Todo gobernante estructura un presupuesto de acuerdo con la ley para el sostenimiento del Estado, la ejecución de sus políticas públicas y planes de gobierno. Con el fin de mantener la economía del país y asegurar recursos, con frecuencia es necesario recurrir a reformas tributarias o leyes de financiamiento. Una ley de financiamiento se presenta cuando el Gobierno necesita garantizar recursos con el propósito de cubrir el gasto público de un período determinado, generalmente el del año siguiente. Su finalidad principal es cerrar el faltante fiscal inmediato (“el hueco”), asegurando el dinero suficiente para financiar el Presupuesto General de la Nación. A diferencia de una reforma tributaria, la ley de financiamiento no necesariamente busca rediseñar todo el sistema, sino ajustar impuestos, eliminar beneficios regresivos o crear medidas transitorias que permitan conseguir recursos rápidos y dar estabilidad fiscal.
El pasado lunes primero de septiembre, el ministro de Hacienda Germán Ávila radicó ante la Secretaría General del Congreso la nueva ley de financiamiento del Gobierno Petro. Con la finalidad de evitar que la estupidez dogmática del uribismo se expanda y produzca confusión; ellos, acostumbrados como están a tergiversar y mentir para engañar, se hace necesario aclarar los puntos principales que propone dicha ley.
El Gobierno busca obtener cerca de 26.3 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal y garantizar el presupuesto 2026. Con esta ley se busca garantizar el presupuesto del año 2026 y cerrar la brecha fiscal que se ha abierto producto de problemas generados y acumulados en las finanzas públicas, el más importante es el hueco fiscal que produjo la atención de FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles).
El Gobierno se ha esforzado por impulsar la economía del país mediante la focalización del gasto, optimizando los escasos recursos del presupuesto destinados a la inversión social. Sabe que el crecimiento económico no se justifica si no favorece a los más pobres. Esto ya lo comprendieron los gremios y el Congreso, donde habitan sus lacayos, y han decidido sabotear el presupuesto y las leyes de financiación. Esta última, sin ser ni siquiera discutida, corre el riesgo de que “a priori” no se apruebe. Es una ley que ya encuentra resistencias de sectores empresariales y de la oposición uribista, que acusan al Gobierno de crear “más impuestos” a los ciudadanos, pese a que concentra la carga tributaria en quienes más tienen y más ganan. Es, en esencia, una reforma tributaria con enfoque progresivo y ambiental, que busca que paguen más quienes más tienen y ampliar el recaudo para programas sociales, sin gravar a los sectores populares. Esta ley tiene como principio fundamental no tocar a la clase trabajadora, a los estratos bajos, ni a las rentas del sector productor (pequeñas y medianas empresas) cuya actividad genera riqueza y crecimiento económico. Así pues, todas las personas jurídicas quedan por fuera de esta nueva ley, cuyo espíritu expresa las banderas económicas del actual Gobierno: asegurar la inversión en las políticas sociales y territoriales en favor de la equidad y la justicia social.
Pero dado que la avalancha de noticias falsas y los clichés mediáticos de desinformación no se hicieron esperar, es necesario destacar algunos puntos:
- Tarifas de rentas para personas naturales no afectará en absoluto las finanzas de los trabajadores promedio del país, ni a quienes tengan un nivel de ingresos que están dentro del rango general. Sigue aplicando desde ingresos de 78,4 millones al año y se incrementa el impuesto a la renta a las personas con ingresos superiores a 122.4 millones al año (10.2 millones al mes).
- Habrá impuestos saludables para vapeadores, alcohol y cigarrillos con un IVA del 30%, 19% y 10% respectivamente (como se sabe, el precio de un producto incluye los costos asociados a su producción. Pues bien, hay unos bienes y servicios que tienen un costo social y efectos negativos sobre la salud: son las llamadas “externalidades negativas”, es decir, las consecuencias que una actividad económica (de producción o consumo) impone a terceros que no están directamente involucrados en la transacción, sin que el causante las asuma, como problemas de contaminación, salud pública, etc.
- Se contemplan impuestos para los juegos de suerte y azar en línea, los cuales serían gravados permanentemente con el 19% (hoy es un impuesto temporal surgido de la crisis en el Catatumbo). De acuerdo con un informe reciente de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, en 2024 hubo 2,04 millones de establecimientos activos en el sector de las apuestas, con una facturación anual de $51 billones: “La cantidad de transacciones en 2024 alcanzó los 328 millones, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores”.
- Los eventos culturales, conciertos y partidos de fútbol cuyas boletas estén por encima de los 500 mil pesos serán gravados con un IVA del 19%.
- Se aumentará el impuesto de renta y de patrimonio para las personas más ricas. El impuesto al patrimonio cobijaría a más personas, dado que empezaría a cobrar por propiedades o bienes que sumen los 1’990 millones, hoy día se cobra desde los 3’485 millones.
- La tarifa del impuesto de renta pasaría del 39% al 41% para quienes cuenten con ingresos anuales superiores 1’543 millones anuales, es decir, más de 128 millones de pesos al mes.
- Se gravará, no a las iglesias, sino a las actividades comerciales que no estén relacionadas con el culto.
- Aumentará el beneficio tributario para quienes pidan factura electrónica. Del 1% deducible hoy del valor de las compras al 5% en 2026 y 3% en 2027.
- Gasolina y diesel tendrán IVA gradual: 10% en 2026 y 19% en 2027 y 2028.
- Habrá IVA del 19% a los servicios turísticos para extranjeros no residentes en Colombia (actualmente exentos de este impuesto).
El debate mediático y legislativo, que tradicionalmente protege a los más ricos, que informan y legislan para ellos, aunque lo quieran disfrazar con estadísticas y cifras, aunque pretendan revestirlo con números y cuentas, no es técnico, ni fiscal: es político: se trata de decidir si Colombia sigue financiando los privilegios de una minoría o si, por primera vez, se destina la riqueza nacional a garantizar derechos universales. Y quienes quieren rechazar esta ley aduciendo que se trata de un Gobierno “derrochón” que debe disminuir la burocracia, debe saber que más del 90% del presupuesto de la nación está sujeto a gastos inflexibles de funcionamiento que hay que cumplir y son de orden constitucional: pago de la deuda, pago de pensiones, salarios de maestros, de personal de defensa y justicia, además de transferencias con destinación específica, etc.
Por otro lado, quienes de forma malintencionada o ignorantemente dicen que no entienden cómo el mismo presidente que estimuló el estallido social por una reforma tributaria en el 2021 está ahora proponiendo hoy algo similar, es preciso responderles que la diferencia de la reforma tributaria de Duque y la ley de financiamiento del presidente Petro es abismal. Duque quiso cargar la crisis sobre los hombros de la clase media y los sectores populares: ampliar el IVA a la canasta básica, gravar servicios esenciales y golpear directamente a quienes menos tienen. Esa injusticia fiscal desató el estallido social. Petro, en cambio, ha encontrado espacios de tributación que dejan por fuera a la clase trabajadora y las capas bajas de la sociedad con el fin de proponer una ley de financiamiento progresiva: gravar patrimonios altos, desmontar privilegios a corporaciones y a ciertas personas naturales, combatir la evasión y fortalecer el Estado social. No es un paquetazo contra el pueblo, sino una corrección histórica que obliga a los que más ingresos tienen a pagar lo justo.
David Rico Palacio
Foto tomada de: El País
Deja un comentario