Empecemos por el nombre. Ya es propio del estilo de este gobierno llamar las cosas por otro nombre, valga decirlo, más comercial, que llegue más a la población, que vaya con un mensaje positivo, eso sí distinto a lo que realmente se pretende. De esta manera, a la reforma tributaria se le llamó Ley de Financiamiento. Al intento de hacer trisas los acuerdos y dejar sin sustento la justicia transicional se les llamó objeciones. A los cambios laborales para posibilitar el pago de la seguridad social a los trabajadores del campo, así como a llevarlos a pagos por días / horas, se le denominó el jornal diario integral. Al plan de desarrollo que profundiza toda la estrategia neoliberal se le denomina Pacto por la equidad, donde no se hicieron pactos para su formulación y lo que menos se propone es la equidad.
En fin, podrían seguirse enumerando las palabras bonitas con las que el gobierno espera obtener los beneplácitos ciudadanos, sin duda una forma discursiva que les fue exitosa en campaña y que el país sigue reconociendo como una opción ante el cansancio a tantos discursos de polarización. Paradójicamente buena parte de esos discursos también llegan del partido de Gobierno. También de las otras orillas, donde se ha caído en la trampa de la polarización la misma que ha conducido al miedo, ese que tanto daño ha hecho en este país.
El Gobierno se propone entonces presentar el Acuerdo de protección a la vejez, donde promete no subir la edad de pensión, pero si aspira a realizar cuatro reformas al sistema: la primera tiene que ver con los Beneficios Económicos periódicos (BEPS) con el que pretende que más personas (que no cotizan a la seguridad social) procuren ahorros, aun con la consciencia que difícilmente les alcanzará para estructurar una pensión. El segundo elemento es acabar con las mesadas otorgadas de manera irregular, que por demás suelen ser las más altas de toda la sociedad y que han sido asignadas como derechos de grupos privilegiados. El tercer elemento es el de acabar con las dobles pensiones y el cuarto es flexibilizar los usos en el régimen de pensiones voluntarias, con el fin de poderse utilizar además de la pensión para salud, educación o vivienda.
Visto así el panorama, no habría ningún motivo para oponerse a tan nobles iniciativas, incluso podría decirse que son ingenuas. El aumento de los BEPS va atado al compromiso del gobierno por asignar un subsidio del 20% de lo ahorrado, pero esto está lejos de ser una solución a las tres cuartas partes de la población del país que no tendrá nunca una pensión en su vejez. Las dobles pensiones y las mesadas reconocidas irregularmente son una batalla jurídica del Gobierno que pasa también por enfrentar las pensiones privilegiadas, la probabilidad que esto se diluya en el camino es supremamente alta. Y los cambios en el régimen de pensiones voluntarias, pues no tiene mayor misterio, esto es un producto financiero destinado a la pensión, es decir, con beneficios tributarios, donde solo basta un pequeño cambio normativo para posibilitar otros usos.
Así que las estrategias propuestas no tienen mucho que ver con las argumentaciones de por qué se requiere una reforma pensional en el país, donde es claro que la obligación de hacerla se reconoce desde todos los sectores. ¿Si los fundamentos no son entonces que se propone el Gobierno?
En el camino a la firma del acuerdo y con el beneplácito de la opinión pública ante los mensajes nobles que se entregan desde ya, las reformas deberán tomar otros senderos, estos básicamente serán los que ya desde tiempo atrás se conocen y que Asofondos, así como Anif y Fedesarrollo han venido defendiendo, aún a costa de la evidencia empírica que viene demostrando la poca eficacia de los Fondos para pensionar a sus afiliados y los estudios de la OIT que han manifestado como los países de la región han vuelto a fortalecer sus regímenes públicos dado el fracaso de los sistemas de pensiones privados. Es más, países como México, Ecuador o Bolivia, han optado por la renta de ciudadanía a la vejez como alternativa para poder garantizar el derecho a una pensión. Una opción que Colombia no piensa, pero que seguramente lo tendrá que hacer en un futuro próximo.
En efecto y gracias a la doble asesoría obligada por la Corte Constitucional, los afiliados próximos a cumplir los diez años previos a la pensión, o antes, se vienen pasando a Colpensiones dadas las diferencias abismales de los dos sistemas. Durante el año pasado 11.000 personas promedio mes se pasaron de los fondos privados al régimen público, validando con ello que la mejor garantía es el sistema público de pensiones.
En juego están entonces los 280 billones de pesos que se gestionan desde el sistema de pensiones y que les dejan a los fondos ingresos cercanos a los 4 billones de pesos. De tal tamaño es el negocio en cuestión. Así que lo que se juega no es la protección a la vejez, es el manejo financiero de unos fondos de inversión cuyos réditos quedan en manos del sector privado, particularmente de dos de los grupos económicos más fuertes del país: El grupo AVAL y el Grupo Sura.
Para permitir entonces la estrategia financiera, necesariamente hay que minimizar a Colpensiones. Después de que Anif propuso su marchitamiento, hoy ya se propone que Colpensiones, es decir el régimen público de prima media, quede como un pilar obligatorio para todos los cotizantes, pero solo hasta un salario mínimo. A partir de este valor, y en un segundo pilar, todos los cotizantes de más de un salario mínimo deberán hacerlo a los fondos privados. Un tercer pilar serán los BEPs y el programa Colombia mayor, donde se tendrán subsidios, pero difícilmente pensionados. Y un cuarto pilar está dado por las pensiones voluntarias.
De esta manera lo real es que Colpensiones, así como se hizo con el tema de la salud, terminará recibiendo los recursos de salario mínimo, debiendo pensionar a todos los afiliados, ante la ineficacia de los fondos privados para hacerlo. A todas luces un mal negocio ya que por un lado no se solucionará el tema de las personas que no cotizan, y, de otro, Colpensiones quedará con déficit financiero que deberá ser asumido con fondos fiscales.
La reforma deberá también tocar otros temas, so pena de profundizar las diferencias entre los regímenes, y estos tienen que ver, por ejemplo, con la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de la pensión frente al promedio salarial. Los Fondos quieren bajarlo por Ley, ya que sus tasas de reemplazo escasamente llegan a la mitad de los garantizadas por Colpensiones, dejándolos en una posición de no competitividad frente al sistema público y solidario. De esta manera aparece otro factor: la edad de pensión, esta se constituye en un elemento esencial para darle competitividad a los fondos y para alivianar los temas fiscales que se aducen como apremiantes. Si bien el Gobierno promete no hacerlo, nada garantiza que la capacidad de lobby de los Fondos lo haga, y ya lo ejemplos se tienen en los temas de salud. La esperanza de vida aumenta y esto se constituye en una desventaja para los fondos privados que deberán mantener por más años el derecho a la pensión, o mejor, que, al no poder garantizarlo porque se extingue el ahorro, dejarán a las personas en avanzada edad sin recursos para poder vivir. Adicional con esto aparece un tercer elemento: los aportes deberán aumentar, haciendo que las personas destinen una mayor parte de su salario a sus fondos pensionales.
Es decir, la reforma, el Acuerdo, tendrá más elementos que si son realmente importantes para la vida de quienes cotizan a las pensiones, quienes aportan sus recursos sea al régimen público o al ahorro individual y privado. Nos estamos acostumbrando a verdades a medias, a decir solo las cosas de manera parcial y los efectos de esto es que nos llevaremos sustos frente a la calidad de vida de quienes han cotizado muchos años y aun así no podrán tener la tranquilidad de una vejez digna, por el contrario, serán cada vez más vulnerables.
Y a esto se le suma los informales y quienes no cotizan, que alcanzan a ser el 68% dela población del país; los y las campesinas donde solo el 12% cotizan a pensiones; las personas que por tener contratos de prestación de servicios terminan solo cotizando en promedio 8 meses al año y difícilmente podrán completar las semanas mínimas de aportes. Y los beneficiarios de los BEPs, quienes con unos exiguos aportes jamás podrán completar los recursos para una pensión. En definitiva, el tema de las pensiones que está ligado al contrato de trabajo, solo será una realidad para una cuarta parte de la población del país; los demás, el 75% de la población espera solo tener una vejez colmada de urgencias, de necesidades, en la pobreza y probablemente en la indigencia y en la caridad.
Así que los cambios que se requieren, además de solucionar el problema de las pensiones privilegiadas y las que son producto de hechos corruptos, pasan necesariamente por: a) volver al sistema público como una obligación colectiva y solidaria. b) Que los fondos privados sean una opción para quienes quieran y puedan ahorrar voluntariamente a una mayor pensión. c) Que los programas públicos de protección a quienes nunca han podido cotizar se realicen de manera decidida para garantizar al menos la canasta básica de los adultos mayores (ingreso de ciudadanía para adultos mayores y en especial para pobladores rurales).
Algunos sectores han discutido si Colpensiones va hasta uno, cuatro o diez salarios mínimos. La evidencia demuestra que los Fondos privados no son una opción ni para los salarios bajos y tampoco para los altos, los que terminarán apenas se llegue el momento por pasarse al fondo público, cuando todo el tiempo han entregado los dineros al fondo privado para que este se los preste al Estado y así este poder resolver el pago de las mesadas. Esa es la dimensión del negocio que hemos hecho con las pensiones. Así que el primer pilar debe de ser plenamente público y las pensiones voluntarias serán una opción complementaria desde los fondos privados y como un mayor incentivo al ahorro que bien podrá utilizarse para complemento o para otros menesteres tal y como hoy se propone.
Mientras todo esto va a suceder, permítanme de manera coloquial les cuento algunos casos: una amiga, una gran economista, su fondo privado le devolvió su ahorro pensional, ya que escasamente le alcanzaba para una pensión de salario mínimo; igual para mi viejo y querido amigo biólogo que después de luchar para proteger la fauna en extinción de este país, hoy su fondo le ofrece una pensión de un salario mínimo. A un prestigioso médico, le ofrecieron un salario mínimo por 20 años o dos salarios mínimos por 10 años, tomó la decisión de retirar su fondo y ver que hace con el dinero. Una abogada tiene una depresión profunda, después de que su fondo privado la pensionó con dos salarios mínimos, el 25% del promedio de sus últimos 10 años de ahorro. Y las ñapas, a mi gran amigo, el que no se dejó seducir por ahorros y ganancias privadas, él que siempre le apostó a lo público, le acaban de adjudicar su pensión con el 75% del promedio de los últimos 10 años de aportes; producto de haber cotizado 2800 semanas ya el sistema le premia sus mayores contribuciones, goza de una pensión decente que le permite una vida digna, como debe de ser después de haber cotizado toda su vida laboral aportando a un fondo común y solidario de prima media. Con todo esto llamé angustiado a mi amiga del alma, la de toda la vida, pero me dejó tranquilo, ya su propio fondo de pensiones le dijo que se pasara a Colpensiones.
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Jaime Alberto Rendón Acevedo: Universidad de La Salle
foto obtenida de: alcanzandoelconocimiento.com
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