No es verdad que la extrema derecha uribista y sus aliados liberales, conservadores, de Cambio Radical y de la U, decidieron hundir la reforma porque “no existe financiación clara y sostenible” y porque “el proyecto no resolvía los problemas estructurales del sistema de salud”; toda vez que el proyecto había sido aprobado en plenaria de la Cámara, con el respectivo aval fiscal del Ministerio de Hacienda. La verdad monda y lironda es que dicha mayoría, decidió continuar con su política de sabotaje a las reformas democráticas y sociales del gobierno de Gustavo Petro. Resultaba ingenuo esperar que, en medio del fragor de las campañas electorales ya iniciadas, la oposición neoliberal que controla mayoritariamente el Congreso, le entregara a la minoritaria bancada del Pacto Histórico y sus aliados como “bocato di cardinali” la bandera electoral de la reforma a la salud aprobada así fuera recortada.
Por su parte las EPS que durante más de tres décadas han financiado las campañas presidenciales y sus respectivas mayorías parlamentarias de las mafias gobernantes que privatizaron la salud del pueblo colombiano y la entregaron a la voracidad de banqueros y empresas prestadoras de la salud, para que se lucraran de la intermediación financiera. Al igual que cuando archivaron la reforma laboral sin debate alguno, esta vez engavetaron el proyecto que aprobó la Cámara hasta el último minuto del último día de la legislatura; precisamente para hundir la reforma sin tener que cumplir con el debate reglado en la ley quinta. Les importó un bledo hacer mutis por el foro de la aprobación del proyecto, con su respectiva viabilidad fiscal y técnica, en la Cámara de Representantes.
Los ocho legisladores se apoyaron en falaces argumentos de exministros neoliberales quienes aseguraron que el proyecto no ofrecía “soluciones reales” y que la reforma ponía en riesgo la prestación del servicio y la “estabilidad del sistema”. Los cínicos exministros saben mejor que nadie, que las EPS jamás prestaron un servicio digno, que, por el contrario, el pésimo servicio de salud causó millones de muertes que se hubieran podido evitar y que el lucro y el saqueo de los recursos de la salud generaron la profunda crisis del sistema diseñado para la ganancia, la acumulación y la muerte; no para salvar vidas.
El proyecto de reforma a la salud fue hundido porque ni las EPS, ni los banqueros iban a permitir que se les acabara el lucrativo negocio de la salud privatizada, receptoras de cientos y miles de billones de pesos de los recursos públicos girados por el estado a dichas empresas de intermediación financiera, para que atendieran a la clase trabajadora y a las poblaciones más pobres y vulnerables del país, pero que fueron a parar a paraísos fiscales, a la financiación de campañas electorales de sus corruptos escuderos en el parlamento y en los gobiernos, a la integración vertical y a las arcas de sus propietarios; sin que fueran sometidos a auditorias contables, ni vigilados por los organismos del Estado. Ha sido un cuantioso y continuado saqueo de los recursos destinados a la salud del pueblo colombiano, el mayor robo de la historia al erario, en palabras de la exministra de salud, Carolina Corcho.
El convicto expresidente en decadencia, Álvaro Uribe y sus cómplices congresistas del Centro Democrático y sus aliados de los partidos de la derecha neoliberal, junto con los gremios empresariales y sus medios corporativos, acusan al gobierno de haber destruido el sistema privado de salud; pero los informes de la contraloría General y de la ADRES demuestran de manera incontrovertible que los verdaderos responsables del colapso del podrido sistema fueron sus creadores, los gobiernos de los corruptos presidentes, Cesar Gaviria con la expedición de la Ley 100/1993 y los posteriores de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que giraron a manos llenas y sin control miles de billones de pesos y, de paso, arruinaron y destruyeron la red hospitalaria pública. Ellos son cómplices de los millones de muertes causadas por el criminal saqueo de los recursos públicos de la salud; un genocidio continuado a lo largo de más de tres décadas.
Las cifras son incontrastables, los mencionados informes registran que las cien primeras EPS liquidadas entre 1993 y 2018 dejaron una deuda de $27 billones de pesos a clínicas y, sobre todo, a hospitales públicos, que se quedaron sin pagar y los ladrones libres y felices disfrutando de fabulosas fortunas saqueadas al Erario, seguramente invertidas en la construcción de sus clínicas privadas apalancadas en la integración vertical o depositadas en paraísos fiscales.
Sin ir tan lejos, los recientes informes de la Contraloría General, reportan deudas acumuladas que superan los 32.9 billones de pesos (corte a 31 de diciembre de 2024), la Nueva EPS, que tiene el mayor número de afiliados, debe más de 11 billones de pesos, deuda acumulada durante la administración que durante década estuvo en manos de la familia Vargas Lleras y Nohemí Sanín,; también registra por concepto de anticipos sin pagar, a 30 de junio/2025, 15.7 billones de pesos por pagar, además de 22.7 millones de facturas de servicios prestados y no pagados a las IPS, que suman 22 billones de pesos; además, reportan investigaciones por ocultamiento de facturas y desviación de recursos por más de $70.000 millones, no registrados en millones de facturas entre 2019 y 2023. Esta es solo una pequeña muestra del más escandaloso saqueo al patrimonio público en los últimos doscientos años.
Ha sido durante este gobierno que la Contraloría ha iniciado múltiples acciones de control y procesos de responsabilidad fiscal. Entre 2022 y 2025, se iniciaron 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones, junto con 111 imputaciones y 41 fallos fiscales ejecutoriados e investigaciones sobre detrimento al patrimonio público. Es claro que las acusaciones al gobierno de haber destruido el sistema de salud privatizado no solo son calumnias, sino falsas y turbias banderas electorales. Fueron ellos los que mataron su propia gallina de los huevos de oro.
Ellos, que con sus prácticas corruptas, de deudas a hospitales y clínicas acumuladas, irregularidades financieras, ocultamiento de información, cobros de fabulosos sobrecostos y anticipos por servicios prestados en sus propias clínicas, ocultamiento de facturas, robo de las reservas técnicas, dobles contabilidades, retrasos y no pago de deudas a las IPS, laboratorios y farmacéuticas que privaron de medicamentos a los pacientes; prácticas criminales que, no solo causaron detrimento al erario; sino que también causaron la muerte de millones de colombianos y colombianas.
En resumidas cuentas, el archivo de la reforma a la salud hace parte del bloqueo político y estructural a las reformas democráticas decretado por la oposición neoliberal mayoritaria en el Congreso de la República, con clara intención de favorecer el statu quo, proteger los intereses del capital financiero y el sistema privado de salud encarnado en la EPS.
Este boicot a la reforma de la salud profundizará la crisis del sistema y privará a la clase trabajadora y a los sectores mas vulnerables de la población de su derecho fundamental a la salud, que, al no contar con el servicio, no recibirán atención médica oportuna, ni medicamentos, ni podrán recibir tratamientos especializados, ni procedimientos quirúrgicos, volverán los paseos de la muerte y millones de tutelas inundarán de nuevo el sistema judicial.
Sobra decir que el bloqueo a las reformas, con contadas excepciones, ha tenido éxito, el pueblo ha respondido con multitudes en las calles y plazas públicas a las convocatorias del presidente a la movilización, así como a la consulta popular. Con seguridad el pueblo colombiano estará dispuesto a respaldar su propuesta de convocatoria a la Asamblea Nacional constituyente popular, para realizar las reformas democráticas que la extrema derecha ha bloqueado durante sus cuatro años de gobierno. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro; así como, las y los candidatos al Senado y la Cámara de representantes, están obligados a agitar y promover en su campaña la propuesta a esta convocatoria. La profunda crisis institucional y política creada por la extrema derecha opositora, solo podrá resolverse en la Asamblea Nacional Constituyente, que sea resultado de las mas amplia y definitiva movilización de la clase trabajadora y demás sectores sociales de Colombia.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: Consultorsalud.com
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