Bajo la intención manifiesta de “unificar la información” entre entidades, teniendo como base aquella manejada por la Fiscalía General de la Nación (FGN), se corre el riesgo (o esa puede ser la intención) de que sea este organismo quien monopolice la producción y la difusión de información sobre un crimen de lesa humanidad, de tendencia creciente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación (PGN) ya habían expedido Alertas Tempranas e informes sobre la situación crítica de las personas defensoras de derechos humanos sin que las instituciones advertidas implementasen acciones efectivas para disminuir o frenar los crímenes. Del conjunto de informes y alertas de ambas instituciones se evidencia que los asesinatos son crímenes sistemáticos y generalizados. Pero la FGN no toma en cuenta para sus investigaciones el registro de víctimas elaborado por la Defensoría del Pueblo sino el que le presenta la ONU (que, según organizaciones especializadas, tiene menos víctimas).
Esta decisión gubernamental pretende dar preponderancia a la información manejada por la FGN por encima de la manejada por los entes de control estatales, socavando la independencia que deben tener estos organismos como la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, los cuales vienen desarrollando sus propias investigaciones y elaborando sus informes, permitiendo una mayor comprensión del fenómeno o por lo menos abordarlo desde diferentes puntos de vista y encontrar conclusiones en común.
El pretendido monopolio de la información sobre un crimen de lesa humanidad, depositado en una sola institución, cuya cabeza actual ha sido cuestionada por falsear informes y datos estadísticos sobre graves violaciones de derechos humanos[3] para maquillar una realidad inocultable, es coherente con el proceso estatal de construcción artificial de la realidad por medio de herramientas estadísticas y mediáticas.
La iniciativa presidencial, que se enmarca en un patrón definido de respuesta estatal que se repite año tras año, fue rechazada de manera contundente por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Las plataformas de derechos humanos y OSC recordaron, entre otros aspectos, el manejo tramposo del ahora fiscal general al denunciar la: “ gestión inadecuada y dudosa del Fiscal Barbosa sobre las cifras y estadísticas referidas a las agresiones al liderazgo social cuando ejercía como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos en donde manipuló y distorsionó la metodología de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos para presentar supuestas reducciones de las agresiones a partir de casos documentados y omitiendo los casos en estudio supuestas reducciones de las agresiones mostrando únicamente los casos documentados y ocultando los casos en estudio”[4]. En su comunicado, las organizaciones critican la metodología de la FGN para abordar los casos, demandan respeto a la independencia y fortalecimiento de la PGN y la Defensoría del Pueblo, que se incluya en el registro de datos la información aportada por las OSC, se judicialice a los autores intelectuales de las agresiones y se desmantelen las estructuras armadas detrás de ellas.
Ya que tanto la FGN[5], como la PGN[6] y la Defensoría del Pueblo[7] están siendo dirigidas por personas pertenecientes a la coalición de gobierno, hasta ahora ninguna de estas entidades se ha opuesto a la propuesta presidencial, y probablemente no lo hagan, aunque esto vaya en detrimento de su misión institucional y constitucional.
Lo anterior presenta una serie de inquietudes preocupantes, entre otras:
- ¿Serán los miembros de la FGN la que dicte los criterios para definir quién es y quién no es una persona defensora de derechos humanos, líder o lideresa social?
- ¿Será la FGN el único ente estatal que se puede pronunciar sobre el tema e informar acerca del mismo a la opinión pública, a tribunales internacionales o al Sistema Interamericano y al de Naciones Unidas?
A continuación, se presenta un esbozo de la gravedad de esta decisión, cómo ella se enmarca en un patrón definido de respuesta estatal, y el porqué de la conveniencia de la acción conjunta de las OSC para reversar este posible intento autoritario de construcción estadística y mediática de la realidad.
Violencia armada y asesinatos contra civiles desarmados
La defensa de los derechos humanos y el ejercicio del liderazgo social se pueden entender como una relación social de lucha[8] entre diversas partes. En la normatividad internacional se aclara que esta defensa o la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ser pacíficas para poder considerar a quienes las ejercen como defensor(a) de derechos humanos[9].
En Colombia, mientras una de las partes lleva a cabo su lucha por medios pacíficos, las partes que se oponen al ejercicio de la defensa de derechos humanos perpetran crímenes de lesa humanidad por medios violentos y armados contra personas desarmadas.
Quienes llevan a cabo su lucha de defensa de derechos humanos o liderazgo social, en no pocas ocasiones, además de ser víctimas y sobrevivientes de la violencia armada directa también lo son de la violencia estructural (entendida como la falta de acceso a derechos humanos básicos y altos índices de necesidades básicas insatisfechas) y de violencia cultural, fruto de la constante estigmatización por parte de gobernantes, funcionarios estatales, miembros de la fuerza pública, principalmente, así como gremios económicos y algunos medios masivos de comunicación. Las personas defensoras en Colombia son sobrevivientes y víctimas de todas las violencias, que luchan de manera pacífica para dignificar las condiciones de vida de sus comunidades y defender sus territorios.
Crimen de lesa humanidad
El asesinato de estas personas tiene todas las características de un crimen de lesa humanidad por el cual los tribunales internacionales están en mora de condenar al Estado colombiano. Es un fenómeno generalizado, sistemático, reiterado, constante, selectivo y no indiscriminado que evidencia una naturaleza repetitiva, invariable, continua e intencionada; es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito, ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta en estado de indefensión y perpetrado de manera metódica y no aleatoria por medios violentos. Es un crimen en el que se pueden identificar patrones[10] en cuanto a los victimarios y su modus operandi, en cuanto al tipo de víctimas. Además, son evidentes elementos en común en cuanto al contexto territorial en el que se perpetra y la respuesta estatal al crimen, independientemente del gobierno que la decida.
Para elaborar un poco en este aspecto de la respuesta estatal, que se relaciona con la actual decisión presidencial de la mesa intersectorial, es conveniente aclarar que año a año la respuesta estatal al fenómeno de agresiones contra líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos ha girado, entre otras, sobre:
- La negación del fenómeno o de la condición de la víctima: el Estado niega que el fenómeno se presente, niega su magnitud y su gravedad, niega que la víctima sea defensora de derechos humanos o líder social, también niega que las causas de su asesinato estén relacionadas con su ejercicio y más bien las refiere a crímenes pasionales, de ajustes de cuentas o dice que los asesinaron en medio de un atraco.
- Intentos de construcción artificial de la realidad por medio de herramientas estadísticas y mediáticas: el Estado colombiano, bajo diferentes gobiernos y de manera reiterada, ha negado la veracidad de los informes de situación de los derechos humanos elaborados por las OSC y la ONU. Para ello presenta sus propias estadísticas acomodadas a la realidad que desea mostrar[11]. El ala más radical del partido de gobierno pide expulsar la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[12] cada que esta oficina publica sus informes sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
- Promesa de investigaciones y bienestar: los gobernantes de turno, cuando la situación de violencia adquiere magnitudes mediáticas escandalosas, se presentan en el territorio afectado prometiendo judicializaciones de los victimarios, obras de infraestructura y oportunidades de empleo para la población.
- Militarización de los territorios: el Estado militariza territorios críticos, territorios que ya están militarizados previamente y en los cuales la militarización no ha prevenido las violaciones masivas de derechos humanos. Por el contrario, se evidencian discursos estigmatizantes por parte de oficiales de fuerzas armadas y de policía y algunos de sus miembros (incluidos oficiales y suboficiales) se han visto inmersos en crímenes contra líderes sociales y personas defensoras. Es necesario recordar que durante años la doctrina militar ha asumido a esta población como parte del “enemigo interno”[13] y existen múltiples condenas y denuncias contra estas instituciones armadas estatales por violaciones a los derechos humanos y al DIH.
- Incumplimiento de acuerdos: las OSC denuncian de manera reiterada el incumplimiento estatal de los compromisos que el Gobierno adquiere en los acuerdos, incluido el Acuerdo de Paz, con organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, etc.
- Construcción de nueva normatividad de manera arbitraria, sin participación efectiva de la sociedad civil y sin cumplir la existente: el Estado sigue sin cumplir su propia normatividad en el tema, basta ver el incumplimiento en lo establecido (entre otros) en lo estipulado en el Decreto Ley 154 que define el funcionamiento y propósito de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Construye nueva normatividad pero siempre fundamentada en la acción militar o policiva y sin dar participación efectiva a las OSC en esta construcción.
- Su enfoque es en la seguridad militar e individual y no en la seguridad humana y la protección colectiva: Las medidas que implementa el Estado se enfocan en la seguridad individual y no en la protección colectiva o en la seguridad humana[14] y se enfocan en las medidas de seguridad individuales, estandarizadas y sin tener en cuenta los aspectos diferenciales culturales, contextuales, de género o étnicos. La Unidad Nacional de Protección-UNP, entidad encargada de brindar protección a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, asegura no tener presupuesto suficiente[15] para cumplir con su misión[16].
Año tras año las respuestas estatales para afrontar el fenómeno de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales se orientan a los puntos descritos, que ya han demostrado ser ineficientes.
Disparidad en las cifras
Como se muestra en la tabla y gráfico siguientes, existen diferencias entre las cifras de asesinatos de esta población que manejan las OSC y Naciones Unidas. Pese a ello, se pueden observar coincidencias en cuanto al incremento en el fenómeno. Si se comparan los informes de las OSC también se encuentran coincidencias en cuanto a la tipología de las víctimas, los principales perpetradores y las regiones de ocurrencia.
En la siguiente tabla se puede evidenciar la diferencia en el número de casos registrados por cada organización consultada y un una proyección del número total de víctimas de este crimen, con base en la información disponible.
En el siguiente gráfico se observa la tendencia creciente de los crímenes independientemente de la organización que lo registra:
Ahora que es evidente que este crimen de lesa humanidad viene creciendo año tras año (según las OSC) y que los tribunales internacionales se interesan en abordarlo; el Gobierno, aprovechando la disparidad cuantitativa de la información, al parecer pretende que la FGN monopolice la producción y distribución de información institucional para intentar disminuir artificialmente la percepción del fenómeno. Mientras esto pasa, en los territorios la masacre de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos continúa y es perpetrada con altísimos niveles de impunidad.
Da la impresión que el Gobierno pretende controlar la información controlando las instituciones que la producen, callando a la Defensoría del Pueblo y la PGN con el fin de mostrar una imagen favorable en materia de derechos humanos mientras la realidad y su representación estadística evidencian la magnitud de las violencias que padece la población civil. Basta con ver la información existente sobre desplazamiento forzado, asesinatos, violencia sexual, reclutamiento forzado, niveles de miseria, pobreza, desigualdad, corrupción y utilización del aparato estatal en beneficio de mafias, entre otros, para identificar una crisis humanitaria prolongada en el tiempo. Crisis que el Estado y sus dirigentes intentan ocultar y con ello perpetuar.
Mostrar una realidad favorable en materia de derechos humanos se dificulta cuando entidades de control como la Defensoría del Pueblo manejan una base de datos de víctimas más amplia que la de la FGN. De ahí el probable interés de callarla.
¿El problema es la unificación de información?
Una cosa es unificar las cifras integrando, respetando, valorando y comprobando los registros de todas las organizaciones tanto estatales como sociales y otra muy diferente es ejercer el monopolio de la producción y de la distribución de información y que sea la FGN quien decida quién sí y quien no es un líder social o una persona defensora de derechos humanos.
Esta iniciativa gubernamental hace aún más necesaria la construcción y/o fortalecimiento de bases de datos y registros por parte de las organizaciones de la sociedad civil ya que sus informes muestran el fenómeno desde la perspectiva de quienes lo padecen y la información que ofrecen es más transparente, puesto que publican sus informes de manera periódica y estos son de fácil acceso.
Es de suma utilidad seguir llevando a cabo el ejercicio juicioso de construir o intentar construir de manera conjunta listados y criterios de registro de víctimas. De comparar los criterios y los registros de víctimas que cada organización tenga con el fin de evidenciar cuáles víctimas tienen en común y estudiar las razones por las que se discrepa, pero también sobre las que se concuerda. También registrar otras violaciones contra el derecho a defender los derechos humanos, más allá de los asesinatos. Por eso, ahora es fundamental que las OSC complementen su información y construyan conocimiento de manera conjunta para dimensionar la magnitud real de este crimen de lesa humanidad y tener una mayor claridad sobre sus actores, sus patrones, causas y efectos.
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[1] A la que asistieron “el Fiscal General, Francisco Barbosa; la Procuradora Margarita Cabello; el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el Comandante General de las Fuerzas Militares, general Fernando Navarro, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas. Igualmente, participaron los ministros del Interior, Daniel Palacios; de Defensa designado, Diego Molano, y de Justicia, Wilson Ruiz; el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, entre otros”. Presidencia de Colombia. Crean mesa intersectorial para fortalecer protección de líderes sociales. Se puede consultar en:
[2] Presidencia de Colombia. Ibid.
[3] Entre otras denuncias: Human Rights Watch. Fiscal Barbosa: El gobierno adorna las cifras de líderes asesinados. La supuesta reducción de 30% podría no ser más que un espejismo
https://www.hrw.org/es/news/2019/06/19/el-gobierno-adorna-las-cifras-de-lideres-asesinados
[4] Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y otros. Rechazo a la unificación de cifras sobre homicidios de líderes sociales. Disponible en: https://coeuropa.org.co/rechazo-unificacion-cifras-lideres-fiscalia/
[5] “De acuerdo con su explicación, el hecho de que él sea amigo del mandatario en nada afectará las decisiones que tome desde su despacho”. Semana. Fiscal Francisco Barbosa: “Sí, tengo una cercanía con el presidente Duque, como la tuvo Néstor Humberto con Santos“. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscal-francisco-barbosa-responde-a-polemica-por-su-amistad-con-el-presidente-ivan-duque–vicky-en-semana/650119/
[6] La Silla Vacía. Margarita Cabello, una procuradora funcional a Duque pero cercana a muchos. Disponible en: https://lasillavacia.com/margarita-cabello-procuradora-funcional-duque-cercana-muchos-78141
[7] “…Camargo es el candidato del Partido Conservador y cercano a Duque”. El Tiempo. Carlos Camargo sería el nuevo Defensor del Pueblo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/carlos-camargo-lidera-en-elecciones-para-ser-defensor-del-pueblo-en-colombia-527692
[8] Una relación social se considera de lucha cuando “la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes”. Weber Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica.
[9] “Los defensores de los derechos humanos defienden, reivindican, hacen cumplir, protegen y promueven los derechos humanos, y las acciones que emprenden deben ser pacíficas”. Naciones Unidas. Asamblea General. Septuagésimo tercer período de sesiones. Tema 74 b) del programa provisional* Promoción y protección de los derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. 23 de julio de 2018.
[10] Patrón entendido cómo “la repetición no accidental de una conducta delictiva similar en cuanto a sus finalidades, modo de comisión, y características de las víctimas”. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Auto No. 19 de 2021. Núm. 226.
[11] Entre otros: Gobierno controvierte a ONU y le baja la caña a situación de líderes sociales. Un año después de que Michel Forst relató el desolador panorama que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, la Cancillería radicó un polémico informe a la Asamblea General en la que pone en duda sus observaciones y cuestiona el propósito de su visita. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-cuestiona-informe-del-relator-de-la-onu-sobre-situacion-de-lideres-sociales/650674/
[12][12] El uribismo pide expulsar a la oficina de derechos humanos de la ONU de Colombia. La tensión ha explotado tras el informe de derechos humanos que presentó la oficina de Michelle Bachelet sobre la situación de violencia en el país. Disponible en: https://elpais.com/america/internacional/2020-03-02/el-uribismo-pide-expulsar-a-la-oficina-de-derechos-humanos-de-la-onu-de-colombia.html
[13] El enemigo interno, nuevo informe que llegó a Comisión de la Verdad. Cinco organizaciones documentaron casos clave y los presentaron ante la Comisión de la Verdad. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/comision-de-la-verdad-recibio-informe-sobre-ataques-contra-defensoras-de-derechos-humanos-554104
[14] Según la ONU «la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos». En la resolución se exigen «respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas». Disponible en: https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/
[15] UNP reconoce no tener capacidad para proteger a todos los líderes sociales del país. Disponible en: https://www.lafm.com.co/colombia/unp-reconoce-no-tener-capacidad-para-proteger-todos-los-lideres-sociales-del-pais
[16] Unidad Nacional de Protección. Respuesta al Oficio No. C.P.C.P.3.1 084-20, Cámara de Representantes, cuestionario pare debate de control político. Disponible en: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-08/OFICIO%20RESPUESTA%20OFI20-00020220.pdf
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: El Espectador
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