Si, quien justamente desprecia la tradición, el patrimonio y la institucionalidad, y suele tomar decisiones desde su sesgo político y sus intereses bursátiles, habla de hacer un museo caprichoso, carente de fundamento y que conlleva graves peligros para la integridad de los bienes patrimoniales. Tanto es así, que el actual mandatario, Gustavo Petro, tuvo que ordenar el traslado de piezas de enorme valor histórico, político, cultural y simbólico, para salvarlas de una segura destrucción.
Más allá de la discusión arquitectónica o administrativa, o sobre qué entidad debe resguardar y custodiar emblemas y objetos que hacen parte de nuestra historia, estas decisiones de cambiar uso y lanzar estigmas sobre procesos históricos, ponen en juego algo mucho más profundo: la relación del poder con los símbolos de la nación. La Casa de Nariño no es únicamente un edificio. Es un espacio cargado de memoria política, de acontecimientos históricos y de representaciones que pertenecen a todos los colombianos, no al gobernante de turno. La Casa de Nariño ha funcionado como sede presidencial desde 1908 y recibió su nombre porque fue construida sobre los terrenos donde estaba la casa natal de Antonio Nariño, prócer de la independencia y uno de los padres fundadores de la moderna República de Colombia; recordado además por hacer la primera traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del francés al español en 1793 y difundirla por la América española.
Por eso resulta significativo que el actual Gobierno se haya ocupado de proteger y rescatar algunas de estas piezas, que, pese a su enorme valor simbólico, histórico y político, están amenazadas. Quienes abandonan la Casa de Nariño dejan también allí una parte de la memoria reciente del país, expresada en objetos, fotografías y obras que han acompañado momentos decisivos de nuestra historia.
Entre ellas se encuentra la escultura “Paloma de la Paz”, donada en 2016 por el maestro Fernando Botero, como gesto de apoyo al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado de Colombia y la guerrilla de las FARC. La obra fue trasladada al Museo Nacional antes de la posesión de Iván Duque por orden del expresidente Juan Manuel Santos, regresó posteriormente a la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro y ahora volverá nuevamente al Museo Nacional.
También la espada de Simón Bolívar, símbolo histórico de la independencia y la soberanía latinoamericana. Para el movimiento guerrillero M-19, que la robó en 1974, fue eje de su identidad insurgente y razón de su exitoso proceso de desarme y paz. Y para el presidente Petro, representa la vigencia de las ideas del Libertador que abandonan los textos históricos para inspirar y guiar la lucha popular contra la injusticia de un Estado tradicional. Ahora, la espada, que estuvo estos cuatro años en la entrada de la Casa de Nariño, retorna a la Quinta de Bolívar, su lugar natural de custodia y memoria. Asimismo, el emblemático sombrero blanco del exlíder guerrillero, firmante del Acuerdo de Paz del 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo (Cauca) y candidato presidencial por la ADM-19 Carlos Pizarro Leongómez, asesinado bajo un plan de terrorismo de Estado el 26 de abril de 1990, queda bajo el cuidado de su hija, la ex senadora María José Pizarro. Esta decisión reconoce en este elemento simbólico su particular dimensión histórica y familiar.
La sotana del sacerdote Camilo Torres Restrepo igualmente será protegida y preservada como parte de nuestra memoria histórica. El presidente Gustavo Petro anunció que la prenda será entregada al Museo Nacional de Colombia para su exhibición y custodia por parte de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional para poder preservar su valor histórico e impedir que sea desaparecida por el oscurantismo que se toma el país.
La sotana simboliza el concepto del “amor eficaz” y la unión entre la fe cristiana y la lucha por la justicia social a través de la teología de la liberación, y fue recuperada gracias a un obrero simpatizante que la mantuvo protegida de forma clandestina por más de 40 años, hasta que decidió entregarla directamente al presidente Gustavo Petro con la certeza de que sabría valorarla y asignarle el sitio de honor que le corresponde. Su autenticidad fue confirmada a través de muestras de ADN comparadas con la familia Torres realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal. El 22 de junio de 2024 el presidente Petro lo confirmó al país a través de su cuenta X:
“Informo al pueblo colombiano y latinoamericano, a la Iglesia Católica, y a todas y todos los luchadores sociales del mundo, que hemos confirmado científicamente en medicina legal, que la sotana guardada por un obrero desde la década de los sesenta, antes que el sacerdote Camilo Torres Restrepo partiera a la insurgencia del ELN y a su muerte, y entregada a mí, en semanas pasadas por el cuidador, es efectivamente la sotana del padre Camilo Torres Restrepo. Que su memoria viva en el recuerdo del pueblo de Colombia”. Ahora la prenda sale de la Casa de Nariño para que siga siendo preservada.
No se trata simplemente de mover objetos de un edificio a otro. Cada traslado comunica una idea sobre el país, sobre su historia y sobre la manera en que el poder interpreta el pasado. Las piezas que regresan a museos y espacios patrimoniales no pierden importancia; por el contrario, recuperan su condición de bienes públicos, alejados de la apropiación simbólica de cualquier administración.
Convertir la Casa de Nariño en museo podría ser una decisión legítima si respondiera a una política cultural seria, transparente y ampliamente discutida. Pero tal como la plantea al caprichoso y malintencionado nuevo mandatario, forma parte de una escenografía personalista destinada a borrar o sustituir símbolos republicanos por unos nuevos, con acento mafioso y respondiendo al estilo de un show man; por lo que la medida resulta preocupante.
Las instituciones sobreviven a los presidentes, siempre ha sido así, porque se basan en normas permanentes y escritas, que nos dan identidad, historia y permiten que haya Estado, desarrollo, convivencia y un proyecto de nación colectivo. Los símbolos nacionales también deberían hacerlo. Por eso es importante protegerlos de los caprichos, de los abusos de poder, de la improvisación y de la tentación de convertir la historia colectiva en propiedad privada del poder de turno. El país y la nación hoy tienen el deber de proteger la memoria nacional frente al autoritarismo y la imposición de un régimen neofascista, pro americano y sometido a regímenes extranjeros.
El próximo jefe de Gobierno ha prometido desconocer principios democráticos esenciales y convertir la confrontación política en una cruenta guerra contra sus adversarios. No habla de la izquierda como una fuerza legítima dentro del pluralismo democrático, sino de un enemigo al que hay que perseguir y destripar. A su alrededor, sus voceros repiten consignas como “zurdos, a esconderse”, tratando una opción política —respaldada por millones de ciudadanos— como si fuera criminal e ilegítima.
Ese lenguaje no es inocente y es en extremo peligroso. Cuando desde el poder se deshumaniza al adversario se prepara el terreno para perseguirlo y desconocer derechos fundamentales, y cuando se presenta la diversidad política como una amenaza, se empieza a justificar la censura, la exclusión y la violencia, y se abre la puerta a un Estado represor, dogmático y terriblemente antidemocrático. Cuando se ataca a quienes piensan distinto, inevitablemente se pone en riesgo la memoria colectiva, los símbolos y los relatos que sostienen la identidad de una nación.
Por ello la decisión de proteger aquellos objetos, documentos y símbolos que representan nuestra historia de luchas sociales, conquistas democráticas y defensa de la dignidad humana, es además de legítima, necesaria y es un acto de responsabilidad con la historia y con el pueblo colombiano. Se trata de impedir que un poder autoritario, dominado por el odio, la estulticia y la revancha, destruya o manipule el patrimonio común para imponer una versión maniquea y engañosa del pasado.
La amenaza no es únicamente cultural. Un gobierno que desprecia los límites democráticos, que trata a la oposición como una plaga y que tolera discursos de exterminio político puede convertir las instituciones en instrumentos de persecución. Allí donde desaparecen el respeto por el contradictor y la defensa de la verdad histórica, también se debilitan la justicia, la libertad y la posibilidad de alternancia. Por eso la protección del patrimonio histórico no puede ser vista como una maniobra partidista. Es una responsabilidad nacional. Poner a salvo los símbolos de las luchas populares significa impedir que sean profanados, destruidos o utilizados para legitimar un proyecto de dominación. Significa defender el derecho de las futuras generaciones a conocer su historia completa: sus héroes, sus víctimas, sus rebeliones y sus conquistas.
Los símbolos nacionales pertenecen a los pueblos que los han construido con sacrificios, dolor, derrotas y victorias. Cada bandera, cada monumento, cada documento y cada pieza histórica recuerda que los derechos no fueron concedidos generosamente por las élites; no, fueron conquistados por campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y ciudadanos que se negaron a aceptar la injusticia como destino y entregaron su tranquilidad, su tiempo, sus ideas y hasta su vida, a la causa de la justicia y la libertad.
Los poderes de ocupación —incluso cuando gobiernan desde el territorio nacional— suelen destruir aquello que une a la sociedad y alimenta su conciencia histórica. Desaparecer símbolos, borrar nombres, reescribir episodios y convertir a los luchadores sociales en enemigos permite fabricar una ciudadanía dócil, sin memoria y sin capacidad de reconocer los abusos del presente ni de añorar el cartapacio de derechos ratificados y ampliados a través de la Carta Política de 1991.
Frente a un poder que pretende gobernar mediante el miedo y el desprecio, la respuesta debe ser firme, democrática y organizada. No podemos permitir que la intimidación determine qué se conserva, qué se recuerda y qué se elimina. La memoria de un pueblo no puede quedar en manos de quienes consideran enemigos a millones de ciudadanos.
Proteger nuestros símbolos es proteger nuestra historia. Defender nuestra historia es defender la democracia. Y defender la democracia exige impedir que el odio, el autoritarismo y la lógica de la exterminación política se conviertan en una nueva norma del poder.
Maureén Maya S
Foto tomada de: Vanguardia
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