Es evidente que el “gobierno del cambio”, a pesar de la guerra jurídica y mediática, avanza con sus reformas. Ha logrado desactivar diferentes entuertos y ajusta su gobierno. Las mociones de censura contra ministros no han progresado. La “amplia coalición” a pesar de los gestos y desaires que han sido fruto de presiones de empresarios, gremios y “jefes” de partidos políticos, se mantiene porque el gobierno logró con la reforma tributaria un “músculo presupuestal” que le permite “pulsear”.
Lo más interesante de lo que ocurre en el momento es ver a esos ricos y poderosos cómo se falsean ellos mismos. Dicen que quieren la “paz” pero toda su vida han hecho la guerra. Aseveran que combaten la economía del narcotráfico pero con esos “dineros calientes” lograron aparecer en la lista de multimillonarios de Forbes. Guerra y narcotráfico han sido la constante desde hace 5 décadas sin que a ellos les haya inquietado en lo más mínimo.
Aseveran que luchan contra la minería ilegal, pero desde que sus ancestros españoles y europeos arribaron a estas tierras, lo que han hecho es depredar la naturaleza, robarse el oro y demás recursos naturales y, explotar a los pueblos originarios (indígenas), traídos (negros y yanaconas) y surgidos (mestizos de todos los colores). En ocasiones quisieron desplazar y desaparecer a mineros ancestrales y artesanales pero éstos se han resistido.
Hoy, que algunos representantes de esos pueblos explotados se han atrevido a colocar “su democracia” al servicio de unos cambios que, por ahora, son la cuota inicial de otras transformaciones estructurales, los ricos y poderosos de Colombia se rasgan las vestiduras y gritan a diario que el gobierno de Petro lleva al país al caos. “Libertad y orden” piden a través de algunos gobernadores que van de salida y juegan con la oposición.
Los más especializados analistas al servicio de esos ricos y poderosos plantean que para conseguir la “paz total” no se requiere dialogar con jefes narcos. Olvidan que su primer gobierno neoliberal (C. Gaviria, 1990) no sólo dialogó, sino que negoció con Pablo Escobar y con los Rodríguez Orejuela. Y, además, la Asamblea Constituyente de 1991 se vio obligada a prohibir la extradición de nacionales para “medio parar” la guerra. Y Uribe hizo lo mismo.
El eje de la estrategia que utiliza la oligarquía colombiana es impedir –por todos los medios– que Petro pueda mostrar realizaciones a favor de un pueblo que está expectante. No obstante, su dilema es que, de manera inexorable, en medio de tropiezos y obstáculos, el gobierno progresista avanza con sus propósitos de cambio. Tal vez no lo haga a la velocidad que se quisiera y con la totalidad e integralidad de las reformas, pero se avanza. Y eso les preocupa.
Dentro de pocos meses va a poder cumplirle a las mujeres cabeza de familia, a los adultos mayores sin posibilidad de pensión, a los jóvenes que no trabajan ni estudian. Ya les cumple a miles de familias campesinas. Una vez se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno podrá acelerar el ritmo de sus ejecuciones y, entonces, las tareas centrales, o sea, la industrialización de nuevo tipo del aparato productivo y el cambio de la matriz energética contará con recursos financieros para impulsar proyectos estratégicos.
Es por todo lo anterior que desde el campo del progresismo y de las izquierdas no podemos caer en la trampa de la crispación de nervios. La tarea vital es preparar a los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad para impulsar esos cambios con asociatividad y alta tecnología. Y unirnos como Pacto Histórico para participar en las elecciones locales y regionales con grandeza, amplitud y sentido estratégico, a fin de que el gobierno de Petro y el movimiento democrático logren un triunfo total. ¡A paso de vencedores!
Fernando Dorado
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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