Uno, el escenario: Cali es una ciudad epicentro de los desplazamientos forzados en el suroccidente, situación agudizada durante el gobierno Uribe Vélez (2002-2010) pero pausada con Santos (2010-2018) dado que bajó sustancialmente con los diálogos y acuerdos de paz firmado en 2016. Con el actual gobierno de Duque (alfil del uribismo), emerge nuevamente el conflicto armado cumpliendo a cabalidad lo expuesto por el partido de gobierno: “hacer trizas los acuerdos de paz”. Este enunciado se ha cumplido al pie de la letra, el conflicto se agudizó y reconfiguró con nuevos actores armados (neoparamilitarismo, disidencias de las FARC, grupos armados organizados GAOS, Bacrim y los carteles mexicanos que operan en el territorio nacional). De esto da cuenta Ariel Ávila quien analiza la reconfiguración armada en Colombia, el impacto del conflicto y su complejidad en la región.
Dos, Cali por lo anterior y toda la herencia que dejó la cultura del narcotráfico, se vuelve una ciudad sin dueño, sin sentido de pertenencia, donde su crecimiento, de manera irregular por los desplazamientos, han generado asentamientos subnormales y cuyo crecimiento se ve atravesado con una profunda desigualdad social. Algunos de sus sectores más conocidos y vulnerables son Aguablanca, La Ladera (parte alta de Meléndez y Siloé), por el sector de Menga (bataclan) y Puerto Madera (Simón Bolívar). Ello permite ver una ciudad dividida en dos, los que tienen y los que no tienen recursos.
Tres, la desigualdad social y la falta de oportunidades que existe en la ciudad, es reflejo de lo que se presenta a nivel nacional. Colombia tiene alrededor de un 25% de desempleo en los jóvenes y Cali es la segunda ciudad que sufre esta situación. Esto ha sido el caldo de cultivo de un estallido social que hoy es el resultado de una exclusión existente y persistente, sobre todo estos sectores subnormales con alta tasa de población afrodescendiente que vienen de diferentes territorios de la Costa Pacífica, configurándola como una ciudad clasista, que estigmatiza las poblaciones más pobres, incluyendo a los afros e indígenas que también la habitan. A este contexto y añadido a ello, las formas de administrar la ciudad, en últimos gobiernos locales no fueron visibles las políticas públicas eficientes que respondieran a las necesidades diversas en diferentes sectores, y, la permeabilidad de la corrupción local, la falta de inversión social, la han llevado a una situación sin retorno. Un ejemplo es lo que se observó en plena pandemia, diciembre de 2020, donde el derroche de recursos públicos en una feria virtual y un alumbrado móvil, cuyo costo fue superior al costo de tiempo sin pandemia, evidenció la falta de sentido común por desarrollar e implementar políticas que aborden las verdaderas demandas de justicia social que exigen las poblaciones.
Cuatro, el elemento que provocó la ebullición social y que ayudo a estallar esta olla a presión: las protestas nacionales del 21N del 2019. Estas, fueron antesala de todo el panorama de cansancio social y político, que mostraron una efervescencia en ascenso, pero también, mostraría los primeros visos de una estrategia organizada por algunos sectores aliados al estamento para amedrentar la inconformidad. El contraataque al 21N de 2019 fue la máxima: “se nos están entrando a la unidad”, con grupos de personas organizadas, armadas y en carros que los distribuyeron por toda la ciudad, y que luego, se repetirían estas acciones en el contexto de Bogotá (el 22 de noviembre de 2019). Estos modus operandi, se han visto en las recientes manifestaciones que ya llevan un mes de protestas, sin embargo, no ha sido impedimento para frenar el descontento social y calmar los ánimos de las personas en las calles.
Cinco, esta situación también se comprende bajo el desafortunado tratamiento político, económico, con el miedo mediático y policivo que provocó el confinamiento del 2020. La pandemia provocó que las personas fueran acumulando significativas y profundas tensiones de desolación, angustia, ansiedad e incertidumbre en lo laboral, en cómo ganarse el pan, en los crecientes gastos y deudas que no dieron tregua a las poblaciones más necesitadas. Sumado a las consecuencias que trajo la virtualización de la educación, donde los niños no podían ir a la escuela, donde las diferencias de género en los roles del hogar se acentuaron de manera violenta con altas tasas de reportes de violencia intrafamiliar.
Seis, lo anterior, se le agrega las malas distribuciones de las supuestas ayudas estatales, estas que evidenciaron nuevamente el continuum de desvío de recursos haciendo surgir otro de tantos carteles de corrupción en Colombia, el cartel del Covid-19, y todo el galimatías abstruso de la política exterior para comprar la vacuna; ello, solo acumuló más rabias desencadenadas por la impotencia y el desespero por la irresponsabilidad política del gobierno central. Cabe resaltar que para el 2020, años de pandemia, la pobreza a nivel nacional, se elevó a un 42.5% según datos del DANE, sin embargo, el gasto público nacional se concentró en acciones que no obedecían a las necesidades de una emergencia de salud pública y económica.
Todos este acumulo de tensiones, inconformidades y angustias, fueron elementos fundamentales que ayudaron a que las manifestaciones del paro nacional del 28ª del 2021, se convirtiera en un desfogue de descontento de las injusticias sociales, y máxime, atizados por políticas que contribuirían a fomentar más la pobreza en Colombia, las reformas (tributarias y de salud) que el gobierno presentó al Senado, las reformas (laboral y pensiona) que ya pasaron con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en varios artículos.
Siete, volviendo a Cali, se presentan dos casos específicos de exclusión social que muestra matices clasistas y raciales en su coyuntura actual y de las protestas sociales. El primero, es cuando un sector de la ciudad se manifiesta en contra de los marchantes, acusándolos de vándalos y saliendo a las calles y contramanifestándose a favor de la fuerza pública con un explícito discurso oficial del estamento, estigmatizando las manifestaciones que son altamente concurridas por los sectores pobres, afros e indígenas. Las expresiones de protestas, son fuertemente asistidas por sus repertorios de acciones a través de las barricadas, bloqueos de calles y pasos estratégicos, que se enfrentan de manera decisiva a la policía y al ESMAD, con los jóvenes llamados de primera línea. Los daños vitales no se hicieron esperar, según el informe de CODHES-Cali del 21 de mayo de 2021, hay 39 personas asesinadas entre Cali y Yumbo, 11 fueron afrodescendientes, 1 indígena, 9 mestizos y 18 que aún no han sido clasificados.
El segundo; la violencia racial se manifestó en el ataque directo contra la minga indígena que sucedió en el sur de Cali, donde personas del sur de la ciudad y la fuerza pública les dieron un trato criminal, según CODHES-Cali, resultaron heridos 9 personas de la Guardia indígena a manos de civiles que dispararon de distintas direcciones. Estos hechos están registrados en videos que circularon en redes sociales, donde se observa la complicidad de la policía que no detuvo las acciones en contra de la minga. Esta situación se repite de nuevo el 10 de mayo en el Puente Valencia, entrada del departamento del Cauca al Valle del Cauca, sucedieron otros hechos en contra de la minga donde resultaron heridos 4 personas indígenas con despliegue del Ejército y la negativa de entrada a Cali. El informe del CODHES-Cali, muestra detalladamente la información desagregada sobre las personas asesinadas en los diferentes sitios de la ciudad, entre ellos, las personas desaparecidas, muy relacionadas con estas zonas de exclusión social en la ciudad.
Finalmente, lo expuesto, muestra una realidad compleja en la que viene de una historia y se ha convertido el presente de la cultura y coyuntura de la ciudad, ver hechos que evidencian una expresión de paramilitarismo espontaneo donde hay personas que salen en camionetas a disparar a los manifestantes, personas ofreciendo armarse en contra de los manifestantes en redes sociales, dan mucho que pensar en la sociedad que nos impera. La apatía de una clase más favorecida sobre los más desprotegidos, son claros ejemplos de una ciudad atravesada por expresiones de exclusión social, aporofobia, racismo, clasismo que convirtieron argumentativamente justificables los asesinatos de los manifestantes en manos de la fuerza pública como impronta de una pacificación violenta para aniquilar el problema que se ha convertido las protestas para esta visión de ciudad.
Ello nos lleva a reflexionar sobre los valores que hemos cimentado nuestra cultura ciudadana, no solo en Cali sino en toda la sociedad colombiana. Asistimos a una cultura donde el ojo por ojo se ha convertido en la justicia punitiva social, unos valores de sociedades conservadoras, donde no se permite ni cultural, ni jurídicamente cambios distintos a los ya establecidos, cuyos mandatos de salvaguardar los derechos humanos con justicia social estipulados en un bloque de la Constitución Política se han convertido en privilegio de pocos y el sueño utópico de la gran mayoría colombianos.
Yeny Girón Galeano, Politóloga, Docente universitaria
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
Excelente artículo, recrea con datos precisos la problemática que hoy esta viviendo la ciudad de Cali.