Este balance resume parte de la presentación realizada en la sede de la CUT Antioquia por Jorge Mejía Martínez[i], delegado del gobierno nacional en la mesa de negociaciones con las estructuras armadas ilegales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
El texto ofrece un panorama de los avances y retos de la paz urbana en la región, basándose en antecedentes normativos, logros alcanzados desde 2023, debates en torno al Proyecto de Ley 002 de 2025 y unas ideas finales sobre el desarrollo como fundamento de una paz estable y duradera en la región. El esfuerzo que la sociedad civil, el Estado y las propias estructuras armadas han comenzado a explorar, al privilegiar la ética de la vida sobre la lógica de la violencia, requiere de sólidos fundamentos económicos que deben construirse de la mano del proceso de negociación, a fin de garantizar un futuro estable y sostenible.
Antecedentes y fundamentos de la paz urbana
La Ley 2272 de 2022, que reglamenta la llamada Paz Total, abrió la puerta a un reconocimiento explícito de la violencia urbana como componente del conflicto armado. Esto implicó aceptar que las dinámicas ilegales en ciudades como Medellín —control territorial, economías ilícitas, reclutamiento juvenil, extorsión y homicidios selectivos— no son fenómenos aislados, sino parte de una estructura más amplia de violencia organizada.
A lo largo de la última década se han acumulado múltiples experiencias de construcción de paz urbana: pactos locales, programas comunitarios de reintegración, procesos de mediación barrial y ejercicios de memoria. Estos antecedentes se convierten en insumos para avanzar hacia una agenda que combine el reconocimiento de las víctimas, la participación ciudadana y la presencia efectiva del Estado en los territorios.
El rostro urbano del conflicto en Medellín y el Valle de Aburrá
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (Alerta Temprana 032 de 2020[ii]), cerca del 85 % del territorio urbano y rural del área metropolitana está bajo influencia de actores armados ilegales. Investigaciones de la Universidad EAFIT y la Universidad de Chicago han identificado entre 15 a 20 estructuras criminales que articulan a más de 350 combos, los cuales agrupan entre 10.000 y 12.000 jóvenes[iii].
Estos grupos no solo ejercen control social y económico, sino que han logrado cierta capacidad de suplantar al Estado, al regular la vida cotidiana de los barrios. Aunque la política criminal tradicional ha buscado la captura de “objetivos de alto valor”, las estructuras no han sido derrotadas militarmente ni desmanteladas en sus economías ilícitas. Por ello, la apuesta de paz urbana implica un giro estratégico: desarticular de raíz las redes, desmontar las rentas ilegales y garantizar alternativas económicas de vida digna para las comunidades.
Hitos recientes del proceso de paz urbana
En 2023 se instaló la Mesa del Equipo de Diálogo Social y Justicia (EDSJ) y se realizaron audiencias públicas en el Senado para abordar el tema de la paz urbana. Desde entonces se han definido ejes estratégicos que orientan la agenda social para Medellín y el Valle de Aburrá:
- Protección de la vida: reducción de homicidios y desescalamiento de violencias.
- Dialogo social para la equidad territorial: planes focalizados para superar el control armado en los barrios.
- Verdad y reconciliación: construcción de memoria y garantías de no repetición.
- Nuevas economías: superación de las rentas ilícitas a través de alternativas productivas.
- Desmonte de estructuras ilegales: exigencia al Estado y a los actores armados para una transición hacia la legalidad.
En junio de 2025, se firmó el Pacto por la Paz Urbana, que logró la desvinculación de 2.000 niños, niñas y adolescentes de las estructuras criminales. Entre los acuerdos alcanzados también se destacan: la reducción de homicidios, la erradicación de fronteras invisibles, la prohibición del expendio de drogas en entornos escolares, la no participación en explotación sexual de menores y pilotos de no extorsión. El principal logro reconocido ha sido claro: salvar vidas.
El marco jurídico: Proyecto de Ley 002 de 2025
El Congreso discute actualmente el Proyecto de Ley 002 de 2025, que busca establecer un tratamiento penal diferenciado para miembros de organizaciones criminales urbanas. La propuesta se enmarca en la Paz Total y plantea un esquema híbrido de justicia:
- Justicia transicional: Se propone una justicia basada en la proporcionalidad, verdad y reparación, condicionada a compromisos verificables
- Justicia restaurativa: prioriza la reparación a las víctimas, la verdad y la reintegración social.
- Justicia retributiva: asegura penas efectivas de cárcel o restricciones a la libertad, con rebajas entre el 40 % y 60 % según la colaboración.
- Enfoque territorial y poblacional: reconoce el impacto diferenciado sobre comunidades como mujeres, afrodescendientes, indígenas y población LGBTIQ+.
El proyecto exige a las estructuras armadas desmantelar sus economías ilegales, entregar bienes, revelar sus redes de apoyo y liberar a menores reclutados. A cambio, se ofrecen beneficios como rebajas de pena y libertades condicionales, siempre condicionados a la no reincidencia y a la colaboración eficaz. La participación de las víctimas es central: se garantiza su derecho a la verdad, reparación integral y no repetición, con un énfasis en reparación colectiva y memoria territorial.
El proyecto de ley necesita de un Congreso de la República que ponga los intereses nacionales por encima de los intereses político-partidistas y los egos que hoy tienen enfrentados a los gobiernos de Medellín, el Área Metropolitana y Antioquia con el gobierno nacional. Obstaculizar el proyecto con el fin de perjudicar al gobierno nacional afectaría principalmente a la región, ya que los empresarios y políticos locales serían los mayores beneficiados con la paz urbana.
Impactos y retos del proceso
El camino hacia la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá representa una oportunidad histórica, pero también enfrenta desafíos sustantivos:
- Persistencia de economías ilegales: narcotráfico, extorsión y minería ilegal siguen siendo fuentes de financiación.
- Capacidad de recomposición de estructuras armadas: su adaptabilidad les permite resistir las ofensivas institucionales.
- Reincidencia y desconfianza ciudadana: los fracasos de procesos anteriores generan escepticismo.
- Necesidad de un modelo democrático de seguridad: superar los enfoques represivos y autoritarios que emulan experiencias como el “modelo Bukele”.
- Rol de la sociedad civil: sin vigilancia social y participación activa, el proceso corre el riesgo de quedar en manos de élites políticas y armadas.
El desarrollo es el nuevo nombre de la paz[iv]
La paz urbana no es un apéndice menor de la paz total; constituye un pilar fundamental para la reconciliación en Colombia. Medellín y el Valle de Aburrá, con su compleja trama de violencias, demuestran que la paz debe construirse en doble vía: desde los barrios, con el reconocimiento a las víctimas, el desmantelamiento de las economías ilegales y la restauración del tejido social, y desde las políticas públicas, promover el desarrollo económico y la generación de nuevas habilidades en los jóvenes, para que puedan aprovechar plenamente las oportunidades que este desarrollo ofrece.
El Proyecto de Ley 002 de 2025 y los pactos alcanzados son pasos significativos, pero insuficientes si no se convierten en políticas de Estado sostenidas en el tiempo. La irreversibilidad del proceso dependerá de la capacidad de la institucionalidad para garantizar justicia y llenar los espacios que deja la criminalidad, de la sociedad civil para ejercer control democrático y de los propios actores armados para cumplir sus compromisos.
Para que la paz sea estable y duradera, es fundamental que Medellín y el Área Metropolitana, junto con el departamento de Antioquia, reorienten su modelo de desarrollo.
Actualmente, el modelo se basa en ser un centro financiero, de seguros y de turismo de negocios, lo que ha generado problemas asociados al turismo sexual, las drogas, los casinos y la prostitución. El resto del departamento basa sus actividades económicas en agroexportación (café, banano, flores) y minería. Es necesario retomar el desarrollo industrial de última generación, transformando las industrias de bajo valor agregado en sectores de mayor complejidad vinculados a la inteligencia artificial.
Para lograrlo, se requiere la construcción de infraestructuras clave, como redes ferroviarias que conecten el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el puerto de Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Las economías y los empleos del futuro se asocian cada vez más a áreas creativas, en las artes, la cultura y las ciencias. Esto demanda un compromiso real de las élites políticas y los gremios empresariales para impulsar las transformaciones económicas que permitan a los jóvenes desarrollar su potencial creativo y construir proyectos de vida dignos a través del trabajo. En torno a las redes ferroviarias deben desarrollarse complejos industriales, energéticos y de logística multimodal, de manera que el crecimiento económico se distribuya equitativamente y se generen oportunidades de empleo decente en todo el territorio.
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) debe transformarse en un gran banco de desarrollo y fomento regional, tomando como modelo la experiencia de Brasil con sus bancos públicos, especialmente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Al igual que el BNDES, el IDEA podría impulsar la economía a través de la emisión de crédito, centrado en sectores estratégicos. Además, podría emular el rol del Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal para expandir el crédito a la población más vulnerable y a las pequeñas empresas, fomentando el emprendimiento y la inclusión financiera en el departamento. Esta estrategia permitiría canalizar recursos para proyectos clave, promoviendo un desarrollo económico más equitativo y sostenible en Antioquia.
El Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) debe aprovechar la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, para que, en articulación con el IDEA, se impulse la financiación de los proyectos de infraestructura y desarrollo que la región requiere.
En última instancia, la paz urbana es la apuesta por una ética de la vida en la ciudad. Un desafío político, económico, social y cultural que exige la voluntad de todos los sectores para que Medellín y el Valle de Aburrá puedan dejar atrás el peso del crimen organizado y abrir camino a una sociedad más justa y democrática.
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[i] Jorge Mejía Martínez es un facilitador del Gobierno en los diálogos de paz en Medellín y el Valle de Aburrá. Anteriormente, fue concejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín. En la actualidad, es profesor universitario.
[ii] https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-activ%C3%B3-alerta-temprana-en-6-comunas-de-medell%C3%ADn-por-violaci%C3%B3n-de-derechos-humanos
[iii] https://www.eafit.edu.co/noticias/nuestro-impacto/investigacion-detalla-el-panorama-del-gobierno-criminal-en-medellin
[iv] La encíclica Populorum Progressio de Pablo VI (1967) introdujo la célebre expresión “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, resaltando que no puede haber paz duradera sin justicia social ni condiciones de progreso humano integral, especialmente para los pueblos más pobres y marginados.
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: El Heraldo
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