Un análisis crítico sobre el envejecimiento poblacional, sus desigualdades y el desafío estructural de responder con políticas públicas reales en Colombia.
1. Cincuenta años de cambio demográfico: la historia en datos
En las últimas cinco décadas, Colombia ha experimentado una transformación profunda en su estructura poblacional. En 1970, apenas el 6 % de la población tenía 60 años o más; actualmente, esa proporción supera el 14,6 %, y se proyecta que en 2055 llegará al 25 % del total nacional. Esta evolución refleja el efecto de dos procesos simultáneos: el aumento sostenido en la esperanza de vida —que pasó de 53 años en 1950 a más de 76 en la actualidad— y una drástica disminución en las tasas de fecundidad, que cayeron de más de seis hijos por mujer en los años setenta a menos de dos en 2023. Esta transición demográfica ha estrechado la base de la pirámide poblacional y expandido su cúspide, revelando una sociedad que envejece rápidamente.
Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y Ministerio de Salud y Protección Social – Observatorio de Envejecimiento y Vejez, elaboración propia.
Se evidencia una tendencia ascendente sostenida en el porcentaje de personas mayores de 60 años en Colombia entre 1970 y 2025. En 1970, solo el 6 % de la población total era mayor de 60 años; para 1990 ya alcanzaba el 8,2 %, y en 2010 superaba el 11,5 %. Este incremento responde a dos fenómenos demográficos: la caída progresiva en la tasa de fecundidad desde los años 70 y el aumento en la esperanza de vida.
Entre 2010 y 2025 se observa una aceleración más marcada: el porcentaje de personas mayores pasa del 11,5 % al 14,6 % en apenas 15 años. Esto marca una transición del país hacia una sociedad con peso creciente de la población mayor. La tendencia sugiere que Colombia deberá enfrentar complejos desafíos: mayor presión sobre el sistema pensional, crecimiento de la demanda de servicios de salud y cuidados, y un cambio profundo en la organización social y familiar. Esto evidencia la urgencia de políticas públicas integrales y con enfoque de derechos para una población envejecida.
Junto con el crecimiento de la población mayor, han aumentado otros indicadores, como el índice de envejecimiento —que representa la relación entre la poblacion de 60 años o más y la poblacion menor de 15 años. En 1970, era de apenas 20, lo que indica una estructura demográfica juvenil, donde por cada 100 niños había solo 20 personas mayores. Sin embargo, a partir de esa fecha, el índice crece de manera constante: supera los 50 hacia el año 2000 y llega a más de 90 en 2025, reflejando un giro hacia una población mucho más envejecida. Es decir, pasó de 25 en 1985 a 93 en 2023, y probablemente superará los 200 en 2050.
Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y Ministerio de Salud y Protección Social – Observatorio de Envejecimiento y Vejez, elaboración propia.
Este incremento sostenido del índice implica un cambio generacional, con consecuencias importantes para la planeación social, educativa y económica. La relación se invierte progresivamente: Colombia está dejando de ser un país joven para convertirse en uno donde habrá casi el mismo número —y pronto más— de personas mayores que de niños. Esta transformación tiene efectos sobre la sostenibilidad del sistema educativo, la fuerza laboral futura y la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas que garanticen derechos, participación y cuidado digno.
Además, este proceso no es homogéneo. Mientras departamentos como Quindío, Caldas y Risaralda ya superan el 18 % de población mayor, regiones como Guainía y Vaupés apenas alcanzan el 6 %. Del mismo modo, la feminización de la vejez es evidente: las mujeres representan el 57 % de las personas mayores, y esta proporción crece en los grupos de más edad, especialmente entre las viudas o jefas de hogar rurales. Así, el envejecimiento en Colombia no solo es rápido, sino también desigual: atraviesa variables de género, territorio, etnicidad y clase social, configurando un escenario complejo que exige respuestas diferenciadas y políticas interseccionales.
Por su parte, el índice de dependencia de mayores —que expresa cuántas personas de 60 años o más existen por cada 100 personas en edad productiva (15 a 59 años). En 1970, el valor era de 13, y desde entonces ha mostrado un incremento continuo hasta alcanzar 25 en 2025, lo que implica que, por cada 100 personas en edad laboral, habrá 25 personas mayores. Aunque el crecimiento es más moderado que el del índice de envejecimiento, su tendencia ascendente es sostenida y progresiva. Hoy se sitúa en 25, y aumentará significativamente en las próximas décadas. Esto no solo señala un reto fundamental: un país que debe sostener a más personas mayores con una base laboral y contributiva en declive, y sin estructuras robustas de cuidado ni protección social.
Esto es clave para entender la presión que el envejecimiento ejerce sobre la base activa de la sociedad. A mayor índice de dependencia, más presión sobre los sistemas de salud, pensiones, y cuidado, además de una potencial reducción de la productividad económica si no se generan condiciones para el empleo y la participación de las personas mayores. El hecho de que este índice se haya casi duplicado en cinco décadas refleja que Colombia deberá reestructurar urgentemente sus sistemas de protección social, asegurando que el envejecimiento no se convierta en un factor de exclusión.
Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y Ministerio de Salud y Protección Social – Observatorio de Envejecimiento y Vejez, elaboración propia.
2. Radiografía de la vejez hoy: realidades, desigualdades y silencios
La vejez en Colombia hoy es un espejo de las profundas desigualdades estructurales que atraviesan el país. Las personas mayores —que ya representan más del 14 % de la población— enfrentan condiciones de vida marcadas por la pobreza, la enfermedad crónica y la dependencia funcional. Más del 30 % vive en situación de pobreza monetaria, y esta cifra se incrementa en las zonas rurales, donde también es mayor la prevalencia de discapacidad. En salud, más de la mitad de las personas mayores tiene al menos una condición crónica, pero los servicios no siempre están adaptados a sus necesidades. Además, el rezago en inclusión digital limita su acceso a información, trámites y redes sociales, profundizando su aislamiento en una sociedad cada vez más tecnológica.
La feminización de la vejez es una de las expresiones más visibles de la desigualdad por género en esta etapa del curso de vida. Las mujeres mayores viven más años, pero enfrentan mayor soledad, más dependencia económica y menor acceso a pensión. Esto se explica por trayectorias laborales interrumpidas, marcadas por la informalidad y por el trabajo doméstico no remunerado. Además, muchas de ellas siguen siendo cuidadoras en edades avanzadas, sin reconocimiento ni apoyo institucional. En palabras del informe de UNFPA 2023, “no todas las vejeces envejecen igual”: el género, la clase, el territorio y la pertenencia étnica configuran experiencias diferenciadas del envejecimiento, y exigen políticas públicas sensibles a esa diversidad.
El acceso a derechos clave como la pensión, el cuidado y la salud sigue siendo limitado. Solo una fracción de las personas mayores cuenta con pensión contributiva, y programas como Colombia Mayor no cubren a toda la población vulnerable ni garantizan un ingreso suficiente. En salud, la cobertura formal contrasta con la escasez de servicios geriátricos y de atención integral para la dependencia funcional. Colombia aún carece de un sistema nacional de cuidados, lo que traslada la responsabilidad a las familias y, en particular, a las mujeres, reproduciendo ciclos de inequidad intergeneracional.
Estas brechas no se distribuyen por igual en el territorio. Mientras que departamentos como Quindío, Caldas y Risaralda ya superan el 18 % de personas mayores, en Guainía, Vaupés y Amazonas los valores apenas alcanzan el 6 %. Esta heterogeneidad territorial evidencia cómo el envejecimiento se concentra en el centro y occidente del país, mientras que el oriente y la Amazonía conservan una estructura más joven. Esta radiografía nacional exige respuestas diferenciadas, con enfoque territorial e interseccional, que reconozcan la vejez no como una categoría homogénea, sino como una experiencia plural, compleja y profundamente atravesada por las condiciones de desigualdad.
3. Proyecciones a 2055: ¿una bomba silenciosa o una oportunidad perdida?
Las proyecciones demográficas realizadas por el DANE, el UNFPA y la CEPAL coinciden en un mismo punto: Colombia seguirá envejeciendo de forma acelerada y estructural. Para el año 2055, se estima que la población de 60 años o más alcanzará los 13,9 millones de personas, lo que representará más del 25 % de la población total. El índice de envejecimiento, que en 2025 se sitúa cerca de 93, superará los 200 en 2055, indicando que habrá más del doble de personas mayores que menores de 15 años. De forma paralela, el índice de dependencia de mayores, hoy en 25, alcanzará valores cercanos a 60, lo que implica que, por cada 100 personas en edad productiva, habrá 60 personas mayores requiriendo algún tipo de sostenimiento, apoyo o cuidado.
Este escenario coincide con el fin del bono demográfico que Colombia ha aprovechado en las últimas décadas. La población en edad laboral comenzará a disminuir en términos proporcionales a partir de la década de 2040, mientras que aumentan los requerimientos sociales, sanitarios y fiscales vinculados al envejecimiento. Si no se realiza una reforma estructural de los sistemas de pensiones, salud, cuidado y protección social, el país podría enfrentar una crisis silenciosa pero sostenida, en la que el envejecimiento se convierta en un factor de exclusión, inequidad y sobrecarga para las mujeres, las familias y las instituciones.
Frente a este panorama, Colombia se encuentra en una encrucijada política y ética: puede optar por mantener un modelo reactivo, familiarista y fragmentado que aumente la carga y la exclusión; o puede transformar el envejecimiento en una oportunidad colectiva, mediante el fortalecimiento del envejecimiento activo, la economía plateada, la corresponsabilidad social del cuidado y la participación intergeneracional. Esto implicaría rediseñar ciudades, ampliar la cobertura pensional, capacitar cuidadores, digitalizar a los mayores y reconocer su rol social como portadores de saber, historia y vínculos comunitarios. La vejez puede ser vista como un pasivo o como un potencial. La elección es profundamente política.
4. Colombia: la responsabilidad de avanzar en reformas sociales y políticas públicas incluyentes para las personas mayores
Colombia ha envejecido de forma acelerada, desigual y sin una preparación estructural que le permita responder con dignidad a esta transformación. En los últimos 50 años, la proporción de personas mayores se ha duplicado, el índice de envejecimiento se ha triplicado, y la carga de dependencia ha crecido sin que los sistemas de salud, pensiones y cuidado se hayan ajustado de manera proporcional. Las personas mayores viven más tiempo, pero enfrentan pobreza, dependencia funcional, exclusión digital y precariedad institucional. A ello se suman brechas de género, territorio y clase.
Sin embargo, el país ha avanzado en algunos aspectos en materia de equidad y garantías de acceso para las personas mayores.
El primero, Colombia cuenta desde 2022 con un marco normativo ambicioso: la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022–2031, formalizada mediante el Decreto 681 de 2022. Esta política reconoce el envejecimiento como un proceso natural del curso de vida y propone abordarlo desde enfoques de derechos, interseccionalidad y corresponsabilidad. Plantea cinco ejes estratégicos: salud y bienestar integral, protección económica, autonomía y participación, entorno inclusivo y sistema de cuidados. Sin embargo, el alcance de esta política sigue siendo limitado: su implementación ha sido desigual, carece de una financiación robusta y no cuenta con mecanismos claros de evaluación, articulación territorial o exigibilidad de derechos. La política existe, pero no transforma la experiencia cotidiana de envejecer en Colombia.
La implementación territorial de esta política enfrenta desafíos sustanciales. Muchas entidades territoriales carecen de capacidades técnicas, recursos asignados y personal especializado para adoptar e integrar los lineamientos nacionales. La falta de claridad en la financiación, la débil articulación intersectorial y de mecanismos vinculantes para el seguimiento comprometen su alcance real. Además, existe una brecha preocupante entre la formulación normativa y la acción efectiva, especialmente en zonas rurales, dispersas, donde la institucionalidad es frágil. El reto principal ahora es traducir esta política en acciones concretas, sostenidas y territorializadas.
En segundo lugar, ha sido fundamental la aprobación del CONPES 4143 el 14 de febrero de 2025, que establece la Política Nacional de Cuidado, marca un hito decisivo para transformar el modo en que Colombia organiza el cuidado. Este documento, fruto de un proceso consultivo, propone un Sistema Nacional de Cuidado que reconoce el cuidado como un derecho, un trabajo digno y una responsabilidad compartida entre Estado, mercado, familia y comunidad. Contempla acciones estratégicas para fortalecer las prácticas comunitarias, garantizar derechos laborales a cuidadores y promover cambios culturales para democratizar el cuidado. Además, crea mecanismos de seguimiento y asigna responsabilidades a entidades nacionales —como la Vicepresidencia, DNP, Ministerios de Trabajo, Salud e Igualdad— para asegurar la ejecución hasta 2034.
No obstante, el desafío radica en llevar este marco desde lo normativo hasta lo territorial. Implementar un sistema de cuidados integral requiere inversión, construcción de capacidades locales, fortalecimiento institucional, coordinación intersectorial y asegurar acceso en zonas rurales dispersas y regiones insulares, donde la organización comunitaria del cuidado ya existe, pero sin apoyo estatal. La equidad de género obliga a transformar normas culturales que asignan el cuidado a las mujeres, y a garantizar condiciones laborales dignas para cuidadoras remuneradas y no remuneradas. El éxito del CONPES dependerá de su conversión en políticas públicas con presupuesto, capaces de desmantelar la lógica actual donde el cuidado no remunerado ocupa silenciosamente el espacio central de la sostenibilidad social.
En tercer lugar, la reforma laboral que fue sancionada el pasado 25 de junio de 2025, mediante la Ley 2466 de 2025, incluye un subsidio salarial del 25% del salario mínimo mensual legal para empleadores que contraten personas mayores de 50 años, siempre que la tasa de desempleo supere el promedio de la OCDE. Esto promueve su inserción laboral y mejora sus ingresos.
Pese a lo anterior, persisten retos fundamentales y es aquí donde subyacen algunas preguntas: ¿puede una sociedad ignorar su futuro más probable e inmediato? ¿Hasta cuándo pensaremos la vejez como un gasto o una carga, y no como un derecho? ¿Cómo redignificar la experiencia de envejecer en Colombia? El envejecimiento no es solo una curva estadística: es una expresión de cómo se distribuyen el cuidado, la vida y la muerte en una sociedad. Ignorarlo es renunciar a la ética intergeneracional y a la posibilidad de construir un país más justo y humano. El envejecimiento poblacional requiere transformaciones estructurales que reconozcan los derechos de las personas mayores y preparen al país para una transición demográfica justa. En este contexto, Colombia enfrenta la responsabilidad ineludible de avanzar con decisión en tres reformas clave: pensional, salud y la implementación de la política nacional de cuidado. Su retraso o dilación prolonga la exclusión, la informalidad y la precariedad que caracterizan la experiencia cotidiana de millones de personas mayores.
La aprobación de la reforma pensional en Colombia es una necesidad impostergable para garantizar justicia social, equidad intergeneracional y protección económica en la vejez. Plantea un cambio estructural mediante la creación de un pilar solidario que otorgará una renta básica mensual a más de tres millones de personas mayores en situación de pobreza extrema que hoy no reciben pensión alguna. Además, establece un pilar semicontributivo que reconoce los esfuerzos de quienes, aun sin completar las semanas exigidas, podrán acceder a una renta vitalicia proporcional. Para las mujeres, incorpora ajustes sustantivos que reducen las semanas requeridas y reconocen su rol histórico en el cuidado no remunerado. Esta reforma no solo amplía la cobertura del sistema, sino que reconoce el derecho a envejecer con dignidad, priorizando a quienes han sido históricamente excluidos, para que el país no relegue a las personas mayores a la marginalidad y el abandono.
En materia de salud, sigue pendiente una reforma estructural que garantice atención integral, continua y especializada para las personas mayores. El sistema de salud actual no está preparado para responder a la multimorbilidad, la dependencia funcional ni las necesidades de acompañamiento que caracterizan esta etapa del curso de vida. Hace falta un sistema de salud, con enfoque preventivo, comunitario e intersectorial, que integre servicios domiciliarios, redes de apoyo y acceso efectivo a medicamentos y tecnologías para la autonomía.
En este contexto, cobra relevancia el llamado que hace la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promovida por la CEPAL. Esta Convención propone un marco de protección que reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos, no como beneficiarios pasivos de asistencia. Reconoce el derecho al cuidado, a la participación, a la salud integral, a la seguridad económica y a la no discriminación por edad. Su adopción implicaría no solo armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales, sino también comprometerse políticamente a superar la deuda histórica con quienes han sostenido —con su trabajo, su memoria y su cuerpo— la construcción del país. La justicia intergeneracional no es una promesa, es una responsabilidad presente.
6. Fuentes bibliográficas y documentales
- UNFPA Colombia. Envejecimiento – Análisis de situación demográfica (PDF).
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3.3_envejecimiento.pdf - Observatorio de Envejecimiento y Vejez – MinSalud.
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/105ba51b48f148f7b4ff21f21ea31b32 - Ministerio de Salud. Decreto 681 de 2022 – Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%20681%20de%202022.pdf
- Nota estadística: Personas mayores en Colombia, noviembre 2021.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia-presentacion.pdf - Ortiz-Gómez & Sánchez-Palacios (2022). El envejecimiento poblacional en Colombia: una visión crítica. SciELO – Revista Gerokomos.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-77192022000200132 - Boletín de personas mayores – Diciembre 2024.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-personas-mayores-dic-2024.pdf - UNFPA Colombia. Análisis de situación de población: Envejecimiento – ASP 2023.
https://colombia.unfpa.org/es/publications/analisis-de-situacion-de-poblacion-asp-colombia-2023-envejecimiento - Panorama del envejecimiento en América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/enfoques/panorama-envejecimiento-tendencias-demograficas-america-latina-caribe
Alex Ordoñez Argote
Foto tomada de: El País Cali
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