“Aunque se trata de sentencias restaurativas, son las primeras penas individuales impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a líderes tanto de la guerrilla como del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Durante más de cinco décadas, el pasado rigió nuestro presente. Hoy rompemos ese ciclo”, declaró el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli a la prensa, antes de la lectura de la decisión”[1].
Los condenados fueron: Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo (alias ‘Carlos Antonio Lozada’), Milton de Jesús Toncel (alias ‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra (alias ‘el Médico’) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez), quienes admitieron públicamente su responsabilidad en el atroz crimen del secuestro, y en otros delitos conexos de máxima gravedad cometidos durante los cautiverios como violencia sexual, trabajos forzados, tratos crueles e inhumanos, asesinatos, desaparición forzada y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad. La JEP señaló que la condena recae en el secretariado porque no se limita a los responsables directos de las retenciones; también está dirigida a quienes desde la dirección diseñaron y sostuvieron la práctica del secuestro. De hecho, la mayoría de los secuestros y delitos relacionados fueron cometidos por mandos medio o bajos, incluso milicianos, pero la JEP responsabilizó a la cúpula de la organización subversiva por haber mantenido esta política que causó un daño irreparable a miles de víctimas y familias colombianos y, en algunos casos, extranjeras.
“La responsabilidad no solo es de quien ejecutó el secuestro, sino de quienes desde la cúspide crearon las condiciones estructurales para que esos crímenes ocurrieran”, explicó el magistrado Camilo Andrés Suárez, quien leyó la sentencia[2].
El presidente de la jurisdicción de paz rindió un sentido homenaje a las 21.936 víctimas de secuestro reconocidas, con unas palabras precisas que lograron transmitir el dolor que durante tantos años ha acompañado a las familias afectadas y a los mismos miembros de la JEP, que a lo largo de 7 años y medio de labor han investigado y realizado un exhaustivo seguimiento a las múltiples violencias que se perpetraron en el marco del conflicto armado a través de varios macro casos.
“En la JEP no dictamos sentencias para hundir a nadie en la sombra, sino para alumbrar nuevos caminos”, afirmó. Y añadió: “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso, ni recuperar el tiempo perdido, ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo, pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias”, afirmó Ramelli.
Dos días después de este fallo, se conoció otra sentencia histórica contra doce militares del Batallón La Popa en el César: cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados que aceptaron su responsabilidad en 135 falsos positivos cometidos entre 2002 y 2005, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, principal instigador está práctica criminal. Las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y algunos eran guerrilleros ejecutados fuera de combate, en crímenes de guerra. La condena también es de ocho años de acciones restaurativas, como construir un mausoleo en el cementerio, proyectos de infraestructura en consejos comunitarios afro y en planes de armonización con los pueblos indígenas.
La lectura del fallo explicó las tremendas afectaciones padecidas por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y esclareció los patrones macro criminales dentro del caso que investiga los 6.402 falsos positivos reconocidos oficialmente. Por este macro caso hay 163 imputados, entre ellos 17 generales. Un elemento a destacar de esta sentencia es que confirma la vieja y mil veces denunciada alianza criminal entre sectores de las Fuerzas Militares con grupos paramilitares para cometer diversos crímenes, desde despojo y desplazamiento forzado hasta secuestros y ejecuciones de civiles inocentes que se dieron por la presión de gobierno de producir resultados medibles en muertos y de mandos militares al servicio del crimen y el terror como el general Mario Montoya Uribe que exigía litros de sangre para cantar éxitos militares, y a quien el hoy condenado ex presidente Uribe Vélez, llamaba ‘un héroe de la patria’.
En su fallo la JEP reconoció que no se trató de casos aislados atribuibles a conductas individuales. No. Fueron parte de una práctica sistemática orientada a producir falsos reportes operacionales y encubrir crímenes internacionales caracterizados por una crueldad y un nivel de desprecio de la vida aterradores, sin embargo, la JEP no afirma de manera taxativa que fueron el resultado de la política de Seguridad Democrática.
De hecho, el 24 de febrero pasado los desligo por completo. La Comisión Colombiana de Juristas respondió, afirmando que las investigaciones hechas hasta el momento, indican que, “por el contrario, existió un diseño institucional que favoreció la comisión de las conductas criminales, y que bajo ese diseño institucional se expidieron decretos y circulares, como la Directiva Permanente 017 de 1996 del Ejército, desarrollada por la Circular 6262 del 1999, o la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, que la propia JEP ha reconocido que catapultaron la comisión de desapariciones y asesinatos de civiles. Es durante el periodo de vigencia de la Política de Seguridad Democrática que esas normas se tradujeron en órdenes de los generales bajo las cuales se impuso la política de control de cuerpos, y se premió y condecoró a quienes la cumplieron”[3].
No podemos olvidar, como se mencionó en otro escrito para Revista Sur, publicado en julio de 2023, que “la fiscal de la CPI, la jurista gambiana Fatou Bensouda, afirmó que los [mal llamados] ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado bajo el gobierno de Uribe Vélez; afirmación ratificada por la Comisión de la Verdad en 2022. No fueron hechos ajenos a las instrucciones de jerarquía al interior de los batallones militares. Fue una acción sistemática orquestada por altos mandos, con la complicidad de actores políticos y redes delincuenciales, y ejecutada por miembros activos del Ejército Nacional, convertidos en sicarios al servicio del gobierno colombiano.
La Oficina de la fiscal de la CPI, afirmó en 2012 que “hay bases razonables para creer que los falsos positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra”. Estas rotundas afirmaciones hechas por la Corte Penal Internacional (CPI) en su reporte provisional, titulado ‘Situación en Colombia’ fueron el argumento central para explicar las razones por las cuales Colombia seguiría siendo objeto -en ese momento- de examen preliminar, paso previo para decidir si se abre o no una investigación. Ese examen preliminar se había centrado en cinco asuntos: el marco legal para la Paz o cualquier otro aspecto relacionado con el surgimiento de nuevos grupos armados; la promoción y expansión de grupos paramilitares; el desplazamiento forzado; los crímenes sexuales, y los casos de falsos positivos”[4].
En otro reciente fallo de la JEP, se evidenció la sistematicidad de estas ejecuciones y al extremo al que fueron capaces de llegar algunos militares para enseñar resultados. En Sucre se destapó la existencia de una granja con stock de víctimas esclavizadas y engañadas para ser asesinadas periódicamente.
“Un fallo del Consejo de Estado expuso cómo un grupo de soldados llegó a utilizar un terreno para recluir, explotar y luego asesinar a jóvenes que presentaban como bajas de guerrilleros”[5]. El siniestro caso se destapó cuando la JEP ordenó al Ejército Nacional indemnizar a la familia de Víctor Manuel Rangel García, un joven de Cartagena que viajó al departamento de Sucre tras una falsa promesa laboral.
En enero de 2008 su familia supo a través de un noticiero, que el joven figuraba en el listado de supuestos guerrilleros muertos en un combate con la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, comandada por el coronel Luis Fernando Borja.
El mayor en retiro Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la misma unidad militar, se acogió a la JEP y declaró que todas las operaciones que se hicieron con el coronel Borja fueron Falsos positivos. Su directriz era “dar bajas”. Con el tiempo, reclutó un promedio de 15 personas y las llevó a una finca a trabajar; “y de esa finca sacaba uno o de a dos e iba y daba esos resultados, hasta que básicamente llevó más de 57 bajas”, indicó el militar retirado”. Todos los mandos de la brigada lo sabían.
De hecho, otros militares corroboraron esta versión y dijeron que las víctimas totales de los Falsos positivos serían mucho más de 6.402. Tras destaparse la noticia, veinticinco altos mandos militares admitieron ante la JEP su participación en 604 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008.
Estas sentencias marcan un hito en la búsqueda de verdad y justicia, y representan un avance muy importante en el Caso 03 de la JEP. Con ellas se confirma que, en efecto, el país o su conciencia, están cambiando. La atrocidad empieza a ser vista como tal, y su naturalización es evaluada y rechazada. Una sociedad más humana si es posible.
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[1] France 24; “JEP sanciona al último secretariado de las FARC con ocho años de actividades restaurativas por el caso de secuestro”. Sección América Latina. Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Ver en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250916-colombia-la-jep-dicta-ocho-a%C3%B1os-de-sentencias-restaurativas-a-exsecretariado-de-las-farc-por-secuestros
[2] El País; “La JEP sanciona con ocho años al último secretariado de las FARC por miles de secuestros en Colombia”. Por Valentina Parada. Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Ver en: https://elpais.com/america-colombia/2025-09-16/la-jep-sanciona-con-ocho-anos-al-ultimo-secretariado-de-las-farc-por-miles-de-secuestros-en-colombia.html
[3] Comisión Colombiana de Juristas; “La JEP se contradice al señalar que los ´falsos positivos´ no tienen relación con la Política de Seguridad Democrática”. Bogotá, lunes 24 de febrero de 2025. Ver en: https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/la-jep-se-contradice-al-sealar-que-los-falsos-positivos-no-tienen-relacin-con-la-poltica-de-seguridad-democrtica
[4] El Espectador; “Falsos positivos ‘Sí han sido política de Estado”. Por Diana Carolina Durán Niño. Bogotá, 27 de noviembre de 2012. Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/falsos-positivos-si-han-sido-politica-de-estado-article-389506/. Tomado de revista Sur; “¿Falsos positivos?, la atrocidad cómo política de Estado”. Por Maureén Maya Sierra. Bogotá, 10 de julio de 2023. Ver en: https://www.sur.org.co/falsos-positivos-la-atrocidad-como-politica-de-estado/
[5] Infobae; “Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”. Por Jimmy Nomesqui Rivera. Bogotá, 19 de septiembre de 2025. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2025/09/20/ejercito-tuvo-una-granja-de-falsos-positivos-en-sucre-asi-reclutaban-a-los-jovenes-hay-mucha-gente-necesitada/
Maureén Maya
Foto tomada de: France 24
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