El escándalo de moda, que se escapó de los polvorientos anaqueles de la fiscalía General y del sistema de justicia colombiano, que saltó el cerco del silencio impuesto durante décadas por los medios corporativos y rompió el velo encubridor de los secretos de las altas cumbres del poder económico, político y militar colombiano, se encuentra hoy instalado en el debate público.
Se trata de la puesta en evidencia de las actividades criminales del más poderoso contrabandista de la historia de Colombia, Diego Marín Buitrago, reconocido como el Zar del contrabando, alias “Papá Pitufo” y sus actividades criminales relacionadas con el contrabando de todo tipo de mercancías, el lavado de activos proveniente del narcotráfico, principalmente relacionados con los carteles del norte del Valle del Cauca y la construcción de una gigantesca red de corrupción, que involucra funcionarios de las aduanas, de la DIAN, la POLFA, las cúpulas de la policía, las autoridades portuarios, exministros, generales, partidos políticos, campañas electorales, parlamentarios, exparlamentarios, magistrados, exmagistrados, jueces, la Fiscalía General de la Nación, el sistema financiero y hasta expresidentes de la República, etc., que puso a su servicio a lo largo de sus 38 años de vida delictiva (1987 – 2025).
Casi cuatro décadas que abarcan cerca de 10 periodos presidenciales, durante los cuales los miles de millones de pesos que ha repartido el protagonista de esta nueva novela, para construir su poderoso imperio de corrupción, engordaron las fortunas de miles de altos funcionarios públicos durante los gobiernos de Julio Cesar Turbay, Belisario Betancur, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. La justicia está en la obligación moral de investigar las campañas electorales y la gestión de todos esos gobiernos que, presuntamente, hicieron parte de la poderosa red de corrupción de este delincuente, que se paseó durante décadas, como Pedro por su casa, libre de toda sospecha, por los despachos de dichas cúpulas, repartiendo sumas millonarias a partidos, políticos y gobiernos corruptos para comprar impunidad. Los delitos que seguramente prescribieron, deben ser abierto para establecer la verdad, aunque no haya lugar a sanciones penales.
Este escándalo, por su dimensión y porque, con el entramado de corrupción que construyó el Papá Pitufo, que logró penetrar todas las instituciones administrativas, judiciales, políticas, militares, electorales, de control, económicas, etc., pone en evidencia la podredumbre de la institucionalidad, (la super estructura jurídica y política imperante), que integra el sistema económico y político al servicio de los verdaderos dueños del país, quienes, a la hora de acumular capital, tiran la ética pública al sesto de la basura. En la sociedad capitalista, lo que importa es el dinero sin importar su procedencia, que corrompe la ética pública y otorga poder sin importar el mérito, ni la moralidad; con el gran dinero se compran conciencias, se compran votos y se eligen gobiernos corruptos, que, no solo protegen, sino que aseguran impunidad y miran para otro lado a la hora de investigar las fortunas de sus financiadores, legales e ilegales.
Es inadmisible que al criminal Diego Marín, solo se le pretenda juzgar por los delitos cometidos de 2023 en adelante, como lo ha denunciado el señor presidente, si en la fiscalía, reposan denuncias contra 131 exfuncionarios de la DIAN por sus nexos con el contrabando de 2013 en adelante y existen evidencias de que el zar del contrabando venía delinquiendo desde 1994 desde el San Andresito de Pereira, desde donde inició la conformación una red larvada en, no se sabe cuántas entidades del Estado, según lo denunció la Doctora Eva Carolina Madrid Torres, Directora del ITRC (Inspector General, de tributos, rentas y contribuciones Parafiscales). Es que el entramado de corrupción organizado por Papá Pitufo, no solo fue para garantizar el silencio de las autoridades aduaneras y de los órganos judiciales, sino que también adquirió el poder de hacer nombrar sus cómplices o destituirlos en importantes cargos de la DIAN, de la POLFA (Policía Fiscal y Aduanera), y de las autoridades portuarias, entre otras.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, debe aclararle al país, por qué, a pocas semanas de su posesión, mediante llamada al celular desde su despacho, se le ordenó a un fiscal encubierto, infiltrado, en la organización de Papá Pitufo, que logró establecer que la POLFA es un antro de corrupción puesta al servicio del Papá Pitufo, en la que están comprometidos generales, coroneles, mayores y otros oficiales de la POLFA, en medio de una audiencia de solicitud de captura del capo y sus colaboradores dentro de dicho organismo, se le ordenó no continuar en la audiencia y se le exigió entregar el expediente que contenía las pruebas que comprometían a los funcionarios corruptos, acusándolo de “no haber hecho nada con el material recaudado” (Testimonio del Fiscal delegado contra delitos fiscales, Andrés F Marín. Divulgado por noticias UNO).
Pero, además, el país debe saber que no solo se trata la gigantesca red de corrupción al servicio del Zar del contrabando, sino de la gran corrupción que carcome las instituciones al servicio de los intereses tanto del gran capital nacional y multinacional, como de las mafias del contrabando y el narcotráfico. La exfiscal Angélica Monsalve, acaba de divulgar en un “En Vivo” gravado por ella, como la fiscalía general, en manos de la Fiscal Luz Adriana Camargo, continúa tomada por una legión de fiscales que han conformado “un entramado de corrupción” que, según su relato, no es para administrar justicia, sino para “comercializar proyectos” y “vender impunidad”, un “concierto para delinquir”. Se trata de la continuidad de la dupla delincuencial de Francisco Barbosa y Martha Mancera, al servicio del exresidente Duque y sus colaboradores.
Igualmente, entre muchas denuncias, hizo una sobre la persecución a la fiscal Paola Londoño, quien estuvo encargada del caso de Papá Pitufo al que le dictó orden de captura y solicitó su extradición, le quitaron el caso y se lo asignaron al fiscal Deivi Alfredo Cáceres, “Un títere de Barbosa Y Mancera”. En ese entramado figura comprometido el actual Vicefiscal General Gilberto Javier Guerrero Díaz, quien oficiaba como director de fiscalías de Buenaventura nombrado por Martha Mancera.
La ex fiscal Angélica Monsalve rememora el caso del fiscal Francisco Javier Martínez Ardila, que fue coordinador del CTI en Buenaventura, conocido con el alias “Pacho Malo”, protegido de Martha Mancera, capturado en Medellín, a donde había sido trasladado por la ex vicefiscal, por liderar una red criminal dedicada al contrabando y el narcotráfico, seguramente como parte de la red de Papá Pitufo, que además alertaba a los capos sobre operativos de la fiscalía.
Los hilos de la red de corrupción del Zar del contrabando se extienden hasta expresidentes, exministros, ex parlamentarios.
Con un sistema judicial atravesado por la corrupción, la fiscalía ocupada durante décadas por fiscales corruptos, Como Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, quienes han sido ampliamente denunciados por investigadores de vasta trayectoria como Gonzalo Guillen, la Revista Raya, Julián Martínez, entre otros, han denunciado insistentemente los procesos de corrupción, en la compra de votos y la financiación de las campañas electorales y el constreñimiento paramilitar a los votantes en las elecciones del Matarife, los dineros de Odebrecht en las campañas de Santos y Zuluaga, la compra de votos para elegir a Duque con dineros del narco Ñeñe Hernández, las corruptas movidas en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, con el caso de Odebrecht y el envenenamiento de Jorge Enrique Pizano y su hijo, Alejandro Pizano, los actos delictivos de Francisco Barbosa y Martha Mancera y su complicidad con el caso de Pacho Malo, sobre contrabando y narcotráfico en Buenaventura, los crímenes del Clan del golfo, los crímenes del genocida Álvaro Uribe Vélez, la corrupción en la UNGRD, el DAPRE, el virus espía Pegasus, el saqueo de los recursos para combatir la pandemia del COVID 19 y un interminable etcétera de Iván Duque, con un par de expresidentes como Andrés Pastrana e Iván duque, solicitando el despido del director de la POLFA y una extensa lista, divulgada por el exdirector de la DIAN de parlamentarios, del Centro Democrático, liberales, conservadores, de Cambio Radical y hasta del Pacto Histórico y de expresidentes como Iván Duque involucrados en una rapiña de solicitud de cargos para sus fichas en las aduanas portuarias, en la DIAN y otras entidades del sector, el pueblo colombiano y el pensamiento crítico no pueden esperar que haya procesos con garantías de verdad y castigo para los cacaos y sus testaferros, cómplices de las bandas criminales del país y de la corrupción en el poder no se puede esperar que haya justicia, si desde las mismas instituciones justicia se promueve la venta de paquetes de impunidad. Todo será tomado con beneficio de inventario.
José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: La Kalle – Blu Radio
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