En ese sentido, debemos examinar los planteamientos de Vargas Lleras en la columna, quien busca posicionarse en el espectro de la extrema derecha que ocupa el menguado Senador Álvaro Uribe Vélez. Vargas Lleras busca posicionar tres ideas del régimen para interpretar el movimiento social:
La primera es intentar asimilar la agenda del pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro con la agenda de negociación del ELN y las FARC, esto, con el objetivo de ligar reivindicaciones ciudadanas legítimas con la de actores armados ilegales. Esto sumado a los cuestionamientos que realiza al tratamiento que ha dado la alcaldía de Bogotá, a través de su Secretario de Gobierno a las movilizaciones, en la búsqueda de diálogos que disuadan los enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD.
Vargas muestra esto, como una postura débil del Estado. En la columna termina haciendo un llamado al Presidente a mantener el orden público y ponerse al frente de las fuerzas militares para restablecer el orden. Como si la protesta ciudadana no hiciera parte de los derechos constitucionales que el Estado debe garantizar. Es notorio, que hasta ahora no se ha podido fraguar un consenso de las elites de entrar a reprimir la protesta ciudadana, cuando esto se intentó el 21 de noviembre y el día siguiente con el toque de queda establecido por Enrique Peñalosa, el masivo cacerolazo que invadió el país, frustró este intento por instaurar terror frente a la protesta ciudadana. Los elementos que pone esta columna quieren configurar un ambiente ideológico para llamar al régimen a reprimir.
La segunda postura que plantea, tiene que ver con la defensa acrítica que Vargas hace del modelo económico, como si el modelo neoliberal constituyera un orden natural incuestionable. Frente al pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro, explicita que la ciudadanía no puede cuestionar el desarrollo de políticas públicas de un gobierno, porque se supone que si este ganó, tiene a priori el respaldo ciudadano. Este es un supuesto absurdo, y significa una ruptura de un pacto democrático, un gobierno se le juzga por el resultado de sus políticas, y la ciudadanía puede cuestionar de manera permanente el devenir de esas políticas públicas, de hecho, uno de los elementos que explica el proceso de movilización que se adelanta en el país, es la crisis de representatividad de los partidos políticos en el Congreso de la República que debería ejercer un contrapeso al ejecutivo, en defensa de los intereses legítimos de la ciudadanía colombiana. Esto fue más elocuente cuando sus mayorías aprobaron una reforma tributaria en contravía de los intereses de las ciudadanías mayoritarias en Colombia.
Muestra asombro Vargas Lleras porque en el pliego de peticiones, se solicite la eliminación de las EPS y el cambio del sistema de aseguramiento en salud. Esto lo muestra como un exabrupto, como si el sistema de salud colombiano y el modelo de aseguramiento intermediado por las EPS fueran inamovibles naturales, casi que los iguala al Estado social y democrático de derecho. Pues ese sistema, que Vargas defiende acríticamente es el más cuestionado en todas las encuestas de opinión ciudadana por su ineficacia. La mayoría y los mejores sistemas de salud en el mundo, no tienen EPS, ni son sistemas de aseguramiento, esto no es un orden natural, son políticas públicas que pueden cambiarse. Lo que es un exabrupto es que contra toda evidencia empírica, los voceros del régimen intenten decirle a la gente que la tragedia cotidiana de los paseos de la muerte, que viven con el sistema de salud, no existen, que eso corresponde a tergiversaciones ideológicas de grupúsculos sin representatividad, como se refiere en la columna a la ciudadanía movilizada.
Por último, Vargas conmina al gobierno de Duque a no establecer una mesa de negociación con el movimiento, para sustentar este punto, hace una comparación del movimiento colombiano con el chileno, pero de manera bastante desafortunada, afirma que el Gobierno de Sebastián Piñera, perdió apoyo por entrar a negociar con el movimiento en las calles, el cambio de la constitución política. Al contrario, Piñera perdió el apoyo ciudadano, y hasta el de su propio bipolar partido, por aferrarse a profundizar el modelo económico y político, que se encuentra encrustado en la constitución política de Pinochet, que no osaron reformar.
A diferencia de Colombia, en Chile no existe un comité de paro, entendido como una instancia política y social con la cual se pueda negociar. El fenómeno chileno, si bien se parece al colombiano, en cuanto al cuestionamiento de las políticas públicas que detentan el modelo neoliberal, se diferencia en que allí la ciudadanía enfrenta al régimen político directamente en el las calles, sin que exista la mediación de ninguna instancia negociadora. La ciudadanía ha puesto en cuestión el régimen mismo, el sistema de partidos, tanto del gobierno como de la oposición, que otrora fueron de gobierno, y agenciaron parte de las políticas que los chilenos cuestionan. La crisis orgánica del modelo instaurado en Chile ha obligado al Gobierno y al parlamento a hacer concesiones, que les permita alguna legitimidad al régimen, las consecuencias políticas de lo que sucede en Chile y el impacto en la reconfiguración del sistema de partidos aún es impredecible.
Con estas posturas frente al movimiento ciudadano, se cocina el ingreso de Cambio Radical al Gobierno, Vargas se ubica a la extrema derecha de Uribe, apuntala un marco ideológico represivo, y hace una defensa ultranza del neoliberalismo, no quiero ni imaginar la reforma a la salud y pensional que estarán fraguando, en su momento las analizaremos.
Carolina Corcho Mejía, Médica psiquiatra, integrante Corporación Latinoamericana Sur
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