Daniel Raisbeck, asesor de Abelardo de la Espriella, en un documento fechado el 25 de julio de 2025, plantea una transformación radical de la Rama Ejecutiva bajo una concepción explícitamente minarquista -un Estado mínimo- según la cual el Estado debe limitarse casi exclusivamente a la defensa, la seguridad, la justicia y la protección de la propiedad privada. Para ello propone reducir la estructura estatal de 216 a 82 entidades, mediante la eliminación, fusión o privatización de 136 organismos públicos. La reforma incluye la supresión o degradación de 13 de los 19 ministerios actuales, manteniendo únicamente los ministerios de Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia e Interior, mientras que las demás carteras serían absorbidas por dos grandes “supra ministerios”: Desarrollo Económico y Capital Humano.
Adicionalmente, propone eliminar cinco de las diez superintendencias existentes, entre ellas la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia de Economía Solidaria, además de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección, el INPEC, la USPEC, la ESAP y múltiples agencias, fondos y unidades administrativas especiales.
Uno de los componentes más significativos de la propuesta es la privatización integral del sector financiero estatal. Raisbeck sostiene que el Estado no debe participar en actividades bancarias, aseguradoras o financieras y propone vender las trece entidades que conforman el Grupo Bicentenario, además de otras veintisiete empresas estatales no financieras. Su argumento es que la presencia estatal en la banca, los seguros, las garantías crediticias y el financiamiento empresarial genera distorsiones de mercado, riesgos fiscales y asignaciones ineficientes de recursos. En consecuencia, plantea la venta de bancos públicos, fiduciarias, aseguradoras y demás entidades financieras estatales, eliminando instrumentos históricos de intervención económica y de financiación del desarrollo. La propuesta supone, además, una reducción de al menos el 25 % de la fuerza laboral estatal y se fundamenta en la idea de que el sector privado debe reemplazar buena parte de las funciones que actualmente desempeñan las entidades públicas.
La propuesta de Daniel Raisbeck de privatizar las trece entidades financieras agrupadas en el Grupo Bicentenario parte de la premisa de que el Estado no debe participar en la banca, los seguros ni los instrumentos de financiamiento del desarrollo, por considerar que ello distorsiona el mercado y traslada riesgos al contribuyente. Sin embargo, desde una perspectiva de finanzas públicas y economía del desarrollo, esta visión desconoce que las entidades financieras estatales cumplen una función contracíclica y estratégica que la banca privada no está dispuesta a asumir: financiar sectores de baja rentabilidad inmediata, respaldar proyectos productivos de largo plazo, garantizar crédito a pequeñas y medianas empresas y sostener instrumentos de inclusión financiera que no responden exclusivamente a criterios de ganancia. La privatización propuesta implicaría transferir estos instrumentos al capital financiero privado, reforzando precisamente el proceso de financiarización de la economía que críticos como Slavoj Žižek han denominado la “pornografía financiera”: un sistema donde el capital abandona progresivamente la producción de riqueza real para concentrarse en la especulación, la valorización de activos y la generación de rentas financieras desvinculadas de la economía productiva. Bajo esta lógica, el crédito deja de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un negocio orientado exclusivamente por la rentabilidad, debilitando la capacidad del Estado para orientar la inversión hacia sectores estratégicos y sometiendo decisiones fundamentales para el crecimiento nacional a los intereses de conglomerados financieros privados. La propuesta de Raisbeck no sólo supone la venta de trece entidades financieras estatales, sino la renuncia del Estado colombiano a uno de los principales instrumentos de política económica disponibles para corregir fallas de mercado, promover el desarrollo y equilibrar el poder de un sistema financiero cada vez más concentrado
La vieja promesa neoliberal y sus nuevas máscaras
Las tesis defendidas por el Asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Daniel Raisbeck, sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado colombiano no constituyen una propuesta novedosa. Por el contrario, representan la versión más reciente de una tradición ideológica que, desde hace más de cuatro décadas, viene promoviendo la disminución sistemática de las capacidades estatales bajo la promesa de alcanzar mayores niveles de libertad, prosperidad y eficiencia económica. Lo que cambia no es el contenido esencial de la propuesta, sino su envoltura discursiva. Ayer se hablaba de neoliberalismo; hoy se habla de libertarismo. Ayer sus referentes eran Friedrich Hayek y Milton Friedman; hoy son Donald Trump, Javier Milei, Elon Musk y las nuevas élites tecnológicas de Silicon Valley. Sin embargo, la premisa fundamental permanece intacta: el Estado constituye el problema y el mercado la solución.
La tesis parece seductora por su simplicidad. Si existe déficit fiscal, la culpa es del gasto público. Si existen problemas económicos, la responsabilidad recae sobre la burocracia. Si el crecimiento es insuficiente, ello obedece a regulaciones excesivas. El diagnóstico siempre conduce a la misma conclusión: menos Estado, menos regulación, menos empleados públicos y más mercado.
Sin embargo, cuando se analiza la experiencia histórica concreta de los países que han seguido este camino, los resultados son mucho menos alentadores de lo que prometen sus defensores. Lo que emerge no es una sociedad más libre ni más próspera, sino una concentración creciente del poder económico, un debilitamiento de las instituciones democráticas y una erosión progresiva de la capacidad estatal para garantizar derechos y corregir desigualdades.
La propuesta de Raisbeck debe entenderse precisamente en ese contexto. No se trata únicamente de una discusión técnica sobre gasto público o eficiencia administrativa. Se trata de una concepción del Estado, de la sociedad y de la democracia que tiene profundas implicaciones para el futuro colombiano.
El libertarismo contemporáneo: una nueva versión del viejo neoliberalismo
Daniel Raisbeck suele presentarse como un defensor de la libertad individual, la responsabilidad personal y el libre mercado. No obstante, sus planteamientos se insertan claramente dentro de la corriente libertaria que ha adquirido renovada fuerza política con figuras como Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos. Esta corriente parte de una profunda desconfianza hacia la acción colectiva y las instituciones públicas. Considera que el mercado es superior al Estado en prácticamente todas las actividades humanas y que cualquier forma de regulación pública constituye una restricción indebida de la libertad individual.
La paradoja es evidente.
Mientras el liberalismo clásico concebía al Estado como garante de las libertades civiles y políticas, el libertarismo contemporáneo parece concebirlo principalmente como un obstáculo que debe ser reducido hasta su mínima expresión.
La consecuencia inevitable de esta lógica es que los problemas sociales dejan de ser considerados responsabilidades colectivas para convertirse en asuntos individuales. El desempleo, la pobreza, la desigualdad, la exclusión territorial o la falta de acceso a derechos fundamentales dejan de interpretarse como fallas estructurales y pasan a ser atribuidos a decisiones personales o a insuficiencias individuales.
La sociedad desaparece como categoría política. Sólo quedan individuos compitiendo en el mercado. El caso Milei: el laboratorio latinoamericano del Estado mínimo. La experiencia argentina resulta especialmente ilustrativa. Javier Milei llegó al poder prometiendo destruir lo que denominaba “la casta política”, eliminar ministerios, reducir drásticamente el empleo público y aplicar la motosierra sobre el gasto estatal. La metáfora era poderosa porque simplificaba problemas complejos. Si el Estado era el responsable de la crisis argentina, bastaba con reducirlo para resolverla.
Sin embargo, la realidad demostró rápidamente los límites de esta visión. Los recortes afectaron principalmente programas sociales, instituciones científicas, universidades públicas, organismos culturales y empleo estatal. Millones de personas vieron deteriorarse sus condiciones de vida mientras la promesa de una prosperidad inmediata se desplazaba indefinidamente hacia el futuro.
Lo relevante para Colombia no es reproducir el debate argentino, sino advertir los riesgos de importar una receta que ignora las profundas debilidades estructurales del Estado colombiano.
Argentina posee una tradición estatal infinitamente más robusta que Colombia. Si una reducción drástica genera tensiones severas en ese contexto, sus efectos podrían resultar aún más destructivos en un país donde amplias regiones continúan esperando la llegada efectiva del Estado.
Trump, Musk y la nueva ofensiva contra el Estado
La alianza entre Donald Trump y Elon Musk representa una nueva etapa en la evolución del proyecto neoliberal. Ya no se trata únicamente de reducir impuestos o privatizar empresas públicas. Ahora se busca sustituir capacidades estatales por plataformas tecnológicas privadas. El discurso de la eficiencia se convierte en el vehículo para justificar procesos masivos de automatización, reducción de personal y debilitamiento institucional.
La experiencia reciente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) impulsado por Musk en Estados Unidos ilustra esta tendencia. Bajo la retórica de la optimización administrativa se plantea la reducción de miles de empleos públicos, la eliminación de agencias estatales y la sustitución de procesos humanos por sistemas automatizados.
Lo preocupante es que estas propuestas no surgen desde una preocupación genuina por fortalecer la democracia o mejorar los servicios públicos. Emergen desde corporaciones cuyo interés principal consiste en expandir mercados para sus propias tecnologías.
La pregunta es inevitable: ¿quién gana cuando el Estado reemplaza funcionarios por inteligencia artificial desarrollada por empresas privadas? ¿Los ciudadanos o las corporaciones que venden dichas soluciones?
Colombia ya vivió dos procesos de adelgazamiento estatal.
Las propuestas de Raisbeck parten de una premisa históricamente falsa: que Colombia nunca ha intentado reducir el Estado. En realidad, el país lleva más de treinta años aplicando políticas de adelgazamiento institucional. La primera gran ola ocurrió con la apertura económica de César Gaviria. La segunda se produjo durante los gobiernos de Álvaro Uribe. En ambos casos el argumento fue prácticamente idéntico al que hoy esgrimen los libertarios: reducir el gasto, aumentar la eficiencia y estimular la inversión privada.
Los resultados son visibles: Desaparición de empresas públicas estratégicas. Flexibilización laboral. Contratación masiva por prestación de servicios. Debilitamiento de la carrera administrativa. Menor capacidad de planeación estatal. Dependencia creciente de consultorías privadas.
El problema es que, después de tres décadas de reformas orientadas a reducir el Estado, Colombia sigue enfrentando los mismos problemas que supuestamente dichas reformas pretendían resolver.
La pregunta entonces es evidente: si la receta no funcionó durante treinta años, ¿por qué habría de funcionar ahora?
El mito de la burocracia como causa del déficit fiscal.
Uno de los lugares comunes del discurso libertario consiste en atribuir el déficit fiscal al tamaño de la burocracia. La afirmación resulta políticamente rentable porque identifica un enemigo visible: el empleado público. Sin embargo, la evidencia fiscal muestra una realidad mucho más compleja.
Durante décadas el Estado colombiano ha concedido enormes beneficios tributarios a grandes conglomerados económicos. Exenciones, descuentos, deducciones y tratamientos preferenciales han reducido significativamente la capacidad recaudatoria estatal. La discusión sobre el déficit suele concentrarse obsesivamente en cuánto gasta el Estado, pero rara vez se pregunta cuánto deja de recaudar debido a privilegios tributarios otorgados al gran capital.
La narrativa libertaria convierte al funcionario público en chivo expiatorio mientras invisibiliza las transferencias masivas de recursos públicos hacia sectores económicamente privilegiados.
El empleo público como objetivo político.
No es casual que el empleo público ocupe un lugar central en las propuestas libertarias. El servidor público representa una figura incómoda para quienes desean reducir la intervención estatal. Cada funcionario especializado encarna una capacidad institucional acumulada. Cada inspector laboral fortalece la protección de los trabajadores. Cada docente público amplía el acceso a la educación. Cada profesional de salud aumenta la cobertura estatal.
Por ello, la reducción de empleo público no constituye simplemente una medida presupuestal. Representa una decisión política sobre qué tipo de Estado se desea construir. Cuando desaparecen miles de cargos públicos, desaparecen también capacidades técnicas, conocimiento institucional y presencia territorial.
La supuesta eficiencia suele ocultar una transferencia de funciones hacia contratistas privados, consultoras o corporaciones tecnológicas. Colombia necesita más Estado donde menos Estado existe. La principal debilidad de la propuesta de Raisbeck radica en que observa el país desde una abstracción ideológica y no desde su realidad territorial. Las comunidades rurales no reclaman menos Estado. Los municipios más pobres no exigen menos presencia institucional. Las regiones históricamente abandonadas no piden menos inversión pública. Por el contrario, reclaman más escuelas, más hospitales, más jueces, más inspectores, más infraestructura y más capacidad administrativa.
El problema colombiano no es la hipertrofia estatal. Es la ausencia histórica del Estado en buena parte del territorio nacional. Reducir aún más sus capacidades significaría profundizar precisamente las condiciones que alimentan la desigualdad, la exclusión y la violencia.
Del Estado débil al Estado precario.
Mi tesis desarrollada en “Del Estado del Bienestar al Estado Precario” adquiere aquí plena relevancia. El neoliberalismo impulsó la construcción de un Estado débil. El libertarismo tecnocrático pretende avanzar un paso más: construir un Estado precario. Un Estado incapaz de regular mercados. Un Estado dependiente tecnológicamente de grandes corporaciones. Un Estado con menos funcionarios, menos autonomía y menos capacidad de intervención. Un Estado subordinado a poderes económicos cuya legitimidad no proviene de la democracia sino de la concentración de riqueza. Ese es el verdadero horizonte político que subyace tras las propuestas de reducción radical del aparato estatal.
Las propuestas defendidas por Daniel Raisbeck, hoy cercanas al universo ideológico de Milei, Trump y la nueva derecha libertaria, no representan una alternativa innovadora para Colombia. Constituyen la continuación de un proyecto histórico que durante décadas ha buscado reducir las capacidades estatales bajo la promesa de una eficiencia que rara vez llega y de una prosperidad que suele concentrarse en pocos sectores privilegiados.
Colombia ya experimentó dos grandes ciclos de adelgazamiento estatal. Sus resultados no fueron la desaparición de la desigualdad, ni la consolidación del desarrollo, ni la reducción sustancial de la pobreza. Por el contrario, dejaron un Estado más frágil, más dependiente y con mayores dificultades para garantizar derechos.
Frente a los desafíos contemporáneos —la desigualdad, la transición tecnológica, el cambio climático y la crisis de representación democrática— la respuesta no puede consistir en seguir desmontando capacidades públicas. El desafío consiste en reconstruirlas.
La verdadera discusión no es cómo reducir el Estado. La verdadera discusión es cómo evitar que Colombia termine transitando desde un Estado débil hacia un Estado precario, incapaz de defender el interés general frente al creciente poder de las élites económicas y tecnológicas que hoy aspiran a gobernar el mundo sin mediaciones democráticas.
Esto es lo que realmente está en juego en el actual proceso electoral colombiano. Lo que se debate es el modelo de sociedad que orientará el país durante las próximas décadas. De un lado, se encuentra la apuesta por un Estado cada vez más reducido, subordinado a la lógica del mercado, con menores capacidades de intervención económica, menor presencia territorial y una democracia progresivamente debilitada por la concentración del poder en élites económicas y financieras; en otras palabras, la consolidación de lo que podría denominarse un Estado precario: institucionalmente frágil, socialmente insuficiente y crecientemente incapaz de garantizar cohesión, igualdad y derechos que propone Abelardo. Del otro lado, con el progresismo está la posibilidad de construir un proyecto nacional sustentado en una democracia vigorosa, una ciudadanía integrada, una economía al servicio del desarrollo productivo y un Estado con capacidad efectiva para ejercer soberanía y garantizar bienestar de frontera a frontera. La verdadera disyuntiva consiste en decidir si Colombia continuará profundizando la histórica paradoja de tener más territorio que Estado —con amplias regiones abandonadas a la exclusión, la informalidad y la violencia— o si finalmente avanzará hacia la construcción de un Estado Social de Derecho capaz de hacer presencia real en todo el territorio nacional, integrando a la población en un proyecto común de prosperidad, inclusión y ciudadanía democrática.
Carlos José Guarnizo Rico
Foto tomada de: CNN en Español
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