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Cierre de empresas en Risaralda aprovechando la emergencia del terremoto. La crisis de Comestibles La Rosa revela la urgencia de proteger el empleo y evitar que la reconstrucción económica deje atrás a los trabajadores.

16 noviembre, 2026 By José Roberto Zuluaga Leave a Comment

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UNA TRAGEDIA CON CONSECUENCIAS LABORALES El terremoto del 10 de agosto de 2026 no solo afectó edificios y comercios. También sacudió el empleo, el ingreso de miles de hogares y la continuidad de la actividad industrial en Pereira y Dosquebradas. En medio de esa emergencia, los procedimientos de retiro laboral de Comestibles La Rosa despertaron una controversia que exige respuestas públicas.

Una crisis que trasciende los escombros

El impacto del terremoto sobre el aparato productivo de Risaralda es innegable. En la discusión pública regional se han señalado 51.716 empleos equivalentes comprometidos por la afectación empresarial, y representantes del comercio han advertido sobre miles de puestos perdidos y decenas de miles en riesgo. Las cifras ilustran una crisis de enorme alcance, aunque empleos amenazados y empleos efectivamente perdidos no son categorías intercambiables.

Por eso, hablar de más de 55.000 empleos afectados o bajo amenaza expresa la dimensión de la emergencia laboral; afirmar que ya se destruyeron todos ellos iría más allá de las cifras expuestas. La contundencia de la denuncia no depende de inflar el balance: la pérdida de cada puesto de trabajo merece una respuesta institucional.

La Rosa: una planta histórica en el centro de la controversia

Comestibles La Rosa, propiedad de Nestlé y ubicada en Dosquebradas, representa mucho más que una instalación industrial. Es parte de la memoria productiva de la región y fuente de sustento para familias trabajadoras. Después del sismo, fueron suspendidos los contratos de 221 personas de una planta que reunía aproximadamente 420 empleados, según el comunicado laboral del 17 de noviembre.

El cierre de la planta, explicado empresarialmente por las afectaciones estructurales, se produjo en medio de cuestionamientos de los trabajadores sobre el manejo de su desvinculación. Una cosa es admitir que un terremoto puede hacer insegura una instalación; otra, aceptar que la emergencia dispense del respeto a la libertad de decisión de los empleados, de la negociación colectiva y de las garantías especiales de protección laboral.

Retiros bajo presión: el núcleo de la denuncia

Según información suministrada por empleados de Comestibles La Rosa y miembros del sindicato SINALTRAINAL, la empresa adelantó un procedimiento de desvinculación masiva en medio de fuertes presiones para obligar a los trabajadores a firmar documentos presentados como supuestas renuncias voluntarias o acuerdos de retiro. Los empleados del turno nocturno fueron trasladados a un establecimiento en Cerritos, mientras quienes tenían sus contratos suspendidos fueron citados en La Romelia. En ambos lugares fueron atendidos individualmente, sin el acompañamiento de su organización sindical.

Los trabajadores y representantes de SINALTRAINAL informan que más de 300 empleados firmaron estos documentos, mientras alrededor de 100 se negaron. Denuncian que se les advirtió que, de no firmar, la empresa se declararía en quiebra y las consecuencias para ellos serían aún más graves. Estas circunstancias ponen en cuestión la libertad y voluntariedad de los acuerdos y exigen una intervención efectiva del Ministerio del Trabajo, especialmente frente a quienes tienen incapacidades médicas, estabilidad laboral reforzada o están próximos a pensionarse.

Reconstruir no puede significar despedir

Cuando una fábrica cierra, la repercusión alcanza a proveedores, transportadores, pequeños comerciantes y hogares que dependen del ingreso de sus trabajadores. Y cuando ello ocurre después de un terremoto, el daño económico se acumula con las pérdidas patrimoniales y habitacionales. La reconstrucción no puede medirse solo por metros cuadrados reparados, sino también por empleos preservados y empresas capaces de volver a producir.

Las alcaldías de Pereira y Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda y el Gobierno nacional deben articular apoyo a la recuperación productiva, líneas de financiación, medidas de protección de ingresos y vigilancia laboral. En el caso de La Rosa, corresponde hacer públicas las razones técnicas del cierre y garantizar que los acuerdos de retiro se hayan celebrado bajo condiciones legales, con salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

Una reconstrucción con justicia social

La emergencia no puede transformarse en una oportunidad para trasladar exclusivamente a los trabajadores el costo de las dificultades empresariales. Los daños estructurales requieren soluciones técnicas; las dificultades de mercado, decisiones económicas; y las relaciones laborales, respeto irrestricto por la dignidad humana.

Risaralda no se reconstruye solamente con cemento y maquinaria. Se reconstruye defendiendo el empleo, preservando su tejido productivo y garantizando a las familias un futuro digno.

Base documental: comunicado a la opinión pública sobre Comestibles La Rosa, fechado el 17 de noviembre de 2026; cifras de afectación empresarial mencionadas en el análisis regional.

 

José Roberto Zuluaga Martínez, Veeduría “Pereira se Reconstruye con Transparencia”

Foto tomada de: Ilustración editorial generada con IA a partir de fotografías aportadas. No es un registro documental de todos los daños representados.

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Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur

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