Un consejo que debía tratar la tensa situación de inseguridad que vive el país fue convertido en acto político por el presidente de la República con el argumento de que la rendición de cuentas de sus ministros debía ser pública para lo cual debía ser televisada. Desde el comienzo, Petro señaló a sus ministros de ser incapaces de cumplir con las promesas de su gobierno apoyándose en una lista de compromisos elaborada por el equipo de Armando Benedetti, el nuevo jefe de gabinete, repudiado por los militantes de izquierda y formalmente acusado por presunto tráfico de influencias en un proceso de contratación mayor de mil millones de pesos. Un personaje más interesado en el poder que en la ideología.
En respuesta a las acusaciones del mandatario, algunos de los asistentes dieron explicaciones mientras otros no dudaron en hacer pública su inconformidad con el nombramiento de Benedetti, avezado componedor de la vieja clase política que ha transitado por varios partidos políticos y acusado de violencia machista, motivo por el cual tanto el ministro de Cultura como la ministra de Ambiente manifestaron que no podían trabajar con él.
Concluido el consejo, comenzó el rosario de renuncias a cuentagotas. Primero fue la de Susana Muhamad la ministra de Ambiente, la cual fue seguida por la de Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, designado para coordinar la acción de los ministros.
La respuesta de Gustavo Petro, antes de emprender su gira por el Medio Oriente, dada la deserción de dos personas muy cercanas a sus puntos de vista, fue pedir la renuncia a todos los ministros y jefes de departamentos administrativos para hacer cambios en el gabinete, algo que ya le había pedido Juan Fernando Cristo antes de presentar su renuncia irrevocable. A las renuncias de Muhamad, de Rojas y de Cristo se han sumado las de Juan David Correa, ministro de Cultura, Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, de Iván Velásquez ministro de Defensa y del General William Salamanca de la dirección de la Policía.
Las renuncias de los ministros, particularmente la de Iván Velásquez, llegan en mal momento, en el peor momento posible, cuando se da una escalada de violencia en varias regiones y una crisis humanitaria muy grave en el Catatumbo en medio de un contexto político convulso. Ello sin contar el sombrío panorama económico y financiero agobiado por un déficit fiscal que supera el 6% y se piensa resolver recurriendo a una reforma tributaria cuando las mayorías en el Congreso no están garantizadas; la confusa situación diplomática con Venezuela y las tensas relaciones con Estados Unidos, el aliado comercial más importante de Colombia. Sin olvidar la sempiterna corrupción que corroe las instituciones.
Ante estos hechos ¿cómo explicar entonces la llegada de Benedetti al Gobierno y los movimientos de Gustavo Petro en un momento en el que se fractura la coalición de gobierno?
Ante todo, es necesario recordar que este año es definitivo para sacar adelante las reformas sociales que tiene en mente la Casa de Nariño y cuyo trámite ha sido muy complejo, en un contexto en el que las mayorías no están aseguradas, especialmente en el Senado. Además, se avecina el momento preelectoral en el que los políticos concentran sus esfuerzos en las elecciones por lo que el trámite legislativo se vuelve tormentoso. En ese orden de ideas, el ingreso de Benedetti al círculo más cercano de la Presidencia adquiere valor, en la medida en que su habilidad política, ya probada, supera la de los militantes movidos ideológicamente, pero sin experiencia en la arena política.
En segundo lugar, y así lo dijo el saliente ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es necesario para el oficialismo asegurar los votos del Partido Liberal, el partido de la U, la Alianza Verde y los disidentes del Partido Conservador para “ampliar el espectro político del Gobierno Nacional”. Como lo expresó el mismo Cristo, “hoy más que nunca es necesario un llamado a la sensatez, la cordura y a que encontremos puntos de encuentro para un acuerdo nacional” y en este orden de ideas es claro que el nombramiento de ministros de estas organizaciones puede ser de gran ayuda para la aprobación de las mencionadas reformas. Así parece indicarlo la confirmación de Antonio Sanguino, de Alianza Verde, como ministro de Trabajo, quien asumirá la responsabilidad de implementar la reforma pensional, así como de sacar adelante la reforma laboral que se discute en el Congreso de la República.
Gustavo Petro vive días difíciles, pero ello no le permite responsabilizar solamente a sus ministros y directores de todo incumplimiento del programa de gobierno instituido como si no fuera parte del mismo Gobierno. Él, como político avezado, sabe que, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el presidente de la República es Jefe de Estado a la vez que Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. A él le corresponde nombrar y separar libremente a los ministros y a los directores de Departamentos Administrativos, pero no puede delegar en ellos la responsabilidad que le impone la Constitución. No estaría de más que ante el espectáculo que ven los ciudadanos y les afecta, dedicara parte de su tiempo a la autocrítica o al propósito de enmienda.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Presidencia de la República
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