No hay duda de la existencia de la peor crisis humanitaria en mucho tiempo en esa importante región del Norte de Santander, conformada por los municipios de Tibú, Teorama, San Calixto, El Tarra, Acarí, El Carmen, Convención y Ocaña, pues allí hay una disputa territorial entre las Disidencias de las Farc y el ELN. Se ha generado una ola de violencia que ha dejado, por el momento, cerca al centenar de muertos, secuestros, poblaciones confinadas y desplazamientos de más de 20 mil personas –seguramente estas cifras luego se incrementaran o ajustarán-. Hay preocupación en otras regiones por la eventual expansión de los enfrentamientos hacia esos nuevos territorios. Realmente una catástrofe humanitaria, que veremos una vez pase la coyuntura sus efectos, impactos y podremos analizar con mejores elementos de juicio.
Pero, ¿qué está detrás de ese enfrentamiento?
El inicio de los enfrentamientos según el ELN, en lo dicho por Antonio García se explica así: “El detonante fue el vil asesinato de Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco y su pequeño hijo, para de manera ruin endilgárselo al ELN.”
Pero es importante no olvidar que el ELN y las FARC han tenido confrontaciones en otras regiones –especialmente en Arauca desde finales del siglo anterior con los enfrentamientos entre el Frente Domingo Laín del ELN y el Frente X de las FARC, con todas las afectaciones a la población civil-, pero también se han dado en otras regiones. Esto como elementos de referencia.
Parece evidente la existencia de varias causalidades, que podemos enunciar en este escrito de la siguiente manera: i) una disputa por el control territorial en el Catatumbo por distintos grupos armados ilegales, siendo hoy día los más relevantes el ELN y el Frente 33 de las Disidencias de las FARC –antes tuvo un protagonismo importante un frente del EPL conocido como ‘Los Pelusos’, pero igualmente ha habido distintos intentos de Grupos Paramilitares de hacer presencia allí-; es evidente que el ELN quiere tener el control pleno del territorio y para ello acude a métodos violentos propios de los utilizados en zonas que han vivido y siguen viviendo una confrontación armada. La pregunta sería y el Estado ¿porque no controla el territorio, como correspondería? y es un tema complejo y polémico, pero apunta al problema central, porque quién debería tener el control de este territorio y con mayor razón después de la desmovilización de los frentes de las FARC-EP, sin embargo es que nuestro Estado –no el Gobierno, que es una administración transitoria- debería haber hecho un gran esfuerzo para ello, pero hay que decir que no lo ha hecho en serio –como siempre, la Fuerza Pública hace presencia transitoria cuando hay una situación crítica y luego se va retirando- y la dimensión civil de ese Estado tampoco, ni en el nivel nacional, ni en el regional, ni en lo local y lamentablemente seguiremos no sabemos cuánto tiempo en manos del grupo armado ilegal que transitoriamente tenga mayor capacidad coercitiva y mayor confianza –así sea forzada- de la población local. Algunos hablan de que el Estado ‘perdió’ el control del territorio, cuando en realidad nunca lo ha tenido, ni en este ni en los anteriores Gobiernos.
- ii) Los cultivos ilícitos de coca, que según el Comandante General de las Fuerzas Militares en su viaje a dicho territorio, estimó en más de 50.000 hectáreas y por supuesto tener el control sobre esta economía ilícita es atractivo para cualquier grupo ilegal por las rentas que pueden derivar de allí para sus economías ilegales –la coca, como muchos de estos cultivos ilegales viven ciclos propios de auge y de depresión- y todo indica que si bien buena parte del año anterior había estado un período de precios bajos, al final del año los precios se recuperaron y todo hacía prever, según fuentes de la región, que se dispararía la apetencia por el control de esta actividad y sus posibilidades de poner en práctica los impuestos ilegales; esto agravado con la falta de claridad de una política pública del actual gobierno frente a los cultivos de uso ilícito.
iii) El control de las zonas de frontera entre los dos países, Colombia y Venezuela, que le da un margen grande de negociación frente a los dos gobiernos al actor armado ilegal que tenga mayor incidencia en este campo. Pareciera que hubiera, y si bien esto es hipotético, pero no lejos de la realidad, un interés evidente en el ELN en logran tener una mayor presencia en toda la amplia y extensa frontera desde La Guajira hasta el Vichada y de esta manera no sólo contar con una retaguardia bajo control, sino colaborar con el gobierno del vecino país –podría ser con el nuestro también, más adelante- en colaborar con la seguridad y el control de esas zonas porosas como son la mayoría de nuestras fronteras.
Ahora bien, esta crisis humanitaria que se generó en la región del Catatumbo por la acción de los grupos armados ilegales, llevó al Presidente Petro a suspender las conversaciones que se llevaban a cabo entre el Gobierno Nacional y el ELN, lo cual era claramente entendible y a decretar el Estado de Conmoción interior y el Estado de Emergencia económico –en el Departamento del Cauca la población civil ha estado viviendo en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y en el Guaviare los enfrentamientos entre disidencias de las FARC han venido produciendo decenas de muertos-; muy seguramente vendrá una ofensiva militar en esta región del Catatumbo para combatir a estas insurgencias, especialmente el ELN y dar garantías de seguridad a los pobladores –por el momento la prioridad es la protección de la población civil, luego vendría el desarrollo de las estrategias militares-.
Pero si a eso le adicionamos la propia crisis que venía viviendo la Mesa de Conversaciones Gobierno-ELN desde hace cerca de ocho meses, tenemos un escenario, donde la reanudación de los diálogos tiene muy pocas probabilidades de volverse realidad y especialmente porque no habría sentido del para qué.
Realmente, sería conveniente que no se insistiera en forzar algo que no parece tener futuro, a no ser que cambiaran las circunstancias –pese a que debemos reconocer la voluntad y disposición favorable a un acuerdo de paz que siempre ha evidenciado la Jefa de la Delegación del Gobierno, Vera Grabe, pero que sin duda no coincide con lo que opinan sus superiores-; recordemos que el ELN a través de diversos voceros había dicho que no creían que hubiera ni tiempo, ni condiciones para llegar a un acuerdo final de paz y que debían seguir avanzando en los diálogos hasta donde se pudiera para ver la posibilidad de continuarlos con otro Gobierno y voceros del Gobierno parecían contradecir esto, incluso diciendo que ningún otro Gobierno iría a continuar el proceso de conversaciones de paz con el ELN, lo cual seguramente es un poco contraevidente por lo que nos ha enseñado la historia, tanto con esta guerrilla como con otras.
Ya veremos el desarrollo de la política de ‘Paz Total’ en lo que resta del actual Gobierno, lo que pase en las ocho Mesas restantes, pero todo indica que no hay mucho margen al optimismo.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional, Miembro fundador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Investigador Emérito de Min Ciencias.
Foto tomada de: CUT Colombia
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