En política nada sucede de forma automática

La política es un ejercicio que tiene en la ostentación del monopolio de la fuerza por parte del Estado su núcleo central. Ese hecho, es la piedra angular del poder político en un Estado de Derecho que lo distingue de un Estado de Naturaleza, es el eje que permite que el ejercicio de la política democrática sea una actividad que se ejerza sobre la base de no acudir a las armas o a la violencia por parte de los ciudadanos; actor político esencial para el ejercicio de la misma. De ahí, que todas las instituciones políticas, incluido los partidos políticos, dependen de la actividad no violenta; dependen, es de la actividad civilizada y democrática de todos los ciudadanos y de que el Estado ejerza a cabalidad el poder político.

La actividad política desprovista de violencia es entonces el signo esencial que nos permite afirmar que una sociedad es profundamente democrática, y por supuesto, es respetuosa del derecho a la paz ciudadana como su derecho contra mayoritario, cuando desarrolla la política de manera civilizada. Esa fue la esencia, el alma, el espíritu de lo que se acordó en las conversaciones de La Habana por más de tres años entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC; se pactó que en Colombia se renuncia para siempre por parte de las guerrillas y los diferentes actores armados a hacer política con armas; y que se reconoce al Estado como el único válido para ostentar legítimamente la violencia. De ahí que se precisara en el documento final que es fundamental modernizar las instituciones políticas para que la actividad política sea una actividad eminentemente ciudadana, y para que esta actividad se desarrolle en el marco de garantías y de partidos políticos modernos con democracia interna y con transparencia política sin que medie la violencia.

Pero en la actividad política nada sucede de forma automática; es necesario que la política se mueva, sea dinámica, controversial, adversarial, dialéctica. Declarar la voluntad de transformar las costumbres políticas y acordar reformas y modernizar los partidos políticos no es suficiente para que se pongan en funcionamiento los dispositivos políticos necesarios por parte de la sociedad política y la sociedad civil para que por arte de magia se adelante las reformas políticas, sociales y económicas que garantice en Colombia una transición hacia un nuevo país sin violencia política. Igualmente, dejar la tarea de la transformación y las reformas en manos de los políticos tradicionales, a quienes les es funcional la actividad política violenta, tramposa y mafiosa, tampoco es la garantía para lograr el propósito de tener una futura paz política.

Terminado en el parlamento el periodo de trámite de los acuerdos de La Habana ha quedado entonces una gran lección debido al fracaso en la discusión y el posterior archivo por parte del congreso de la mutilada propuesta de reforma política (torcida en el camino del trámite por los partidos políticos tradicionales), y en general, con el pobre resultado en la implementación legislativa de los acuerdos de paz.  Primero, que se necesita construir voluntades políticas mucho más allá del gobierno; y segundo, que es preciso meterle pueblo a las grandes transformaciones que el país requiere: A la implementación de los acuerdos de La Habana le falta la gente.

Las FARC prefirieron una negociación técnica y política sin la activa participación de la sociedad civil, y con la decisión política de que esos acuerdos se ratificaran por parte de la ciudadanía de manera plebiscitaria. Es cierto, que ese cálculo político de la solidez de los acuerdos por arriba y de la refrendación de la negociación con el apoyo del gobierno podría ser un buen activo para socializar los acuerdos de manera pronta, y sin una gran difusión y consenso sobre lo acordado con la ciudadanía. Equivocadamente, insurgencia y gobierno dejaron en manos de la presunción civilista de la ciudadanía de que la paz es buena de por sí. El resultado fue inesperado: La ciudadanía, engañada o no informada, voto mayoritariamente por desaprobar lo acordado.

Se dejó igualmente en manos del Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Republica, mediante una facultad especial de tramite de urgencia, la facultad de convertir en actos legislativos y leyes ordinarias los diversos acuerdos, tanto en materia de reincorporación de los excombatientes; así como reformas económicas y políticas que beneficiarían las regiones que sufrieron directamente el conflicto armado, y algunas otras reformas tendientes a la reparación política de esas comunidades.

Las FARC dispusieron de tríos de notarios en cada Cámara como voceros de paz para que acompañaran e ingenuamente vigilaran el trámite legislativo y los propósitos reformistas de quienes, sabiéndolo, han sido los mayores responsables de la violencia política en Colombia. Y el resultado no pudo ser mas que desastroso: Se hundió el intento de reforma política, fortunosamente muy distante de lo que se acordó en La Habana, garantía de una transición democrática; la Justicia Especial para la Paz fue aprobada con serias limitaciones; y con la ausencia obligatoria de que allí comparezcan todos los actores del conflicto armado sindicados de violaciones a las normas del Derecho de Guerra; y las otras pocas reformas aprobadas en medio de grandes y tortuosos debates, dependerán para su ejecución de la voluntad política y de la asignación presupuestal del próximo gobierno. De tal manera, que el balance final es por lo demás muy pobre. Una gran oportunidad de paz se ve seriamente amenazada por creer que en política las cosas suceden de manera automática.

Todavía hay tiempo para aprovecharlo políticamente bien. La campaña electoral deber ser un escenario para que las fuerzas democráticas y de izquierda nos unamos para hacer de la contienda política una lucha por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. El debate político y el acompañamiento a los acuerdos, que tuvieron un cerrado circulo de participación por parte de los negociadores, hoy día se imponen como la bandera que deberá acompañar la propuesta de una nueva Colombia nacida de la más amplia coalición de las fuerzas progresistas por paz con mayor democracia.

Es hora de una gran propuesta de defensa y de implementación de lo acordado en La Habana mediante un mecanismo popular constituyente, en el cual se empodere políticamente a las comunidades, organizaciones sociales, comunales y comunitarias y a la ciudadanía en general, para que entre todos hagamos del acuerdo de La Habana un gran propósito de paz nacional a fin de que la política en Colombia sea una actividad ciudadana desprovista de la acción armada y garantizada por el poder político del Estado.

De otro lado, se impone un gran acuerdo político entre partidos, movimientos políticos y organizaciones cívicas, comunitarias y ciudadanas, a fin de ganar la presidencia de Colombia en las próximas elecciones, como la única garantía de que lo poco aprobado legislativamente en materia de paz se cumpla en materia presupuestal y de implementación como política pública en el próximo gobierno.

HECTOR ALONSO MORENO PARRA