La actividad política desprovista de violencia es entonces el signo esencial que nos permite afirmar que una sociedad es profundamente democrática, y por supuesto, es respetuosa del derecho a la paz ciudadana como su derecho contra mayoritario, cuando desarrolla la política de manera civilizada. Esa fue la esencia, el alma, el espíritu de lo que se acordó en las conversaciones de La Habana por más de tres años entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC; se pactó que en Colombia se renuncia para siempre por parte de las guerrillas y los diferentes actores armados a hacer política con armas; y que se reconoce al Estado como el único válido para ostentar legítimamente la violencia. De ahí que se precisara en el documento final que es fundamental modernizar las instituciones políticas para que la actividad política sea una actividad eminentemente ciudadana, y para que esta actividad se desarrolle en el marco de garantías y de partidos políticos modernos con democracia interna y con transparencia política sin que medie la violencia.
Pero en la actividad política nada sucede de forma automática; es necesario que la política se mueva, sea dinámica, controversial, adversarial, dialéctica. Declarar la voluntad de transformar las costumbres políticas y acordar reformas y modernizar los partidos políticos no es suficiente para que se pongan en funcionamiento los dispositivos políticos necesarios por parte de la sociedad política y la sociedad civil para que por arte de magia se adelante las reformas políticas, sociales y económicas que garantice en Colombia una transición hacia un nuevo país sin violencia política. Igualmente, dejar la tarea de la transformación y las reformas en manos de los políticos tradicionales, a quienes les es funcional la actividad política violenta, tramposa y mafiosa, tampoco es la garantía para lograr el propósito de tener una futura paz política.
Terminado en el parlamento el periodo de trámite de los acuerdos de La Habana ha quedado entonces una gran lección debido al fracaso en la discusión y el posterior archivo por parte del congreso de la mutilada propuesta de reforma política (torcida en el camino del trámite por los partidos políticos tradicionales), y en general, con el pobre resultado en la implementación legislativa de los acuerdos de paz. Primero, que se necesita construir voluntades políticas mucho más allá del gobierno; y segundo, que es preciso meterle pueblo a las grandes transformaciones que el país requiere: A la implementación de los acuerdos de La Habana le falta la gente.
Las FARC prefirieron una negociación técnica y política sin la activa participación de la sociedad civil, y con la decisión política de que esos acuerdos se ratificaran por parte de la ciudadanía de manera plebiscitaria. Es cierto, que ese cálculo político de la solidez de los acuerdos por arriba y de la refrendación de la negociación con el apoyo del gobierno podría ser un buen activo para socializar los acuerdos de manera pronta, y sin una gran difusión y consenso sobre lo acordado con la ciudadanía. Equivocadamente, insurgencia y gobierno dejaron en manos de la presunción civilista de la ciudadanía de que la paz es buena de por sí. El resultado fue inesperado: La ciudadanía, engañada o no informada, voto mayoritariamente por desaprobar lo acordado.
Se dejó igualmente en manos del Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Republica, mediante una facultad especial de tramite de urgencia, la facultad de convertir en actos legislativos y leyes ordinarias los diversos acuerdos, tanto en materia de reincorporación de los excombatientes; así como reformas económicas y políticas que beneficiarían las regiones que sufrieron directamente el conflicto armado, y algunas otras reformas tendientes a la reparación política de esas comunidades.
Las FARC dispusieron de tríos de notarios en cada Cámara como voceros de paz para que acompañaran e ingenuamente vigilaran el trámite legislativo y los propósitos reformistas de quienes, sabiéndolo, han sido los mayores responsables de la violencia política en Colombia. Y el resultado no pudo ser mas que desastroso: Se hundió el intento de reforma política, fortunosamente muy distante de lo que se acordó en La Habana, garantía de una transición democrática; la Justicia Especial para la Paz fue aprobada con serias limitaciones; y con la ausencia obligatoria de que allí comparezcan todos los actores del conflicto armado sindicados de violaciones a las normas del Derecho de Guerra; y las otras pocas reformas aprobadas en medio de grandes y tortuosos debates, dependerán para su ejecución de la voluntad política y de la asignación presupuestal del próximo gobierno. De tal manera, que el balance final es por lo demás muy pobre. Una gran oportunidad de paz se ve seriamente amenazada por creer que en política las cosas suceden de manera automática.
Todavía hay tiempo para aprovecharlo políticamente bien. La campaña electoral deber ser un escenario para que las fuerzas democráticas y de izquierda nos unamos para hacer de la contienda política una lucha por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. El debate político y el acompañamiento a los acuerdos, que tuvieron un cerrado circulo de participación por parte de los negociadores, hoy día se imponen como la bandera que deberá acompañar la propuesta de una nueva Colombia nacida de la más amplia coalición de las fuerzas progresistas por paz con mayor democracia.
Es hora de una gran propuesta de defensa y de implementación de lo acordado en La Habana mediante un mecanismo popular constituyente, en el cual se empodere políticamente a las comunidades, organizaciones sociales, comunales y comunitarias y a la ciudadanía en general, para que entre todos hagamos del acuerdo de La Habana un gran propósito de paz nacional a fin de que la política en Colombia sea una actividad ciudadana desprovista de la acción armada y garantizada por el poder político del Estado.
De otro lado, se impone un gran acuerdo político entre partidos, movimientos políticos y organizaciones cívicas, comunitarias y ciudadanas, a fin de ganar la presidencia de Colombia en las próximas elecciones, como la única garantía de que lo poco aprobado legislativamente en materia de paz se cumpla en materia presupuestal y de implementación como política pública en el próximo gobierno.
HECTOR ALONSO MORENO PARRA
Claro y preciso análisis sobre la implementación agridulce del Acuerdo de paz. hay que corregir el rumbo perdido.
Saludo
Señores, este poder viene en manos de las mismas familias, roscas,partidos políticos hasta llegar a nuestros días convertidos en clanes, mafias etc. ¿Còmo despojarlos de este empoderamiento que cada vez màs fuerte.? Llevan décadas haciendo este trabajo sucio. Para cambiarlos no es posible de un dia por otro. Tenemos que empezar a convencer al pueblo que todos unidos lo podemos votando en BLANCO pero cada 4 años durante décadas como lo hicieron ellos.No hay otro camino.
Èdgar Victoria Gonzàlez
robinsonmasso@yahoo.com
Señoras y señores, la Masacre de las Bananeras ocurrió durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez. El señor Alejandro Cabal hay Pombo fue ministro de gobierno y de guerra de Abadía, y efectivamente, es familiar de María Fernanda Cabal. Más precisamente, es el tío abuelo segundo. ¿Ahora entienden por qué niega la masacre?
Pero no solo eso, el hermano de Alejandro Cabal Pombo, Ciro Cabal Pombo, se casó con Matilde Cecilia Cabal Madriñán, quien es sobrina segunda de Rosa Madriñán Vásquez, quien es la esposa y prima del tío de Mariano Ospina Pérez (que fue presidente de Colombia), Mariano Ospina Vásquez. Matilde Cecilia Cabal Madriñán además es hija de Modesto Cabal Galindo, fundador de los ingenios azucareros Pichichí y Providencia (este último pasaría a formar parte de la Organización Ardila Lülle). La tía paterna de Alejandro Cabal Pombo, Georgina Cabal Salcedo, se casó con Daniel Sanclemente Cabal, quien es sobrino de Manuel Antonio Sanclemente Sanclemente (que también fue presidente de Colombia). Otro sobrino de Manuel Antonio Sanclemente, Joaquín Sanclemente Becerra, se casó con Julia Pombo Martínez, quien es la tía materna de Alejandro Cabal Pombo.
Mariano Ospina Pérez fue ministro de obras públicas de Miguel Abadía Méndez. Manuel Antonio Sanclemente fue secretario de gobierno y de guerra de Mariano Ospina Rodríguez, que también fue presidente de Colombia y abuelo de Mariano Ospina Pérez.
Además, “casualidad” que el señor Modesto Cabal Galindo, le haya comprado la hacienda Pichichí donde fundó el ingenio Pichichí a Manuel Antonio Sanclemente, y la hacienda Providencia donde fundó el Ingenio Providencia, a un familiar de Manuel Antonio, Francisco María Sanclemente. Recordemos que el Ingenio Pichichí recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro, y recordemos que el Ingenio del Cauca (Incauca) que pertenece también a la Organización Ardila Lülle, también recibió subsidios de Agro Ingreso.
Los mismos con las mismas, colombianos. Los mismos ricos dueños de las tierras y los monopolios empresariales que se meten a gobernar para beneficiarse a ellos mismos y seguir siempre en el poder. ¿Y todavía hay gente que cree el cuento pendejo del “castrochavismo” y de que le van a entregar el país a las “Farc”?