El eje de la conferencia fue un informe encargado por la dirección laborista y publicado el pasado otoño, titulado Modelos alternativos de propiedad (con la palabra ‘público’ extrañamente omitida).
El portavoz laborista de Finanzas, John McDonnell (‘auto-confesado’ marxista) presentó las ideas clave del informe, compilado por un grupo de expertos académicos, incluyendo Andrew Cumbers de la Universidad de Glasgow, que ha escrito mucho sobre el tema de la propiedad pública. Y Cat Hobbs, de la Fundación We own it, hizo un repaso convincente de los fracasos y despilfarros de las privatizaciones ocurridas.
En muchos sentidos, el discurso de McDonnell fue inspirador en el sentido de que el próximo gobierno laborista de Jeremy Corbyn y McDonnell quiere de verdad restaurar unos servicios públicos adecuadamente financiados y dotados de recursos y revertir las privatizaciones anteriores de sectores económicos clave, llevadas a cabo por anteriores gobiernos conservadores y laboristas en el periodo neoliberal, durante 30 años antes de la Gran Recesión.
McDonnell y el informe hicieron hincapié en una serie de modelos para futuros activos y servicios de titularidad pública: a partir de las cooperativas, los servicios municipales y la nacionalización de sectores clave como la sanidad, la educación y los servicios públicos como el agua, la energía y el transporte – los llamados ‘monopolios naturales’.
Como el informe deja claro, las privatizaciones de los últimos 30 años han fracasado estrepitosamente incluso en relación con sus propios objetivos profesos: más eficiencia y mayor productividad, mayor competencia y una mayor igualdad. Ha sido todo lo contrario. El crecimiento de la productividad del Reino Unido se ha desplomado y, como han demostrado muchos estudios (ver mi nota reciente), las industrias privatizadas no han sido más eficiente en absoluto.
Simplemente han sido entidades diseñadas para que los accionistas obtuvieran unos rápidos beneficios a expensas de la inversión, los servicios a los consumidores y las condiciones de los trabajadores (pensiones, salarios y carga de trabajo). De hecho, el tema de la privatización del agua, la energía, el ferrocarril y correos en el Reino Unido ha sido ‘cortoplacista’, es decir, impulsó el precio de las acciones, pagó a los ejecutivos grandes bonos y distribuyó grandes dividendos en lugar de invertir a largo plazo en un plan social para todos.
La industria estatal es en realidad un modelo económico de éxito, incluso en las economías predominantemente capitalistas. El informe laborista cita el hecho de que la proporción de empresas públicas entre las 500 mejores empresas internacionales ha aumentado del 9% en 2005 al 23% en 2015 (aunque esto es principalmente resultado del ascenso de las empresas estatales chinas). La historia del éxito de las economías de Asia Oriental fue en parte el resultado de la planificación estatal y la propiedad pública que modernizaron, invirtieron y protegieron sus economías frente a las multinacionales estadounidenses (aunque también fue gracias a la disponibilidad de mano de obra barata, la falta de derechos laborales y la adopción de tecnología extranjera).
Como muchos autores, como Mariana Mazzacuto ha demostrado, la financiación estatal y la investigación pública ha sido vitales para el desarrollo de las grandes empresas capitalistas. Las industrias de propiedad estatal y el crecimiento económico a menudo van de la mano – y el informe laborista menciona “la historia de éxito europea, raramente discutida, que es Austria, que alcanzó el segundo nivel más alto de crecimiento económico (después de Japón) entre 1945 y 1987 con la mayor proporción de propiedad estatal de una economía de la OCDE.” (Hu Chang).
El informe también deja claro que no debería haber ninguna vuelta a los viejos modelos de nacionalización que se adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial. Eran industrias estatales diseñadas principalmente para modernizar la economía y proporcionar productos industriales básicos para subvencionar al sector capitalista. No había democracia y ninguna participación de los trabajadores o incluso del gobierno en las empresas estatales y tampoco se integraban en un plan más amplio de inversión o satisfacción de necesidades sociales. Fue el llamado ‘modelo Morrisoniano’, en honor del dirigente laborista de derechas Herbert Morrison, quien supervisó las nacionalizaciones en la posguerra en el Reino Unido.
El informe cita ejemplos alternativos de sistemas de empresas públicas democráticamente responsables. Como el modelo noruego de Statoil, en el que un tercio de la junta es elegida por los empleados; o incluso aun más, el sector de la electricidad y el gas en la posguerra francesa, cuando los consejos de administración de las empresas estatales estaban “compuestas por cuatro personas designadas por el estado, cuatro por cada grupo técnicos y los expertos (incluyendo dos para representar los intereses de los consumidores y cuatro representantes de los sindicatos”(B Bliss).
Todo esto eran noticias muy positivas y era evidente que la audiencia de activistas laboristas estaban entusiasmados y dispuestos a implementar un “giro sustancial hacia los servicios públicos autogestionados” (McDonnell). El objetivo de los dirigentes laboristas es revertir las privatizaciones anteriores, poner fin a la inicua financiación concertada público-privada; revertir la externalización de los servicios públicos a contratistas privados y acabar con la mercantilización del Sistema de Salud Pública. Eso es excelente, así como su disposición a considerar, no sólo la idea de una Renta Básica Universal como una alternativa social a la destrucción de empleo provocada por una futura automatización, sino también la idea mucho más progresiva de la universalización de los servicios básicos, que permitiría que servicios públicos como la sanidad, la asistencia social, la educación, el transporte y las comunicaciones fueran proporcionados gratuitamente en el punto de uso – lo que los economistas llaman ‘bienes comunes’.
Sin embargo, creo que los problemas pendientes siguen siendo los que plantee cuando analice por primera vez la “Corbyeconomía”, cuando Jeremy Corbyn ganó por primera vez las primarias del Partido Laborista en 2015. Si la propiedad pública se limita sólo a los llamados monopolios naturales o los servicios públicos y no se extiende a los bancos y el sector financiero, así como las industrias estratégicas clave (los ‘altos mandos’ de la economía), el capitalismo seguirá determinando la inversión y el empleo, y la ley del valor y los mercados seguirán en funcionamiento. El plan laborista de un banco público de inversiones y de un gasto público inducido o gestionado por el estado supondría aproximadamente del 1% al 2% del PIB más de inversión total en el Reino Unido. Sin embargo, el sector capitalista invierte más del 12-15% y seguiría siendo dominante a través de sus bancos, farmacéuticas, empresas aeroespaciales, tecnología y servicios empresariales.
No se habló de hacerse cargo de estos sectores en la conferencia. Ni siquiera se habló de nacionalizar los cinco grandes bancos – algo que he planteado antes y ayudado a escribir un estudio, por encargo del sindicato de bomberos (y que es formalmente la posición de la confederación sindical británica ,TUC). Sin el control de las finanzas y de los sectores estratégicos de la economía británica, un gobierno laborista o bien vería frustrado sus intentos por mejorar la suerte de “la mayoría, no de unos pocos” (una consigna laborista), o peor aún, se enfrentaría al impacto de otra recesión mundial sin ningún tipo de protección frente a las vicisitudes del mercado y la ley del valor.
MICHAEL ROBERTS: Economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.
Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2018/02/10/models-of-public-ownership/
Traducción: G. Buster
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