El senador Álvaro Uribe Vélez frente a la transmisión que hiciera Hollman Morris, a través de Canal Capital, de la audiencia promovida por el senador Iván Cepeda sobre el paramilitarismo y los vínculos con el ex presidente, manifestó que este Canal era “servil al terrorismo”, frente a la denuncia penal en su contra el ex presidente aseguró que nunca se retractaría.
Sin embargo el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en representación del periodista Hollman Morris, obligaron al senador Álvaro Uribe Vélez a retractarse el 26 de julio de 2016 en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Dos años atrás el entonces ministro del Interior había advertido sobre lo grave de estas afirmaciones “Esta clase de estigmatizaciones y sabotajes el gobierno los rechaza y yo creo que es muy importante que cuando se hacen esos señalamientos y se trata de descalificar se piense en los efectos posteriores que puedan producir esa clase de acciones que pueden resultar peligrosas para la vida de las personas”[1].
Otro de los principales ideólogos del uribismo Fernando Londoño Hoyos, que en sus artículos de prensa y en su programa radial sistemáticamente atacó al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, tratando a sus integrantes de “terroristas”, “corruptos”, tuvo que retractarse ante la Fiscalía 75 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá reconociendo que sus calumnias e injurias, no tenían fundamento alguno, presentando perdón público en dos editoriales de sus programas, el 10 y el 17 de febrero de 2017, entre otros con los siguientes términos:
“Bajo ninguna circunstancia me consta que hayan sido defensores permanentes de las causas de las FARC en tribunales internacionales y locales en contra del Estado y que tampoco es cierta mi afirmación sobre los supuestos antecedentes con la actividad guerrillera de los integrantes del CCAJAR, ni mucho menos de apoyo de esta institución a las FARC.”
Además aceptó que no tiene prueba alguna contra del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en la utilización o coacción de falsos testigos para hacer condenar militares inocentes.
Londoño quien además se atrevió a señalar en 2013 que uno de los capítulos más dolorosos y atroces en la historia de nuestro país, como lo fue la masacre de Mapiripán ocurrida en 1997, fue “un artificio montado por el Colectivo de Abogados” y quien sugería la mala fe del Colectivo en los dineros cobrados por el litigio internacional en representación de la señora Contreras, aclaró en su rectificación:
“Hago claridad sobre los dineros cobrados por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” por la masacre de Mapiripán, precisando que el Colectivo no obró de mala fe, tal como consta en fallo del Consejo Seccional de la Judicatura en el que se absolvió de toda responsabilidad disciplinaria al Dr. Eduardo Carreño Wilches, miembro fundador del Colectivo de Abogados, y al Dr., Luis Guillermo Pérez Casas, abogado actual del caso, teniendo también como precedente que las señora Contreras, falsa víctimas de la masacre de Mapiripán aceptó su responsabilidad y ofrecieron disculpas públicas al Estado, la Fiscalía y al Colectivo de Abogados por sus engaños. Engaño por el cual ha sido condenada, como lo han sido también las hermanas Pinzón, que han reconocido su responsabilidad penal y no han hecho señalamiento alguno contra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”[2].
Posteriormente fue el turno del senador José Obdulio Gaviria, quien también en sus columnas de opinión, en sus programas de televisión y en sus intervenciones como senador difamó sistemáticamente al Colectivo de Abogados, también ante la Corte Suprema de Justicia el 21 de abril de 2017 se retractó afirmando:
“No tengo prueba alguna contra el Colectivo de Abogados sobre utilización o coacción de falsos testigos para hacer condenar militares inocentes. No he pensado ni dicho que ese episodio sea un artificio montado por el Colectivo de Abogados ni tengo reparo alguno sobre la forma como se haya contratado honorarios por parte del CAJAR con las familias de las víctimas de la masacre de Mapiripán. Por último reconozco la legitimidad del trabajo del CAJAR como defensores de derechos humanos y de la importancia de su labor para la sociedad y la democracia colombianas”.
El 25 de junio de 2015, en su cuenta de Twitter, publicó el senador Uribe Vélez el siguiente Tweet:
“En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.
Este mensaje revictimizante para las Madres de Soacha, se produjo en un contexto en que avanzaban las investigaciones y acusaciones contra militares por los mal llamados “falsos positivos”. Detrás del mensaje, reproducido por los más conocidos medios de comunicación, estaba clara la intención de generar impunidad mediática, social, política y jurídica frente a los gravísimos crímenes cometidos durante sus gobiernos.
Sin embargo otra vez el lenguaraz Álvaro Uribe Vélez, tuvo que retractarse de nuevo ante las Madres de Soacha, en el mismo escenario de la Corte Suprema de Justicia, en proceso en que el CAJAR actuó en representación de las víctimas y luego de 7 audiencias previas frustradas finalmente tuvo que leer ante los medios de comunicación y ante la propia Corte:
“Acepto retractarme del mensaje de Twitter de 25 de junio de 2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República. Acepto que este tuit ofende a las Madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados… También se vio obligado a afirmar que nunca tuvo “la intención de promover impunidad sobre los crímenes cometidos, algunos ya calificados como de lesa humanidad. Como lo dije en calidad de Presidente de la República, al salir de la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, después de la reunión con un testigo protegido, hoy lo repito, estos crímenes requieren las más severas sanciones a los responsables, sean de la Fuerza Pública, del Gobierno o civiles”.
Pareciese poca cosa lo logrado, sin embargo las retractaciones mediadas por la justicia, frente al tipo de personajes involucrados, voceros de la intolerancia, la estigmatización, el engaño y enemigos del proceso de paz, constituye una muestra de que no son invencibles, ni de que pueden seguir actuando con la impunidad histórica que les ha favorecido, tendrán que ser más cuidadosos en sus intervenciones públicas, ya conocen el costo de la difamación y sus víctimas un camino estrecho pero recorrido en la administración de justicia.
Luis Guillermo Pérez Casas: Secretario General Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
31 de mayo de 2017.
NOTAS
[1] www.elespectador.com/…/uribe-insiste-senalamientos-contra-hollman-morris-geren-ar…
[2] https://www.colectivodeabogados.org/Fernando-Londono-Hoyos-repitio-su-rectificaci…
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