Según Medicina Legal desde el pasado mes de agosto han muerto 15 menores reclutados ilegalmente por estructuras armadas en diversos hechos derivados de la ofensiva militar contra estos grupos armados que mantienen y persisten en la confrontación con el Estado. Según Medicina Legal estos 15 menores incluidos los siete que murieron en el Guaviare habrían muerto además en Arauca y Amazonas.
Lo primero que hay que señalar es que los principales responsables de estas muertes son los grupos armados ilegales que los reclutan forzosamente, este reclutamiento según las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituye un crimen de guerra. En este caso el principal responsable son las Disidencias de las FARC y en concreto las Disidencias que comanda Iván Mordisco. Son responsables de este crimen de guerra y por ello deben ser juzgados.
Ahora bien, en el caso concreto del Guaviare y sin que conozcamos la bitácora militar que los organismos de investigación penal de la Fiscalía General de la Nación deben investigar, el ataque se dio porque un pelotón militar compuesto por 20 efectivos estaba en inminente riesgo de ser atacado por una cuadrilla de las Disidencias que lo sobrepasaba en número, se ha hablado de hasta 100 integrantes de esta estructura armada. El presidente Gustavo Petro que se ha responsabilizado de haber dado la orden del bombardeo ha señalado que no sabía de la presencia de menores en esta columna de las Disidencias y ha defendido el operativo señalando que en todo momento se respetaron los protocolos del DIH. Los criterios del DIH son los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad. El principio de distinción exige que al realizar una operación militar se debe distinguir siempre entre civiles y combatientes. En este caso señala el presidente que al tratarse de una zona selvática no había riesgo de afectar a la población civil.
El principio de proporcionalidad hace relación al uso proporcional y adecuado de la fuerza, quiere decir no exceder en el uso de la fuerza para limitar los daños colaterales que en este caso concreto fue la muerte de siete menores que estaban reclutados forzosamente. Aquí sin acceso a las bitácoras e informes de inteligencia militar es imposible determinar si hubo un exceso en el uso de la fuerza. Esto es lo que tiene que investigar y evaluar la Fiscalía. El presidente ha señalado que de no haber efectuado el bombardeo estaríamos lamentando la muerte de los soldados que estaban en inferioridad y en riesgo inminente.
El principio de precaución exige adoptar las medidas “factibles” para reducir al mínimo los daños a civiles y en un hecho como este exigiría la evaluación que deben hacer los comandantes militares y en este caso el propio presidente de la República sobre la naturaleza del blanco, calcular la naturaleza del daño que el ataque, en este caso el bombardeo, pueda ocasionar. En un caso como este es sumamente complejo determinar si es la única opción posible. De acuerdo con el presidente no había otra alternativa para proteger la vida de los soldados que estaban en el área donde se produjo el bombardeo.
Finalmente, el principio de humanidad hace relación a la protección en todo momento de la vida hasta dónde ello sea posible y en el caso de menores este principio refuerza su protección. El Estado en este caso tiene que brindar una protección reforzada que indica que sus prioridades frente a los menores son en primer término prevenir el reclutamiento forzado, en todo caso buscar el rescate de los menores con vida y diseñar operaciones que minimicen al máximo el riego de muerte.
Hay que tener en cuenta que en un conflicto armado tan degradado como el que padecemos en Colombia los grupos armados organizados al margen de la ley, utilizan el reclutamiento forzado de menores, para entre otras cosas, utilizarlos como escudos humanos en su confrontación con las autoridades del Estado. Esta práctica abominable la utilizan no solo los grupos sucesores del paramilitarismo sino las bandas organizadas alrededor del narcotráfico y las organizaciones insurgentes a las que el Estado les ha reconocido una naturaleza política, como se le otorgó, al comienzo de este gobierno a la Disidencia de Iván Mordisco que acude no solo al reclutamiento de menores sino a atentados terroristas que afectan a la población civil sin distingos y cuya principal actividad son las economías ilegales ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal del oro. Su pretendido discurso político es eso pretendido, simulado. Esa mano tendida fue utilizada por esta organización para fortalecerse sin ningún ánimo real de negociar y cesar su actividad criminal.
En una confrontación irregular como la que vivimos en Colombia las principales víctimas las pone la población civil que sufren violación de sus derechos humanos, el reclutamiento forzado, la pérdida de sus libertades civiles y políticas y la falta de garantías para realizar plenamente sus proyectos de vida. Siempre desde estas páginas hemos clamado y seguimos clamando por una salida negociada al conflicto armado, pero esa negociación tiene unos puntos de partida que no siempre fueron claros en la llamada estrategia de Paz Total.
Hemos señalado y lo reiteramos aquí que para iniciar negociaciones el Estado legítimo debe poner unas condiciones indeclinables, una de ellas la entrega de los menores que tengan en sus filas y el compromiso de no reclutamiento de menores, la prohibición de efectuar actos terroristas y la prohibición del secuestro. Los ceses al fuego solo deberían decretarse en procesos de negociación en una fase avanzada de las mismas y con mecanismos estrictos de monitoreo y evaluación. Lo más aconsejable es la negociación en medio del conflicto y ojalá en territorio extranjero cuando las circunstancias lo permitan. Así se esta negociando ahora con el grupo sucesor del paramilitarismo denominado Clan del Golfo con quien se negocia en Qatar y se negocia sin ceses al fuego. Esto es lo más aconsejable así lo demuestra la experiencia colombiana.
Entre tanto hay que lamentar y condenar la muerte de los niños en este degradado conflicto que padecemos en Colombia. Hizo bien el presidente al pedir perdón a los padres y madres de los niños muertos en este bombardeo. Las investigaciones deben señalar si realmente se respetaron los principios del DIH y lo recomendable es que las labores de inteligencia determinen antes de estas acciones -como los bombardeos- si hay niños en estas estructuras armadas y si los hay proceder a otras formas de confrontación con estas estructuras criminales. Pero una cosa debe ser clara mientras persistan en sus acciones criminales el Estado debe perseguirlos y confrontarlos. No puede haber territorio vedado para la Fuerza Pública.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Verdad Abierta
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