Claramente el artículo 8º de la Ley 2272/2022 en su parágrafo segundo establece que el levantamiento de órdenes de captura una vez iniciado el proceso de negociación y/o acercamiento cobija por una parte a “los grupos organizados al margen de la ley” y por otra a las “estructuras criminales de alto impacto”, es decir le da herramientas al gobierno nacional y al jefe de Estado a realizar procesos de paz y de sometimiento a la justicia claramente diferenciados con todos los grupos armados no estatales, tanto aquellos cobijados por el título III de la Convención de Ginebra, como para aquellas denominadas estructuras criminales organizadas ligadas a crímenes transnacionales, de acuerdo con la Convención de Palermo, que existen en Colombia y que por su accionar representan una serie amenaza para las comunidades y la sociedad en su conjunto y por supuesto el logro de la paz.
Ese es el espíritu y el alcance de la norma que le da piso jurídico a la urgente y necesaria política de Paz Total en la que esta comprometido el gobierno de Gustavo Petro, quien desde la campaña presidencial incluyo en su propuesta de gobierno la necesidad de alcanzar la paz completa y definitiva que implique firmar la paz con la última insurgencia aun en armas como lo es el Ejército de Liberación Nacional -ELN, pero a la vez ofrecer una ultima oportunidad a aquellas disidencias de las Antiguas FARC que por una parte no aceptaron la negociación como el frente 1 de las Farc (Estado Mayor Central) o que se rearmaron ante el incumplimiento de las garantías juridicas y de seguridad en especial las garantías de no extradición por parte del Estado colombiano, como alta parte contratante, como fue el caso de los comandantes Ivan Márquez, Jesús Santrich, Romaña y el Paisa; los cuales se agruparon en la 2ª Marquetalia; a lo que se le suma el mandato que el gobierno del actual presidente de la República asumió en su discurso de posesión el día 07 de agosto de 2022 de la urgente necesidad de pacificar el narcotráfico en Colombia, solicitando en esa cruzada el apoyo de toda la comunidad de países del hemisferio occidental, ante el alto impacto de violencia y muertes que este fenómeno genera en los campos y ciudades del pais y ante el hecho cierto de ser la economía del narcotráfico el principal combustible del armamentismo creciente de todos los actores armados.
Ese es el motivo por lo que el gobierno incluyo abrir también canales legales de acercamientos y negociaciones con las estructuras criminales de alto impacto ligadas al delito del narcotráfico en toda su cadena, con el fin de llevarlas a un modelo de sometimiento a la justicia incluida y claramente diferenciada en la Ley 2272/2022 que le dio piso jurídico integral a la política de Paz Total.
De ahí que la “Respuesta a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura como medida provisional para facilitar los diálogos, en el marco del Decreto 1081 de 2015”, emitida por la Fiscalía General de la Nación del pasado 13 de enero de 2023, firmada por la Vicefiscal Martha Mancera y dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, incurre en perfidia y mala fe por parte de los representantes del ministerio público, que interpretando de manera sesgada la sentencia de la Corte Constitucional C-080 de 2018 y de normas previas a la expedición de la Ley 2272/2022 sobre que “los grupos paramilitares, que por medios ilegales han buscado apoyar ilegítimamente al Estado, tampoco pueden ser considerados delincuentes políticos”; desconoce lo mandatado en la Ley 2272/22 y la diferenciación expresa que dicha norma actualmente en vigor hace del delincuente político y del que no lo es, y que en su articulado reglamenta las rutas diferenciadas para acometer procesos de negociación y de sometimiento a la justicia con cada clase o categoría de actores armados, pero sin perder de vista las garantías juridicas simétricas y diferenciadas que el Estado le ofrece al conjunto de la criminalidad para avanzar en el desmonte y desarme definitivo de los conflictos que aquejan a nuestro pais.
Cínicamente el fiscal Francisco Barbosa alega que actúa en defensa de la separación y independencia de poderes para no acatar la solicitud del Presidente de la republica de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2272 en lo referente al levantamiento de ordenes de captura para aquellos representantes y/o voceros de organizaciones criminales de alto impacto y por lo tanto negar dicha medida para ocho integrantes de las Auto Defensas Gaitanistas AGC al igual que a un grupo de personas designadas por las Autodefensas de la Sierra Nevada (Pachengas). Nada más alejado de la realidad que esta frase en boca de un fiscal que se caracterizo en el gobierno de su gran amigo Ivan Duque y su mentor Álvaro Uribe, por obedecer a los intereses del Uribismo, recordemos como en el año 2020 nombro a Gabriel Jaimes, uno de sus hombres de confianza, como fiscal contra el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien obsecuente con las intenciones de su superior jerárquico presento una insólita solicitud de preclusión con la que el ente investigador pretendía cerrar el proceso por manipulación de testigos en contra de Uribe, burlando a la ley y a las víctimas de este proceso, afortunadamente este ardid fracaso por la valentía de la juez del caso.
Es por eso que era de esperarse que el fiscal Barbosa utilizara su poder para atacar la gestión del actual gobierno de Gustavo Petro y mostrar nuevamente el verdadero rostro de este oscuro funcionario, lo que no se sabia era cuando, pues bien el momento adecuado llego con la oportunidad de oponerse al acatamiento de lo dispuesto en la Ley 2272, justificándose en el respeto a la Constitución y la ley de la que simula hacer gala nuestro fiscal, sabe muy bien el fiscal Barbosa que erosionar y debilitar las garantías de seguridad jurídica que el Estado colombiano le brinde a un actor armado para llevarlo a un escenario de negociación, sometimiento, desarme y desmonte de sus estructuras, en especial para sus máximos jefes es la mejor forma de contribuir al fracaso de esta política.
En materia de negociaciones de paz y procesos de sometimiento el principio de “Verdad Sabida y Buena Fe Guardada” y los derechos fundamentales al debido proceso, son esenciales para que la confianza conduzca a una solución exitosa, esto es mas evidente en Colombia en lo relacionado con grupos como las AGC donde varios de sus integrantes y máximos lideres han pasado por varios procesos de negociación y desmovilización desde los años noventa, ya que su actual cúpula son en su mayoría exguerrilleros del EPL, al igual que su máximo comandante Otoniel, que posteriormente fueron disidentes de ese grupo entre los años de 1992 a 1996 y seguidamente se alistaron en las AUC en la polémica desmovilización de “Cedro Cocido” (Proceso escandaloso de cambio de brazalete promovido por los altos mandos militares de las FF.AA como una política sistemática de fortalecimiento del paramilitarismo desde la institucionalidad y en la que está implicado por acción u omisión el expresidente Cesar Gaviria y su entonces ministro Álvaro Cerpa), estructuras paramilitares en las que estuvieron en armas hasta el año 2005, desmovilizándose en el proceso de Santa fe de Ralito entre el gobierno de Uribe y las AUC y que posteriormente conformaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC en el año 2009. Es decir tienen experiencia en conversaciones, acercamientos e incluso negociaciones de paz y saben perfectamente que el diablo esta en los detalles, por lo que reclaman que lo primero que deben tener es seguridad jurídica de parte de todas las instituciones del Estado, en especial de la Fiscalía General de la Nación que desde el tristemente célebre periodo del exfiscal Néstor Humberto Martínez ha sido instrumentalizada por los enemigos de la salida negociada al conflicto armado para poner palos en la rueda a la materialización de los acuerdos de paz y a la implementación de los mismos.
Todavía está fresco el recuerdo de la guerra jurídica que la Fiscalía General de la Nación del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez le hizo a los excombatientes de las FARC en su proceso de reincorporación a la vida civil y en general al Acuerdo de Paz de la Habana para su implementación. Si la justicia en Colombia funcionara bien y en forma transparente, el exfiscal Martínez estaría tras las rejas por la cantidad de delitos que cometió mientras ejerció como fiscal General.
Hoy asistimos a un intento de replicar este siniestro plan de perfidia por parte de la FGN del fiscal Barbosa , es claro que la leguleyada con la que Mancera y Barbosa se opusieron al levantamiento de las ordenes de captura de los voceros de las Autodefensas Gaitanistas y de las Autodefensa de la Sierra Nevada (Pachengas), no será la última acción de obstrucción que veremos salir del despacho del señor fiscal, mas aun, a ese corifeo se ha unido con renovado entusiasmo la señora procuradora general de la nación Margarita Cabello Blanco, quien no solo apoyo la decisión de la fiscalía sino que también se opuso a la liberación de los jóvenes de la primera línea que fueron nombrados gestores de paz y convivencia por parte del señor Presidente de la República. En otras palabras, lo que quedo del Uribismo -Duquismo resguardado en la fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Republica se ha aliado para atacar “combinado todas las formas de lucha” la implementación de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez y no cejaran en su empeño de enturbiar y oponerse a las decisiones que tome el ejecutivo, todo este complot de la mano de los medios de comunicación de la derecha como amplificadores de sus acción y de la falsa lucha contra la impunidad en la que pretende soportar su actuación un desacreditado fiscal un su último año de gestión.
Julio Arenas, Observatorio del Conflicto Corporación Nuevo Arco Iris, 25/01/2023
Foto tomada de: El Heraldo
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