La reforma tributaria que se presenta esta semana al Congreso no solo es inoportuna para el momento político y económico que vive el país, sino que es necesaria para lograr algunos puntos exigidos por los organismos multilaterales y la banca internacional. Lo llamativo de este hecho es que con la actual propuesta se dan al traste los puntos principales de la reforma pasada, muestra fehaciente del desorden institucional y la falta de una planeación fiscal efectiva. Por mucho menos, en un país de mayor seriedad, los encargados del tema entregarían sus puestos.
Pero estamos en Colombia, país subdesarrollado, donde la informalidad empresarial y laboral son su característica predominante y la desigualdad en los ingresos de la población es de las más altas en el mundo. Acá la evasión y la elusión son la respuesta que empresas y personas tienen ante el deber ético de contribuir al crecimiento y desarrollo del país. A diario se escuchan razones frente al no pago de impuestos aduciendo razones como la corrupción, el aparente derecho a no pagar impuestos o que pague el que tenga, y el que tiene no lo hace como es debido también por razones que son tan válidas como majaderas.
Hace algún tiempo, Juan Ricardo Ortega aseveró que solo el 3% de las grandes empresas del país pagan impuestos tal y como lo ordena la ley; y no es menos problemático, que el nivel de profundización tributaria, es decir, el monto del recaudo tributario sobre el Producto Interno Bruto sea del 20%, mientras que en la Región el promedio es del 21.3% donde Brasil es el de mayor recaudo con el 33.7%. En la OECD el país de mayor recaudo es Dinamarca con el 48,6%. Esto señala la necesidad de estructurar adecuadamente los tributos y buscar las formas para que la sociedad de manera equitativa busque mejorar los ingresos tributarios, pero parece evidente que con reformas cada dos años y buscando afanosamente elevar las tasas nominales así como la base gravable, no es el camino adecuado.
De otro lado la Dian, que es la encargada del recaudo tributario, si bien es cierto que ha tenido mejoras sustanciales en los últimos años, aún dista de ser la institución que el país requiere. Desde ella misma se ha calculado que en Colombia el nivel de evasión podría estar por el orden de los 50 billones de pesos. Solo el esfuerzo de un 50% para reducir esta evasión le evitaría al país una nueva reforma.
Pero no, ni la Dian avanza como se espera, ni los empresarios o las personas naturales que si pagan impuestos resisten más tributos. De la mano entonces de la OCDE y la insistencia de Colombia de pertenecer al afamado club, emprendemos una nueva reforma que por lo que se ha venido conociendo pretende seguir ampliando la base gravable para poder alivianar las cargas de las empresas, esto es, que la carga tributaria la asuma la población, en lo más estricto de las ideas conservadoras del mundo moderno.
Por esto el principal rubro de intervención será el IVA, para ampliarlo del 16% al 19%, aunque sea de manera progresiva y con esto llegar a las tasas promedio de la Región. El IVA tiene la ventaja de su fácil recaudo, pero también se ha conocido de las triquiñuelas de las mafias que desde la propia Dian han procurado su devolución. Es decir, termina el consumidor final pagando y el tributo retornando a manos no santas. La corrupción ha estado en las propias entrañas de la Dian y la gente evade los impuestos porque el sistema tributario no solo es inequitativo, sino que sus dinámicas institucionales generan el efecto contrario de una institución al servicio del país.
También se pretende ampliar el IVA a los alimentos de la canasta básica. Esto de entrada no se puede realizar, ya la Corte Constitucional ha negado el tributo para los bienes de la canasta básica, aunque lo admitió para algunos otros que ya tributan el 5% o el 16%, otros están exentos y otros excluidos, además está el impuesto al consumo que rige para restaurantes comidas rápidas y telefonía móvil; todo esto con las implicaciones sobre el consumidor final quien termina asumiendo siempre las consecuencias de unos y otros. La Comisión Tributaria ha señalado algo que es cierto, la canasta prácticamente tiene IVA (se ha calculado que el 60% ya lo paga), además en los bienes excluidos los productores no pueden descontarse el IVA, así que lo trasladan a los consumidores. Bien valdría la pena en pensar en una tarifa única para la canasta.
Así, la idea de devolver el IVA a los más pobres es plausible pero con algo de ingenuidad, esto se podría realizar bancarizando a toda la población y que está pague los alimentos vía transacciones bancarias. Propuesta que no estaría mal al tratar de reducir la utilización de efectivo, pero que se encuentra con unos sectores de la población que para nada se sienten beneficiados con tener dinero en los bancos. Así que la reforma terminará subiendo el IVA, la Canasta seguirá siendo objeto de pequeños ajustes y el efectivo se mantendrá como mecanismo esencial de las transacciones. Sin duda un paquete de impulso, otra vez, a la evasión.
A la par con esto se propone el monotributo para pequeños establecimientos (tiendas y peluquerías). Desde de distintos sectores se han opuesto, ahora si aprovechan para acercarse a eso que llaman pueblo pero que, por ejemplo, en el caso de las tiendas de barrio, jamás han discutido los D1, las grandes superficies exprés o similares. La formalización empresarial es una urgencia y este mecanismo sería muy eficiente para promover no solo la legalización de estos negocios, sino para procurar que estos, que pululan en todos los barrios, también contribuyan al fisco. Este es un país donde la gente pone negocios y espera no pagar impuestos mientras que a los trabajadores les pagan al destajo. Ya es hora de formalizarse y que contribuyan, mínimamente, pero que lo hagan, la propuesta va de la mano de concentrar los tributos que deben de pagar y esto sería un beneficio para todos.
Otro de los temas álgidos por estos días y que seguro va a estar en la reforma es el impuesto a las bebidas azucaradas. Como siempre la desinformación reina y se asimila a un impuesto al azúcar. No. Se estima que solo el 20% de la producción de azúcar del país va a la industria de las bebidas, pero también es cierto que su consumo desproporcionado contribuye significativamente a problemas serios de salud pública y en particular a la obesidad. Un impuesto no solo generaría beneficios al reducirse el consumo sino que aportaría recursos que en las estimaciones más prudentes llegarían a 1 billón de pesos. Se dice en contra que, vuelve y juega, las tiendas de barrio verían afectadas sus ventas. Pues que se reemplace por bienes sustitutos, que se cambien hábitos de consumo, pero sobre todo, que se reivindique el derecho al agua potable y a su consumo masivo en todo el país, en contravía de los exagerados costos del agua en botella, consumo que igualmente se debería desincentivar, como ya se está haciendo en los países desarrollados.
Otro de los temas esenciales debe de ser el pago de impuestos de las llamadas organizaciones sin ánimo de lucro. Ha sido responsabilidad de las instituciones en el país el gran desorden y por ende los costos fiscales que estas organizaciones le han generado al país. Las hay muy importantes y valiosas, con objetos sociales que bien vale la pena que el país siga realizando el esfuerzo de contribuir a su qué hacer; pero también existen otras que se esconden en esta figura para generar unos ingresos importantes que terminan en manos privadas a través de los gastos administrativos y los pagos de salarios. Esto se deberá no solo revisar con lupa sino que en el caso de las iglesias, es claro que debe estar exento el culto pero no los emporios empresariales que se han creado a su alrededor, estos sin duda alguna deben de pagar impuestos como cualquier empresa lucrativa del país.
Se espera igualmente que la reforma pueda abordar puntos como la eliminación del impuesto a la riqueza; la tarifa única de renta que elimine los distintos impuestos que generó la reforma pasada, con esto la discusión estará en el financiamiento de las entidades financiadas a través de parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de compensación); el impuesto a los dividendos, la facturación electrónica o la ampliación de la base tributaria haciendo que mayor cantidad de gente presente la declaración de renta y también pague por ella. Frente a esto último valga decir que es necesario que todo el país declare renta (en los países desarrollados es la oficina de impuestos quien hace esto por los contribuyentes), otra bien distinta es ser sujeto de pago de renta. En Colombia la renta a las personas empieza en un tope relativamente alto para el promedio salarial del país y los porcentajes de pago, comparados con otros países, son bajos. Los sectores de ingresos bajos deben seguir siendo objeto no solo de no pago de impuesto de renta sino de beneficios estatales para aliviar sus situaciones de pobreza; en los niveles medios y altos el impuesto de renta necesariamente deberá subir.
La voluntad de paz necesariamente pasa por las decisiones ciertas de contribuir a la financiación del Estado, sus gastos e inversiones. Y esto aplica para empresas y personas, unas y otras evaden y usufructúan exenciones que las más de las veces conducen a situaciones de inequidad, por ejemplo, son las medianas y grandes empresas o las personas de altos ingresos, quienes pueden pagar los servicios de un profesional especializado para aprovechar las ventajas que brinda la complejidad del estatuto tributario.
El país requerirá, a más de una reforma integral un proceso de pago de impuestos simple, pero esto no será posible sin que se cumplan otras condiciones, como serían: modernización y herramientas de control y sanción a la Dian. Un cambio cultural frente al pago de impuestos como una contribución al crecimiento y desarrollo del país. Hacer de la evasión un delito cierto, las penas y sanciones de hoy son un aliciente a no pagar, además los evasores siempre están en busca de amnistías tributarias. Hacer del combate a la corrupción un propósito de país y esto no será posible sin la participación ciudadana y mucho menos con la escasa decisión y eficiencia de los organismos de control. Adicionalmente, el país deberá darse una reflexión, un debate sobre un tema que hace muchos años no se toca: Los gastos, urge igualmente una comisión de gasto que identifique no solo los sobredimensionamientos, sino también las carencias en algunos sectores del Estado.
Salir de la cultura del no pago no es tarea sencilla. La evasión y las exenciones son las señales que demuestran la necesidad de una reforma tributaria que se estructure en principios de equidad y de justicia. Sin embargo, las demoras para presentar la reforma al Congreso van a limitar el debate y probablemente lo que se apruebe distará de ser lo requerido. En dos años se volverá a hablar del tema, con un nuevo gobierno y con las necesidades urgentes de recursos ante la caída en las rentas petroleras, el déficit fiscal y las urgencias de recursos para el posconflicto.
Jaime Alberto Rendón Acevedo
Director Programa de Economía
Universidad de La Salle
Octubre 19 de 2016
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