El liderazgo de los que consideran que los acuerdos deben ser renegociados o ajustados a la realidad política expresada en las urnas ha sido asumido por Álvaro Uribe quien, sin embargo, no concita la aprobación de todos los que votaron por el No los cuales constituyen un conjunto variopinto en el que se entremezclan opositores a una reforma agraria, enemigos de la justicia transicional, seguidores del ex procurador Ordóñez temerosos de la pretendida “ideología de género”, defensores de la “familia tradicional” y críticos de los principios de la actual Constitución Política de Colombia. Este abigarrado conjunto puede ordenarse, sin embargo, en dos grupos: en el primero están los que están de acuerdo con la nuez del texto firmado y que lo consideran un punto de partida; en el segundo los que lo rechazan de plano por considerar que en Colombia no hay delincuentes políticos sino narcoterroristas con los que no se negocia.
Dada la presión de un amplio espectro nacional que pide una solución rápida, sumada al ambiente generado en el ámbito internacional favorable a una salida política a nuestro conflicto, se puede ser relativamente optimista con respecto al desenlace de la crítica coyuntura en la que se encuentra el país. De allí que convenga analizar los planteamientos de los que creen que es posible construir sobre lo ya acordado y dejar en la penumbra, por el momento, las consideraciones de los que están dispuestos a sabotear lo alcanzado. Entre los primeros se encuentra lo expresado por el ex presidente Andrés Pastrana el 13 de octubre en memorando dirigido al presidente de la República, texto que avala la arquitectura sobre la que se construyó lo acordado con las FARC y consigna propuestas que merecen ser discutidas.
La propuesta de Pastrana para salir del limbo
La propuesta del expresidente Pastrana, que guarda similitudes con la de Marta Lucía Ramírez en cuanto a la necesidad de asegurar que en la reforma rural integral se reconozca de manera explícita la actividad económica de empresas privadas, un punto que no está excluido en los acuerdos de la Habana, y que el tema de la justicia debe contar con órganos de cierre, tiene aspectos para algunos discutibles pero está construida desde la sensatez.
El memorando de trabajo número 1 y que augura por lo menos otro (en principio dedicado al tema de la participación política), comienza por invocar el respeto del cauce institucional y constitucional como base de una eventual renegociación con las FARC. Para el expresidente “es un asunto sencillo y práctico puesto que para ello apenas debemos remitirnos a principios democráticos universales y al espíritu de nuestra constitución”. De allí la idea de presentar unas llamadas “líneas rojas” de las cuales el acuerdo no debe salirse.
El texto plantea la prioridad a lo humanitario y hace un reconocimiento explícito al contenido técnico del documento de La Habana de cese al fuego y de hostilidades. A continuación expresa su abierto rechazo a que se incluya lo acordado en el bloque de constitucionalidad, lo que daría lugar a una reforma constitucional, y manifiesta su rechazo a revivir las expiradas facultades especiales que el plebiscito habría dado al presidente para acelerar los trámites conducentes a la implementación de lo acordado. Es igualmente enfático en rechazar una Asamblea Nacional Constituyente y la adjudicación de 31 emisoras de radio a las FARC por no ser equitativo con otros miembros de la ciudadanía. No pretende ver a las cabecillas de las FARC “tras las rejas y con camisas de rayas” y acepta la existencia de una justicia transicional pero articulada a la jurisdicción ordinaria mediante dos mecanismos: en primer lugar con última instancia y recursos extraordinarios (casación y revisión) resueltos por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia y, en segundo lugar, permitiendo que las acciones de tutela sean revisadas por la Corte Constitucional de acuerdo con el sistema de revisión vigente. Así mismo, que el sistema de justicia transicional tenga un límite de 2 años y que los procesos no iniciados durante este lapso vayan a la jurisdicción ordinaria. En cuanto a la cosa juzgada, solo podría abrirse para aplicar favorabilidad de penas.
También descarta la participación de jueces extranjeros, lo que implicaría una pérdida de ciudadanía, pero acepta la figura de amicus curiae, nacionales o extranjeros, es decir, la participación de terceros para ejercer veeduría técnica en algunos juicios. Propone la creación de una Unidad de Investigación articulada a la Fiscalía General de la Nación y apoya la creación de la Comisión de la Verdad con una vida de 3 años y penas de reclusión diferentes para quienes reconozcan la verdad en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades. Rechaza enfáticamente la conexidad entre el narcotráfico y el delito político y aunque rescata la importancia de un desarrollo rural, considera que tal como quedó redactado introduce un cambio en el modelo económico. Igualmente, reconoce que la participación de los habitantes rurales es fundamental para la construcción de una política pública, pero considera que los espacios de participación no deben implicar una transferencia de competencias y responsabilidades propias de las autoridades hacia las comunidades. También rechaza la idea de que haya entrega y formalización de tierras en las que haya cultivos ilícitos y aunque reconoce la importancia de la actualización del catastro, está en desacuerdo con el principio de progresividad en el impuesto predial con la participación de las comunidades en su definición. Finalmente, coincide con la puesta en marcha de planes nacionales para la reforma rural, el enfoque diferencial de género y la protección de zonas de reserva ambiental.
En suma, el memorando tiene en mente el impedir que el partido de las FARC tenga prerrogativas que impliquen una ventaja frente a otras fuerzas políticas. Muy probablemente este tema será objeto de otro documento que se dará a conocer a los colombianos.
Puntos que no deben perderse de vista.
El memorando del expresidente Pastrana constituye un texto desde el cual puede discutirse racionalmente. Para comenzar, comienza por reconocer al otro y le concede algo de razón.
Sin embargo, no sobra recordar algunos temas que no pueden dejar de estar presentes en la discusión.
En primer lugar, el sentarse a negociar con las FARC implica reconocerles su status de delincuentes políticos. Como lo sostiene el expresidente Uribe con terroristas no se negocia.
En segundo lugar, una negociación como la que se adelantó en La Habana implica reconocer responsabilidades como antesala del perdón y de concesiones mutuas.
En tercer lugar, la búsqueda de soluciones adecuadas para solucionar problemas concretos implica conocer hechos fidedignos. De allí la necesidad de buscar la verdad más que el afán de achacar culpas y buscar castigos sin que ello implique dejar las violaciones a la ley en la impunidad.
En cuarto lugar, lo que está en juego es un acuerdo político no una “rendición honorable” como lo plantean algunos enemigos del proceso y de lo acordado. Un acuerdo que más allá de una amnistía y un indulto tuvo en mente un cambio de estructuras para evitar el regreso a situaciones que desencadenaron el conflicto y abonar el terreno a una paz estable y duradera
En quinto lugar, tal como lo repitió una y otra vez Humberto de la Calle se trata de “cambiar balas por votos”, es decir, de fortalecer nuestra precaria democracia, y fortalecer las instituciones de manera incluyente no excluyente.
Por último, si de respetar los principios de la Constitución vigente se trata, recordar que los derechos humanos sobre los cuales se erige nuestra Constitución son derechos de todas las personas y que las mayorías no tienen el derecho a aplastar a las minorías en ninguna circunstancia así arrasen en las urnas lo que, además, no fue el caso con el plebiscito. El reconocimiento del otro y el respeto tienen una estrecha conexión con la paz y esta es el medio para asegurar los derechos fundamentales, la vida y la supervivencia, valores sobre los que se erigen los derechos fundamentales que sostienen al Estado social de derecho como se supone es el nuestro.
Más allá de lo que se pueda modificar a o no a lo acordado y de la vía que se emprenda para lograrlo, lo importante es que tras el resultado del plebiscito la gente despertó y que las movilizaciones a que aquel dio lugar expresan una esperanza que estuvo ausente durante la negociación de los acuerdos. Que no sea flor de un día.
Rubén Sánchez David
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