Cuando lo único que en realidad había ocurrido es que CK Hutchison – empresa china especializada en puertos e infraestructuras con sede en Hong Kong – había obtenido legítimamente los contratos que le permitían operar los puertos de Cristóbal y de Balboa, que dan acceso al canal. Allí no había ni bases militares, ni marines chinos, ni armas de destrucción masiva, ni nada parecido. Había ejecutivos, empleados y trabajadores chinos encargados de realizar cotidianamente las tareas que garantizan el normal funcionamiento de las actividades portuarias. Si había guardias de aduana, policías y militares eran todos panameños.
Por lo que del “control chino” del canal era una solemne mentira que solo pretendía justificar ante la opinión pública las decisiones que a continuación le impuso al gobierno panameño. Todas de carácter neocolonialista, todas violatorias tanto del Tratado Carter Torrijos como del derecho internacional. Trump intentó en primera instancia imponer la venta forzosa del 90% de las acciones de la empresa china que gestiona los puertos del canal, a BlackRock, el todo poderoso fondo de inversiones, dirigido por Larry Fink, donante de la campaña electoral del actual inquilino de la Casa Blanca.
Los directivos de la empresa china inicialmente cedieron, pero el gobierno chino vetó la transacción y apeló a las reglas de la OMC. Envalentonado por el éxito inicial de su plan de expulsar a la compañía china de los puertos del canal, Trump añadió la exigencia de que la Autoridad del Canal de Panamá -el ente del gobierno panameño que los administra- exonere del pago de las tarifas de tránsito por el canal a los barcos y navíos estadounidenses. Le sumo la exigencia de poner fin a la participación en el proyecto chino de la Franja y la Ruta. Y coronó la ronda de imposiciones, estableciendo una guarnición permanente de marines en la zona del canal, en abierta violación del principio de neutralidad del canal consagrado por el Tratado Carter-Torrijos ya mencionado.
Pero donde la abierta intervención militar en apoyo de imposiciones económicas ha resultado aún más flagrante ha sido en Guatemala. Intervención encabezada, como el caso de Panamá, por el almirante Alvin Holsey, flamante jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses. A finales del mes pasado se oficializó la cesión por parte del gobierno guatemalteco del “control, la modernización y el aseguramiento” de Puerto Quetzal, situado en el océano Pacifico, mediante un convenio de colaboración suscrito por el presidente Bernardo Arévalo y el ya citado almirante Holsey. En dicho convenio se estableció que las obras requeridas para el cumplimiento de tales objetivos, las realizará “el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, con la colaboración de nuestros socios guatemaltecos”. La fase inicial del plan se prevé “una inversión de 63 millones de dólares” en el diseño de las mejoras en los servicios del puerto: “canales de navegación, sistemas de atraque y almacenaje de alta calidad y otras instalaciones”, afirmó Holsey en la presentación del convenio. Y añadió que Estados Unidos (debió haber dicho el Pentágono) “facilitará el acceso de expertos en la materia, para llevar a cabo estudios de viabilidad”, con el fin de “identificar potenciales proyectos de construcción que optimicen las capacidades y la eficacia de operaciones portuarias”. Por último: se espera, además, que esta clase de colaboración se extienda al puerto Santo Tomás, situado en el litoral caribe guatemalteco.
La verdad es que me quedé asombrado cuando conocí esta información. Presten atención. En nombre de los Estados Unidos no lo firmó Tobin Bradley, el actual embajador estadounidense en Guatemala, sino el mismísimo Holsey, a quien por lo visto el Pentágono le ha encargado la realización de tareas que son más propias de un agregado comercial que de todo un almirante. Encargado, como ya dije, de la jefatura de un Comando cuya misión es librarnos a los latinoamericanos de todo mal y peligro. Y con quién incluso deberíamos estar agradecidos porque el mundo es muy peligroso y nosotros somos unas criaturas indefensas muy necesitadas de protección y cariño.
Pero en realidad no debía sorprenderme. El caso de Puerto Quetzal es una demostración palmaria de que Estados Unidos no puede actualmente excluir a China de su participación en nuestros mercados y en los proyectos de infraestructuras estratégicas ofreciendo mayor eficiencia y mejores productos a mejores precios. Hoy no tiene la capacidad de hacerlo y todavía está por verse si puede hacerlo en un futuro previsible. Por lo que a Trump no le queda más remedio que utilizar la fuerza en todos los sentidos para expulsar a China de nuestros mercados. Los marines no se instalan en el canal de Panamá para protegerlo de un más que hipotético ataque chino, se instalan para intimidar a su gobierno y forzarlo a aceptar las decisiones de Washington. Como tampoco los ingenieros civiles del Ejército de los Estados Unidos se van a encargar de las obras de puerto Quetzal, porque hayan ganado en franca lid un concurso internacional convocado para hacerlas. Las van a hacer porque muy probablemente el almirante Helsey le hizo al presidente Bernardo Arévalo de Guatemala una oferta que él no podía rechazar. En el mejor estilo de don Corleone.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: Agencia Guatemalteca de Noticias
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