A dos meses del terremoto y con más de 350 mil familias damnificadas todo se ha dejado en manos de los alcaldes y gobernadores de los municipios afectados, no ha llegado la hambruna, porque la solidaridad sigue fluyendo con generosidad, pero esto tiene un límite como sabemos quiénes hemos trabajado en la atención a la población víctima de desastres y esto no durará más de un mes más. El Showman de la Espriella no parece haberse percatado de la magnitud del desastre a pesar de ir a repartir balones de futbol en Quibdó y en Buenaventura. El último documento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, registra 255.079 viviendas afectadas en 403 municipios de 16 departamentos del país. De este gran total 203.301 quedaron averiadas y 51.778 destruidas. El costo de estas afectaciones es de aproximadamente 21.4 billones lo que corresponde al 50.8% de todos los daños y pérdidas cuantificados. La infraestructura educativa representa el 37.4% de las afectaciones en infraestructura. Entre las dos representan el 88.2% de las pérdidas económicas hasta ahora cuantificadas. (García, Carlos. Revista Sur 479, octubre 15 de 2026).
El Fondo Milagro a dos meses del terremoto no ha terminado de constituirse. Hoy en sesión de la Comisión creada por el Congreso para hacer seguimiento a las políticas públicas adoptadas para hacer frete al desastre ocasionado por el terremoto, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, pidió que se aplacen las Audiencias congresionales, confesando que no tienen nada que mostrar, obvio porque muy poco han hecho. Las 10 Audiencias aprobadas por el Congreso comenzarían el 22 de octubre, en la ciudad de Pereira. La Comisión presidida por la gobiernista Norma Hurtado decidió que esa solicitud la deben resolver las plenarias de Cámara y Senado. Ya veremos si el genuflexo Congreso esta con la gente y decide hacer esas Audiencias para hacer un primer y real balance del desastre como el gobierno ha manejados esta tragedia. Pero hay más, hasta hoy 15 de octubre, la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, Colombia Luz y Sonrisas, que recibió donaciones para atender la emergencia del terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, y pese a dos órdenes judiciales para que rinda pública cuenta de cuánto recibió y sí ha gastado parte y en qué de ese dinero, no ha cumplido con la orden judicial. Esta fundación como reveló el noticiero Noticias Uno no tenía autorización para recibir donaciones por parte de la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, DIAN. A pesar de que no tenía licencia para ello recibió cuantiosas donaciones y ahora no responde y debe responder, pues, estos dineros son para las víctimas de la tragedia y se asimilan a recursos públicos.
Las calles y las plazas llenas…sin miedo
El día martes 13 de octubre a pocas horas de que iniciaran las manifestaciones de protesta en contra del gobierno del Showman Abelardo, el gobierno expidió el decreto 1525 relacionado con el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominó como “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legitima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
Como yo he señalado en estas mismas páginas esto corresponde a una obsesión de la extrema derecha que teme por supuesto a la protesta y a la organización de la ciudadanía. Busca por todos los medios poner por encima los intereses de los grandes conglomerados económicos y financieros nacionales e internacionales y para proteger esos intereses, utiliza al Estado y a sus instituciones, vendiendo seguridad al mismo tiempo que infunde miedo a la sociedad, a la ciudadanía. Este proyecto ya lo examiné y ahora reiterare los principales argumentos que esgrimí frente al borrador publicado que en lo esencial no tuvo modificaciones.
Es bueno recordar que el decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 modifica el decreto 003 de 2021 expedido por la administración de Iván Duque en cumplimiento de la Sentencia STC7641-2020 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió favorablemente una Tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil a raíz de los desmanes de la fuerza pública en contra de las manifestaciones y protestas realizada en Colombia en los meses de noviembre y diciembre de 2019. La Corte ordenó al gobierno de Duque que se hicieran unas mesas de concertación para expedir este estatuto que garantizara el derecho fundamental a la protesta contemplado en la Constitución Política y en la legislación internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este estatuto fue flagrantemente violado por el propio gobierno de Duque frente al estallido social de los meses de abril, mayo y junio del año 2021.
El decreto 1525 busca eliminar o en todo caso reducir la obligatoriedad del dialogo con los manifestantes antes de la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones, este es su principal contenido reformista, reaccionario e inconstitucional e ilegal. El segundo gran elemento critico es que busca limitar las protestas al tratar de impedir que haya toma de carreteras, de las vías, o corte de las mismas con la interrupción del tránsito. Como lo he expresado esta gente de la extrema derecha lo que quiere y ya lo ha propuesto es que se construya un protestódromo donde la gente vaya a protestar para que no moleste a nadie. Esta gente no entiende que la esencia de la protesta es su carácter disruptivo, que se dirige contra autoridades públicas precisamente para que cambien una decisión que se considera perjudicial para los intereses de quienes protestan. Sin ese carácter disruptivo la protesta no existiría y el derecho internacional y la jurisprudencia de las Altas Cortes en Colombia han protegido ese carácter disruptivo. Es obvio que hay que garantizar corredores humanitarios para las misiones médicas, para el ingreso de alimentos, pero eso es justamente lo que el diálogo debe resolver en cada caso concreto.
El otro punto crítico es el que tiene que ver con la estigmatización de la protesta. Este gobierno califica las movilizaciones y protestas ciudadanas como ligadas al terrorismo y quiere darles un tratamiento violento. Eso se vio ayer en el caso de Bogotá en las inmediaciones de ciudad Kennedy donde rodearon a los manifestantes agentes de la policía portando armas de fuego o los militares en la azotea del Capitolio Nacional, sede del Congreso, portando fusiles y armas de largo alcance y luego la intervención policial a un concierto que se realizaba en el Parque de los Periodistas en contra del fracking, donde los asistentes fueron rociados con gas pimienta y agredidos violentamente.
Pese a todas estas amenazas, la convocatoria a la protesta pacífica fue respondida en más de 130 municipios hasta donde tengo información y en ella participaron más de un millón de personas sin heridos sin violencia. La ciudadanía que protestó no cayó en las provocaciones del gobierno neofascista del Showman Abelardo. Pero lo más importante y esto será definitivo para derrotar las políticas antisociales de este gobierno, la ciudadanía acudió sin miedo, teniendo claro que saldrá y escalará la protesta si se quiere arrasar con las conquistas del gobierno del Cambio. El Showman Abelardo salió a decir que habían desfilado las minorías y cifró en 62 mil los manifestantes, cifra que solo en Bogotá fue superada ampliamente. Este gobierno conformado por mediocres fundamentalistas tiene los oídos sordos y mientras esa sea su actitud y su respuesta, la protesta seguirá escalando. No tengo dudas al respecto.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
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