Los cerca de trece años del proceso demuestra que no había voluntad de justicia en las Fiscalías anteriores, y que en la actual se movió de manera célere ara evitar la prescripción. De eso son responsables los exfiscales Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa (hoy precandidato presidencial de la derecha).
En la lectura que hizo la Jueza de los hechos debidamente probados, que señalaba el sentido del fallo, así como el fallo mismo, demostró calidad en las argumentaciones y profundidad en los análisis. Buena parte del pueblo se conectó durante dos días a las extensas audiencias y se sintieron satisfechos con la decisión. Obviamente que el imputado no lo estaba, como tampoco el pool de abogados que Uribe contrató y que apelaron la decisión.
Varios elementos serán discutidos por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en la apelación: la interceptación de llamadas a Uribe y la cadena de custodia, el tema del sigilo profesional en la relación abogado-cliente y seguramente la detención domiciliaria.
Lo cierto es que Uribe debió quedar muy arrepentido de haber denunciado al senador Iván Cepeda, pasando de denunciante a denunciado. No olvidamos cuando la Sala penal de la Corte le libró auto de detención y cómo -hábilmente- renunció al Senado ara perder el fuero constitucional y pasar su caso a donde estaban sus amigos de la Fiscalía, que lo retrasaron años, llegando el Fiscal delegado a tener el cinismo de pedir la preclusión.
La filtración de la decisión por parte de uno de los hijos de Uribe fue motivo de inconformidad de la jueza, así como también el procesado protestó por haber incluido a sus hijos en los comentarios.
Como Alcapone, Uribe cayó por el menor de los delitos, pues tiene numerosas causas pendientes. Tengo referencia de que el jurista Germán Guevara, por ejemplo, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara dos denuncias contra Uribe, una por “violar la soberanía del Ecuador y ordenar asesinar el 1 de marzo en territorio extranjero al ciudadano ecuatoriano Franlyn Aizalia, violando las normas del DIH, pues era un civil. La denuncia se presentó el 28 de marzo de 2008 y a la fecha nada se sabe.
También hay otro caso del mismo jurista, mediante denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara presentada el 21 de mayo de 2008 por haber participado con su hermano Santiago en la planeación de una masacre en El Aro (Antioquia). Se basa el denunciante en el testimonio de Francisco Villalba, ubicado en el Nuevo Herald. De esta denuncia nada se sabe. Ambas son gravísimas, como lo son las denuncias de las víctimas de los 6402 “falsos positivos” y el caso de la Escombrera, donde siguen encontrando cadáveres.
Uribe ha osado a atacar a la jueza y a la sentencia por medio de argumentos puramente políticos y algunos sofísticos. “Se busca destruir la voz de la oposición democrática”, lo cual no es cierto, pues su partido tiene otras fichas que podría mover en su reemplazo. Sin embargo, el manejo centralizado del orden en el Centro Democrático, ha hecho que los demás precandidatos palidezcan en aceptación frente a su jefe. Es claro que ninguno recoge los guarismos electorales de Uribe. Tampoco es cierto lo de la destrucción, pues la jueza es autónoma y no depende del Gobierno. Ahora bien, los efectos políticos sí son desastrosos para el líder de la derecha y muy favorables para la víctima resarcida, Iván Cepeda, que puede arrancar bien posicionado para las elecciones presidenciales del 2026. Hasta el momento no ha manifestado su aspiración dentro del abanico del Pacto Histórico.
Uribe interpuso una tutela contra el fallo de instancia, buscando quedar en libertad, y el Magistrado del Tribunal se la negó, debiendo permanecer privado de la libertad en su finca.
Uribe dijo: “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”. Nada más alejado de la realidad. El fallo fue en Derecho, como lo dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, que de izquierdista no tiene nada.
“Se utiliza la justicia para hacer política”, dio Uribe. Nada más alejado de la realidad. Una cosa es el fallo (en derecho) y otra los efectos devastadores dentro de la política nacional, pues termina una era de por lo menos 40 años de incidencia en la política nacional.
“No hubo respeto por mi defensa”, dijo Uribe. No es cierto, Los meses de dilatadas audiencias en las cuales se escucharon las voces de Granados y Lombana, sus abogados, son la mejor prueba del respeto a la defensa.
“Hubo animosidad de la Juez, hubo recusación, hubo sesgo”, dijo el condenado. Nada más alejado de la verdad, inclusive la juez le quitó el cargo de soborno simple en la tipificación.
“Voy a apelar a la justicia internacional”, dijo el apelante. No creo que en esa instancia prospere una acción. Máxime cuando no hay tercera instancia en la jurisdicción internacional.
“Se violó el principio de publicidad”: no es cierto. Permanentemente la Juez lo garantizó, no hubo pruebas secretas.
“La sentencia se convirtió en un discurso político”: nada más falaz. Si bien es cierto que realizó una introducción que yo llamaría lírica, ya al escucharla cualquier persona podía vislumbrar cuál iba a ser el desenlace.
“Hubo afectación a mi honra y cruzaron sonrisas la juez y la Fiscal”. Una sentencia condenatoria necesariamente rompe el principio de inocencia y su honra se ve menoscabada, pero con razón. Lo de las sonrisas es una caricatura. La fiscal tuvo un comportamiento profesional.
Acusó a Petro por destruir a Colombia en 2019 y 2021, lo cual nada tenía que ver con el fallo.
“El atentado contra Uribe Turbay fue consecuencia de los actos del Gobierno, aliado de esta sentencia”. Grave afirmación difamatoria que merece reprensión, pues no hay prueba de dicha “alianza” y lo de Uribe Turbay fue la mafia, como se ha demostrado.
Frente a la decisión de la Juez de negarle la libertad “para evitar la violencia”, manifestó que él y sus compañeros jamás incitan a la violencia, lo cual sabemos que es inexacto por la cantidad de evidencias que demuestran lo contrario.
En conclusión, el fallo es histórico, recobra la esperanza en la justicia (que estaba quebrantada), anima a otros funcionarios judiciales a fallar casos tan graves como los que he narrado aquí, demuestra también que no hay nadie por encima de la Ley, ni siquiera el caudillo. Vendrán los juicios contra el abogado Cadena y Álvaro Hernán Prada, que seguramente terminarán condenados.
Las víctimas son resarcidas, creo, con el fallo y catapulta a Iván Cepeda para grandes destinos. Amanecerá y veremos.
Luis Bernardo Díaz, Presidente Tribunal Internacional de Opinión TRINO
Foto tomada de: CNN en Español
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