Paró la Fuerza Pública

El programa mejor logrado del régimen que se tambalea es el relanzamiento del paramilitarismo en Colombia, dentro del plan “hacer trizas el proceso de paz”. Por eso el de Duque es gobierno de masacres, de líderes sociales asesinados, también de falsos positivos, como los cometidos en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La figura protagónica son las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, también llamado “Clan del golfo”, antes Clan Úsuga, antes Urabeños, porque la política pública contra los paramilitares consiste en cambiarles de nombre cada tanto tiempo. También son denominados Uribeños, dada la identidad política con Uribe, así como su obediencia cuando ejecutaron el “paro armado”, a una orden desde el Ubérrimo, en campaña contra el proceso de paz, en 2016.

Las AGC se han conocido por las teatralizaciones conjuntas con la fuerza pública de capturas de sus jefes, primero Don Mario luego Otoniel, dos farsas concertadas con los supuestos captores, según reveló el mismo Otoniel, un personaje con más credibilidad que el mitómano presidente colombiano. En la misma lógica es probable que nunca hayan estado en selva alguna, sino en casinos de oficiales, como se rumora.

Han desarrollado una particularidad: cuando en el antiguo paramilitarismo, los nexos con la Fuerza Pública los hacían con militares de baja graduación, el actual Clan del Golfo ya no tiene nexos con esos rangos, sino que incorporó a generales de la república en su nómina.

Las otras puestas en escena son los llamados paros armados. Esta figura imita un mecanismo de la insurgencia que impone restricciones a las actividades en ciertas zonas donde pretenden mostrar dominio. El primer paro paramilitar, cuando se llamaban Urabeños, fue en el Medellín de 2008, tiempos de “Donbernabilidad”, protestando por la extradición de alias Don Berna, quien, con otros paramilitares, fue extraditado a las volandas para evitar que declararan ante la Justicia transicional. En tales actividades, que son tomas militares, siempre la Fuerza Pública se abstiene de actuar, el ejecutivo nunca explica, y el alto mando miente.

En 2022, cuando parece que el gobierno incumplió el acuerdo con Otoniel para su entrega, quien en retaliación al fraude decide contar lo que sabe de crímenes y complicidades, desde la SIJIN de la Policía Nacional se dedicaron a sabotear las declaraciones ante la JEP y la Comisión de la Verdad, entonces, con la velocidad del que huye lo extraditaron para callarlo.

A tres semanas de elecciones presidenciales, esta estructura ilegal que no había protestado la supuesta captura de alias Otoniel lanza otro Paro Armado. En pocas horas, al menos en apariencia, se preparó y se coordinó en 73 municipios, de diez departamentos, algo insólito para unos delincuentes tipo matones. Más insólito fue que las fuerzas del Estado también entraron en paro, y se negaron a reprimir a los ilegales, a no impedir la toma armada que hicieron en esas localidades, siendo permisivos con la agresión a la población civil, que fue la víctima de esas tomas, con 22 civiles asesinados, 187 vehículos quemados, todos medios de trabajo de personas de escasos recursos, y 21 ataques a pequeños comercios. Cientos de comunidades quedaron confinadas entre el cinco y el diez de mayo, algunos de los muertos cayeron por caminar por las calles.

Como se ha denunciado en redes digitales, no hubo ataques a ningún vehículo de la empresa Postobón, ni de Nutresa, del Grupo Empresarial Antioqueño; tampoco se afectó a ningún peaje, de Sarmiento Angulo, que recaudaron normalmente; y mientras los tenderos eran obligados a cerrar, con amenaza de muerte, los almacenes de cadena del clan Char podían vender sin competencia. Igual, los clubes sociales de Montería siguieron con las juergas de los gamonales, y la subasta ganadera operaba sin problemas, mientras las demás calles de la ciudad estaban desiertas, y en manos de matones.

Estas acciones militares fueron dirigidas contra la población más pobre del país, circula un video donde los criminales retienen y torturan a un indígena. Hubo algunos “hostigamientos” a cuarteles policiales, donde las bajas fueron de civiles que circulaban. En el caso del municipio de San Pedro, Antioquia, un civil fue asesinado y luego fue presentado como un atacante dado de baja.

Pero la policía y el ejército no sólo dejaron de actuar, que es entrar en paro, sino que en algunos casos constriñeron el cierre del comercio, y en otros fueron registrados mientras transportaban a reconocidos paramilitares en San Jacinto, Bolívar.

Contrasta la respuesta complaciente del gobierno a las tomas de los Urabeños, con la de enemigo a un movimiento cívico, como el estallido social de hace un año: Las fuerzas Armadas colombianas son violentos con quien deben proteger, y cómplices con el agresor. Muestra el Ministerio de Defensa cifras de capturas, pero, dado su comportamiento ante la criminalidad se puede sospechar que fueron concertadas con las mismos AGC, como hacía alias Fico con la oficina de Envigado, desde la alcaldía de Medellín.

El tal paro tan contradictorio sólo puede entenderse en el contexto de la campaña electoral, donde Gustavo Petro, candidato de la oposición, se perfila como ganador indiscutible de las elecciones, y el candidato del gobierno cada que habla baja más en la intención de voto. Por eso el ejecutivo soborna a alcaldes y gobernadores con contratos a cambio de apoyar a su candidato, puso a los ministros a zaherir el candidato Petro, y hasta azuzó a las Fuerzas armadas para atacarlo. Tras los ladridos del general Zapateiro, le quedan pocas cartas: El paramilitarismo y mover a los militares. A los primeros los moviliza para atacar la población civil, y amenazar si hay votos por Petro, a los oficiales a permitirlo.

El paro de las fuerzas militares es un mensaje al eventual gobierno de Petro, una fuerza que amenaza con desobedecer al Presidente de la República, si llega a tocar la corrupción castrense, o decide esclarecer los falsos positivos.

Eso no quiere decir que hayan estado haciendo mucho antes, porque siguen robando a los ciudadanos, aumentan las hectáreas de cocales, se produce más cocaína que antes, se saquea el erario, … Todos los delitos han aumentado, en cantidad y calidad. Los mismos resultados de alias Fico en Medellín.

Lo que pone de manifiesto que la llamada “Seguridad democrática” es una engañifa: No es segura y menos democrática. Se reduce a la administración de la delincuencia para chantajear a las mayorías con dejarlas en manos de la criminalidad. Incluso es un riesgo internacional, con la exportación de sicarios, caso Haití, o la comisión de crímenes trasnacionales, como el del recién asesinado fiscal paraguayo Marcelo Picci, con negligencia policial. El tal paro es una amenaza al futuro presidente, Gustavo Petro, y a la ciudadanía, con desatar las hordas paraestatales.

José Darío Castrillón Orozco

Foto tomada de: El Heraldo