Lograr esto no es tarea fácil, la intención del equipo negociador del gobierno Santos concebía que dicho punto debía replicar el esquema de participación acogido durante las negociaciones de La Habana; en donde las iniciativas y propuestas recogidas en estas instancias pudieran entrar a reforzar los desarrollos alcanzados en el marco de los PDETs; delimitando así, la temática y los alcances de las intervenciones efectuadas por las comunidades. Sin embargo, los planteamientos del equipo negociador del ELN apuntaban a un objetivo muy diferente, tal como se puede observar en la audiencia preparatoria llevaba a cabo el 30 de octubre al 16 de noviembre de 2017 en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca), en la cual participaron más de 200 delegaciones de distintas organizaciones sociales, dos voceras del ELN y otros dos por parte del gobierno nacional[1]; en este encuentro se tocaron temas que no se encontraban establecidos en los subpuntos contenidos en el punto de participación de la sociedad civil ni en los denominados como democracia para la paz y transformaciones para la paz, tales como la doctrina de seguridad nacional y militar; la política minero – energética; el medio ambiente; derechos a la vivienda; y trabajo.
Dichas líneas rojas o temáticas que no se pretendían discutir como objetivo de la negociación encuentran su explicación en los alcances contenidos en el preámbulo de la agenda. Esta parte del texto contiene los preceptos y principios fundacionales, los cuales guiaran la visión y filosofía de lo que será el desarrollo de los puntos que entraran a ser negociados y desarrollados; es por esta razón que, es necesario realizar un análisis comparativo entre el preámbulo de las agendas de negociación entre los gobiernos de Santos y Petro con la guerrilla del ELN, el cual permitirá arrojar ciertos elementos sobre como las diferentes partes han concebido la participación de la sociedad civil en el marco de los diálogos de paz.
El documento firmado en el año 2016 por las delegaciones del gobierno Santos y el ELN manifiesta que la intención de las conversaciones será suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y en equidad[2]; mientras que, el documento pactado en el 2023 por las delegaciones del gobierno Petro y el ELN manifiestan que su objetivo será:
La superación del histórico conflicto interno, centro de nuestro diálogo de paz, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales. Esta finalidad requiere construir un pacto nacional que tenga la fuerza de concitar las voluntades de todos los sectores de nuestra sociedad.[3]
A partir de lo enunciado en ambos textos se puede vislumbrar las intencionalidades que regirán cada proceso de negociación; mientras que el objetivo durante el gobierno de Santos era buscar la terminación del conflicto armado, avanzar en compromisos de paz y equidad, a partir de ciertas transformaciones que no tocarán el núcleo esencial de las causas estructurales del conflicto; para el gobierno de Petro, el espíritu que guiará la negociación será la superación de las condiciones históricas que han ocasionado el conflicto como parte de un gran acuerdo nacional, el cual contempla la vinculación de todos los sectores sociales, en lo que se ha denominado la Paz Total.
La Paz Total será el concepto clave para comprender el nuevo marco de acción mediante el cual se adelantará la negociación y por ende la participación de la sociedad civil; el presidente Petro, durante el acto de sanción de la ley 2272 de 2022 manifestó que:
La Ley de la Paz Total, es el nuevo contrato social que garantizará los derechos fundamentales de la gente en el Gobierno del Cambio, en donde la Seguridad Humana se basará en la protección de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales.[4]
Así mismo, el literal b, articulo 2 de la ley 2272 de 2022 trae consigo la siguiente definición de la paz total:
La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia.
Como se puede apreciar de lo manifestado por el mandatario y de la definición contenida en la ley se puede establecer que, mientras en la agenda del gobierno Santos se habla únicamente del conflicto armado y su necesidad de superarlo como condición de alcanzar una paz estable y duradera; la agenda del gobierno Petro plantea la existencia de un conflicto interno producto de un acumulado de crisis e insatisfacciones históricas, el cual requiere de la confluencia de múltiples voluntades y compromisos expresados por distintos agentes sociales, económicos e institucionales como elemento de superación de las causas estructurales y sistémicas del conflicto, las cuales deben convergen en un gran acuerdo nacional.
Con base a estos preceptos, y considerando la metodología propuesta para la mesa de negociación del gobierno Petro, en donde el numeral 5.2.4 manifiesta que: “el corazón del proceso será la participación de la sociedad en la definición y ejecución de las transformaciones necesarias para la paz”, se puede observar otra diferencia relevante con la agenda del gobierno Santos, en la cual el centro de la negociación eran las víctimas y su consecuente reparación. Esta distinción sustancial implica un cambio en los límites de los alcances que tendrá el acuerdo final; mientras que, para el gobierno Santos, la prioridad era apostar a los municipios PDET, en el gobierno Petro, se pretender ampliar a aquellos territorios, comunidades y personas que la agenda ha denominado como víctimas de la violencia estructural, las cuales propondrán insumos que serán recogidos en el plan nacional de desarrollo y en los planes de desarrollo local de los entes territoriales, tal como se observa en lo enunciado por el artículo 6 de la ley 2272 de 2022.
El camino hacia la consolidación de un gran acuerdo nacional es largo, complejo y lleno de particularidades que tendrán que ser revisadas y definidas por la mesa técnica encargada de desarrollar la metodología que permitirá la participación de la sociedad civil; pese a que existen antecedentes realizados por el gobierno Petro de este tipo de iniciativas tales como los diálogos regionales vinculantes, la participación mencionada en la agenda de negociaciones no debería replicar dicho esquema, dado que constituirá un reproceso con relación a los alcances y las temáticas que ya han sido recogidas en el plan nacional de desarrollo, por lo que deberán buscar mecanismos alternos que permitan consolidar las propuestas elevadas por los distintos sectores sociales, la cual según se enuncia en la agenda tiene como punto de partida ir de lo local, hacia lo regional y finalmente hacia lo nacional.
La propuesta es ambiciosa, pretende solucionar años de ausencia estatal en los territorios olvidados de Colombia, aplicar la Constitución e ir acorde a los planes con enfoque territorial que construya la comunidad, pero corre el riesgo de construir proyectos y planes que no encuentren sostenibilidad fiscal que permita llevar a cabo su ejecución y por lo tanto constituya un elemento más de pliegos de negociación incumplidos, el gobierno nacional debe considerar un mecanismo jurídico que permita la ejecución vía sistema general de participación o presupuestos participativos de los proyectos que tengan viabilidad y que se enlacen con los lineamientos del plan nacional de desarrollo, de esta forma lograría su cometido de ir implementando los acuerdos parciales que surjan de la mesa de negociación.
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[1] Tomado de: https://verdadabierta.com/sociedad-civil-construye-modelo-de-participacion-en-la-mesa-con-el-eln/
[2] Tomado de: https://colombiapeace.org/files/eln_agenda.pdf
[3] Tomado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/Documents/230310-ACUERDO-DE-MEXICO-ELN-COL.pdf
[4] Tomado de: https://www.mininterior.gov.co/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/#:~:text=La%20Ley%20de%20la%20Paz%20Total%2C%20es%20el%20nuevo%20contrato,pol%C3%ADticas%20sociales%2C%20medioambientales%2C%20econ%C3%B3micas%20y
Víctor Manuel Ocampo Velasco
Foto tomada de: Minuto 30
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