Los hijos del matarife, Jerónimo y Tomás, dos “mozalbetes de más de 40 años”, nada inteligentes pero furiosos, los señalaron de “Narco-socialistas” y acudieron al secretario de Estado del hegemón norteamericano, Marco Rubio y a parlamentarios trumpistas, en busca de ayuda para proteger la supuesta inocencia de su convicto padre; altos funcionarios yankis, que se apresuraron a pronunciar declaraciones difamatorias e injerencistas violatorias de nuestra soberanía nacional e irrespetuosas de la independencia de la justicia colombiana.
El fallo marca un hito histórico, porque es la primera vez que una valerosa jueza de la República hizo recaer el peso de la Justicia sobre el más poderoso jefe parapolítico de la época, quién, durante décadas de ejercicio absoluto del poder, construyó un terrorífico aparato criminal, una máquina de muerte, que con el apoyo de los gremios económicos nacionales y multinacionales, las mafias de narcotraficantes, la clase política corrupta y la gran prensa, entre otros, capturó las instituciones del Estado liberal para perpetuarse en el poder, proteger los intereses del capital nacional y multinacional, enriquecerse, agenciar la corrupción y favorecer el enriquecimiento de sus aliados y cómplices. Con este omnímodo poder se dedicó, a sembrar el odio, desplegar el terrorismo de estado, eliminar sus contradictores y diseminar el miedo; prácticas que han contado con la garantía de absoluta impunidad, tanto para él, como para sus cómplices.
La sentencia fue un golpe moral y político al omnipotente mandatario, la primera estocada a la hegemonía del terror y la impunidad que había rodeado al convicto durante décadas. Pero la amenaza de sus epígonos encabezados por el presunto jefe del frustrado bloque capital Francisco (Pachito) Santos y sus feroces aliados y aliadas, de “incendiar el país” si lo condenaban a prisión, no pudieron hacerla efectiva; en cambio sus seguidores, solidarios con él, acudieron a manifestaciones numerosas, aunque llenas de odio, en Cali y Medellín y a reducidos mítines en Bogotá y algunas otras ciudades del país; demostraciones que contaron con garantías democráticas. No obstante, la suerte del convicto pasará a depender de la decisión que tomen los tres magistrados del tribunal de Bogotá designados para estudiar la apelación interpuesta por el defensa del sentenciado; quienes tendrán la misión de ratificar, moderar o revocar dicha condena.
Por este motivo, los y las demócratas, luchadores por la justicia, la paz, la verdad y la democracia, debemos dirigirnos, tanto a la opinión pública, como a los tres magistrados del Tribunal de Bogotá, encargados de analizar la sentencia de la Jueza Heredia y resolver la apelación de los abogados de la defensa del matarife, para refrescarle la memoria a sus señorías. Debemos recordarles que en los estrados judiciales cursan por lo menos 280 investigaciones abiertas que involucran al convicto expresidente en delitos y crímenes de lesa humanidad.
Es nuestro deber difundir el programa “Señal Investigativa” de RTVC y la revista Raya, emitido el pasado domingo 10 de agosto, en el que refrescaron la memoria sobre cuatro (4) masacres perpetradas en el municipio de San Roque Antioquia; la primera ejecutada por el bloque metro, el 14 de junio de 1996, en la vereda de Providencia donde la familia Uribe tenía la Hacienda Guacharacas, presuntamente para cumplir lo ordenado por el entonces gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe, de “limpiar la Zona”, ejecutaron ocho (8) personas campesinas inocentes de la región, acusadas de ser colaboradores de la guerrilla del ELN, que, en días anteriores había quemado la Hacienda Guacharacas, robado el ganado y caballos de paso fino. Dicha hacienda fue presuntamente utilizada como centro de operaciones del naciente bloque Metro paramilitar, creado por los Uribe, según miles de testimonios de la región. El objetivo de esta matanza era recuperar el ganado y los caballos robados, propiedad del clan de los Uribe.
La segunda masacre, consumada el 13 de julio de 1996 en la vereda La María del corregimiento de providencia, los paramilitares, también por presunta orden del Gobernador Uribe y su hermano Santiago, asesinaron otras ocho (8) personas, también campesinas inocentes, acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla; los reunieron en la cancha y con lista en mano los acribillaron.
La tercera, igualmente perpetrada por orden de los hermanos Uribe Vélez, ocurrió en el corregimiento de providencia, municipio de San Roque, entre el 14 y el 17 de Sept de 1996, a las 7 am; lista en mano, reunieron a los pobladores en el centro de providencia, se llevaron a seis (6) inocentes seres humanos y los asesinaron. En total en estas tres masacres les cegaron la vida a 24 personas, sin fórmula de juicio, con sevicia, a mansalva y en estado de indefensión.
La Cuarta masacre fue perpetrada en el corregimiento del ARO del municipio de Ituango, en la que participaron en operación conjunta el ejército, la gobernación de Antioquia y las mal llamadas AUC, comandadas por el segundo hombre al mando de la banda criminal, Salvatore Mancuso. En la matanza, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, fueron vilmente asesinadas quince (15) personas campesinas acusados, sin pruebas, de ser colaboradores de la guerrilla.
Cuatro masacres, presuntamente ordenadas por el matarife, las tres primeras ejecutadas por las bandas paramilitares que nacieron de “las Convivir”, creadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, dotadas con armas del Estado y entrenadas, bajo su auspicio, por el contratado para tal fin, coronel israelí Jair Klein, que sembraron la muerte entre la población y sometieron a los sobrevivientes al terror y a todo tipo de vejámenes. Y, la cuarta, fue la masacre del Aro, ejecutada en una operación conjunta de paramilitares y militares, con apoyo logístico de dos helicópteros, uno de la gobernación y otro del ejército, por un comando de más de 150 hombres armados, apodados “los mocha-cabezas”, pertenecientes al bloque paramilitar “Mineros”, que sembraron el terror, asesinaron hombres, mujeres y niños inocentes, violaron las mujeres, desmembraron a los muertos, les mocharon las cabezas e hicieron desfilar a los aterrados pobladores sobrevivientes para que vieran la dantesca escena y “vieran lo que les iba a pasar si seguían apoyando las guerrillas”, declaró un sobreviviente de la matanza.
Por estas atrocidades, que han permanecido en la impunidad por más de 28 años, cuyos expedientes eternizados en los anaqueles de Juzgados, tribunales y fiscalías, por fin Uribe fue llamado, en 2023, para que rinda versión libre ante la justicia por su presunta responsabilidad en dichos crímenes atroces, que, aunque más tarde que temprano, fueron catalogados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad, es decir que jamás prescriben y deben seguir siendo investigados.
Ex paramilitares, que aún están vivos y otros que fueron asesinados, son testigos de que la orden de ejecutarlas fue dada por Álvaro Uribe Vélez. Juan Guillermo Monsalve, quien trabajó, junto a su familia en la hacienda Guacharacas, perteneció al bloque “Metro” y paga en prisión una larga condena, que fungió como testigo principal en el extralargo juicio que lo acaba de declarar culpable, declaró ante Iván Cepeda, víctima principal en el juicio, que “Todo fue ordenado por Álvaro Uribe”, Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto” declaró ante el tribunal de Justicia y paz y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, haber sido uno de los ejecutores de la masacre, que por eso Álvaro Uribe lo felicitó, le agradeció y lo condecoró; declaró además, que la masacre había sido planeada por Uribe para rescatar a su primo Mario Uribe Escobar, que había sido secuestrado y que “la orden de la masacre se la dio Álvaro Uribe a Carlos Castaño y yo estaba presente”; el criminal, alias “Don Berna”, extraditado por Uribe a EE.UU, declaró que, por pedido de Uribe, presionó a Villalba para que se retractara; pero, como se negó a la exigencia de retractarse de lo declarado, fue asesinado; el comandante paramilitar, Luis Arroyave declaró que los militares que participaron en la masacre del ARO eran del Batallón Girardot de Puerto Valdivia, el comandante paramilitar en prisión, Hernán Sierra García, alias Pablo Guerrero Pipintá, declaró su participación en las masacres y haber formado parte del Bloque Metro conformado por los Uribe en la Hacienda Guacharacas.
Salvatore Mancuso el jefe máximo de las bandas criminales, declaró que “el operativo de ‘El Aro’ contó con el apoyo logístico, incluso con helicópteros” y que “altos mandos militares y autoridades regionales de Antioquia sabían y habían permitido la masacre”. El defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, denunció las masacres del Aro y la Granja y le exigió al gobernador Uribe protección para los pobladores. Macartizado por Uribe Vélez como auxiliador de la guerrilla, fue asesinado.
El exmagistrado del Tribunal de Justicia y paz de Antioquia, Rubén Darío Pinilla Cogollo, compulsó copias del expediente sobre su investigación de las masacres a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con el convencimiento de que dicha comisión debía continuar con la investigación contra Uribe, que contiene pruebas irrefutables de las relaciones del expresidente con las bandas paramilitares y su compromiso con el exterminio y el desplazamiento masivo de la población de aquellas regiones. Mismos métodos utilizados en la “Operación Orión” en la que cayeron decenas o centenares de víctimas; que guardan coherencia con su política de “Seguridad Democrática” y la doctrina de “combatir al enemigo interno”. El magistrado Rubén Darío dijo estar convencido de que “En esa cadena de crímenes, los hechos constituyen una red de hilos cuyo factor común es Álvaro Uribe Vélez “.
Finalmente, la CIDH, el 1º de julio de 2006, condenó al Estado colombiano por violaciones a la vida, la integridad personal, la propiedad y la protección judicial, y ordenó indemnizar a las familias víctimas de aquellas masacres. Han pasado mas de 28 años y las víctimas aún claman justicia. Sus señorías, magistrados del tribunal, tienen una responsabilidad histórica, si revocan el fallo de la jueza Heredia, la justicia seguirá secuestrada y al servicio de los poderosos amos del país, la impunidad seguirá reinando. Por el contrario, si ratifican la sentencia, abrirán los senderos de la lucha contra la impunidad y de la administración de la justicia con independencia igualdad, imparcialidad, verdad y reparación. Justicia independiente y democrática es la herramienta indispensable para alcanzar verdad, justicia y reparación a las víctimas de las tres décadas de horror uribista y paramilitar.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: MSN
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