Falacia de la falsa equivalencia: Comparar datos que se midieron con metodologías, definiciones o criterios totalmente distintos
Antes de comenzar con el libro, dedicaré estos dos siguientes párrafos para responder a una columna publicada por la Silla Vacía ampliamente replicada y que, como el mencionado libro, tiene análisis miopes y sesgados. Comencemos. En primer lugar, el autor cita los discursos presidenciales y de otros funcionarios como fuente para el análisis comparativo de los avances en reforma agraria. Basta decir que el gobierno anterior no será el primero ni el último en utilizar cifras erróneas en discursos o medios oficiales, pues, valga aclarar, estas cifras son susceptibles al error humano (¿o ha habido algún presidente/ministro que nunca se haya equivocado en sus discursos?). Lo interesante aquí, es que el autor olvida la intensa discusión de meses que suscitó el reporte de estas cifras y que fue resuelta con la publicación del Contador de la Reforma Agraria —que, como he dicho en otras columnas, es una práctica de transparencia que espero que este gobierno tenga la voluntad de continuar.
A continuación, el autor cita las cifras del DNP “Siipo” y calcula que el Gobierno Petro (2022-2026) formalizó 1.509.996 has y “compró” 95.665 has. Aquí llama la atención que, para comparar los resultados del Gobierno Petro frente al de Duque, el autor no utilizó hectáreas, sino que se refiere a predios formalizados y que lo que presenta como compra son hectáreas entregadas a través del fondo de tierras. Usemos la misma fuente para ver lo que el autor no nos está contando y las hectáreas como métrica —como se definió en el acuerdo de paz. Durante el Gobierno Santos (2017-2018) se formalizaron 1.877.096 has y durante el Gobierno Duque (2019-2022) se formalizaron 1.143.321 has, mientras que para el Gobierno Petro la cifra ascendió a 1.547.281 has. En cuanto a entrega de predios provenientes del fondo de tierras el portal muestra la siguiente información: Durante el Gobierno Santos (2017-2018) se entregaron 6.638 has, durante el Gobierno Duque (2019-2022) se compraron 10.858 has, y durante el Gobierno Petro (2023-2026) 97.219 has. Saquen sus conclusiones.
Ilustración 1. Hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural formalizadas por año y cuatrienio Petro. Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP (2026)
Ilustración 2. Hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras. Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP (2026)
Falacia de la falsa premisa: Partir de premisas incorrectas para llegar a conclusiones erróneas
El “Libro de la Verdad” cita (¿y les da validez?) unas cifras que parecen provenir del Contador de la Reforma Agraria (por eso era tan importante la aclaración de la sección anterior) y dice que “a través del Fondo de Tierras se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 (apenas el 7% de la meta 2022-2026) cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos, mientras 206.273 se entregaron de forma provisional”. Esta desagregación, tal como se presenta, estaba ya publicada en dicho contador, es decir, no es información nueva. Que los campesinos hoy crean tener tierra propia, aunque no tengan seguridad jurídica (título de propiedad) como menciona el texto, no se debe únicamente a las entregas provisionales. En un país donde alrededor del 50% de la tenencia de la tierra es informal[1], la mitad de las personas que se consideran propietarios no tienen un título de propiedad de respaldo.
Ilustración 3. Contador de la Reforma Agraria, fecha de corte 17 de julio de 2026. Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/el-contador-oficial-de-la-reforma-agraria
A continuación, el libro afirma que “El costo de esta opacidad lo pagan los campesinos, no el gobierno que se fue. Sin título registrado un beneficiario no puede vender su tierra, no puede heredarla ni usarla como respaldo de crédito, y queda expuesto al despojo por terceros”. Esto incurre nuevamente en una falacia, la falacia de falsa premisa. Es decir, se afirma que los beneficiarios de la reforma agraria no podrán vender o disponer de su tierra, como causa de no tener un título registrado. Lo que desconoce dicho libro es que el Decreto 902 de 2016 estableció que la facultad de los beneficiarios de la reforma agraria de disponer del predio está legalmente limitada durante un período determinado y sujeta, en ciertos casos, a autorización de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Ahora bien, la pregunta real aquí es ¿cumplió la ANT con todos los pasos previos a la inscripción del registro en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos (ORIP)? De ser así, lo único que tendría que hacer el gobierno actual es finalizar el proceso para garantizar la seguridad jurídica sobre dichas entregas provisionales. En conclusión, no se cometió ningún delito, delito sería no culminar la ruta de la formalización.
Hay, además, cuestionamientos sobre los pagos realizados por la ANT por 979.003 millones de pesos para la adquisición de 537 predios de la SAE y sobre el estado jurídico de los predios al momento de efectuarlos. Estos hechos ya son de conocimiento de las autoridades competentes, no es información nueva. Será la institucionalidad, a partir de las investigaciones en curso, la que deberá establecer si hubo o no irregularidades y quiénes serían responsables.
Para finalizar con el tema del agro, de las tres páginas escritas por el ministro Indalecio Dangond, solo puedo estar de acuerdo con que en materia agraria hay un problema de resultados verificables y coordinación entre entidades. ¿Será que su gobierno logrará transparentar las cifras de la implementación del catastro multipropósito y continuar o incluso mejorar el Contador de la Reforma Agraria?
Falacia de la prueba incompleta o sesgo del observador: Comparaciones con periodos temporales limitados
El documento menciona, correctamente, que Colombia perdió más de 435.000 hectáreas de bosque durante el Gobierno Petro y que el 60% de esa pérdida ocurrió en la Amazonía, según cifras del IDEAM. Lo que el documento no menciona es que la cifra del cuatrienio del gobierno anterior fue la más baja desde 2002. Es decir, el ministro Arjona en sus dos páginas arranca con un análisis sesgado que corta deliberadamente la serie histórica para ocultar la tendencia real, que se muestra a continuación:
Ilustración 4. Serie histórica deforestación en Colombia. Fuente: Visión Amazonía. Tomado de: https://visionamazonia.minambiente.gov.co/remi-deforestacion-en-la-amazonia/
Sobre las falacias en los casos del aumento de la contratación en el ministerio de ambiente, la baja ejecución del Fondo para la Vida, los asesinatos de líderes ambientales, la mala distribución de las regalías, no me referiré por temas de espacio y porque considero que el trabajo de los periodistas de La Silla Amazonía es bastante riguroso y muestra las imprecisiones o exageraciones en las que se incurrieron en el que debió llamarse el “libro de la posverdad”. Y, por último, ya que el tema no se mencionó en dicho libro ¿será que por fin superamos el fantasma de la expropiación de la propiedad?
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[1] Neva, J., y Prada, R. (2023). Índice de informalidad. Indicador de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia Vigencia 2020. Bogotá: UPRA. Recuperado de https://upra.gov.co/sites/default/files/publicaciones/documentos//indice_de_informalidad.pdf
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: El País
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