Los hombres hacen daño por miedo o por odio
Maquiavelo
El Estado colombiano cuenta con diversas entidades encargadas de vigilar y controlar el funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como la gestión de los funcionarios públicos. Procuraduría, contraloría, defensoría y fiscalía, en el argot popular son mejores conocidas como “ías”, y gozan de autonomía presupuestal, administrativa y jurídica.
Por estos días las hemos visto muy activas y bastante preocupadas, haciendo gala de gran eficiencia en su función como organismos de control: todas dirigen sus esfuerzos para vigilar, fiscalizar, sancionar e investigar las acciones del actual gobierno. El fiscal Francisco Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera, la procuradora Margarita Cabello, el defensor del pueblo Carlos Camargo (que más bien es una especie de ofensor) y todas las fuerzas del antiguo régimen se han unido en Santa Alianza contra el gobierno de Gustavo Petro. Duros contra el presidente e indulgentes con la mafia: este parece ser el principio que rige la gestión y el proceder de todo ellos, que han sido fuertemente señalados por periodistas independientes, quienes a través de una serie de investigaciones han recopilado pruebas suficientes con las que han podido denunciar comportamientos indebidos, atribuciones excesivas, actos delictivos y de corrupción. A pesar de un sinnúmero de pruebas y señalamientos, la prensa oficial del establecimiento sigue guardando silencio sobre estos nocivos personajes que han sido cuestionados por contratos millonarios, asesinatos, omisiones, conspiraciones, narcotráfico, paramilitarismo y alianzas criminales.
La vicefiscal Martha Mancera ha sido acusada por agentes del CTI a causa de sus nexos con el narcotráfico en Buenaventura y su complicidad con “Pacho Malo”, y es considerada por Gonzalo Guillén como “la delegada y representante del cartel del Norte del Valle y del Clan del Golfo en la fiscalía” que hoy dirige el impresentable Francisco Barbosa, quien además está muy interesado en que ella lo suceda como fiscal encargada.
Esta fiscalía, desesperada porque ha sido puesta en evidencia, ha tratado de inspeccionar archivos y ha querido averiguar las fuentes de la Revista Raya, que ha desnudado con denuncias soportadas y elocuentes el inocultable entramado criminal tejido por Barbosa.
La fiscalía General de la Nación, como entidad de la rama judicial del poder público, no está en absoluto interesada en realizar una cumplida y diligente administración de la justicia, pues se ha convertido en el instrumento de un poder particular cooptado por la mafia para intervenir directamente en la política y dañar a este gobierno.
Llegó la hora de quitarle a la Justicia de una vez por todas la venda que aún está sobre sus ojos, y en vez de una balanza que no puede sostener ni sopesar, en su mano poner una antorcha, cuya luz en absoluto vacilante sea lanzada con su claridad incisiva sobre subterráneos y mazmorras. Necesita los ojos descubiertos y la otra mano presta y expedita para poder blandir bien la espada.
La Corte tiene sobre su conciencia el deber de realizar la votación para elegir a la próxima fiscal, y está en la obligación de cumplir con su mandato constitucional. No puede excusarse diciendo que su acción está bajo presión y vigilancia. Su libertad no consiste en dilatar esta elección, pues su aplazamiento solo favorecería al hampa y a la corrupción.
Barbosa y Mancera dirigen una empresa criminal desde la fiscalía, y ambos han sincronizado en perfecto acuerdo sus acciones orientadas a deslegitimar a este gobierno. Son un frente judicial de ataque dentro del plan general contemplado en el programa de la ultraderecha colombiana. Un presidente no puede sustraerse a la pesquisa judicial, pero sus jueces naturales no se hallan en la fiscalía. Ni el bobalicón Francisco Barbosa, ni la temible Martha Mancera tienen absolutamente ninguna competencia para emprender una persecución penal al presidente, pero esto no es impedimento para que ambos sujetos indecentes, con actitud descarada y sediciosa, incrementen el asedio y lancen imputaciones temerarias, aun en contra de lo que ordena la Constitución. ¿Qué tipo de conspiración es esta en la que se confabulan poderes siniestros prestos para derrocar? Su apuesta es la ruptura institucional: un montaje judicial por una autoridad no competente para tumbar a un presidente.
Ciertamente, el fiscal Barbosa y sus secuaces, encubridores de delitos, no tratan de emular un golpe de Estado al estilo Pinochet con tanquetas y aviones de combate contra la casa de gobierno. Claro que es una guerra abierta y declarada, pero sin humo, ni cañones, sin pólvora, ni estruendos, sin aviones bombarderos, ni militares en asalto (aunque lo deseen mucho). Sin embargo, similares a las masas de burgueses reaccionarios que marchaban por Santiago gritando contra Allende: “Atrás, atrás, el gobierno incapaz”, hoy los medios de desinformación colombianos, expertos en propaganda negra y manipulación, han conducido a la opinión hasta el punto de instalar la idea de que este gobierno está parado, de que no funciona, de que es ineficaz y no ha hecho ningún cambio. Si fuera verdad que no gobierna no estarían tan desesperados ni con tanto miedo de perder sus privilegios. Y cambios, claro que los hay, es que no les gustan.
El problema de la mentira repetida innumerables veces es que no solo pasa por la mente, sino que se hunde en ella, se asienta allí, arraiga en su interior y produce un daño sobre quien recae. El engañado no es solo un ignorante: es aquel que ignora que no sabe, pero afirma que es verdad la mentira en la que cree. Entre el conocimiento y la mentira, la ignorancia ocupa el punto medio.
Al Ejecutivo quieren derruirlo mediante un procedimiento que consiste en batirlo hasta el cansancio, de modo que, distraído y ocupado, en vez de invertir su tiempo y su energía en comunicar y gobernar, lo pierda desmintiendo cada una de las mentiras y defendiéndose de las intrigas. Bombardeos noticiosos, investigaciones judiciales, continuos juicios de control político en comisiones y plenarias de Cámara y Senado convocados permanentemente por congresistas de derecha, pánico económico, derogación de artículos, leyes y decretos, suspensiones y destituciones, escándalos prefabricados, sucesos bien tergiversados o la simple injuria frontal, lo obligan a una defensa agotadora y permanente: “Simplemente por la continua necesidad de defenderse puede uno volverse tan débil que ya no pueda defenderse más” (Nietzsche, 2020, p. 65). Este es precisamente el objetivo de la prensa tendenciosa y de la derecha facinerosa apostada cada una en su trinchera.
“Los grandes poderes mediáticos, fabricantes de opiniones que luego confirman con encuestas que preparan ellos mismos, someten al presidente a un desgaste insostenible, porque tan pronto este se detiene a argumentar y a desmentir cada falacia, ha salido ya otra “noticia” u otro titular que denigra, difama, miente o tergiversa, y cuando ya se ha aclarado lo anterior aparece una siguiente que lo obliga a una nueva explicación y se enfrasca en una controversia permanente con la prensa, que lo acusa, a su vez, de antidemócrata o dictador porque su derecho a desmentir públicamente la difamación es denunciada como una censura a la libertad de prensa y de expresión” (Rico, 2023).
Una estrategia de oposición política basada en el engaño masivo y publicitario de Semana, Caracol y RCN busca sembrar o aumentar el odio y el rechazo entre los adversarios del gobierno, pero, además, quiere desmoralizar y alentar la deserción y la perfidia entre sus mismos partidarios. Promover el desprestigio tiene como fin disminuir el apoyo social para sabotear el cambio y las reformas. Con cada paso que dé este gobierno aumentará la fuerza de la resistencia que se le opone, y la ultraderecha que se proclama democrática, mientras al demócrata lo llama populista y demagogo, desesperada de sí misma por su ineficacia, bien podría usar la fuerza y renunciar a los medios más o menos refinados de los que se ha valido hasta hoy para incentivar el golpe blando. “Demagogia es el vocablo que emplean los demócratas cuando la democracia los asusta”, escribió Nicolás Gómez Dávila.
La tensión seguirá aumentando en la medida en que las contradicciones de clase se agudicen. Pero en Colombia, la confrontación no es entre proletarios y burgueses, sino entre pueblo y opresores; entre ciudadanos del común y una casta sanguinaria y premoderna que se sirve de su fuerza criminal y su embrujo autoritario para embaucar completamente al pueblo y someterlo a su dominio. Fascismo o democracia. Esta es (por ahora) la cuestión.
La organización política y social, y la movilización masiva popular son tareas urgentes e imperiosas para contener el plan de choque diseñado por la ultraderecha, que a base de mentira y miedo quiere generar zozobra y sembrar caos advirtiendo de un supuesto estado de anarquía y desgobierno, un refrito que repiten como loros columnistas prepagados como María Jimena Duzán, a quien el representante Jorge Bastidas con buenos argumentos refutó tranquilamente dejándola en ridículo.
Quieren tumbar al presidente, no porque sea “insuficientemente técnico”, “gobernante pésimo” o “mal ejecutor” (eso los tiene sin cuidado, pues gobiernos ha habido bastantes en Colombia: corruptos, malos, negligentes y mediocres), sino porque sus objetivos sociales son contrarios a las ambiciones y a los intereses particulares de poderosos grupos económicos dueños de los medios.
En la adversidad se descubre mejor la virtud. El presidente Petro tiene una tarea dura, y la dificultad de su gobierno reside en la esencia misma de su proyecto, pues
“No hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de conseguir, ni más peligrosa de conducir, que hacerse promotor de la implantación de nuevas instituciones. Porque el promotor tiene por enemigos a todos aquellos que sacaban provecho del viejo orden, y encuentra unos defensores tímidos en todos los que se verían beneficiados por el nuevo” (Maquiavelo, 2013, p. 67).
Se cuenta que al referirse al dictador nicaragüense Tacho Somoza, el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt afirmó: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Pues bien, la ultraderecha colombiana no se enfurece contra Petro porque sea un mal gobierno, sino porque Petro, nuestro presidente, no es un hijo de puta.
David Rico
Foto tomada de: cortesuprema.gov.co
Iluminante!