Después de la derrota en el plebiscito, de las primeras reuniones del Gobierno Nacional con los promotores del NO que resulto victorioso por un poco menos de 54 mil votos y con una abstención del 63% del censo electoral, se vislumbran varios escenarios para salir del impasse político en que se encuentra el proceso de Paz. El primer escenario, el acuerdo entre las elites y sin la participación ciudadana, no parece contar con vientos favorables después de las contundentes marchas en todo el país pero principalmente en Bogotá en dónde se han desarrollado dos grandes concentraciones exigiendo Acuerdo Ya! En estas concentraciones pluralistas la ciudadanía se opone a la dilación y quiere una salida rápida que sin embargo no está a la vuelta de la esquina.
Y esa rápida salida no se vislumbra por cuanto los distintos promotores del NO en el plebiscito quieren, por el calado de las propuestas que finalmente han presentado, una verdadera renegociación y no simplemente como lo habían propuesto en la campaña ajustes puntuales. Dentro de los grupos del NO finalmente, después del desconcierto inicial que sobrevino a su estrecha victoria que demostró que no estaban esperando dicho resultado, se han venido conociendo a marcha lenta sus pretensiones. El documento entregado por el Centro democrático que dirige el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez este pasado miércoles 12 de octubre, tiene un conjunto de propuestas todavía generales que abarcan todos los puntos del acuerdo suscrito por el presidente, Juan Manuel Santos y por Rodrigo Londoño el pasado 26 de septiembre en Cartagena.
No pretendo ahora hacer un examen al detalle de cada uno de los puntos contenidos en el documento pero si me referiré a los que considero centrales para vislumbrar las dificultades que se ciernen sobre el proceso. El documento “Bases de un Acuerdo Nacional de Paz” señala que a raíz de los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre los acuerdos entre el Gobierno y las FARC han quedado sin vida jurídica y sin la posibilidad de ser implementados y congruente con dicho planteamiento los acuerdos de La Habana no constituyen un Acuerdo Especial a la luz del DIH y por tanto y de acuerdo con la interpretación del Centro Democrático no forman parte del bloque de constitucionalidad y ello por cuanto fueron rechazados por los ciudadanos en el plebiscito. Por tanto y según el documento al que me refiero lo que cabe es la búsqueda de un entendimiento político que tome los acuerdos de La Habana “como un punto de partida para introducir correcciones y edificar un acuerdo que permita la unidad de la nación”.
Así mismo el documento señala -en contra de los acuerdos de La Habana- que el acuerdo final no se incorporará a la Constitución, simplemente se implementará “mediante los mecanismos institucionales necesarios para darle seguridad jurídica” pero además el documento señala que se opone a la creación de unas instancias propias para el desarrollo del proceso. Son las instituciones existentes en el Estado actualmente quienes deben llevar adelante el desarrollo del proceso.
En materia agraria las principales reformas a lo acordado entre las FARC y el Gobierno Nacional buscan el reconocimiento a la existencia “de la producción empresarial de mayor escalas, su importancia dentro del desarrollo rural y la economía nacional, y la también obligación del Estado de promoverla dentro de las condiciones establecidas”. Es decir en términos precisos si bien no se van en contra de la política para el fortalecimiento de la economía campesina, del Fondo de Tierras para la Paz (los 3 millones de hectáreas para fortalecer la economía campesina) y de la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas, que son los dos contenidos centrales del primer punto, si buscan limitarla y hasta cierto punto obstaculizarla. Por ejemplo salen en defensa de los llamados segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras y se oponen a la modernización del catastro rural argumentando que ya se encuentran en marcha procesos de actualización que califican como gravosos para la propiedad rural. Al lado de estos que a mi juicio son los principales reparos a los acuerdos se insiste en asuntos que no están contenidos en los acuerdos como el respeto a la legítima propiedad privada, o los límites que se quieren imponer a los mecanismos de expropiación consagrados actualmente en la Constitución Política. Con todo, estos puntos podrían ser incorporados pienso sin mayores obstáculos a los acuerdos siempre y cuando se establezcan mecanismos para llevar adelante los temas acordados originalmente en los acuerdos de La Habana.
Los verdaderos obstáculos empero se encuentran a mi juicio en los puntos dos, reformas políticas, tres, fin del conflicto, cuatro, narcotráfico y cinco, víctimas. Someramente veamos los principales. En el punto de reformas políticas el documento acaba con la filosofía y el contenido básico de las 16 circunscripciones de paz. En el acuerdo original en esas circunscripciones solo podrían concurrir organizaciones sociales, de víctimas, de mujeres, de campesinos que no tuvieran presencia en otras regiones y a ellas no podría presentarse partidos políticos con representación en el Congreso de tal forma que ni las FARC podrían aspirar a la elección en dichas circunscripciones especiales de paz. El documento del Centro democrático por el contrario plantea que “La participación de todos los Partidos Políticos en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz debe ser el criterio general, inclusive permitiendo que quienes ejerzan las candidaturas sean prioritariamente víctimas de la violencia en dichas zonas. Es excluyente habilitar zonas electorales vetando la presencia de fuerzas políticas con representación en el Congreso” con esta propuesta las circunscripciones de paz no tienen sentido pues lo que se busca es que la Colombia de la periferia y en donde se ha concentrado el conflicto armado tengan durante ocho años una representación en la Cámara de Representantes.
Así mismo se plantea que las reformas al sistema electoral deben recaer principalmente en el Congreso que dicho sea de paso ni siquiera ha querido realizar una reforma al vetusto Código Nacional Electoral que data de 1986 es decir un obsoleto código que rige antes de la Constitución de 1991. Lo que busca es mantener el estatu quo y dejar en manos de la clase política tradicional una reforma que es trascendental para la modernización y democratización de la vida democrática del país. Qué pensarán a todas éstas las personas que votaron por el NO al ver estas propuestas.
Pero el verdadero caballo de Troya en contra de los acuerdos se plasma en las propuestas que tienen que ver con la participación política de las FARC. Las medidas afirmativas para que las FARC transiten de las armas a la política son eliminadas de tajo. “Deben contar con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos y movimientos políticos registrados en el país” se dice lapidariamente en el documento. Las tres vocerías transitorias que tengan las FARC en el senado y la Cámara así como las curules especiales que se otorgarán por ocho años en esos mismos organismos, “no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o delitos graves”. Es decir, ninguno de los comandantes de las FARC, podrían ocupar dichos cargos. Esto realmente es insostenible en un proceso de renegociación pues es negar en esencia la naturaleza política de la negociación misma. Así mismo se quiere imponer a las FARC el modelo bastante limitado de reinserción implementado por los gobiernos en los últimos años. Hasta allí llega la mezquindad de la propuesta. Tratar de imponer a las FARC hasta el cómo deben reintegrarse a la sociedad.
También se trata de bajar la autonomía y el modelo acordado en La Habana para el combate y el desmonte de las bandas paramilitares. Todo ello se hace desde la perspectiva de defender la institucionalidad existente que es la misma que ha resultado ineficaz para enfrentar el fenómeno de la criminalidad de estas organizaciones.
Otro tema central tiene que ver con la oposición férrea a lo acordado en La Habana sobre la consideración del narcotráfico como delito conexo al delito político en el caso de las FARC. “En este capítulo debe precisarse el narcotráfico -dice el documento- como delito autónomo no amnistiable. La cooperación efectiva con las autoridades en los términos de brindar información efectiva, permitirá la identificación de atenuantes de penas o mecanismos de sanción efectiva con alternativas”.
Finalmente además de reclamar por algo que ya tardíamente las FARC vinieron a reconocer solo a dos días del plebiscito de entregar todos sus bienes para la reparación de las víctimas el documento insiste en este punto que a mi juicio era un vacío en los acuerdos y pienso que este tema no tendría mayor problema. Sin embargo hay dos puntos en el punto de victimas que son verdaderos monumentos a la impunidad y que serán muy difíciles de ser aceptados por las FARC. Como se recordará uno de los temas centrales del acuerdo en el punto de las víctimas es el relacionado con la Comisión de la Verdad. De acuerdo con el texto final de los acuerdos esta comisión estaría integrada por 11 Comisionados/as que serían nombrados por la Corte Europea de Derechos Humanos, el secretario general de Naciones Unidas, el Instituto Internacional de Justicia Transicional, la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Sistema de Universidades Públicas de Colombia. En cambio y para que no quede duda de su compromiso con las fuerzas más tradicionales del país que no brindarían ninguna independencia el documento del Centro democrático propone que “La Composición de la Comisión de la Verdad debe incluir la participación nominadora de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para darle un alcance amplio y no sólo la facultad nominadora indirecta concertada entre las FARC y el Gobierno”. Qué comisión podría salir de allí quizás un organismo más parecido al actual Consejo Nacional Electoral que a una verdadera Comisión de la Verdad.
Y para finalizar la propuesta del Centro Democrático acaba con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta que fue una de las propuestas que ocupó un tiempo más largo en la negociación y que requirió de una comisión externa de juristas para su concreción simplemente es eliminada, en cambio se proponen, lo que son los contenidos básicos de la ley 975 de 2005 que sirvió de marco a la parcial y mal hecha desmovilización con los paramilitares y que ha dado una alta dosis de impunidad y unas condenas que desde su implementación no llegan a 50.
Lo que propone es la “creación dentro de la jurisdicción ordinaria unas salas especializadas que se denominaran CORTES PARA LA PAZ, las cuales orgánicamente estarían adscritas al Tribunal superior de Bogotá”. Las investigaciones serían adelantadas por la Fiscalía y esas Cortes para la Paz tendrían VARIOS TIPOS DE SALAS (sala de amnistías e indultos, sala de reconocimiento de la verdad, sala de control de garantías y sala de juzgamiento) y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sería el SUPERIOR JERARQUICO (segunda y última instancia) de las denominadas Cortes para la Paz. Con esta composición pienso que el grado de impunidad se multiplicaría a lo que es hoy la llamada ley de Justicia y Paz.
Para rematar y como se sabe lo que propone el documento relativo a las penas es del siguiente tenor “Se MODIFICA EL RÉGIMEN DE SANCIONES, estableciendo un mínimo de cinco años y un máximo de 20 de privación de la libertad como sanciones a imponer por las cortes de paz, para quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” “SI HAY RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, sea autor o cómplice de la conducta, las sanciones serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en lugares de reclusión alternativos como granjas agrícolas” (Mayúsculas todas en el original).
En síntesis lo que no pudieron las Fuerzas Armadas en los campos de batalla pretende el Centro democrático conseguirlo en nombre de quienes votaron NO en el plebiscito es decir una rendición de las FARC y de sus jefes. Estos son los verdaderos obstáculos al proceso.
Como indicamos al comienzo de estas líneas un primer escenario que hoy tiene pocas probabilidades es el acuerdo de las élites. Simplemente las elites están divididas frente a los contenidos de la negociación y hay una población en las calles exigiendo que los Acuerdos sean ágiles y los ajustes a los acuerdos sean rápidos. En esto también coinciden los actores internacionales que apoyan el proceso.
Un segundo escenario es el de una renegociación del acuerdo que de todas maneras se tendrá que dar y a lo cual han accedido las FARC de acuerdo con el comunicado conjunto de la Mesa de La Habana después del resultado del plebiscito. Ahora bien con el acuerdo renegociado al Gobierno le quedan tres alternativas una es preparar de común acuerdo con las FARC un nuevo calendario que incluya la presentación de un paquete legislativo al Congreso de la República para que sea tramitado de acuerdo con los procedimientos vigentes, es decir, de acuerdo con las leyes vigentes y quizás una reforma constitucional que apruebe el mecanismo de trámite rápido, esto último demoraría no menos de ocho meses. Una segunda alternativa es la de volver a convocar con el nuevo texto del acuerdo un plebiscito refrendatario de los acuerdos. Finalmente queda la alternativa que cada vez más sectores de la sociedad civil vienen impulsando que es la refrendación de los Acuerdos de La Habana mediante la utilización de la figura del Cabildo Abierto en los municipios del país. Esta vía se ha puesto en marcha en varias regiones del país y es una vía válida para salir del impasse en que nos encontramos para dar aprobación a los acuerdos y evitar la continuación de la guerra.
Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Bogotá Octubre 13 de 2016
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