Incluso la cobertura de un pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se ha utilizado como prueba de esa supuesta negligencia oficial, reforzando la percepción pública de que el desabastecimiento es consecuencia exclusiva de una mala gestión actual. Esta línea informativa, amplificada por gremios empresariales y medios de gran alcance, termina moldeando la opinión ciudadana, invisibilizando décadas de privatización, fragmentación y dependencia farmacéutica que anteceden al actual gobierno y explican buena parte del problema.
El Ministerio de Salud, por su parte, ha explicado que en Colombia no existe un desabastecimiento generalizado, sino situaciones puntuales derivadas de problemas logísticos y de distribución que están siendo abordadas de manera conjunta con la industria y las entidades del sistema (2) Entre las medidas recientes se incluyen la compra centralizada de fármacos para enfermedades huérfanas, impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer y la emisión de la Resolución 1809 de 2025 (3) para fortalecer la vigilancia farmacéutica. Además, se creó un tablero público de seguimiento que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos, promoviendo transparencia y control social.
Sin embargo, las causas de fondo van más allá de la coyuntura. La dependencia de las importaciones ha dejado al país vulnerable frente a las crisis globales de la cadena de suministro, afectando especialmente a los medicamentos esenciales y de alto costo. A ello se suman las dificultades del sistema de salud, donde las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las droguerías y los proveedores acumulan deudas cruzadas que interrumpen el flujo de abastecimiento.
En un nivel más profundo, la burocracia y las deficiencias logísticas que ha tenido el sistema durante los últimos 30 años, no son simples fallas técnicas, sino mecanismo que perpetua la dependencia frente a la industria farmacéutica y los intereses privados. Los tramites excesivos, las autorizaciones interminables y la falta de infraestructura en regiones apartadas no solo retrasa la entrega de medicamentos, sino que mantiene el control del acceso en manos de quienes se benefician económicamente de esa escasez administrada. Esta tramitología no ha sido accidental, funciona como una forma de control que refuerza la subordinación del sistema a los intereses de la industria.
Este no es un problema exclusivo de Colombia. En el mundo, más de 2.000 millones de personas no tiene acceso a los medicamentos que podrían salvarles la vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4) Esa cifra no representa solo una estadística, son millones de historias de dolor, muerte evitables y sufrimiento que podría evitarse sin los medicamentos no se hubieran convertido en un bien de lujo.
El abogado defensor del derecho a la salud German Holguín Zamorano, en su libro “La guerra contra los medicamentos genéricos: un crimen silencioso,” describe con claridad el origen de este drama: No se trata de un error del sistema, sino de una estrategia global de las grandes farmacéuticas para mantener monopolios sobre los medicamentos de marca. Una guerra que se libra en los despachos de las multinacionales, en los acuerdos comerciales y en los tratados de libre comercio que, bajo el nombre de “protección de la propiedad intelectual”, garantizan el monopolio de los medicamentos de marca y retrasan la llegada de los genéricos.
Cuando una patente expira, el mercado debería abrirse a los medicamentos genéricos, que contienen el mismo principio activo y son igual de seguros y eficaces, deberían permitir tratamientos más accesibles. Sin embargo, las grandes farmacéuticas emplean tácticas legales y administrativas para prolongar artificialmente sus monopolios, difundiendo la idea de que los medicamentos genéricos no funcionan y desincentivando la producción local. El resultado es devastador: tratamientos inaccesibles, sistema de salud endeudados y pacientes que mueren esperando un medicamento que podría salvarles la vida
La OMS ha insistido en que el acceso a medicamentos esenciales es un derecho humano básico, no una opción política. Pero en los países de ingresos bajos y medianos, como Colombia, en el análisis de situación de salud de 2023, entre el 8 y 41% de los centros de salud carecen de medicamentos esenciales (5) Esto no se debe a falta de tecnología o conocimiento, sino a un modelo económico que privilegia la rentabilidad sobre la vida.
En Colombia, esta guerra se refleja en el alto costo de los medicamentos, las barreras burocráticas que dificultan su acceso y la dependencia casi total de las importaciones. A esto se suma la preocupación derivada de los listados que publica periódicamente el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Desde al menos 2018, la entidad consolido un informe que documentó el desabastecimiento de medicamentos entre 2013 y 2018, identificando tendencias y causas recurrentes, como problemas de manufactura, descontinuación de productos y dificultades en la cadena de suministro. Este informe subrayó la urgente necesidad de fortalecer la infraestructura del sistema de salud y mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sector para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos. Entre los productos señalados se encuentran los denominados medicamentos vitales no disponibles, es decir, productos cuya ausencia en el mercado representa un riesgo directo para la salud de los pacientes.
Según un informe consolidado fechado el 29 de julio 2019 (6), se identificaron al menos 33 medicamentos con problemas de abastecimiento en diferentes fechas, En octubre de 2023 la entidad reporto que 34 medicamentos estaban desabastecidos, de los cuales 18 correspondían a esa categoría de productos vitales no disponibles (7). Miles de pacientes con enfermedades crónicas o raras enfrentan un verdadero calvario para acceder a tratamientos indispensables, situación que consolida una crisis estructural del sistema y reafirma la urgencia de una reforma orientada hacia la protección del derecho a la salud.
La guerra contra los medicamentos genéricos es, en realidad, una guerra por el alma de la salud pública. En ella se define si Colombia seguirá subordinada a los monopolios globales o se asumirá, por fin, la soberanía sanitaria que le permita garantizar que ningún colombiano muera por falta de un medicamento que el país podría producir
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(3) https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=190618&utm
(6) https://es.scribd.com/document/499993207/Consolidado-Desabastecimiento-Medicamentos-29-07-2019?utm
Ana Maria Soleibe Mejía, Presidenta Federación Medica Colombiana
Foto tomada de: Razón Pública
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