La coalición derrotada conspira para ponerle temporizador a un estallido social, al desfalcar el fondo de estabilización de precios de los combustibles, obligando al alza de los mismos, o mediante las fichas que infiltró Duque en la CREG que han obrado sobre las fórmulas de liquidación de las tarifas de energía para producir alzas que ya van desde el 25%, promedio en toda Colombia, siendo más del 49% para la costa Caribe.
Si bien las funciones de esa Comisión están orientadas a garantizar y extender el usufructo de los servicios de energía y gas al mayor número de colombianos, con menores precios, esto se quedó en el papel, ya que en las tensiones que se dan entre productores y consumidores las ecuaciones de la CREG se formulan y reformulan a favor de los productores, mientras que en discordancias entre productores públicos y privados el organismo queda del lado de los privados. Porque a las empresas de servicios públicos sobrevivientes del cataclismo privatizador del país en las últimas tres décadas, se les puso la CREG como rémora.
Por los tiempos que corren, cuando el presidente Petro anuncia intervención a la CREG para moderar las tarifas, salen los defensores del mercado salvaje, a vociferar contra una “desintitucionalización”. Los mismos que pregonan que el Estado no regule a los privados, ahora están en campaña para que la CREG regule las tarifas, y para que el gobierno no regule a la CREG. Es un galimatías porque obedece a un razonamiento amañado, más bien a una coartada, y no al desarrollo de una sana lógica. En el caso de la cadena de valor de la energía (generación, trasmisión, distribución, y comercialización) los apologistas del capitalismo voraz se oponen a que la oferta y la demanda operen, porque la eficiencia de los productores públicos, como Empresas Públicas de Medellín, EPM, lo hacen a menos costo. Ahí sí, “cosa es de volverse loco”, está bien la intervención estatal, claro que no para favorecer el interés general, sino el de unos particulares, y se imponen precios al consumidor con el rasero de la ineficiencia: Se cobra según el actor que produzca más caro, el privado.
El indicador base tarifario de la CREG es el llamado Índice de Precios al Productor, IPP, que estiman subió en un 30% anual, en el último mes, y no el Índice de Precios al Consumidor, IPC, la inflación, que subió en un 10,8. La ley del embudo.
No sólo eso. También se le trasladan las pérdidas al usuario en la factura de energía, así como el mantenimiento a la infraestructura. Lo ancho para ellos…
Si el insumo básico de la industria energética es el agua, tras dos años de invierno las tarifas deberían estar en los niveles más bajos, así como se ha invocado la sequía del verano para subir las tarifas en los últimos treinta años, pero, para mantener lo ancho para ellos se inventaron un mercado virtual de energía, con compras a futuros, donde el factor agua se supone escaso, y evitan así que incida en alguna baja de tarifas.
Como lo angosto es para uno, el ciudadano, los usuarios no participan en la regulación de esa industria, y menos en su política tarifaria; al usuario le imponen contratos abusivos, sin opciones; tampoco se le garantiza un mínimo en la calidad del servicio; menos el mínimo vital a que tiene derecho, ni el debido proceso para los casos de desconexión. Y ni qué decir de la cooptación de voceros de ligas de usuarios que obran en favor de las empresas privadas… ¡Como si el usuario no fuera la razón de ser del servicio!
El funcionamiento de la CREG, dominada por el interés privado, y con agentes del gobierno infiltrados para favorecer a aquellos, va contra los principios de la Constitución de 1991, desdice el Estado Social de Derecho: Desconoce los principios de solidaridad, de eficiencia, de integralidad tarifaria, de economía social, de trasparencia, de sana competencia…
Las tarifas de energía en Colombia son un factor que no sólo mantiene, sino que incrementa la pobreza, y muchas familias se enfrentan al dilema de comer o pagar el recibo de la luz. También devienen en uno de los mayores inconvenientes para la creación de empresa, cuando no es determinante en fracasos empresariales. Con toda razón afirmó el presidente Gustavo Petro ante Andesco en Cartagena: “Necesitamos garantizar que las comisiones reguladoras sean para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado”.
Sin embargo, la lógica de los defensores del sistema es también de embudo, porque si Petro asume la CREG desde la perspectiva del usuario es política, pero si se hace para enriquecer a los privados es técnica. Y alertan la desinstitucionalización si se interviene a la CREG, en beneficio del usuario, cuando la Constitución Política de Colombia, artículos 365 al 370, ordena al Presidente de la República regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Desinstitucionalización es mantener una entidad al margen del Estado Social de Derecho, al usufruto de unos cuantos mercaderes, y en detrimento del interés general.
La muy matoneada ministra Irene Vélez logró un acuerdo, el que supuestamente no se podía, para bajar las tarifas a partir de noviembre, tiene gran mérito en ello, pero tal reducción no es la necesaria para aliviar el costo de los servicios de los más necesitados, ni puede ser permanente. Lo único que garantiza soluciones estructurales es intervenir la CREG para garantizar el bienestar general, como manda la Constitución.
José Darío Castrillón Orozco
Muy clara la exposición, permite despejar dudas.. La ley del embudo: lo ancho pa’ ellos, lo angosto pa’ uno.
Es un excelente artículo , el cual da claridad de lo que está pasando y sobretodo plantea la solución al problema de la CREG la cual es la Intervención legal del Presidente Gustavo Petro.
Bien por esa