En las masacres fueron asesinados profesores, madres comunitarias, miembros de las organizaciones y asociaciones de la época; en el primer año de desplazamiento 6 líderes jóvenes fueron asesinados en diferentes hechos; entre el 2002 y 2005, cuando se forjaba el retorno, 17 líderes fueron detenidos arbitrariamente. En 2019 y a finales de 2020 también fueron amenazados los liderazgos de El Salado.
El llamado de la tierra, el tesón y la dignidad de los Salaeros hicieron que porfiados reconstruyeran sus casas y caminos, y volvieran a tejer la unión entre vecinos y, 21 años después desde aquella masacre inenarrable, El Salado volvió a ser punto de encuentro de vecinos y amigos, quizás por la magia del agua de su pozo y la hospitalidad a brazos abiertos de sus pobladores; convirtiendo su proceso en un símbolo de resiliencia, y un ejemplo de lo que significa volver a empezar, pese a todo. Pero, las amenazas de las últimas semanas han causado de nuevo el desmoronamiento de las certezas, el retorno de la incertidumbre y la sensación de inseguridad y fragilidad, cuando estaban próximos a ser reparados por el desplazamiento y creían que era posible la justicia y esperanza.
Desde el 14 de enero la saña no dio tregua, durante casi una semana y sin descanso aparecieron reiterados panfletos y amenazas que llegaron a distintos teléfonos de miembros de la comunidad. De manera insidiosa los nombres de los destacados líderes fueron mezclados con el de personas, señalados de actividades delincuenciales, y amenazados de “limpieza social”. Una confusión que lejos de ser deliberada denota la organización premeditada y un interés concreto y justificador. Ese dedo que señala hace énfasis en los líderes, en atacar sus nombres, los increpa a abandonar el territorio y con ello a su comunidad, sabiéndola en total orfandad. Además, expresamente se indicaba que podía repetirse el horror de hace dos décadas. Es así como todos los salaeros sienten el abandono y el miedo a que vuelvan los tiempos viejos.
La noche del 19 de enero los salaeros se negaron a ir a dormir, temían que las amenazas y la intermitencia de la luz, fueran un sino trágico de lo que estaba por venir, así que rodearon la estación de policía suplicando protección. Esa noche, El Salado fue a dormir casi con el alba, antes de que de nuevo se fuera la luz. El pánico se había apoderado de todos ellos.
Lo que sucede en El Salado es un reflejo de lo que está ocurriendo en Los Montes de María, escenario otrora de las peores muestras de la maldad humana. Desde hace un tiempo, las comunidades montemariana vienen denunciando la presencia recurrente de grupos armados en distintos parajes y momentos, que se valen de las amenazas y los señalamientos como un arma tan letal como la ametralladora o la motosierra. Como resultado de las nuevas amenazas decenas de líderes y lideresas se han visto obligados a abandonar otra vez sus parcelas y proyectos para proteger sus vidas y, la comunidad en su conjunto, piensan en la posibilidad de tener que abandonar el territorio. ¿Por qué? ¿Quiénes? No se sabe con certeza. Lo cierto es que la sistematicidad de los hechos, la reiteración de las amenazas, la organización con la que parecen estar planeados, la confusión que se quiere crear entre líderes y delincuentes de poca monta, impide tratarlos como casos aislados.
Sus habitantes incrementaron su desconcierto por la ofuscación de la Fiscalía frente la solicitud de investigar que elevó la Defensoría del Pueblo, a pesar de que lo que se le pedía era simplemente hiciera su trabajo; también por la respuesta del alcalde de su municipio, quien sin sustento alguno planteó públicamente que la violencia contra los líderes se reduce a conflictos de vecinos que se miran con recelo, descartando lo que indican cerca de 10 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de diferentes riesgos sobre los líderes montemarianos. Lo que esas alertas plantean y lo que dice la comunidad indica que la violencia endémica no ha desparecido en la zona: el narcotráfico todavía utiliza este serranía para sacar las drogas ilícitas hacia el golfo de Morrosquillo y Cartagena, se ha evidenciado el rearme de distintos grupos con interés de controlar el territorio; se tiene noticia del regreso al país de importantes excomandantes paramilitares, existen tensiones derivadas de la restitución de tierras y, y puede haber intereses para que la campaña electoral que ahora comienza no fortalezca a organizaciones políticas alternativas. Ninguna de esas posibilidades puede descartarse como motivo para desplazar a los líderes y atemorizar a las comunidades, especialmente si se tiene en cuenta que las amenazas y las muertes de líderes sociales ha sido una constante en el país en los últimos meses.
También es necesario tener en cuenta que, apenas hace una semana, el 16 de enero, cuando llegaban amenazas a El Salado, fue asesinado el líder palenquero Fredman Arturo Erazo Padilla, dedicado a salvaguardar la herencia cultural del pueblo de San Basilio de Palenque. Este lunes 25 de enero, la víctima fue Blas Herrera, un salaero que se desplazó a la cabecera de El Carmen de Bolívar después de la masacre del año 2000 y no retornó; su cuerpo sin vida apareció en su parcela, incinerado en la vereda Caño Negro de ese municipio.
Los salaeros piden presencia permanente y suficiente de fuerza pública en su territorio; claman que se hagan las investigaciones a profundidad sin descartar ninguna hipótesis, les preocupa que se desvié la investigación y se reduzca a la incriminación de personas individuales pese a que por la forma de operar pareciera que no se trata de hechos aislados y se evidencia que detrás están actores e intereses organizados.
A estas alturas, los montemarianos temen a la impunidad y la violencia una amalgama cuyos efectos ya conocen. Los montemarianos temen tener que abandonarlo todo de nuevo y temen, con razón, a la desidia y complicidad de las propias autoridades.
Raúl Hernández Rodríguez, Director Corporación Opción Legal
Foto tomada de: https://mundonoticias.com.co/
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