El informe es elaborado y publicado por las tres principales plataformas de derechos humanos de la sociedad civil en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
500 Ongs colombianas señalan las preocupaciones sobre el retroceso en derechos, paz y democracia que presenta los primeros días de mandato del nuevo gobierno de Colombia.
Avances sociales significativos con persistentes brechas territoriales
El informe destaca que el cuatrienio representó una inflexión política donde la paz, la justicia social, el campesinado, la equidad de género y la transición energética se posicionaron en el centro de la agenda pública. Entre los resultados más significativos se encuentra la reducción simultánea de la pobreza y la desigualdad a niveles históricos: entre 2022 y 2025, la pobreza monetaria disminuyó del 36,6% al 28,0%, la pobreza extrema bajó del 13,8% al 9,6% y el coeficiente de Gini descendió de 0,556 a 0,531.
“El gobierno saliente demostró que con voluntad política e inversión social es posible mover los indicadores de pobreza. Sin embargo, la justicia social no se concreta únicamente con decretos o metas nacionales si las comunidades en los territorios siguen atrapadas entre la informalidad y la presencia de actores armados”, señaló Aura Rodríguez, vocera de las plataformas de derechos humanos, agregando que “la democracia, la paz y los derechos no pueden depender de un gobierno, un partido o una ideología. Son patrimonio de la sociedad y conquistas que deben trascender los gobiernos. La construcción de paz exige garantizar derechos. No a la criminalización de las comunidades campesinas cultivadoras de coca. Sí a una política de drogas basada en consensos internacionales.
No puede haber retrocesos en los derechos conquistados. Colombia debe avanzar en la implementación de la política de desmantelamiento de estructuras armadas, fortalecer los canales de diálogo con organizaciones sociales, garantizar una distribución más equitativa de la tierra.
Es preocupante la militarización de las vidas de las personas en una sociedad patriarcal que cuestiona los derechos de la mujer y de la niña, necesitamos avanzar en las conquistas logradas con el presidente Petro.
Necesitamos el contrapeso democrático de Naciones Unidas, del Papa León, de la comunidad internacional frente a una agenda de militarización, de asfixia de los acuerdos de paz con ex Farc de 2016, manteniendo los logros de la reducción de la pobreza efectiva para 4 millones de colombianos.
Petro puso la paz en la agenda central del Estado y como 500 ongs reconocemos los esfuerzos del presidente Petro de priorizar la protección de la vida, priorizar la lucha en contra de la desigualdad y debemos seguir avanzando en la reforma agraria y por eso pedimos a la comunidad internacional, a la ONU, a mass-media internacionales, que miren a los territorios de las periferias de Colombia, que acompañe las organizaciones sociales afro, campesinas, indígenas , de las mujeres, de las niñas para defender los derechos humanos e impedir que la violencia siga creciendo con estas teorías de conspiración de Patria Milagro que considera las feministas y los defensores derechos humanos, en contra de la familia, no es verdad, es mentira. Exigimos al Gobierno de la Espriella que no debilite la presencia del Estado en las regiones, que atienda los derechos a la educación gratuita y de calidad, derecho a la salud, a la alimentación y DESC para todo el pueblo colombiano”, concluyo Aura Rodríguez.
El director de Indepaz – Leonardo González Perafan evidencia un panorama preocupante del primer mes del nuevo gobierno.
Al respecto, Leonardo González Perafan denuncia que “a un mes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, la violencia contra las comunidades continúa. Entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, Indepaz registra: 16 líderes y lideresas sociales asesinados, 5 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, 10 masacres. Detrás de cada cifra hay personas, familias, comunidades y territorios. La protección de la vida debe ser una prioridad. La paz sigue siendo urgente”.
Como forma de presión en contra del nuevo gobierno de extrema derecha, la Embajada de Suecia ha entregado el premio nacional a los/as defensores/as de derechos humanos en Colombia.
La Senadora indígena Aida Quilche (candidata a la vicepresidencia de la república) saluda que el programa Mujer del Consejo Regional Indígena del CRIC (nacido en 1972 con el respaldo del misionero de la Consolata, padre Antonio Bonanomi in Toribio) ha ganado el premio nacional de derechos humanos, afirmando que “estuvimos en el Premio Nacional de Derechos Humanos, un espacio para reconocer a quienes defienden la vida y la dignidad en nuestros territorios. Desde aquí reafirmamos nuestro compromiso, seguiremos defendiendo los derechos humanos y acompañando las luchas de quienes trabajan cada día por un país donde defender la vida no sea un riesgo. Las mujeres del Programa Mujer CRIC nos recuerdan que defender los derechos humanos también es organizarse, resistir y construir colectivamente. Hoy celebramos este reconocimiento a una experiencia que nace desde los territorios y fortalece las luchas de las mujeres indígenas. La defensa de los derechos se hace en colectivo”.
“Un hemisferio que cumple”: secretario de Estado, Marco Rubio (EEUU) sobre su visita a Colombia, Ecuador y Perú
El día nacional de los derechos humanos que Colombia conmemora el día 9 de septiembre en memoria del jesuita Pedro Claver que liberó los esclavos en Cartagena, tiene un valor simbólico muy importante por la llegada en Barranquilla del secretario de Estado, Marco Rubio (EEUU), que en el Espectador ha escrito: “Eso es un hemisferio que cumple. Esta semana viajaré a Barranquilla, Quito y Lima para destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense: Estados Unidos cumple. Estamos colaborando de forma directa con Colombia, Ecuador y Perú para consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región siga estando bajo el control soberano de cada país. (…)
En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los carteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio. Terminar con la migración ilegal ya les ha impedido obtener decenas de miles de millones de dólares al año, y nuestra cooperación para erradicar el narcotráfico limitará aún más los recursos que tienen para hacer el mal. (…) Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado en nuestro hemisferio con promesas que esconden sus prácticas predatorias. Muy a menudo, su participación adopta la forma de contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación de trabajadores y destrucción ambiental. Cuando los activos críticos de un país quedan bajo la propiedad o el control de otra nación, los países pierden su derecho sagrado a decidir su propio destino y enfrentan graves amenazas a su soberanía nacional, la privacidad de los datos y la independencia económica”, señala El Espectador
(https://www.elespectador.com/mundo/america/un-hemisferio-que-cumple-marco-rubio-sobre-su-visita-a-colombia-ecuador-y-peru/?cx_testId=28&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s).
La comunidad internacional observa con preocupación que “De la Espriella no consultó al Consejo de Estado sobre operaciones conjuntas con Estados Unidos”, como relata Cambio.
“Frente a la duda de cómo serán las operaciones conjuntas que aseguró en agosto el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la ONG Temblores le preguntó al Consejo de Estado, el tribunal que por Constitución tiene que emitir un concepto favorable para ello, si el Gobierno nacional le había pedido uno. La respuesta la recibieron este 7 de septiembre y, después de revisar los registros y la documentación que reposan en la Presidencia y en la Secretaría General de la Corporación, el alto tribunal contestó que no (…)
“No se encontraron solicitudes dirigidas a esta Corporación mediante las cuales se haya requerido la emisión de concepto en relación con el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras en territorio colombiano, ni específicamente respecto de eventuales operaciones militares conjuntas entre Colombia y los Estados Unidos de América”, informó la Secretaría General, según quedó consignado en el oficio. El Consejo de Estado aprovechó la respuesta para explicar qué exige exactamente el numeral 3 del artículo 237 de la Constitución. La norma dice que le corresponde a la Sala Plena, no a cualquier sala del tribunal, emitir un concepto previo y obligatorio cuando se trata del tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional o de la estación y el tránsito de buques y aeronaves de guerra extranjeras. Y aunque la intervención es previa y obligatoria, el concepto que produce no ata al Gobierno. De todas maneras, para la mayoría de cosas que puedan significar “operaciones conjuntas”, De la Espriella debe pasar por el Congreso, ha afirmado la revista Cambio (https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/9/de-la-espriella-no-consulto-al-consejo-de-estado-sobre-operaciones-conjuntas-con-estados-unidos-esto-dice-el-tribunal).
¿Cómo lograr que las empresas respeten los derechos humanos y respondan por los impactos que generan?
Del 7 al 10 de septiembre de 2026, Bogotá fue el punto de encuentro de coaliciones nacionales de Finanzas Justas de más de 15 países, que se reunieron en la Asamblea General de Finanzas Justas, Bogotá 2026, con representantes de todo el mundo como Países Bajos, Alemania, Brasil, Bolivia, Nigeria, Suráfrica, que han transformado la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en un espacio académico de disputa frente a la militarización (hasta se cerró el aeropuerto) del viaje del representante del presidente Trump, Marco Rubio.
Al respecto, la periodista del Cinep, Daniela Mendoza, ha comentado que “durante varios días, compartirán investigaciones, experiencias y aprendizajes, coordinarán estrategias y definirán conjuntamente el rumbo de la red. Porque transformar las finanzas y enfrentar las desigualdades requiere conocimiento, organización y acción colectiva.
Este miércoles 9 de septiembre, conversamos sobre los avances y desafíos de las normativas de empresas y derechos humanos en Colombia, Brasil y la Unión Europea, y sobre el papel de la sociedad civil para impulsar estos cambios”.
La joven investigadora del Cinep, Carolina Matiz ha agregado que “En la Asamblea de Finanzas Justas, nos juntamos con Oxfam, Censat y representantes de 15 países a nivel mundial, a reflexionar sobre responsabilidad corporativa, sector financiero y derechos humanos. Intercambiamos experiencias con países como Brasil y compartimos la memoria de Colombia, donde por décadas diversos sectores, comunidades y organizaciones hemos sumado esfuerzos para que los impactos de las operaciones empresariales no queden en la impunidad. Contar con marcos regulatorios sólidos no debe generar temor en el sector empresarial. Las empresas que actúan con debido proceso, respetan los derechos, garantizan la participación de las poblaciones y protegen los bienes comunes ya están haciendo lo correcto. La regulación simplemente establece reglas claras para impedir que las multinacionales concentren privilegios mientras los territorios asumen los costos sociales y ambientales. Respetar la dignidad humana y la naturaleza no puede ser algo voluntario. Exigimos marcos regulatorios obligatorios con mecanismos efectivos de investigación, sanción y reparación para las víctimas”, concluyo Carolina Matiz.
El escenario de la universidad jesuita de la Javeriana fue el epicentro de un debate mundial que – por primera vez en un espacio académico de alto nivel – interpreta el nuevo gobierno del presidente De la Espriella desde el enfoque del “Cristo Fascismo”.
En el marco del tercer día de la Asamblea Global de Finanzas Justas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la destacada coordinadora de varios proyectos del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP (que tiene una trayectoria de 50 años de lucha), Jenny Ortiz Fonseca ha subrayado que “El nuevo gobierno del Cristo-Fascismo -. como los define el teólogo Tamayo – abre las puertas a la captura corporativa del Estado donde se priorizan los intereses capitalistas de las grandes empresas que no respetan los derechos humanos. La Movilización del poder popular ha logrado condenas importantes como por ejemplo la multinacional Drummond para financiar el paramilitarismo.
Hay que dejar la constancia histórica de las denuncias y el método rigoroso del padre Javier Giraldo, para luchar en favor de las víctimas del extractivismo y del despojo de tierra de multinacionales: las impresas no son intocables.
Con el nuevo presidente De la Espriella, Vamos a entender que el fascismo es una auto reglamentación capitalista, vamos a estudiar el libro “Los condenados de la tierra” de Fanon y luchar por la digna rabia como nos ha enseñado el p. Javier Giraldo, que sigue vivo en las reivindicaciones justas de los pueblos marginalizados”.
El Teólogo y filosofo de SICSAL Abilio Peña Buendía había analizado en “Religión Digital” hace un mes que “La Colombia subordinada de De la Espriella y los Estados Unidos de Trump, parecen ya uno sólo, orientados por la ultraderecha política y el cristianismo nacionalista. (…) La expresión cristofascismo fue creada por la teóloga alemana Dorothee Söell, profesora del Seminario Teológico de Nueva York. Se refiere a la utilización de lo religioso para alcanzar objetivos neoconservadores (fascistas) engendrando sentimientos de odio con principios como los de familias binarias, la exaltación de la propiedad privada, una raza blanca superior, el libre mercado, el militarismo, el sexismo y la explotación neocolonial del llamado tercer mundo”.
El pasado 4 de septiembre, el teólogo español Juan José Tamayo, publicó en el País de Madrid, el articulo “Javier Giraldo, profeta de los derechos humanos”, evidenciando que “Javier Giraldo nos ha dejado cuando más le necesita Colombia, que inicia una etapa de violación de los derechos humanos en nombre de Cristo, pieza clave del proyecto blasfemo de De la Espriella “Patria Milagro”. La mejor respuesta es seguir las huellas de Javier para frenar el “cristoneofascismo” que se inaugura”.
¿Como fue la vida del Padre Javier Giraldo?
La última ministra de justicia del gobierno del presidente Petro, Cielo Rusinque Urrego, ha analizado que “el padre Javier Giraldo recibió la sólida formación clásica de una Compañía todavía marcada por el mundo preconciliar. Pero hizo suya, con radicalidad, la apertura del Concilio Vaticano II. Una Iglesia llamada a mirar hacia afuera, hacia lo social, hacia el sufrimiento humano y hacia lo profundamente político que hay en la exigencia del Evangelio.
No lo hizo sin dificultad. Le correspondió abrir caminos en medio de una Iglesia colombiana muchas veces conservadora y tradicionalista. Una Iglesia que no siempre comprendió a quienes decidieron llevar hasta sus últimas consecuencias la opción por los pobres y el compromiso con las víctimas. También allí conoció la incomprensión y el dolor. Y también desde allí perseveró. Abriendo caminos.
Allí estuvo el centro de su vida. El amor eficaz. La convicción de que la fe no podía permanecer indiferente ante la injusticia.
Por eso Javier no fue un teólogo encerrado en una facultad. Fue, ante todo, un cristiano de la liberación. Y lo fue desde una perspectiva profundamente ecuménica. Caminando junto a católicos, protestantes, creyentes y no creyentes allí donde estuvieran en juego la dignidad humana, la verdad y la justicia.
Hizo de Colombia su lugar de estudio, pero sobre todo su lugar de compromiso. Caminó sus territorios más golpeados. Escuchó a campesinos y comunidades perseguidas. Documentó durante décadas aquello que tantos preferían no ver. Trujillo, San José de Apartadó y tantas víctimas de la violencia política encontraron en él no solamente a un defensor, sino a alguien dispuesto a guardar sus nombres, reconstruir los hechos y enfrentarse al poder cuando el poder pretendía imponer el silencio.
Denunció crímenes, paramilitarismo, impunidad y responsabilidades estatales aun cuando hacerlo significó amenazas, persecuciones y seguimientos. Desde el CINEP, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política y la Comisión de Justicia y Paz convirtió la memoria en una forma de resistencia.
Y estuvo siempre con Camilo Torres. No como una estampa del pasado, sino como una pregunta cristiana y política que lo acompañó durante toda su vida. Javier perseveró durante años en la búsqueda de sus restos y tuvo, finalmente, el privilegio de recibirlos. Hay algo profundamente simbólico en esa imagen. Un sacerdote que dedicó su vida a buscar a los desaparecidos recibiendo, sesenta años después, los restos de otro sacerdote que había marcado su propia comprensión del compromiso cristiano.
La última vez que tuve el privilegio de conversar con el padre Javier fue junto al lecho de muerte del padre Alberto Múnera, S.J. Allí no estaba el hombre de hierro que durante décadas había enfrentado poderes inmensos. Estaba el amigo. Sencillo, silencioso, profundamente humano. Pendiente de Alberto y acompañándolo en oración.
Guardo especialmente esa imagen. Porque detrás del investigador riguroso, del defensor infatigable y del hombre que nunca temió incomodar al poder, había una persona modesta, cercana, sin pretensión alguna. Con una extraordinaria capacidad de irradiar vida y esperanza”, concluyo la ex ministra Cielo Urrego.
La ex alcaldesa de Apartado y ex comisionada presidencial por la implementación de los acuerdos de paz, Gloria Cuartas, ha subrayado que, “el Padre Javier Giraldo Moreno nos enseñó a vivir desde el amor, recorrió este país de las Geografías de la memoria, esculco, documentó los crímenes de Estado. Advirtió que asesinar civiles, desaparecer, asesinar campesinas y campesinos, mujeres, comunidades indígenas, afro, no era parte del conflicto. Acompaño a las víctimas de Colombia. Su llamado a una justicia real, efectiva y sustento que estos crímenes eran crímenes de Estado que exigían responsabilidad estructural del poder político, militar, económico. Nos enseñó con la práctica, con su ejemplo a vivir día a día en dignidad y nos mostró el amor del Dios que cuida, protege, defiende, se compromete a construir vida en dignidad, que no tiene miedo, comprometido con los y las más humildes. Sin miedo, sin acomodarse al poder. Construyó con la Comunidad de Paz de San José de Apartado una experiencia transformadora desde el derecho a defender la memoria, los territorios, a la organización comunitaria para sembrar y producir alimentos, educación liberadora, conciencia comunitaria, arraigo y ante todo principios rectores para mantener la esperanza desde la cotidianidad. En la tormenta, la oscuridad, la amenaza, la persecución de organismos del Estado, de la Brigada 17 y la Policía nunca retrocedió, nos enseñó el valor de la verdad y la constancia. Maestro de la dignidad, ruega por nosotros”.
El rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Luis Fernando Múnera Congote, S.J. considera que “Javier Giraldo Moreno, SJ, fue un Defensor incansable de los derechos humanos, la memoria y la dignidad de los más vulnerables, hizo de su vida un camino de servicio y entrega hacia quienes más lo necesitaban. Hoy doy gracias por su vida, por su compromiso y por su manera de salir al encuentro de los demás. Me uno en oración a sus familiares, amigos y a todas las personas que lo recuerdan con cariño y gratitud”.
Fernando Vargas Quemba junto a Iván Roberto Duque y Armando Valenzuela Ruíz, fueron “los tres fundadores del Movimiento de Restauración Nacional (Morena) impulsado por los paramilitares del Magdalena Medio”, según Daniel Coronel en el artículo de Semana, “La huella nazi”, ha enfatizado que “El doctor Vargas Quemba, además de activo defensor de militares involucrados en casos de violación de derechos humanos, incluyendo asesinatos de civiles, ha sido fervoroso practicante de la ortodoxia católica de monseñor Marcel Lefebvre. De este hecho da cuenta una investigación del periodista Norbey Quevedo para El Espectador. El culto lefebvrista es el mismo que practica el señor procurador Alejandro Ordóñez (https://www.semana.com/opinion/articulo/la-huella-nazi/202102/).
El día 25 agosto 2026, en sus redes sociales, Fernando Vargas Quemba, ha comentado que “Murió el cura jesuita marxista Javier Giraldo. Perseguidor de comunidades campesinas y negras que se resistían al terror guerrillero. Su ejercicio desde las ong Cinep y Justicia y paz, entre otras, lo hizo muy apreciado por las guerrillas y toda la izquierda criolla a quienes correspondía sus afectos. Dios lo perdone”.
Hay que recordar que el día 6 junio 2021, la Senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) ha escrito que “El cura Javier Giraldo y el obispo Monsalve pertenecen a la “teología de la liberación”; corriente marxista dentro de la iglesia católica, que surge con la tergiversación del mensaje de la encíclica papal “populorum progressio”.
El profesor de la Universidad Santo Tomas, destacado referente de la Comisión de Justicia y Paz de los dominicos de Colombia y de Ipazde, Andrés Ricardo Inampues Borda, al respecto me ha comentado: “Hola Cristiano, no había visto este mensaje, pero te respondo: Cuando dicen “Javier Giraldo instrumentalizó la fe y la sotana para impartir marxismo y facilitar el trabajo ideológico de las guerrillas terroristas. Que nunca olvidemos eso. El oficio no hace al “santo”. Y Giraldo, jesuita marxista hizo mucho daño”, no conocen ni el marxismo, ni el papel de las guerrillas, ni el papel de Javier Giraldo.
Esta señora no conoce el marxismo que tiene los mejores análisis sobre la crítica al capitalismo. Eso incluso está de acuerdo con el pensamiento social cristiano. Lo que si no está de acuerdo es en la socialización y estatización de todos los modos de producción. Hay que luchar contra esa narrativa de acusar toda defensa de los derechos humanos en un “marxismo ligado a un terrorismo”. ¡Hay que luchar contra eso!”.
¿Qué ocurre cuando la religión deja de ser solamente una expresión de la conciencia y comienza a utilizarse como instrumento de legitimación política?
Colombia enfrenta una discusión que no podemos eludir: ¿qué ocurre cuando la religión deja de ser solamente una expresión de la conciencia y comienza a utilizarse como instrumento de legitimación política?
La última ministra de justicia del gobierno del presidente Petro, Cielo Rusinque Urrego, en un mensaje del día 2 de agosto de 2026, ha señalado que “Lo de Abelardo no parece una suma de episodios aislados. Las puertas cerradas en Chiquinquirá, el nombramiento de sacerdotes en cargos públicos, los retiros espirituales con todo el gabinete y la apelación permanente a una identidad religiosa revelan un mismo horizonte: la tentación de volver a hacer del catolicismo un instrumento del poder. Hace algunos años, el sociólogo Jean-Marie Donegani recordaba que el gran desafío del catolicismo contemporáneo había sido aprender a habitar la pluralidad, dejando atrás la vieja intransigencia que durante tanto tiempo confundió la fe con el Estado y con el poder político. En Colombia conocemos demasiado bien esa historia. El largo maridaje entre el bipartidismo y buena parte del episcopado no consolidó una democracia; alimentó exclusiones, legitimó violencias y convirtió la religión, demasiadas veces, en un lenguaje de poder antes que en una palabra de esperanza. Pero nuestra propia historia también abrió otro camino. El Concilio Vaticano II, Medellín, la Constitución de 1991 y la irrupción de una Iglesia comprometida con los más pobres hicieron posible un catolicismo distinto: el de las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación nacida en América Latina, la teología del pueblo que inspiró a Francisco y que hoy León XIV prolonga desde su experiencia peruana. Un catolicismo que no pretende conquistar el Estado, sino construir democracia, justicia y sociedad civil desde abajo, junto a los excluidos. Por eso preocupa el regreso de un imaginario que creíamos superado: el de una religión utilizada para conferir legitimidad al poder político y para reconstruir una suerte de religión de Estado. Marx tenía razón al advertir que la religión puede convertirse en el opio de un pueblo cuando adormece su conciencia y se pone al servicio de la dominación. Pero Walter Benjamín nos enseñó que esa misma tradición religiosa puede convertirse en una memoria de los vencidos y en una fuerza de emancipación cuando se pone del lado de quienes la historia ha dejado al margen. Entre esos dos catolicismos hay una diferencia decisiva. Yo sigo el que nace en las periferias, acompaña a los pobres y fortalece la democracia. No el que vuelve a buscar en el poder la autoridad que el Evangelio siempre encontró en el servicio”.
Tradición, familia y propiedad, la cruzada de las sombras
El 29 de agosto, de 2026 el portal La Cajita de Hilos, ha publicado un interesante articulo donde destaca que “En el convulso escenario geopolítico de la Guerra Fría, América Latina se convirtió en un tablero de intensas luchas ideológicas. Mientras la Revolución Cubana de 1959 impulsaba olas de izquierda y la Iglesia Católica experimentaba el volcado renovador del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), en la orilla opuesta emergía una corriente de extrema derecha de corte ultracatólico e integrista. Su estandarte no era discreto: leones rampantes dorados grabados sobre paños carmesí y una propuesta doctrinaria sin matices dedicada a la defensa irrestricta de la jerarquía, la propiedad privada y el orden tradicional.
Fundada en Brasil en 1960 por el intelectual, político y académico Plinio Corrêa de Oliveira, la “Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade” (TFP) concibió la historia moderna como un proceso de “Revolución” destructora del orden cristiano medieval. Para combatir esta supuesta decadencia, Corrêa de Oliveira propuso una “Contra-Revolución” organizada (hoy se plantea como la “Batalla Cultural). La TFP no se constituyó canónicamente como un movimiento eclesiástico ni como un partido político formal, sino como una organización cívico-cultural de laicos de extrema derecha que buscaba incidir directamente en las élites socioeconómicas y movilizar la opinión pública del continente.
El modelo organizativo de la TFP se extendió con rapidez a toda Latinoamérica. Mediante la creación de filiales autónomas, pero doctrinalmente alineadas, el movimiento desplegó un estilo característico: jóvenes vestidos de traje y corbata, luciendo capas y estandartes rojos en las plazas públicas, vendiendo revistas de línea doctrinal combativa y recolectando millones de firmas contra el progresismo eclesial y las iniciativas de reforma agraria. En Argentina, la filial se canalizó tempranamente a través de la revista “Cruzada”, una publicación mensual que alimentó el pensamiento conservador de ultraderecha en la década de 1960.
El papel histórico de la TFP en América Latina trasciende la mera publicación de revistas y el proselitismo de calle. Durante las décadas de 1970 y 1980, el accionar del movimiento se entrelazó estrechamente con la consolidación de las dictaduras militares en el Cono Sur.
Cuando el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973, la filial chilena de la TFP (organizada originalmente en torno a la revista “Fiducia”) celebró abiertamente el golpe de Estado. De forma análoga, en Argentina y Brasil, la TFP brindó sustento ideológico a las juntas militares encabezadas por figuras como Castelo Branco, Garrastazu o Videla. La organización articuló una narrativa en la que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la persecución de opositores eran legitimadas como parte de una “guerra justa y sagrada” para salvar a la civilización cristiana de la amenaza soviética y de la subversión interna.
Aunque la TFP no era un organismo de inteligencia militar ni un cuerpo ejecutor de la “Operación Cóndor”, —el plan secreto de coordinación represiva transfronteriza ideado por los regímenes militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil con apoyo de EE. UU.—, la organización actuó como un elemento de legitimación doctrinaria dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional. Sus publicaciones justificaban el terrorismo de Estado como un mal necesario frente a lo que calificaban como el “virus revolucionario comunista”.
Los Archivos del Terror y diversas investigaciones sobre la represión en el Cono Sur registran cómo militantes e ideólogos de la TFP colaboraron en la delación de sacerdotes, religiosos y líderes comunitarios de izquierda. En el marco de la Operación Cóndor, la caracterización de un catequista o de un líder campesino como “marxista infiltrado” —etiqueta promovida sistemáticamente en la propaganda de la TFP— frecuentemente antecedió a la detención, desaparición o asesinato a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. La diplomacia vaticana y diversas conferencias episcopales (como la chilena en 1979) llegaron a marcar distancia formal y a condenar a la TFP por sus posturas extremistas y por su abierta rebelión contra la autoridad pastoral de la Iglesia católica.
Hacia finales de la década de 1960 y comienzos de los años 70, la organización echó raíces en el Colombia bajo el nombre de “Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP Colombia)”. Al igual que sus pares en Argentina y Brasil, la vertiente colombiana vio la necesidad de dotarse de un órgano de difusión de sus ideas. Nació así la revista “Tradición”, el directo equivalente colombiano de la revista argentina “Cruzada”.
“Tradición” se convirtió en el eje ideológico del grupo en el país. Sus páginas combinaban una cuidadosa estética medievalista —caracterizada por tipografías solemnes, ilustraciones de caballeros de las Cruzadas y grabados clásicos— con agresivos editoriales contra la coyuntura política nacional e internacional. El blanco prioritario de sus ataques fue la Teología de la Liberación a la que la TFP denominaba de frente como “infiltración marxista en la Iglesia”. En un país predominantemente católico, la organización concentró gran parte de su artillería verbal contra aquellos sectores del clero que abogaban por la opción preferencial por los pobres, a quienes acusaban de ser “compañeros de ruta” del comunismo internacional.
Junto a “Tradición”, la organización editó boletines de formación interna y propaganda como “Covadonga”, distribuidos por brigadas de jóvenes militantes en los centros urbanos de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Manizales. La organización operaba como un grupo de presión política y doctrinal que influenciaba a sectores de la burguesía urbana y terrateniente tradicional.
En los años 80, TFP Colombia intervino en los debates jurídicos y agrarios del país. Ante la intensificación del conflicto armado y la presión de los grupos insurgentes en el campo, la organización promovió abiertamente postulados sobre la “legítima defensa privada” en el sector rural. Respaldada por juristas destacados de la época —entre ellos el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Humberto Barrera Domínguez, y el abogado penalista Julio Romero Soto—, la TFP argumentó la validez de la autodefensa armada y la intangibilidad del derecho a la propiedad privada frente a las amenazas guerrilleras, en otras palabras, legitimó la creación de los primeros grupos paramilitares. Su participación en la creación del movimiento político MORENA en Puerto Boyacá fue pública y con él pretendieron legitimar la matanza y el despojo que los paramilitares realizaron en la región del Magdalena Medio, asesinando líderes sociales, especialmente militantes de la UP, y desplazando poblaciones de campesinos para acaparar sus tierras.
Con la muerte del fundador Plinio Corrêa de Oliveira en 1995 y la caída del bloque soviético que puso fin a la Guerra Fría, la TFP experimentó profundas fragmentaciones internas. El movimiento se dividió por la propiedad de la marca y la dirección doctrinal.
Por un lado, sectores duros continuaron la labor doctrinal bajo colectivos como el “Instituto Plinio Corrêa de Oliveira” en Brasil o diversas corporaciones civiles dedicadas al cabildeo político conservador en América Latina y Estados Unidos bajo el nombre de organizaciones Pro Vida.
La otra vertiente se transformó en una asociación de derecho pontificio denominada “Los Heraldos del Evangelio” (conocidos ampliamente en Colombia como los “Caballeros de la Virgen”), fundada por João Scognamiglio Clá Dias, quien fuera la mano derecha de Corrêa de Oliveira. Esta facción camufló las proclamas de militancia política abierta y adoptó un perfil religioso y devocional manteniendo al mismo tiempo una estética neoconservadora de hábitos medievales y estandartes, centrado en el culto mariano a la Virgen de Fátima y muy especialmente en el Segundo Secreto dado a los pastorcitos que fueron testigos de sus apariciones: “Consagrad a Rusia a mi Inmaculado Corazón y así no propagará sus errores por el mundo.”
La misma estrategia utilizada por los fascistas portugueses y españoles Oliveira Salazar y Francisco Franco, usar a la Virgen de Fátima como mecanismo de control social”, concluyó el artículo del portal Una Cajita de Hilos (https://unacajitadehilos.blogspot.com/2026/08/tradicion-familia-y-propiedad-la.html?m=1).
Conclusión
“La autocrítica dentro del Pacto Histórico debe conducir a evitar que se siga dando vueltas sobre el mismo punto ciego, como viene ocurriendo desde el momento en que Iván Cepeda reconoció la derrota. Es hora de dar paso a nuevos liderazgos de Carolina Corcho”, yo mismo he publicado en las redes sociales este twit del día 30 de agosto de 2026, que ha despertado mucho interés, con 17.000 visualizaciones.
Me refería al artículo “Pacto Histórico: es la hora del remezón y la autocrítica”, donde Jorge Gómez Pinilla ha señalado que “El ejercicio de autocrítica que proponemos incluye la necesidad de identificar los principales errores, comenzando por ese dañino triunfalismo que se hizo notorio en una entrevista del candidato con Noticias Caracol, cuando afirmó con total firmeza que el “voto invisible” que no aparecía en las encuestas conduciría al Pacto Histórico a un triunfo arrasador en la primera vuelta, mientras se les impedía el acceso a la campaña a personas que llegaban con importantes aportes (unos creativos, otros monetarios), y a los que ni siquiera se les dio una respuesta de cortesía”.
Estoy de acuerdo con la respuesta de la senadora y exministra Carolina Corcho, que ha destacado que “La única manera como tú enfrentas el fascismo es con las masas. Estamos ante un desafío muy grande, o nosotros construimos un partido de masas democrático con participación de las bases, o construimos una secta pequeña“.
Concluyendo, es preocupante que el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda NO haya comentado, NO haya respaldado el informe “Los alcances del cambio: brumas en el horizonte” publicado por las tres principales plataformas de derechos humanos de la sociedad civil en Colombia: que fueron los interlocutores principales que respaldaron sus años como coordinador del Movimiento de víctimas Movice (2004-2010), antes de entrar en la arena política en 2010.
La comunidad internacional observa con preocupación la ausencia de Iván Cepeda en los funerales del sábado 5 de septiembre considerando que el p. Javier Giraldo fue su mentor e inspirador en los años de común lucha del movimiento de víctimas del Movice, de la Comisión Ética Internacional, del Tribunal permanente de los pueblos TPP.
La senadora y psiquiatra, Carolina Corcho (destacada presidenta de la Corporación Latinoamericana SUR, que publica semanalmente la revista Sur) ha tomado posición – el día 9 de septiembre – en contra de las afirmaciones del actual ministro de Defensa que justifica el bombardeo de campamentos con niños y niñas reclutados forzadamente considerándolos “niños combatientes”, y así mantiene vigente la ideología de “los niños son máquinas de guerra” implementada por el ministro Diego Molano en 2021. Recuerdo que el día de las manos rojas he acompañado en la Plaza Bolívar al secretario de 50 Ongs italianas del CIPSI, Nicola Perrone, como documentado en mi artículo “¿Por qué Colombia exporta la doctrina de “los niños son máquinas de guerra” en Sudan, en Ecuador y en el Cauca? ( https://www.religiondigital.org/america/colombia-exporta-doctrina-ninos-son_1_1444555.html ).
La senadora Carolina Corcho (Pacto Histórico) ha denunciado que “los niños, niñas y adolescentes no están en la guerra por voluntad. Es reclutamiento forzoso. Es un delito de lesa humanidad. Que el gobierno de Abelardo de la Espriella afirme lo contrario es inaceptable. Exigimos inteligencia y contrainteligencia con precisión. Respeto al DIH y principio de precaución: donde haya un menor, no hay bombardeo. Que la Comisión Segunda cite al Ministerio de Defensa ya. La vida de la niñez víctima está primero”.
El ex presidente progresista Gustavo Petro ha recordado que “ha muerto el padre jesuita Javier Giraldo. Quizás nuestro mejor defensor de los derechos humanos. Su compromiso total con la comunidad de San José de Apartadó convertida en una comunidad de paz martirizada por la masacre, fue, quizás, su obra social más memorable.
Me enseñó como investigar la inmensa mortandad que dejaron los narco-paramilitares y fue gracias a su método que puede hacer mis debates en el Congreso de la Republica sobre la parapolítica. Adiós amigo, ha muerto en la luz y la verdad”.
El padre Javier Giraldo la define como una “Plataforma Socio Estatal de Exterminio Impune” y tiene un impacto internacional gracias al trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos (junto al sociólogo de la religión François Houtart y el premio nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel) de juristas reconocidos a nivel mundial como por ejemplo Gianni Tognoni y Luigi Ferrajoli de Roma, Daniel Feirestein profesor de la Uba de Buenos Aires, Michel Forst de Paris, entre otros.
El jesuita Javier Giraldo explicaba que “Hemos llegado a la conclusión de que todos estos crímenes son perpetrados contra líderes de base que defienden derechos humanos, como las guardias indígenas y campesinas, los líderes de la Junta de Acción Comunal, las víctimas y los reclamantes de tierras. Esto constituye una política generalizada que, aunque no está escrita, se refleja en la práctica por ser sistemática. Encontré un texto de los años 80 en el que un general retirado instruyó a un líder paramilitar de la época. El general les dijo que estaban matando a demasiadas personas en grupos, lo que afectaba su imagen ante el mundo; por lo tanto, debían “matar graneado”. Eso es lo que se aplica hoy: matan a un líder en Tumaco, al día siguiente a un reclamante de tierras en Urabá, luego a un líder del movimiento del Catatumbo, y así sucesivamente a lo largo del país. Eso es lo que llamamos una “Plataforma Socio Estatal de Exterminio Impune”, que busca exterminar el movimiento social”.
Los legisladores estadunidenses Jesús Chuy García, representante a la Cámara por el estado de Illinois; Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York; y Greg Casar, representante por Texas, viajaron a Bogotá en agosto 2023 y en agosto de 2024 (yo he encontrado personalmente al congressman Greg Casar en el primer congreso panamericano) para encontrar al presidente Gustavo Petro que les explico la “Plataforma Socio Estatal de Exterminio Impune” planteada por el padre Javier Giraldo.
“Tres congresistas demócratas, opositores del gobierno del presidente Donald Trump, presentaron en junio de 2026 algunas iniciativas legislativas que tendrían consecuencias sobre la ayuda de Estados Unidos a Colombia en materia de seguridad.
Los legisladores Jesús Chuy García, representante a la Cámara por el estado de Illinois; Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York; y Greg Casar, representante por Texas, radicaron ante el Congreso tres proyectos para enmendar en el año fiscal 2027 la ley de autorización de defensa nacional. Esa es la norma que autoriza el gasto en seguridad para el gobierno de Estados Unidos.
La primera enmienda a esa ley es presentada por el representante de origen mexicano Jesús Chuy García y establece que deben revisarse y revaluarse los programas de asistencia en materia de seguridad con países cuyos dignatarios hayan tenido vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declarada organización terrorista por Estados Unidos, o con grupos sucesores de los antiguos paramilitares, considerando que los tres legisladores estadunidenses García, Ocasio y Casar conocen los antecedentes del millonario De la Espriella, que fue abogado defensor del ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso.
La segunda iniciativa, también del congresista Jesús Chuy García, establece que Estados Unidos debe continuar apoyando la implementación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, firmados en 2016. La enmienda sostiene que cualquier variación en la aplicación de esos acuerdos pone en riesgo tanto la seguridad nacional de Estados Unidos como la de Colombia.
La tercera reforma propuesta es iniciativa de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante a la Cámara por Nueva York; y Greg Casar, representante a la Cámara por Texas.
Esa enmienda le pide al Departamento de Estado de Estados Unidos que presente un informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Colombia entre 1980 y 2010 –con especial énfasis en los llamados “falsos positivos”–. Pide además evaluar si la asistencia militar estadounidense contribuyó a dichas violaciones a los derechos humanos.
Las iniciativas serán sometidas a votación en las próximas semanas. Los tres congresistas, autores de estas enmiendas a la ley de defensa nacional, tienen tres características en común:
Son miembros del Partido Demócrata que lucha por recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre.
Son de origen hispano: Jesús Chuy García nació en Durango, México; Greg Casar, su nombre completo es Gregorio Eduardo, proviene de familia mexicana; y Alexandria Ocasio-Cortez es hija de padres puertorriqueños.
Los tres son parte del grupo de 11 representantes a la Cámara que firmaron una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiéndole que cesara la interferencia de altos funcionarios de Estados Unidos en las elecciones de Colombia y llamando la atención sobre el ahora presidente electo Abelardo de la Espriella, sobre quien pedían investigar sus relaciones del pasado con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, el origen de su fortuna y su vinculación con Álex Saab, señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro”, ha documentado el articulo “Congresistas demócratas proponen reformas en cooperación que afectarían a Colombia” de Daniel Coronell, 26/06/2026 –( https://caracol.com.co/2026/06/26/congresistas-democratas-proponen-reformas-en-cooperacion-que-afectarian-a-colombia/ ).
Concluyo este artículo con las palabras de la ex alcaldesa de Apartado y ex comisionada presidencial por la implementación de los acuerdos de paz, Gloria Cuartas, que ha preguntado el día 9 de septiembre de 2026: “La crueldad y barbarie del señor De La Espriella tiene que tener límite. ¿Dónde está el movimiento de mujeres, el movimiento de los Derechos Humanos y paz, los sindicatos, los movimientos campesino e indígena?
¿Es natural el ingreso a barrios y veredas asesinando?
¿Es natural acabar el acuerdo de paz de 2016?
¿Es natural abandonar a su suerte a casi 12 000 mil Firmantes de paz?
¿Y dónde están los organismos de Control?”, concluyo Gloria Cuartas.
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Ha coorganizado el encuentro internacional de los movimientos populares con Papa Francisco, “Arena di Pace” (Verona, mayo de 2024).
Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá), Rebelión (Madrid), Alai (Quito).
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