existen otros muy potentes que intervienen en política, el establecimiento ha sabido utilizar contra el gobierno las fuerzas del poder mediático, económico y burocrático. Todos ellos se han asociado en Santa Alianza y han declarado al presidente una guerra sin cuartel para sabotearlo, acorralarlo y reducirlo a la máxima debilidad.
Los escándalos de corrupción golpean desde adentro y hacen daño a un gobierno que no puede tolerar que al asedio exterior al que lo sometieron se sume ahora la actuación inaceptable de miembros que ostentan cargos importantes en el mismo. Es muy difícil mantenerse a salvo en medio de un Estado estructurado y diseñado por la corrupción. Sin embargo, estos hechos no definen la naturaleza de un gobierno que aún tiene por delante la mitad de su periodo para continuar la ruta y realizar los fines que ha planteado su programa. Lo pueden juzgar algunos hechos, pero lo excusarán los resultados.
David Rico
Foto tomada de: RTVC Noticias
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