Lo ocurrido recientemente en el Museo Nacional de Colombia merece una discusión que trascienda la coyuntura. El retiro de más de treinta piezas relacionadas con la memoria del conflicto armado, los movimientos sociales y distintas conquistas democráticas ha sido defendido desde el Gobierno bajo el argumento de evitar el adoctrinamiento y las interpretaciones sesgadas. Pero esa explicación abre una pregunta fundamental: ¿cuáles son los criterios técnicos, académicos y museológicos que justifican estas decisiones? Una cosa es revisar críticamente una exposición y otra muy distinta es convertir las convicciones del gobernante en criterio de legitimidad histórica.
El Museo Nacional no pertenece al presidente, a la ministra ni a ninguna corriente ideológica. Es una institución pública cuya responsabilidad es conservar, investigar e interpretar las múltiples memorias que constituyen nuestra historia. Colombia también está hecha de sus tragedias, exclusiones, luchas sociales y contradicciones. Ocultar esas dimensiones no las hace desaparecer. Simplemente empobrece nuestra capacidad de comprendernos. Una nación no se fortalece cuando elimina las memorias que la incomodan, sino cuando adquiere la madurez suficiente para reconocerlas.
Lo sucedido tampoco puede examinarse aisladamente de otras controversias recientes. El Instituto Caro y Cuervo, una de las instituciones más importantes para la investigación de nuestra lengua y literatura, quedó en el centro de un debate por los pronunciamientos de su director sobre Andrés Caicedo y Gonzalo Arango, difundidos a través de canales institucionales. Las críticas de escritores, estudiantes y egresados plantearon una pregunta indispensable: ¿dónde termina la opinión personal de un funcionario y dónde comienza la voz de una institución pública dedicada al conocimiento?
Andrés Caicedo no necesita convertirse en santo ni en ejemplo moral para ocupar un lugar fundamental en nuestra literatura. Su obra puede y debe ser discutida, cuestionada e interpretada desde múltiples perspectivas. Pero un instituto de investigación no debería confundir la complejidad de la crítica literaria con el juicio moral sobre la vida de un escritor. Las instituciones culturales no fueron creadas para juzgar la conducta de los artistas, sino para ayudarnos a comprender la dimensión de sus obras.
Lo que conecta estas controversias es una tensión profunda entre el ejercicio del poder político y la autonomía del conocimiento cultural. Los gobiernos tienen la facultad de formular políticas, evaluar programas y proponer transformaciones institucionales. Esa legitimidad no está en discusión. Lo que debemos examinar es cómo se ejercen esas facultades cuando entran en contacto con instituciones cuya misión exige independencia técnica, libertad de investigación y pluralidad de interpretaciones.
Porque existe una diferencia esencial entre orientar una política cultural y pretender establecer una verdad cultural oficial.
La Constitución de 1991 representó una transformación extraordinaria en la manera como Colombia decidió reconocerse. Afirmó una sociedad pluralista, diversa, multiétnica y multicultural. Los derechos culturales, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la autonomía de la creación no son adornos de nuestro ordenamiento jurídico. Son condiciones fundamentales de la democracia. Y ninguna batalla cultural debería convertir esas conquistas en sospechosas.
Por supuesto que un museo debe evitar la propaganda, respetar a las víctimas y ofrecer herramientas pedagógicas adecuadas para sus públicos, incluidos los niños. Y por supuesto que toda exposición puede revisarse, ampliarse y mejorarse. Pero justamente por eso las decisiones curatoriales necesitan investigación, equipos especializados, deliberación y transparencia. La respuesta a una historia que consideramos incompleta debería ser contarla mejor, no necesariamente contarla menos.
Aquí aparece una de las grandes paradojas de la llamada batalla cultural: quienes denuncian la instrumentalización ideológica de las instituciones deben ser igualmente cuidadosos de no instrumentalizarlas desde sus propias convicciones. De lo contrario, el problema no desaparece. Simplemente cambia de signo.
Colombia necesita museos que puedan mostrar las heridas del país sin convertirlas en propaganda, bibliotecas que protejan la libertad de leer, institutos que investiguen sin dogmas y escenarios artísticos donde la creación no tenga que demostrar obediencia ideológica para encontrar reconocimiento. La cultura no puede convertirse en el territorio donde cada nuevo gobierno llegue a corregir moralmente al anterior. Ese camino condenaría nuestra memoria a una sucesión interminable de borraduras.
Frente a este momento necesitamos algo más que indignación. Necesitamos una conversación pública rigurosa sobre la autonomía de las instituciones culturales y los mecanismos que garanticen que las decisiones sobre nuestro patrimonio respondan a criterios profesionales y no a las preferencias de quienes temporalmente ejercen el poder.
El Museo Nacional no puede convertirse en un tribunal de la memoria. El Caro y Cuervo no puede convertirse en un púlpito moral. Y la cultura colombiana no puede quedar reducida a un campo de obediencias políticas.
La historia de Colombia es demasiado compleja, demasiado dolorosa y demasiado rica para caber en una sola versión. La memoria no existe para absolvernos ni para condenarnos, sino para impedir que renunciemos a comprendernos.
Porque cuando el poder comienza a decidir qué memorias merecen permanecer, la pregunta ya no es solamente qué desaparece de un museo. La pregunta es qué empieza a desaparecer de nuestra democracia.
Catalina Valencia
Foto tomada de: Marca
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