La democracia moderna está constituida fundamentalmente por mecanismos institucionales que sirven como base para promover formas específicas de participación política por parte de los ciudadanos. Con frecuencia, esta participación se reduce a elegir representantes mediante votaciones libres y periódicas. Por definición, la democracia participativa supone un espacio público de libertad discursiva para llevar a cabo la discusión de leyes y políticas públicas apelando a razones y argumentos. La construcción de una esfera pública de diálogo y deliberación en Colombia ha quedado solo como un desiderátum. Además, este tipo de deliberaciones no son siempre equitativas: “Jamás sucederá que el pueblo no sea tentado por intereses particulares, presentados como los intereses del pueblo por algunos hombres hábiles valiéndose de su prestigio y elocuencia” (Rousseau).
La democracia colombiana está configurada por principios liberales, como la existencia de múltiples partidos políticos distintos, la separación de poderes, la defensa de los derechos individuales, el respeto de la propiedad privada, una economía de mercado, etc. A pesar del frágil imperio de la ley, de la alta concentración de poder, de un importante déficit en la satisfacción de los derechos y un precario escrutinio ciudadano, Colombia se define como “un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria”.
La democracia liberal tiene sus raíces en la concepción política de la tradición moderna del Estado. Con frecuencia ambos términos se toman como interdependientes, y en el entorno político mundial, caracterizado por el dominio de las ideas liberales, se tiende a ver en ellos dos conceptos redundantes.
En la tradición del pensamiento político, desde Cicerón, pasando por Maquiavelo, hasta Kant, se distingue entre formas de gobierno y formas de Estado. Esta última tiene que ver no con quienes gobiernan (forma de soberanía), sino con el modo de gobernar. Así, Kant considera que solo existen dos tipos de Estado, el Estado despótico y el Estado republicano: “El «republicanismo» es el principio político de la separación del poder ejecutivo -gobierno- y del poder legislativo; el despotismo es el principio del gobierno del Estado por leyes que el propio gobernante ha dado”. En La paz perpetua Kant aduce que la representación es el rasgo esencial de la república, por eso rechaza la constitución democrática al considerarla una especie de despotismo, pues en ella “todos quieren mandar” (Kant).
La concepción liberal del Estado es la idea del Estado limitado, en contraposición al Estado absoluto o despótico, independientemente del régimen político. De ahí que un Estado liberal no sea necesariamente democrático, y sucede con frecuencia que el poder de un Estado liberal permanezca en manos de unos pocos o unas cuantas élites, siendo bastante limitada la participación en el gobierno por parte del grueso de la población. John Locke, por ejemplo, no era en absoluto un demócrata, si bien sentó las bases primordiales del liberalismo (Macpherson). Inversamente, un gobierno democrático tampoco supone la existencia de un Estado liberal. De hecho, la democratización del poder ha sido advertida como un riesgo que amenaza la existencia de un Estado liberal. El ataque de B. Constant contra Rousseau se centraba en que la participación directa de los ciudadanos en las decisiones colectivas suprimiría la libertad del individuo al someterlo a la autoridad del conjunto.
El fin de los antiguos era la distribución del poder político entre todos los ciudadanos de una misma patria; ellos llamaban a esto libertad; el fin de los modernos es la seguridad de los goces privados: ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces” (Constant).
Ahora, si ambos conceptos son antitéticos como parece ser, de qué manera logran conciliarse democracia y liberalismo en la concepción moderna del Estado, o mejor, qué debe entenderse por democracia desde el punto de vista liberal. El liberalismo acoge como elementos constitutivos esenciales de su visión de sociedad el gobierno por consenso, el mandato de la mayoría, el derecho de las minorías, la libertad de los individuos y el respeto incondicional a la propiedad privada. La democracia liberal protege al individuo y asegura sus derechos, lo defiende de la opresión para preservar su esfera privada de libertad y propiedad, pues en dicha tradición el individuo “es visto esencialmente como propietario de su propia persona o de sus capacidades, sin que deba nada a la sociedad por ellas” (Macpherson).
Democracia significa poder del pueblo, esto parece indicar que en ella el pueblo es el que manda. Cicerón afirmó que la república (la cosa pública) es lo que pertenece al pueblo, y es aquello que para durar debe regirse por un gobierno (Cicerón). Pero la cosa pública no puede entenderse en un sentido literal, como indicando que esta cosa pertenece al pueblo, por lo cual el pueblo se hace cargo de tal cosa (ver introducción). No, se habla es de “la gestión del pueblo – que es, como he dicho antes, la república” (Cicerón). El autor romano no piensa en un “gobierno del pueblo” en un sentido democrático. La contracción Del no expresa un genitivo subjetivo, o sea, un gobierno ejercido por el pueblo en tanto le pertenece; su sentido es el del genitivo objetivo: gobierno del pueblo como objeto. La república es, pues, el gobierno sobre el pueblo, pero aquí el pueblo es el objeto de gobierno del que está excluido el mismo pueblo. La democracia representativa liberal comparte igual principio.
Los derechos liberales, encaminados a velar por la igualdad política, no pueden agotar el conjunto de derechos que debe exhibir una verdadera democracia, sobre todo en una sociedad que, como la colombiana, padece altos niveles de pobreza (39,3%), de miseria (15%), inseguridad social y exclusión que deterioran cada vez más los índices mínimos de satisfacción de derechos básicos. Rousseau reconocía que los individuos eran por naturaleza desiguales en lo que atañe a habilidad, fuerza, inteligencia y otras disposiciones del cuerpo y del espíritu, mientras la desigualdad política o moral no era natural, sino que dependía de una especie de convención o acuerdo entre los hombres. Simón Bolívar, influenciado por las ideas de Rousseau, en su Discurso de Angostura afirmó que la desigualdad natural debe corregirse poniendo “al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social”.
Atendiendo tales diferencias naturalizadas por una sociedad tradicionalmente injusta, de jerarquías y privilegios, y señalando las deficiencias de la democracia liberal, el presidente de la república Gustavo Petro, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el pasado 19 de abril, afirmó que “este mundo de hoy no es exclusivamente de derechos liberales. El esfuerzo constitucional colombiano […] busca la ampliación de los derechos más allá del límite del individuo sin desconocerlos. No niega el liberalismo, lo recoge, lo enriquece y lo proyecta hacia otras esferas de la sociedad”. El presidente Gustavo Petro reconoce que el concepto liberal de democracia es bastante limitado y restringido, por lo cual propone “una democracia más profunda que la antigua democracia representativa y liberal”, pero sin negarla.
La igualdad política, la protección de la propiedad y los derechos individuales solo perpetúan las situaciones de injusticia y despojo (se sabe, por ejemplo, que los paramilitares se apropiaron de seis millones de hectáreas de tierra –el 83 % de los casos de despojo- y le quitaron la tierra a campesinos pobres que tenían menos de 40 hectáreas), haciendo de una usurpación violenta un derecho irrevocable. En resumen, una verdadera democracia exige la extensión de los derechos a la esfera social y económica, para ello hay que actuar sobre la organización del poder y transformar las actuales relaciones de propiedad.
David Rico Palacio, Filósofo, Mg. en Filosofía
Foto tomada de: RTVC Noticias
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