La Constitución de 1991 en su artículo 67 consagra la educación como
(…) un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…)
Sn embargo, a pesar de los planes, de los pretendidos esfuerzos de los gobernantes en sus distintos niveles territoriales, de procurar que Colombia sea la más educada, cuando ya Antioquia lo hizo sin mayores logros de la mano del hoy candidato Fajardo, quien aún insiste de forma vaga en el tema, El país sigue inerme ante un fenómeno que solo da muestra de nuestro atraso y desigualdad: la educación en sus distintos niveles, desde la primera infancia, hasta los temas doctorales, dista de lo que debería ser, incluso de lo que se evidencia en los países de la Región.
Si el tema se ha de juzgar por los resultados en las pruebas nacionales o las internacionales, los resultados no son halagüeños. Antioquia, por ejemplo, ocupó el puesto 14 de 33 en las pruebas saber de 2017 (siempre ha estado en mitad de tabla) y Colombia en las pruebas Pisa ocupa los últimos puestos. Esto de las pruebas y los resultados tiene debates más profundos, claro está, pero es una comparación válida, en particular cuando la educación solo se utiliza para dar cuenta de una aparente preocupación social. Se ha ganado en cobertura, es indiscutible pero no en calidad.
Los últimos cuatro años del Gobierno Santos tuvieron en la educación un pilar fundamental: “Colombia, la mejor educada en el 2025”. A la par con esto desde el Ministerio de Educación, en Colciencias, en los planes de alimentación, se han dado los actos de corrupción más viles que ha tenido el Gobierno. Al Ministerio, por ejemplo, ha llegado una gran camada de personas, fundamentalmente por contrato, para desempeñar funciones que no solo deberían de ser asumidas por personal misional y de planta, sino que sus cualidades y experticia están lejos de ser en escenarios educativos, de ciencia, tecnología e innovación. Esto sucede y todo pasa como si nada pasara. Y es algo que debería corresponder a funcionarios, a su sindicato, a los maestros y sus organizaciones, pero también a las familias. Pero el lema es bonito, aunque desprovisto de los elementos que lo deben fundamentar.
Mientras tanto la escasa financiación de la educación pública se mantiene como una constante estructural. No importa que en los titulares de prensa se diga que la educación tiene el mayor rubro presupuestal del país, cuando este no alcanza para cubrir la demanda existente. Mucho menos si el análisis se hace sobre pertinencia y calidad de la educación. Los maestros salen a paro reclamando con justicia mejores condiciones salariales y menos atropellos en el necesario ascenso en el escalafón. El Gobierno claramente les ha incumplido, como suele hacerlo incluso en el mismo proceso de paz. Pero también es cierto que unos y otros, y con ellos la sociedad, no hacen mayor cosa al respecto.
Así las brechas entre instituciones públicas y privadas van generando una constante que hacen pervivir la desigualdad en el país. Desigualdad que es entre personas, pero también entre regiones. Hay educación para una élite y el resto. Mientras tanto el mercado laboral presiona los títulos y las familias deben de endeudarse sea con el sistema financiero o con el Icetex, que para el caso da igual,
Este último caso es particular. El plan de desarrollo estableció que a partir de este año (2018) el Icetex solo podrá entregar créditos para financiar estudios en instituciones o programas con acreditación de alta calidad (una cosa es tener registro calificado y otra acreditación de alta calidad), solo 50 instituciones de educación superior de las 288 registradas ante el Ministerio tienen acreditación (en su mayoría de orden privado) y 774 programas están acreditados de los 3.912 programas universitarios que tienen registro calificado. Esto se suma al Programa Ser Pilo Paga, que, si bien ha sido importante como un fondo de promoción al acceso a la educación superior por parte de estudiantes “pilos” y de escasos recursos, también es cierto que su operación ha conducido a que los recursos se concentren en instituciones privadas de alto costo. El énfasis en subsidiar la demanda solo crea intereses fuertes de mercado.
Así las cosas, la población logra acceder a educación básica, no siempre con suficiencia de horas y recursos para garantizar calidad. Luego en la educación superior tiene varios caminos: el de la educación técnica y tecnológica donde el Sena ha logrado ampliar la cobertura a costa de la calidad, entran al juego un sin número de instituciones de desarrollo para el trabajo en asocio con el Sena, y el sector productivo que se queda corto porque no es capaz de absorber la mano de obra que requiere de prácticas para completar sus estudios. O aspira a la educación superior universitaria, que tiene una tasa de cobertura del 34.9% (1.51 millones de jóvenes) de los cuales la evidencia demuestra que solo el 63% logra terminar sus estudios, es decir, solo un tercio de los jóvenes del país acceden a educación universitaria, y de estos las dos terceras partes logra terminar sus estudios. Hay que decir también que de esos jóvenes que logran llegar a la educación superior (técnica, tecnológica y universitaria) el 49.8% lo hace en instituciones públicas.
A los problemas estructurales, a la difícil cobertura, a la baja calidad, se suman los maestros con el síndrome del trabajador quemado; niños y niñas con deficiencias nutricionales y los dineros de alimentación en manos de los corruptos; ni que se diga de falta de uniformes, libros, computadores, atención en salud, en fin lo necesario para que el derecho a la educación pueda gozarse de manera efectiva por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que siempre escuchan que son el futuro mientras ellos y ellas solo ven incertidumbre y falta de oportunidades.
La educación como bien meritorio debe ser pública por esencia, aunque pueda permitir la participación de entidades privadas. Pero una cosa es ofrecerla y regularla y otra muy distinta es permitir e incluso subsidiar para que sean los privados quienes tengan la mayor participación en el mercado y con ello se genere una alta competencia que necesariamente lleva a que los mejores bienes ofrecidos sean por instituciones costosas. Este es un esquema poco virtuoso que, como ocurrió en Chile, contribuye con la inequidad al tener una educación para las élites, otra para el resto y quedando otra parte mayoritaria que ni siquiera puede acceder a la educación. A esto se suma un factor que debe ser tema de análisis y de preocupación de las políticas públicas: la educación de calidad se ha convertido en un elemento que contribuye al sobreendeudamiento de las familias.
Ya el Gobierno Santos no pudo. La fiesta de la corrupción y la ineficiencia campeó en el sector de educación, ciencia, tecnología e innovación. Por ahora las propuestas de los y las candidatas no van más allá de enunciados generales y frases bonitas. Este es un país que no se toma en serio el tema de la educación aun siendo un derecho fundamental y, se dice, uno de los caminos para poder superar la pobreza y la desigualdad.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Universidad de La Salle
Febrero 14 de 2018
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