Era importante traer a socialización estas experiencias dado el actual proceso político electoral que atraviesa Colombia que se encuentra en una profunda crisis social, económica y humanitaria, que reclama cambios profundos de reformas aplazadas en el siglo 20 y lo corrido del siglo 21. Lo que es una realidad es que las fuerzas políticas alternativas ubicadas en el espectro de la izquierda y el centro, no lograrán generar una mayoría en la división, los votos de cada una es insuficiente para lograr la Presidencia de la República, esto significa que va ser necesario construir un acuerdo de centro izquierda bajo un programa de mínimos que posibilite superar la amenaza de la perpetuación de un gobierno con características del actual que ha negado el proceso de paz, continúa con la privatización de bienes públicos, en donde se ha magnificado el asesinato de líderes sociales, la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, la negación de derechos sociales, el desconocimiento de la división de poderes; es decir, asistimos a un retroceso político y social, que allende la pandemia ha tenido una enorme responsabilidad de un gobierno que ha profundizado la crisis con sus medidas.
El reto que tiene el país es la superación de esa crisis, las ciudadanías en las calles que se manifestaron en el estallido social, reclama cambios profundos en el orden tributario, los derechos a la salud, la educación, la renta básica, entre otros. En ese sentido en la segunda parte del seminario se abordó un diálogo de líderes y lideresas de los movimientos sociales para plantear las agendas de cambio que deben acoger y desarrollar los partidos políticos. Las agendas que han movilizado al mundo en las últimas décadas provienen de los movimientos sociales a nivel global y local, algunos de ellos como el feminismo que ha supuesto una crítica estructural al modelo capitalista y patriarcal: el medio ambiental que se ocupado de denunciar la viabilidad de la vida humana y no humana en el planeta, que se encuentra en vilo a futuro por las crisis climática, el calentamiento global, que no es un hecho natural, sino que responde a un modelo de acumulación de capital que no contaba con la finitud de los recursos naturales, el movimiento por la defensa de los derechos humanos, que en Colombia por ejemplo ha denunciado los denominados “ falsos positivos”, como uno de los delitos atroces a la humanidad. Los partidos políticos deben nutrir sus propuestas de estas agendas ciudadanas, sino corren el riesgo de quedar desconectados de las realidades sociales, con la subsecuente pérdida de legitimidad y representatividad que cargan en la actualidad.
En un tercer momento se socializaron y discutieron 7 agendas de transición democrática para Colombia, entendiendo que los cambios profundos y reales requieren propuestas a largo plazo, sólidas que tracen los pasos intermedios y los puntos de llegada de las grandes reformas, en el seminario se discutieron propuestas reformistas de salud, agraria, educación, político-electoral, medio ambiental, tributaria y seguridad y convivencia, como resultado de un trabajo de organizaciones de la sociedad civil, investigadores, intelectuales orgánicos que han pensado el país y sus alternativas posibles de cambio. Se presentaron propuestas muy concretas y puntuales que un gobierno de cambio podría implementar en cada materia, en la ruta de una transición hacia reformas profundas que respondan a las necesidades de los colombianos.
A partir de esta intensa reflexión de una semana, que contó con la participación de connotados dirigentes políticos del espectro político progresista, del centro político representado en el partido verde y su copresidencia, líderes y lideresas sociales de diversos movimientos sociales, investigadores, académicos, representantes de la sociedad civil, y representantes de la comunidad internacional, culminó este seminario con una declaración que invita a las fuerzas democráticas del centro y de la izquierda a establecer un acuerdo alrededor de un programa de mínimos que permita sacar al país de la crisis, y que genere un escenario de cualificación del debate público sobre los temas programáticos que redundarán en la mejoría de las condiciones de vida de los colombianos, superando las pequeñas rencillas que deterioran las posibilidades de construir esos acuerdos. Esto no implica eludir los debates necesarios sobre las líneas rojas y las diferencias, estos deben ser asumidos con el mayor respeto y profundidad.
Esto reclama la grandeza de comprender que el eje unificador es el acuerdo programático y unas reglas de juego claras que permitan escoger un candidato único a la Presidencia de la República desde la primera vuelta, que sin lugar a dudas ganaría la Presidencia por la correlación de fuerzas mayoritarias que constituye la unidad de estos dos espectros políticos. Los participantes del seminario propusimos los siguientes puntos programáticos, entre otros, para nuclear ese gran acuerdo (Declaración Paola, 2021).
- Un acuerdo por la plena materialización del derecho a la educación de todos los colombianos en todos los niveles, empezando con el preescolar desde los 3 años y la trayectoria hasta la educación superior y el acceso al mundo del trabajo. Un modelo educativo que permita la inclusión en clave de universalidad, gratuidad, diversificación de la oferta educativa con pertinencia y calidad. Adelantar reformas al Sistema General de Participación y a la ley 30 que permita un nuevo esquema de financiación para las instituciones educativas y las universidades públicas, que sea progresivo, solucione el hueco fiscal y que esté a la altura de los gastos y costos de una educación del siglo XXI.
- Una reforma estructural al sistema de salud que haga tránsito a la garantía de la salud como derecho fundamental consagrado en la ley estatutaria 1751 de 2015, con trabajo digno y estable, fundamentada en la atención primaria en salud, con descentralización y eliminación de la intermediación financiera, control de precios de medicamentos, tecnologías en salud y el desarrollo de políticas y acciones que impacten los determinantes sociales de la salud como el agua potable y la soberanía alimentaria.
- El acuerdo de una política ambiental que afronte con profundidad los retos las crisis climática y ecológica, asociadas a la energía fósil, la pérdida de biodiversidad y contaminación, asumiendo el conflicto de usos del suelo como el principal problema ambiental, ligado a la necesidad de la reforma rural integral, a la urgente transición a energías limpias incluyendo el hidrógeno verde y el cuidado de la vida humana y no humana como factores fundamentales de un futuro sustentable.
Un acuerdo que propenda por la agroecología, los sistemas agrosilvopastoriles y las asociaciones de campesinos/as, productores agroecológicos con un consumo consciente por la seguridad y salud alimentaria, lo mismo que impulsar modelos de movilidad sostenibles, inteligentes y multimodales en todo el país. Esto implica un compromiso contra el fracking, la megaminería en las zonas críticas, la fumigación con glifosato de los cultivos de uso ilícito y el desincentivo de los agroquímicos. Además del desarrollo de una política pública por el respeto de la vida, de los derechos de la naturaleza y de los animales con enfoque interespecie.
- Avanzar en una política de seguridad participativa que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el contexto de una sociedad del posacuerdo. Esto supone una reforma a la policía y la reestructuración de la educación militar y policial para la democracia, que supere la doctrina militar del enemigo interno y que tenga en cuenta las recomendaciones de la CIDH a Colombia en su última visita.
- Una reforma política electoral que restaure el equilibrio de poderes con la generación de una autoridad electoral que establezca instancias confiables, eficaces y transparentes en la garantía de los procesos electorales, la paridad democrática y la financiación equitativa con sujeción a una eficaz vigilancia y control de los recursos públicos.
- Una política integral de tierras con sustentabilidad, garantía del equilibrio rural-urbano, la soberanía alimentaria, apoyo a la productividad campesina, la reestructuración de la tenencia de la tierra y la protección social del campesinado como sujeto de derechos.
- Una política económica que propenda por un sistema tributario eficiente, progresivo y equitativo que grave las altas rentas, que incorpore impuestos verdes e impuestos saludables, supere la evasión fiscal y permita la distribución de la riqueza, la superación de la inequidad y la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales.
Un programa que garantice el respeto a la propiedad privada con su función social, que fortalezca el tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas que representan más del 90% del tejido empresarial en Colombia y que aporta más del 80% del empleo formal. Esto implica avanzar en la democratización del crédito y la búsqueda de un modelo económico que garantice la sostenibilidad fiscal y una política monetaria transparente con garantía de la independencia del Banco de la República.
- Un compromiso con la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad a través de un enfoque de interseccionalidad transversal a todos sus ejes programáticos. Además, en su apuesta estructural por la equidad de género, incluir la creación del Sistema Nacional de Cuidado cuyo objetivo sea la redistribución y reorganización del trabajo de cuidado en la sociedad; garantías plenas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que estas puedan decidir libremente sobre sus cuerpos; el desarrollo de una política pública de prevención, atención y judicialización de todas las formas de violencia de género contra las mujeres; y la representación paritaria de las mujeres en las instancias de gobierno, administración pública y en los cargos de elección popular.
- La implementación efectiva del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP para lograr una paz estable y duradera con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que garantice los derechos de las víctimas, el compromiso de la búsqueda de una solución política y negociada al conflicto armado con el ELN y una estrategia contundente para el sometimiento de los Grupos Armados Organizados y grupos paramilitares.
- La implementación de una Renta Básica como un derecho de ciudadanía a un ingreso mínimo vital que posibilite la superación de la pobreza extrema en el país, que genera situaciones de deshumanización por la inviabilidad de millones de ciudadanos para su subsistencia básica.
- Materializar un modelo de Estado social de derecho descentralizado, distribuidor de la riqueza, con respeto a la autonomía regional, que modernice y transforme la política administrativa haciendo valer la Constitución de 1991, que aproveche las potencialidades con una financiación que supere la desigualdad endógena entre el centro y la periferia.
- Avanzar en un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico adoptando un enfoque de salud pública a los consumidores, de sustitución concertada de cultivos ilícitos y construcción de vías terciarias para favorecer los pequeños productores y una estrategia de persecución y judicialización contra los grandes narcotraficantes nacionales e internacionales.
- Una política pública de juventudes que se traduzca en participación efectiva y vinculante, como los Consejos de Juventud para que dejen de ser órganos consultivos y sean vinculantes para con las políticas públicas. Se hace necesario rechazar la criminalización y militarización de la juventud.
Un gobierno del cambio propugnará por crear los mecanismos institucionales desde el punto de vista económico, social, político y cultural que tenga como ejes transversales de acción la lucha contra la corrupción y la garantía de derechos.
Se invita a la Coalición de la Esperanza, al Pacto Histórico y a las ciudadanías demócratas independientes a desarrollar cumbres municipales, departamentales y nacionales que lleven a concertar un programa unitario, una agenda política común y los lineamientos comunes de una consulta única presidencial, previa a la primera vuelta, que permita construir un gobierno democrático y de derechos sociales.
Hacemos un llamado urgente a la Coalición de la Esperanza, al Pacto Histórico y a todos los/as demócratas del país para que establezcan todos los mecanismos y voluntades para lograr una unidad democrática que le permitan a Colombia continuar el truncado tránsito democrático iniciado con la Constitución de 1991, para pasar de una sociedad del desprecio a una sociedad de derechos. Es el momento de la grandeza y de los acuerdos que posibiliten construir los cambios y que Colombia pueda volver a tener una segunda oportunidad en esta tierra (Declaración Seminario Paola, 2021).
Desde nuestra perspectiva, creemos que estos puntos han nucleado acciones conjuntas de las bancadas tanto de la izquierda y el centro en la oposición, en donde se ha hecho un gran trabajo mancomunado de control político al actual gobierno. El más reciente debate fue el de la corrupción de Odebrecth que contó con la brillante participación de los senadores Angélica Lozano, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo. De igual manera han trabajado de manera conjunta las mociones de censura del ministro de Defensa y de la ministra de Telecomunicaciones. La pregunta que nos asalta es, ¿Si pueden trabajar juntos y juntas para bajar a un ministro, ¿por qué no logran unirse para subir a un presidente de la República? Dejo esta pregunta que fue planteada en el seminario, en donde se planteaba que el movimiento social que agenció el paro logró la renuncia de un ministro de Hacienda, un embajador y un alto mando de la fuerza pública, llegó la hora de exigir que se construya una unidad capaz de subir a un presidente que responda a un programa de mínimos que ofrezca respuestas al sufrimiento del pueblo colombiano. Es un imperativo político, ético y moral.
Carolina Corcho Mejía, Presidenta Corporación Latinoamericana Sur, Vicepresidenta Federación Médica Colombiana.
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